Paramilitarismo y sicariato en América Latina y el Caribe – Por Obsal
Por Obsal*
La violencia política paramilitar se extiende por América Latina y el Caribe. Autodefensas, carteles de la droga, milicias, comités cívicos, guarimbas, grupos comando y organizaciones delincuenciales de todo tipo. ¿Qué son? ¿Por qué se expanden? Y sobre todo, ¿a qué fines sirven?
Los fenómenos del paramilitarismo y la violencia política, entendidos como instrumentos de disputa por el poder, han sido una característica presente en varios países de América Latina y el Caribe desde inicios del siglo XX. Pero estos se han potenciado y consolidado en los últimos cuarenta años con el aterrizaje del neoliberalismo y en vinculación con las políticas contrainsurgentes diseñadas por Estados Unidos para la región.
Según Franco Restrepo, las estructuras paramilitares son la materialización de una estrategia ofensiva contrainsurgente que articula acciones de diversa naturaleza (paramilitares, militares, psicológicas, cívicas, políticas y económicas) con el objetivo de cumplir orientaciones políticas y estratégicas determinadas por el Estado en función de la derrota del movimiento insurgente (2009: 358).
En nuestro continente, en particular, encontramos diferentes mecanismos. Mientras que en Colombia se produce el diseño de políticas y objetivos directamente desde el Estado, en Brasil emergen grupos articulados en esta estrategia por fuera de los límites del Estado, desde donde irradian las políticas represivas.
También se da el caso de la utilización de fuerzas paramilitares por parte de Estados que confrontan con otros Estados a través de mecanismos proxy o “delegados” —generalmente en articulación con grupos políticos locales—, como en Venezuela. Esto incluye la acción de bandas delincuenciales, instrumentalizadas en clave geopolítica, a través de una estrategia dirigida a caotizar la sociedad objetivo, para instalar la noción de un “Estado fallido” como paso previo a la intervención abierta, unilateral o “multilateral”.
En todo caso, la estrategia paramilitar, de carácter multidimensional y en estrecha relación con los grupos dominantes, mantiene características fundamentales en todas las latitudes: la violencia política (simbólica, económica, militar) es utilizada como instrumento para mantener el statu quo y acallar todo intento de transformación social. A pesar de sus múltiples formas y orígenes reconoce un objetivo común: la defensa de los intereses de los sectores extractivistas, financieros o industriales que perpetúan el modelo de acumulación, así como el ataque a todo grupo o liderazgo que busque oponerse a su reproducción y expansión. Veamos ahora algunos casos nacionales representativos.
Colombia
Aquí se dio la materialización más plena del vínculo entre el proyecto paramilitar y el desarrollo y consolidación del modelo neoliberal, en el contexto de una dinámica contrainsurgente impulsada por el Estado que mantiene vivo un conflicto originado décadas atrás.
“Las estrategias de capacitación armada irradiaron hacia los grupos paramilitares, que desarrollaron una estrategia nacional conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).”
En el marco de la violencia bipartidista en el país (1936-1957) se crearon los “Pájaros”, el primer grupo paramilitar al servicio del Partido Conservador, cuyas prácticas en contra de las expresiones liberales y comunistas se reprodujeron durante el resto del siglo XX y se perpetúan hasta la actualidad (Estrada, 2015: 273). Después de aquel periodo continuó un proceso de vinculación de las prácticas paramilitares con las políticas contrainsurgentes del Estado para justificar la persecución y el exterminio del pensamiento y la acción política disidente.
Su fortalecimiento encontró uno de sus puntos más álgidos en la década de 1980, con acciones direccionadas a consolidar un genocidio político en contra del partido Unión Patriótica (UP). El proceso de negociación entre el Estado y la insurgencia de la guerrilla FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), proceso en el que la UP estaba participando, se vio interrumpido por esta estrategia paramilitar.
La década de 1990 y los primeros años del nuevo siglo evidenciaron los momentos más cruentos de la violencia paramilitar en el país. La negociación del Plan Colombia con EE. UU. provocó el fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Así mismo, estas estrategias de capacitación armada irradiaron hacia los grupos paramilitares, que desarrollaron una estrategia nacional conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La expresión política máxima de este proyecto se dio durante la presidencia de Álvaro Uribe. La inyección de recursos para la guerra permitió sostener el desarrollo del latifundio, la extracción minera y de hidrocarburos, a partir del desplazamiento forzado de siete millones de campesinos, además de darle un marco de seguridad a los carteles de la droga.
El “neoliberalismo de guerra” es el resultado de la organización de la acción bélica estatal generalizada en contra de la sociedad, bajo una adaptación al conflicto armado interno de las “guerras de cuarta generación y de espectro completo” diseñadas por EE. UU. (Ceceña, 2014). Así, el modelo neoliberal utiliza la violencia como herramienta de disciplinamiento y acumulación.
Este modelo se mantiene intacto a pesar de las permanentes denuncias por violaciones masivas de los derechos humanos. La coparticipación de los grupos paramilitares y los aparatos represivos del Estado se evidenció en el Paro Nacional de 2021. Entre enero y noviembre de 2021 se registraron 152 asesinatos contra liderazgos sociales, 88 masacres y 43 asesinatos contra firmantes de paz, más la persecución y criminalización de expresiones políticas opositoras. Esta violencia se diseminó por la región con versiones for export del modelo contrainsurgente.
México
México es otro de los ejemplos de paramilitarismo, utilizado como estrategia contrainsurgente y mecanismo de desplazamiento territorial de comunidades indígenas y rurales en favor de los sectores del poder económico. Destacamos en este caso dos modalidades: la ofensiva contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón iniciada en el año 2006.
El estado de Chiapas fue el epicentro de la ofensiva militar y paramilitar para frenar el avance del EZLN y el proceso de organización de distintas comunidades. La articulación entre Ejército, servicios de inteligencia y sectores de poder locales (políticos, empresarios y policías) derivó en la constitución de grupos armados paramilitares. Uno de los casos más conocidos de su accionar fue la masacre de Acteal en 1997, en donde murieron 45 personas. El ataque tenía tres objetivos: atacar las bases de apoyo neozapatista, romper los lazos comunitarios y paralizar a la sociedad civil (Galindo De Pablo, 2015).
Los sexenios presidenciales de Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) estuvieron marcados por la guerra antidroga impulsada por el primero. Siguiendo los lineamientos del Plan Colombia y de la guerra contra el terrorismo iniciada por EE. UU. (Paley, 2020) se llevó a cabo un proceso de militarización patrocinado mediante la llamada Iniciativa Mérida. La violencia se estructuró como forma de resolver los conflictos —por ejemplo la modalidad del sicariato— y la militarización social fue el caldo de cultivo para la aparición de nuevos grupos paramilitares.
La guerra se llevó a cabo en territorios indígenas y campesinos, cuyos habitantes fueron desplazados y sus tierras destinadas a inversiones de empresas transnacionales (Paley, 2020). Los cárteles se expandieron a la par de la economía ilícita y el tráfico de armas, adoptando la forma de ejércitos irregulares. La población civil fue víctima del conflicto: altas tasas de homicidios, violaciones de derechos humanos, desplazamientos y desapariciones forzadas. Sobresale el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Venezuela
En Venezuela, en el marco de una guerra híbrida y multidimensional, los ataques con grupos irregulares se integraron a la estrategia de EEUU., como lo demuestra la llamada Operación Daktari (Britto García y Pérez Pirela, 2012), desmantelada en 2004 por el Estado venezolano. Si bien la acción de grupos de choque estructuró las protestas callejeras desde las guarimbas iniciadas en 2014 —y relanzadas en 2017—, la violencia fue especialmente intensa durante la administración de Donald Trump, en particular en torno al gobierno fake de Juan Guaidó, cuando se alcanzó una abierta participación transnacional.
Los episodios más relevantes fueron los operativos comandados por el ex-policía Oscar Pérez —entre ellos, el ataque a la sede del Tribunal Superior de Justicia en 2017—; el atentado contra Nicolás Maduro en 2018 y diversas operaciones de fuerzas irregulares. Destaca la Operación Gedeón —mayo 2020—, preparada en territorio colombiano, que constituyó un intento de invasión por parte de militares retirados de las fuerzas especiales del Ejército estadounidense, mercenarios colombianos y desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) residentes en Colombia. La operación fue organizada por la empresa Silvercorp de Miami, liderada por el ex marine Jordan Goudreau y contratada por Guaidó.
La ayuda del gobierno colombiano fue denunciada incluso por una de las cabecillas de la operación, Yacsy Álvarez, quien confesó que mantuvo permanente contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana, que le ofreció protección frente a la eventual captura por parte de la Policía venezolana. El Estado colombiano, que se ha prestado como pívot de los intereses de EE. UU., ha estado en permanente ofensiva contra el proceso bolivariano en Venezuela.
Estas y otras operaciones coincidieron con la activación de grupos criminales ligados al hampa “común”, como el liderado por “El Koki”, que en 2021 se enfrentaron con las fuerzas del Estado en su intento por tomar zonas populares estratégicas en la periferia de Caracas. Luego de los enfrentamientos, las fuerzas estatales informaron que habían encontrado armas pesadas y dispositivos tecnológicos, como drones, granadas, bazucas y hasta un fusil de francotirador utilizado por las fuerzas especiales de EE. UU. y otros países de la OTAN (Misión Verdad, 10/07/2021).
Haití
El paramilitarismo en Haití se ha venido expresando a través del crimen organizado, que desde hace años tiene gran presencia en un país con un Estado en crisis, que no detenta el monopolio del uso de la fuerza (Rivara, 2021). La crisis institucional, producto de las derivas autoritarias del partido de gobierno (PHTK), podría encontrar un punto de inicio en la disolución del parlamento a inicios de 2020, pasando por la intervención de tribunales de justicia, la extensión ilegal del mandato presidencial y la intención de reformar la Constitución en un sentido regresivo. Estos intentos de controlar las movilizaciones iniciadas en 2019 por el desfalco de fondos de Petrocaribe no fueron suficientes y se complementaron con la acción de bandas del crimen organizado.
Con una enorme cifra de secuestros y asesinatos, las pandillas tuvieron la capacidad de aterrorizar a la población y aislar completamente barrios o ciudades, desalentando la participación popular cada vez que el pueblo se manifestaba en contra del ex-presidente Jovenel Moïse.
Diversas organizaciones denunciaron la connivencia de las bandas con el PHTK. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, el grupo de pandillas G9 se creó para asegurar su victoria electoral (Francisque, 2021) y hay fuertes indicios y denuncias de su financiamiento por parte de actores estatales y grupos de poder. De hecho, su líder, “Barbecue” Cherizier, es un policía exonerado sospechado de connivencia con ese partido.
La segunda forma en la que el paramilitarismo se manifestó en Haití fue en el magnicidio de Möise, protagonizado por exmilitares colombianos contratados por la empresa CTU Security, compañía de seguridad privada de Miami con sede en Colombia y con antecedentes de participación en operaciones desestabilizadoras como la mencionada Operación Gedeón.
Internamente u organizada desde el exterior, la violencia paramilitar ha venido jugando un rol determinante en el mantenimiento del orden neoliberal en el país que alguna vez osó rebelarse contra la esclavitud y fundar la primera república negra del mundo.
Brasil
Una de las formas de violencia del gobierno de Bolsonaro son las llamadas “milicias”, conformadas en gran parte por agentes y ex agentes de la seguridad pública. No parecen haber surgido como resultado de la ausencia del Estado; son organizaciones que actúan en sus márgenes, cometiendo crímenes —torturas, ejecuciones, desapariciones— y formando una fuerza auxiliar, realizando el “trabajo sucio” que no puede acometer la fuerza pública. Las milicias son usadas para controlar territorios en zonas de la periferia urbana, especialmente en Río de Janeiro, y también con fines políticos, como se vislumbró con el asesinato de la consejala y activista Marielle Franco.
Estas prácticas alcanzan cierta legitimidad ya que operan en la reproducción de la vida material y en la esfera económica —control de actividades ilegales como tráfico de armas o venta de garrafas de gas—; y también en la ideológica.
Las milicias tienen sus representantes en los poderes legislativo y ejecutivo. Cabe recordar que el gobierno de Bolsonaro, al aplicar políticas de promoción del armamento, benefició a grupos paramilitares. El número de armas registradas en circulación se ha duplicado entre 2019 y 2020 (FBSP, 2021).
Bolivia
En el proceso que desembocó en el golpe de Estado de 2019 se utilizaron fuerzas de seguridad articuladas con grupos paraestatales. Generalmente, las organizaciones paramilitares están en coordinación con los llamados “comités cívicos”, que aglutinan a empresarios y políticos opositores al Proceso de Cambio liderado por el MAS-IPSP. Algunas de estas fuerzas son de larga data, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), fundada a mediados del siglo XX y con un largo historial de fascismo, incluyendo su participación en el golpe de Estado en 1971.
“El uso de fuerzas paramilitares en sentido estricto, así como de otros actores irregulares, tiene relación con el desarrollo de la guerra híbrida, que caracteriza a la etapa política y parece haber llegado para quedarse.”
Otras surgieron en los últimos años, como el grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC), cuyo papel fue clave en las protestas previas al golpe, realizando actos violentos contra dirigentes del MAS y periodistas. Entre los casos más resonantes se encuentra el ataque contra Patricia Arce, entonces alcaldesa de Vinto, secuestrada de su despacho y humillada públicamente. Luego de la recuperación de la democracia, varios de estos hechos comenzaron a ser investigados y algunos de sus líderes, detenidos e incluso sentenciados a varios años de cárcel.
Un fenómeno que se extiende
La información presentada en este artículo apunta a ofrecer una mirada de conjunto, representativa de una problemática que ha crecido en los últimos años y amenaza con convertirse en parte del paisaje político habitual del continente. Sin embargo, no se trata de una enumeración exhaustiva de casos. Otros territorios están atravesados por la violencia, con diferentes grados de desarrollo. En todos los casos, relacionados con las viejas y nuevas formas de las disputas políticas nacionales, pero cada vez más con la intervención geopolítica orientada por EE. UU.
El uso de fuerzas paramilitares en sentido estricto, así como de otros actores irregulares, tiene relación con el desarrollo de la guerra híbrida, que caracteriza a la etapa política y parece haber llegado para quedarse. Analizar, reflexionar y encontrar antídotos organizativos para la violencia ejercida contra los pueblos es un aspecto central del análisis político en la actualidad, y seguramente lo será también en el futuro inmediato.
*OBSAL es el Observatorio de la Coyuntura de América Latina y el Caribe, y es impulsado por las oficinas de Buenos Aires y San Pablo del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
