El cambio del contexto regional latinoamericano y su impacto en la relación con EEUU ante la Cumbre de las Américas 2022 – Por el MSc. Pável Alemán Benítez
El cambio del contexto regional latinoamericano y su impacto en la relación con Estados Unidos ante la Cumbre de las Américas 2022
Por el MSc. Pável Alemán Benítez*
Las Cumbres de las Américas son parte de la arquitectura del Panamericanismo que, como visión de relación con América Latina y el Caribe, sustentan los gobiernos de Estados Unidos. Nacidas del momento unipolar tras la desaparición de la Unión Soviética, sus objetivos se han ido adecuando al contexto regional e internacional. En ello ha influido el cambio de gobiernos en la región en las dos primeras décadas del siglo XXI, en particular el ascenso de fuerzas políticas de Izquierda. Pero la Cumbre de las Américas que debe celebrarse a inicios del segundo semestre del presente año, se desarrolla en el marco de dos grandes desafíos globales para Estados Unidos: los efectos multidimensionales de una pandemia viral, y el aumento de las tensiones entre potencias de orden global y regional que desean construir una nueva arquitectura de las relaciones internacionales, policéntrica y multipolar. Los cambios políticos en la región podrían ser también indicativos de una revigorización de los intentos por construir instituciones propias y nuevas relaciones con los actores globales, desmarcadas de las tensiones entre potencias.
Unas palabras iniciales
En reiteradas ocasiones, una antigua polémica se suscita entre acadé- micos, docentes y servidores públicos, no solo cubanos sino también de otros países del hemisferio occidental: ¿es América Latina y el Caribe una prioridad para la política exterior de los Estados Unidos? Las posiciones a favor o en contra son respaldados por declaraciones, citas de informes oficiales y datos estadísticos que se contrastan con las prioridades geográficas enunciadas en uno u otro documento público. Refuerzan esas posturas, las asignaciones de presupuesto que por sectores destinan las diferentes agencias federales, y los hechos en los que se sintetiza la política. Luego de doscientos años de monroísmo y de una asimetría persistente, América Latina aún espera un cambio de esencias en la política internacional estadounidense hacia la región, y que esta se vuelva menos agresiva e intervencionista. Bien comprendía el excanciller guatemalteco Guillermo Toriello, testigo excepcional de la historia del siglo XX, que sólo podía ser mutuamente próspera una relación entre Estados Unidos y sus vecinos de Nuestra América, si la polí- tica interamericana era revisada radicalmente, para extirpar su naturaleza imperial (Toriello Garrido, 1977).
Luego de doscientos años de monroísmo y de una asimetría persistente, América Latina aún espera un cambio de esencias en la política internacional estadounidense hacia la región, y que esta se vuelva menos agresiva e intervencionista.
Según Abraham Lowenthal, académico estadounidense notable por sus contribuciones en los estudios hemisféricos, los gobiernos estadounidenses sólo recuerdan a sus vecinos latinoamericanos y caribeños cuando una coyuntura particular afecta el interés nacional de Estados Unidos. Es decir, si una crisis política en un país latinoamericano, afecta los intereses estadounidenses, no sólo económicos y comerciales, sino de seguridad y política exterior. Entonces, ese país concentra su atención y momentá- neamente se vuelve una prioridad. Pero en general esas prioridades se orientan hacia otras regiones y actores estratégicos (Canal STV In Live, 2022). Sin embargo, esta es una verdad a medias. También Estados Unidos recurre a sus vínculos con los países de la región, cuando siente la necesidad de fortalecer su poderío para proyectarse como potencia global frente al resto de las potencias. Podría verificarse este criterio si se analiza la conformación del Sistema Interamericano en los albores de la Guerra Fría. O luego, tras el declive soviético, con el in- tento de construir un área de libre comercio hemisférico como parte de una visión Pana- mericana frente al proceso de construcción de la identidad regional europea. Y quizás, ahora se produce otro momento de acercamiento, cuando en Estados Unidos se percibe como un desafío el ascenso de la Federación de Rusia y la República Popular China, a las que denomina “potencias revisionistas del statu quo”.1
La tempestuosa relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe
La octava Cumbre de las Américas, cele- brada en Lima en 2018, y cuyo eje de trabajo fundamental había sido la cuestión de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, fue la primera en mucho tiempo que mostraba un cambio significativo en cuan- to al alineamiento de los gobiernos en la re- gión, a partir de su signo político.
Justo después de la séptima cumbre había comenzado el cambio de mareas. En 2015 en Argentina, Mauricio Macri había derrotado al candidato apoyado por el sector más progresista del Peronismo, fuerza política cuya relación con Estados Unidos ha sido bipolar en la historia.2 Para Estados Unidos, la rela- ción con el país austral ha sido compleja en tiempos recientes por sus acercamientos a otras potencias como Rusia y China. Saliendo de su visita a Cuba, el presidente Obama viajó a Argentina a ofrecer su apoyo al pre- sidente Macri, figura prominente de una nueva generación de líderes políticos en la Derecha latinoamericana. Macri persiguió a la oposición, criminalizó la protesta social, e implantó una política económica inflacionaria que hizo inaccesible bienes y servicios básicos para los estratos con menores ingre- sos, a la vez que endeudaba nuevamente al país (Alemán Benítez, 2017: 47)
En 2016, Dilma Roussef había sido destituida como presidenta de Brasil por el Sena- do de ese país. Al año siguiente Luiz Inácio Lula Da Silva3 sería injustamente condena- do a prisión por corrupción, en uno de los casos más flagrantes del llamado lawfare. En Washington se hizo silencio sobre ambos casos, que a todas luces encubrían un golpe de Estado, la judicialización del progresismo brasileño y un retroceso de décadas en ma- teria de derechos sociales. Ese proceso regresivo, comenzado por Michel Temer, ha sido complementado por el (des)gobierno de Jair Bolsonaro.
En 2017, Rafael Correa fue sucedido por Lenín Moreno, quien emprendió la persecución política de su correligionario y revirtió a hoja cero lo hecho por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Moreno se convir- tió en un muy confiable socio regional de Estados Unidos. No sólo fue recibido en la Casa Blanca por el expresidente Donald Trump, sino que fueron frecuentes durante su gobierno los contactos de alto nivel y las visitas de altos funcionarios estadounidenses, particularmente en el área de seguri- dad y defensa. A pesar de ser uno de los ejes de la gobernabilidad democrática el tema de la lucha anticorrupción, y pese a estar invo- lucrada la familia del presidente Lenín Mo- reno en evasión fiscal a través de paraísos fiscales, no hubo señalamiento alguno desde Washington hacia su gobierno.
Unos meses después de la Cumbre de Lima, Juan Manuel Santos entregaría la pre- sidencia de Colombia a Iván Duque, y con ello prácticamente quedaron en estado de cumplimiento parcial los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización de las FARC-EP (Alemán Benítez, 2019: 123-124). La reconversión política de la antigua guerri- lla en Partido de los Comunes, no fue ga- rantía suficiente para la reinserción social con plenitud para su seguridad. Más de 200 desmovilizados han sido asesinados. Una fracción de la antigua FARC-EP retomó la lucha armada como medida de autodefensa. La administración Trump, apenas se pronunciaría sobre los incumplimientos de los acuerdos del gobierno colombiano con la desmovilizada FARC-EP. Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y políticos, y los falsos positivos, hubieran sido motivos suficientes para revisar de manera integral la relación bilateral, especialmente en ma- teria de seguridad.
La actual administración del presidente Biden, ha reaccionado de manera tibia y tardía.
La actual administración del presidente Biden, ha reaccionado de manera tibia y tardía. En marzo de 2021 el líder de Comunes, Rodrigo Londoño, envió una carta al Senado de Estados Unidos para denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz, y la masacre contra los militantes de su orga- nización (Carranza Jimenez, 2021). El gobier- no estadounidense debió bajo el amparo de la Ley Leahy, tal y como solicitaron WOLA y Amnistía Internacional, incluir al Escuadrón Móvil Antidisturbio (ESMAD) de la Policía Nacional de Colombia, en la lista negra de instituciones que no pueden ser beneficia- das con ningún financiamiento, equipamiento o entrenamiento propios de la asistencia militar. Durante el Paro Nacional en abril de 2021, fueron documentadas muchas eviden- cias de violaciones flagrantes y masivas a los derechos humanos de los manifestantes por parte de miembros de la ESMAD (Ofici- na del ACNUDH en Colombia, 2021: 26-28). El gobierno estadounidense tímidamente sólo solicitó a sus pares colombianos ma- yor moderación en el empleo de la fuerza. Y sólo en noviembre del mismo año, el Buro de Contraterrorismo del Departamento de Estado, accedió a eliminar a la extinta organización guerrillera FARC-EP de su lista de organizaciones terroristas (U.S. Department of State, 2021).
El 2019 sería el año de la derrota electo- ral por estrecho margen del Frente Amplio en Uruguay4 y el de la deposición por un gol- pe de Estado del gobierno de Evo Morales en Bolivia, con una notable participación de Argentina, Brasil, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la OEA, a través de su Departamento para la Cooperación y Ob- servación Electoral (DECO), quienes cues- tionaron los resultados de la primera vuelta en las elecciones. A través de su Misión de Observación Electoral presentaron un infor-
me (OEA, 2019) que sugería problemas con la transmisión de resultados y ponía en tela de juicio el margen que le hubiera otorga- do la presidencia a Evo Morales en primera vuelta. En su Informe Final sobre el proceso electoral, la OEA tomó partido abiertamente por el golpe de Estado contra Evo Mora- les, al afirmar que: “Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten te- ner certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumado- ra evidencia encontrada, lo que sí es posi- ble afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas” (OEA, 2019 a: 8).
En relación con el país andino es per- tinente recordar la filtración de 16 audios sobre las reuniones de la planificación del golpe. En ellos se establecía la responsa- bilidad de los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, así como del senador demócrata Bob Menéndez. De alguna for- ma Bob Menéndez y Ted Cruz habían con- vencido al senador Dick Durbin (D-Ill), del ala izquierda del partido Demócrata, para copatrocinar una resolución del Senado, cu- yo contenido ambiguo reconocía los méritos de Evo Morales en su gestión; pero sugería que era antidemocrático que se presenta- ra nuevamente a elecciones (U.S. Senate, 2019) Y tras el golpe, en Noviembre de 2019 emitieron una declaración conjunta, en la que recordaban que habían advertido sobre los peligros del poder ilimitado que des- mantelaba las instituciones democráticas, asumían como creíbles las acusaciones de fraude electoral avaladas por la OEA, y recomendaban un tránsito institucional sin violencia, que permitiera una salida electoral a la crisis (U.S. Senate Committee on Fo- reign Relations, 2019).
Se mencionan todos estos antecedentes, para demostrar que la supuesta dicotomía entre dos modelos de izquierda, enunciada a partir de 2002 y sostenida hasta el presente por los gobiernos estadounidenses, no ha influido en una mejor relación con Esta- dos Unidos. Puede pretender un sector de la Izquierda latinoamericana presentarse como más moderno y dispuesto al diálogo, y distanciarse de la Izquierda tradicional a la que considera anacrónica y excesivamente radical. En cualquier caso esto no le genera simpatías adicionales en Estados Unidos. Para la política exterior de Estados Unidos, resulta más funcional la relación con la Derecha.
El gobierno de Obama definió a Vene- zuela, sin presentar un argumento racional, como una amenaza inusual y extraordina- ria para su seguridad nacional. Esa decisión ha sido ratificada por sus sucesores. Pero el gobierno de Donald Trump llegó más lejos: denegó el reconocimiento al gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro, y se lo otorgó a un supuesto gobierno elegido por una Asamblea Nacional de mayoría oposito- ra y en desacato (Alemán Benítez, 2018: 41) El ilegítimo e ilegal “gobierno” encabezado por el exdiputado Juan Guaidó, aprovechó la ocasión para saquear los recursos del Estado, hacerse con el oro y las divisas internacionales depositados en bancos extranjeros, y participar del despojo de la filial CITGO de PDVSA.
La agresión contra Venezuela no sólo ha sido económica y política, sino también en el terreno militar. Existe la constancia de que al menos desde julio de 2017, el presi- dente Trump tenía la idea de invadir el país y lo había conversado con su círculo más ínti- mo en la Casa Blanca: “(…) el presidente ha- bló de Venezuela. Ese es el país con el que deberíamos ir a la guerra, dijo. Tienen todo ese petróleo y están justo en nuestra puer- ta trasera” (McCabe, 2019: 136). El periodismo de investigación reveló la existencia de una operación con el nombre en código de Puma. Bajo la cobertura de unos hipotéti- cos ejercicios militares, la operación plani- ficó la invasión de Venezuela por fuerzas combinadas de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre abril y julio de 2019. Tres ejes serían las principales direcciones de ataque desde la frontera marítima del Ca- ribe y las fronteras terrestres de Brasil y Colombia (Verbitsky, 2022) Coincide esto con el intento de la Casa Blanca de coaccionar a los militares venezolanos en activo desde febrero de ese año, para que depusieran al presidente Nicolás Maduro. Algo que pro- bablemente tuvo su cúspide en el fallido intento de golpe de Estado ejecutado el 30 de abril de 2019, a la que la oposición denominó “Operación Libertad” (CNN Español, 2019)
Nuevo contexto regional: el ascenso de una izquierda heterogénea
En diciembre del pasado año, la actual ad- ministración de Joseph Biden celebró de forma virtual una Cumbre por la Democracia. Invitó de forma muy selectiva y caprichosa a gobiernos que criminalizan la protesta so- cial como Colombia, Brasil, Ecuador y Chile. No invitó a Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Tampoco incluyó a El Salvador, Guatemala y Honduras, países del Triángulo Norte. Igualmente dejó fuera a Haití. Las razones para justificar esas decisiones
fueron muy diversas. En el caso del primer grupo de países excluidos, pesó la aversión de Washington hacia gobiernos que unila- teralmente considera ‘dictatoriales’, no por sus cualidades democráticas, sino por ser insumisos ante sus dictados. A los países del Triángulo Norte, pese a tener como asunto relevante en la agenda bilateral el tema migratorio, se consideró no invitarles por las múltiples acusaciones de corrupción que pesaban contra sus gobernantes en esas fechas. Sin embargo, unas de las más po- lémicas y cuestionables invitaciones para participar se le extendió al cada vez más aislado “presidente encargado” Juan Guaidó. Debe recordarse que varios países que inicialmente le habían reconocido, han ter- minado por retirar ese reconocimiento.
Tanto la Cumbre por la Democracia, como la Cumbre de las Américas convocada para septiembre de 2022, se organizan en un escenario muy fluido y de cambios en el contexto regional. Ambas reuniones son posteriores a las jornadas de movilización social en varios países del continente que tuvieron lugar entre 2019 y 2021, y cuyas re- percusiones se han expresado en el nuevo ciclo de elecciones. La nueva Izquierda que ha comenzado a asumir las responsabilidades de gobierno en América Latina, tiene la prioridad de cerrar la brecha de inequidad social, devolver la credibilidad al Estado y a la política, y generar niveles aceptables de gobernabilidad. Para ello se vuelve indispen- sable reconstruir el Estado de Derecho, no sólo mediante la garantía de los derechos de participación política, sino también de acceso a servicios públicos básicos, univer- sales y de calidad. Esto es una urgencia, particularmente en lo que se refiere a servicios sanitarios. Y es el resultado de una vigorosa lección aprendida por las malas en tiempos de pandemia.
Así que la Cumbre de las Américas encuentra que dos gobiernos muy importantes para la política regional, como los de Argen- tina y México, han desempeñado un papel en la revitalización de una agenda propiamen- te latinoamericana. La toma de posesión en ambos países de gobiernos alineados con el progresismo, entre finales de 2018 y finales de 2019, generó un nuevo espacio de articulación. No solamente influyeron en el retorno a la democracia en Bolivia, sino también en una crítica severa hacia la actuación de la OEA y en particular de su Secretario General Luis Almagro. Ha sido en buena medida por la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, que ambos gobiernos aunaron sus esfuerzos para relanzar parcialmente la CELAC, con el impulso de proyectos regionales para la fabrica- ción de vacunas contra la Covid-19 y la investigación espacial.
El Movimiento al Socialismo (MAS) volvió a la presidencia en Bolivia tras la elección del economista Luis Arce. Corresponde a su gobierno restañar las heridas institucionales que provocó el golpe de Estado en 2019 y el posterior desgobierno de facto de la hoy en reclusión Jeanine Añez. Y ese retorno se pro- duce en un momento oportuno. Su modelo de gestión e industrialización de los recur- sos naturales, en particular los energéticos, como elemento esencial del patrimonio del Estado, tiene una notable influencia en otros países. Se está conformando una potencial alianza regional, en el sector del litio, entre Argentina y México y potencialmente Chile, en el futuro.
En 2021, fue electo por primera vez un presidente que representa a sectores de la izquierda y de los movimientos sociales en Perú. Su elección devino en un dilatado pro- ceso de reconocimiento y validación de los resultados de la segunda vuelta electoral. La exhaustiva revisión por la Oficina Nacio- nal de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo la presión de las fuerzas aliadas a la excandi- data Keiko Fujimori, pasó inadvertida para la atención de la OEA y de Estados Unidos. Al presente, luego de sobrevivir a dos inten- tos de vacancia moral,5 que han debilitado la gobernabilidad en Perú, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca, ni la OEA, muestran preocupación alguna por el inten- to continuado de casi un año por propinar un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo Terrones.
En 2021 en Honduras ganó la elección Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE). La actual presidenta, ha logrado articular una coalición más amplia que incluye como su principal aliado al partido de centro Salvador de Honduras. Xiomara Castro ha declarado que una de sus intenciones es mantener las mejores re- laciones posibles con Washington. Decisión muy pragmática que refleja la importancia de Estados Unidos para Honduras en las in- versiones, el comercio y la ayuda oficial al desarrollo. No es ocioso mencionar que José Manuel Zelaya Rosales, esposo y principal asesor político de Xiomara Castro, fue depuesto en golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos en 2009.
En Chile se está redactando una nueva Constitución Política. El presidente Gabriel Boric, cuya alianza es tan amplia e inclusiva que incorpora a sectores tan diversos como los de Apruebo Dignidad y el Partido Socia- lista, tiene un gabinete que refleja esa diversidad. Esto le permite, no sólo mantener un equilibrio necesario para las transformaciones que pretende, sino que además facilita mantener puertas abiertas con muy diversos actores internacionales de diferentes posiciones ideológicas.
Luego de las elecciones internas en Colombia, la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, tiene amplias posibilida- des de convertirse en el próximo gobierno de su país. La construcción de esa candidatura electoral, en el marco del llamado pacto His- tórico que han suscrito diversas fuerzas den- tro de la Izquierda, el Progresismo y sectores populares, refleja la diversidad étnica, regional y cultural de la sociedad colombiana. En ese caso serían viables, tanto el proceso de modernización institucional que había que- dado trunco luego de la promulgación de la vigente Constitución Política de 1991, como la implementación de los Acuerdos de Paz. Para Colombia, para América Latina, y también para Estados Unidos, es necesario que Colombia cuente con un gobierno legítimo y verdadero garante de la estabilidad política y la paz con plenitud.
Y otro tanto parece ser que pudiera su- ceder en Brasil. La amplia alianza que sustenta la candidatura de Lula, que incluye en su fórmula como vicepresidente a Geraldo Alckmin, cuenta también con el respaldo de importantes sectores del empresariado y de las fuerzas armadas brasileñas. El resultado será no sólo la confirmación del liderazgo político de Lula, sino también un voto de cas- tigo contra el gobierno de Jair Bolsonaro.
El gobierno demócrata de Biden debería sentirse más cómodo o menos incómodo con la presencia de gobiernos más intere- sados en aumentar el gasto público, entre otras cosas para reconstruir un sector co- mo el de la salud pública, tan importante para contener la pandemia, o comprometi- dos con la mitigación y adaptación al cambio climático.
Comentarios sobre la Cumbre de las Américas 2022
Cuando un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos aplazaba la Cumbre de las Américas, para su realización antes del verano de 2022, el único criterio justificativo que expresó es que existe la intención de realizar la reunión de manera presencial.
Al llegar Biden a la presidencia, anunció que una prioridad para su gobierno sería la vacunación contra el Covid-19, y en los meses que lleva de gobierno han aumentado considerablemente las personas vacunadas en Estados Unidos. De igual forma, comenzó a liberar ciertas cantidades de dosis de vacunas hacia el hemisferio. En muchos paí- ses aun cuando se aprecian señales de apertura y de levantamiento de restricciones a la movilidad social, la situación sanitaria sigue siendo muy compleja según las estadísticas que se publican. ¿Pudiera haber pesado esta realidad a la hora de diferir la Cumbre de las Américas que organizarán en 2022? Recordemos que esta es la segunda ocasión desde sus inicios en 1994, que se celebra dicha reunión en Estados Unidos.
Estados Unidos ha participado con la pre- sencia de su jefe de Estado y delegaciones de primer nivel en reuniones presenciales. Por ejemplo, las del Grupo de los 7 (G7) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en junio de 2021. Así que al pa- recer las razones para tener una reunión en 2022 no parece ser de orden sanitario. ¿Se- rán razones de orden político?
La Cumbre de las Américas está incorpo- rada como parte del organigrama de la OEA. Luego de haber tenido un breve repunte en la época de ascenso de gobiernos de derecha en la región, esa organización y su Secreta- rio General parece haber caído en desgra- cia. No sólo resulta censurable su rol activo y protagónico en la injerencia en los asuntos internos de Bolivia, en la que tiene una dosis importante de responsabilidad con el gol- pe de Estado contra Evo Morales. Resulta igualmente deleznable su silencio cómplice ante la represión de la resistencia popular, asunto en el que parece existir un patrón de comportamiento similar con su discre- ta crítica a la represión de las protestas po- pulares en Colombia, Chile y Ecuador. Estos son argumentos por los que Luis Almagro es cuestionado seriamente por los actuales gobiernos de Argentina, Bolivia y México.
Una segunda cuestión es que el Grupo de Lima, articulado para acompañar a la opo- sición venezolana en su asedio al gobierno de ese país, se ha ido desarticulando. Varios de los países que figuraron inicialmente como miembros se han retirado y se han acogido al principio de no intervención en los asuntos internos.
Uno de los elementos causantes del aplazamiento de la Cumbre pudiera estar relacionado con el cambiante mapa geoestratégico latinoamericano. Los procesos electorales recientes han permitido el ascenso de gobiernos no alineados con Estados Unidos y que critican abiertamente varias de sus pos- turas. Los posicionamientos en relación con Cuba y Venezuela, podrían incidir notablemente en ese proceso de realineamientos políticos en la región.
En el escenario internacional se han producido determinados cambios que obligan a la elite política estadounidense a reevaluar sus objetivos para el mantenimiento de su hegemonía imperial, en particular en su disputa frente a China y Rusia.
En el escenario internacional se han pro- ducido determinados cambios que obligan a la elite política estadounidense a reeva- luar sus objetivos para el mantenimiento de su hegemonía imperial, en particular en su disputa frente a China y Rusia. El efecto de su retirada de Asia Central, podría influir en la redefinición de prioridades de ambas po- tencias y en un menor interés hacia América Latina y el Caribe.
No es descartable que la realización de la Cumbre en nueva fecha, esté asociada con la posibilidad de que se celebre una reunión de ministros de defensa. Así estarían en mejores condiciones para replantearse los tiempos de rotación de sus fuerzas militares, y en afianzar el papel de Colombia como único socio global de la OTAN en la región, status que otorga la potestad de participar en acciones militares más allá de sus fronteras.
Algunas de las prioridades clave de Esta- dos Unidos en la Cumbre serán, entre otras, el tratamiento a la pandemia, defensa de la democracia y los derechos humanos, la emigración hacia territorio norteamericano, el papel del Banco Interamericano de Desarrollo en los mecanismos de financia- miento para la recuperación económica y el desarrollo de la región, los cambios en los mercados laborales debido a la economía digital y la automatización, la colaboración en ciencia y tecnología (Belchi, 2022).
Los países latinoamericanos y caribe- ños, comparten de caras a la Cumbre de las Américas, serias preocupaciones en relación con la economía, especialmente en tiempo postpandemia. La cuestión migra- toria debe ser un asunto muy relevante en los debates, particularmente para los países centroamericanos y México. Habrá que ver en las circunstancias actuales, de crisis derivada por el enfrentamiento de intere- ses entre potencias que se dirime en Ucrania, cuál será la prioridad que se establece para temas tales como cambio climático, energías renovables y transición de matriz energética a escala global. Existe la percepción de que el gobierno estadounidense ha sido remiso en la aprobación de fondos para facilitar el acceso a vacunas contra la Covid-19, pero ha sido diligente para aprobar montos aún mayores destinados a financiar la guerra en Ucrania.
Conclusiones
Las relaciones hemisféricas atraviesan un momento delicado. Varios Estados latinoa- mericanos y caribeños, sostienen agudas críticas a la forma en que Estados Unidos maneja sus relaciones con sus pares en el hemisferio, por mucho que esa paridad sea nominalmente una ficción jurídica. No sólo se señala la incapacidad para liderar una re- forma de las instituciones que conforman el organigrama de la OEA. También es obje- to de crítica el desconocimiento o recono- cimiento prejuiciado de gobiernos, más allá de la naturaleza de su sistema político o de sus procesos electorales. Especial rechazo se manifiesta por la tendencia de Estados Unidos a vetar la participación de gobiernos legítimos en la única reunión que sostiene periódicamente con los países de América Latina y el Caribe.
La pandemia de la Covid-19 no sólo dejó al desnudo la disfuncionalidad crónica de los sistemas de salud pública, depauperados por los recortes de presupuesto. También dejó en evidencia el contraste entre una utó- pica ‘solidaridad hemisférica’ y una distópica realidad donde la competencia por el acceso y acumulación de medicamentos y vacunas, provocó una escasez artificial, mediocre- mente compensada por donaciones de va- cunas e insumos en cantidades insuficientes.
¿Cómo lograr armonizar agendas con prioridades tan diferentes? Estados Unidos tiene la compleja disyuntiva de convertir la Cumbre de las Américas en una oportunidad para mejorar sus relaciones con la región, a través del empleo del poder suave e inte- ligente; o perder una vez más la posibilidad de generar confianza, si insiste en impo- ner de forma autoritaria su visión muy particular sobre la democracia. Un genuino acercamiento, implicaría ofrecer soluciones viables en temas relevantes y de interés común, como la mitigación del cambio climático, el acceso a nuevas tecnologías para modificar la matriz energética o a una mejor conectividad a internet. Incluiría también revisar la política migratoria y otros temas que constituyen desafíos regionales.
Pero en año de elecciones para renovar el Congreso, con la preocupación por el ascenso de otras potencias a escala global, y la prolongación del conflicto en Ucrania, no pareciera que la elite política estadouniden- se supere sus propias carencias de voluntad política hacia el hemisferio. Todo parece in- dicar, que lejos de percibir el cambio del contexto político regional como una oportunidad para renovar sus relaciones, el gobierno de Estados Unidos observa esta realidad como un problema con el que no sabe cómo interactuar.
Todo parece indicar, que lejos de percibir el cambio del contexto político regional como una oportunidad para renovar sus relaciones, el gobierno de Estados Unidos observa esta realidad como un problema con el que no sabe cómo interactuar.
*Investigador Auxiliar y Profesor Asistente. Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)
1 Esta caprichosa forma de identificar a las potencias emergentes, plantea la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados vean como inamovible la arquitectura de poder en las Relaciones Internacionales, resul- tante del final de la Guerra Fría. En pocas palabras, son las potencias cuyo ascenso o resurgimiento, repre- sentan un desafío para los intereses globales de Estados Unidos y sus aliados, tal y como estableció la Guía de Planificación de Defensa de 1992, emitida por el Departamento de Defensa y conocida comúnmente como Doctrina Wolfowitz.2 Desde el surgimiento de Domingo Perón como líder político, el peronismo fue asumido como una fuerza política contraria a los intereses de Estados Unidos. La composición diversa de las filas peronistas, que in- cluía sectores identificados con el fascismo italiano y el nazismo alemán, la neutralidad de Argentina hasta el mismo fin de la Segunda Guerra Mundial, los vínculos de Argentina con la Operación Odessa, y el rechazo posterior del gobierno de Perón a la conformación de la OEA, generaron antipatías en Estados Unidos. Los servicios de inteligencia y diplomáticos estadounidenses conspiraron para deponer a Perón. Esa relación con el Partido Justicialista fue muy subordinada durante la presidencia de Carlos Saúl Ménem, que incluyó la participación de Argentina en las operaciones militares de la Guerra del Golfo y la designación del país como aliado extra OTAN. En la época de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la relación bilateral fue nue- vamente muy compleja. Fue la concertación de intereses entre Argentina, Brasil y Venezuela la que derrotó en Mar del Plata la visión maximalista de libre comercio hemisférico sustentada por el proyecto del ALCA. Argentina mantuvo relaciones estrechas con el gobierno venezolano de Hugo Chávez y con Cuba, y tam- bién con los gobiernos progresistas de la época.3 Lula Da Silva tuvo una relación tirante en sus inicios con la administración de George W. Bush. La Casa Blanca proyectó sus temores sobre un eje ideológico Brasilia-Caracas-La Habana, quizás por la pertenencia del PT al Foro de Sao Paulo, y por la relación personal entre sus líderes, pues el mandatario cubano Fidel Castro tenía amistad con los líderes de ambos países. Sin embargo, la cancillería brasileña encontró una convergencia de intereses con Estados Unidos en la conformación de una alianza estratégica para la producción y empleo del etanol como combustible en el sector automotriz. Con Barack H. Obama, ese acercamiento se estrechó de manera natural por la relación personal de ambos mandatarios con el docente y teórico brasileño Roberto Mangabeira Unger, quien ha sido influyente tanto en el pensamiento de la izquierda brasileña como en el pensamiento teórico jurídico y social en Harvard y otras universidades. Pero las relaciones comenzaron a de- teriorarse con su sucesora Dilma Roussef, víctima del espionaje de la NSA según revelara Wikileaks4 En este sentido, hay que ponderar las derrotas electorales sufridas por estrecho margen por los candidatos a la presidencia de la Izquierda en Uruguay (2019) y Ecuador (2021). En ambos casos, tanto Daniel Martínez por el Frente Amplio-Encuentro Progresista (FA-EP) y Andrés Arauz, por la Unión por la Esperanza (UNES), eran candidatos con experiencia meritoria en el ejercicio de cargos públicos. Su derrota confirmó a la Iz- quierda como la primera fuerza de oposición, y con una alta renovación y rejuvenecimiento de los cuadros y liderazgos políticos.5 La vacancia por ‘permanente incapacidad moral’ es una figura jurídica establecida constitucionalmente en Perú como un recurso para juzgar políticamente al primer mandatario y destituirlo con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso, es decir, con una mayoría calificada.Centro de Investigaciones de Política Internacional
