Política salarial en el nuevo modelo económico boliviano – Por Fernando Chuquimia

Política salarial en el nuevo modelo económico boliviano

Fernando Chuquimia*

Desde 1985 la política económica respondía a un programa dirigido a frenar la inflación, por cuanto se implementaron reformas estructurales de significativa magnitud, diseñadas a la par del Consenso de Washington, para abrir discriminadamente los mercados.

El gobierno neoliberal debía derrotar a la opositora organización de los trabajadores, utilizando todos los medios represivos a su alcance, sometiendo a la clase obrera a un programa económico que tuvo como objetivo inicial una drástica caída de los ingresos de los trabajadores y la liquidación de los recursos de defensa del poder del sindicalismo nacional.

Con el nefasto DS 21.060, la política salarial neoliberal consistió en la contención a la mejora de los ingresos de los trabajadores, destapando la incapacidad para reactivar la economía y mejorar las rentas de los sectores populares, logrando el creciente desempleo y marginalidad de estos sectores. La política de congelamiento de los salarios estaba justificada por el temor a que los incrementos desatarían nuevamente procesos de inflación; los míseros incrementos al salario no tenían ninguna relación con la pérdida permanente del poder adquisitivo. Asimismo, para pagar salarios de maestros y médicos se necesitaba del apoyo de organismos internacionales (pidiendo “limosnas”).

En la gestión 2006 las finanzas públicas de Bolivia padecían una gran enfermedad económica que se traducía en continuos déficits fiscales, niveles de recaudación tributaria e inversión pública bajos, dolarización de la deuda interna, además de una dependencia de recursos externos. Se heredó un país con una pobreza que afectaba a la mayoría de la población, y una gran brecha de desigualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres. De ahí que cuando se presentaban crisis económicas, estas recaían sobre la población trabajadora.

A partir de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) el principal objetivo fue asumir firmemente el compromiso de reducir esas asimetrías y brechas, mediante la recuperación de los recursos naturales para la generación de más ingresos y su redistribución entre los bolivianos, por supuesto que favoreciendo a los que tienen menos.

En el marco de la austeridad, una de las primeras decisiones fue reducir el salario del Presidente del Estado a la mitad, al igual que la rebaja del sueldo del Vicepresidente, de los ministros y viceministros, además de los gastos de representación que recibían los mandatarios de ese entonces, independientemente de su remuneración, aclarando que con esos recursos ahorrados se crearían ítems en los sectores de salud y educación.

La política salarial del Gobierno, de acuerdo al Mescp, se dirigió a favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos y cerrar las enormes brechas que había dejado el neoliberalismo. Los incrementos salariales estuvieron basados en dos pilares fundamentales: primero, incrementos sostenidos por encima de la tasa de inflación, medida adoptada como una forma que, junto con reponer el poder adquisitivo está enfocada en aumentar en términos reales los ingresos de los trabajadores y generar una demanda interna; segundo, beneficiar principalmente a los sectores de salud y educación con la creación de nuevos ítems.

En este sentido, en la gestión 2005, el salario mínimo nacional alcanzaba a Bs440, la tasa de desempleo anual ascendía al 8,1%, la pobreza moderada al 60,6% y la pobreza extrema al 38,2%; como resultado de la aplicación de la política salarial del Mescp en 2021 el SMN registró Bs2.164, es decir, un aumento sustancial del 333%, mientras que dichas variables presentaron una disminución considerable a 5,2%, 36,3% y 11,1%, respectivamente.

Las políticas públicas implementadas en el marco del Mescp contribuyeron a la reducción de la pobreza y generaron una distribución más equitativa del ingreso. Por ejemplo, el Índice de Gini en el año 2005 tuvo un valor de 0,60, el cual disminuyó a 0,42 en la gestión 2021. Igualmente, el ingreso del 10% de la población más rica era de 128 veces más que el ingreso del 10% de la población más pobre en 2005; y en 2021 esta variable mostró una reducción considerable, llegando solo a 20 veces.

Finalmente, la política salarial en el nuevo modelo económico boliviano garantiza a la población un salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

*Economista.