Minera Las Bambas: conflicto sin fin – Por Yorka Gamarra Boluarte
Minera Las Bambas: conflicto sin fin
Yorka Gamarra Boluarte*
El conflicto de Las Bambas data de hace más de 10 años. Las comunidades denuncian que la minera MMG – Las Bambas ha incumplido una serie de compromisos, por lo que ellos han vuelto a ocupar los terrenos que vendieron. Una cláusula de confidencialidad entre la empresa y comunidades no permite clarificar el cumplimiento de los acuerdos.
Mientras el gobierno, en medio de haber declarado en Estado de Emergencia por 30 días a la zona, ha llamado a dos comunidades de Fuerabamba y Huancuire, que pertenecen a los distritos de Challhuahuacho y a la empresa cuprífera MMG, a una nueva mesa de diálogo para el próximo 7 de mayo.
El 2015 las comunidades del Distrito de Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas, Región Apurímac, protestaron en contra de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental que cambió el diseño inicial de un mineroducto para el traslado del mineral por el subsuelo, por una carretera cercana a terrenos comunales. Así nacía el llamado corredor minero del sur.
Las mesas de diálogo
Se constituyó una mesa de diálogo, se conformó grupos de trabajo, tiempo después, los conflictos continuaron. Luego, se han constituido nuevas mesas o espacios de diálogo, tras nuevas crisis, que en varias ocasiones han tenido lamentables saldos de pérdidas de vidas humanas.
¿Qué pasa una vez que se toman acuerdos en las mesas de diálogo? En teoría, cada parte, debería ponerse a trabajar para el cumplimiento de los compromisos firmados. Sin embargo, después de un tiempo, vuelve a activarse el conflicto que parecía superado, hace crisis y se conforma un nuevo espacio de diálogo, los acuerdos incumplidos, son ahora la causa de nuevos conflictos sociales.
¿Quién controla el cumplimiento de los compromisos que asume el Estado y las empresas mineras con la población? La respuesta es, nadie.
Y no es que no haya espacios de trabajo de seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Estado, que sí los hay, lo que falta es que exista un mandato para que las entidades encargadas del cumplimiento de los compromisos, se sientan obligadas a cumplirnos y que al mismo tiempo haya vías para su exigibilidad por parte de los interesados.
Mención aparte merecen los compromisos asumidos por las empresas (varios tienen una cláusula de confidencialidad) que nadie vigila, nadie hace seguimiento y su cumplimiento, obedece únicamente a cuánto está dispuesta la empresa a cumplir lo pactado y a cuánta capacidad de presión tienen las poblaciones, es decir, todo está diseñado (o dejado al azar) para que los conflictos sociales, se mantengan latentes en el tiempo.
Los acuerdos no son vinculantes
Los acuerdos que asumen las partes en las mesas de diálogo, son inexigibles legalmente, no hay una ruta cierta mediante la cual los interesados viabilicen su cumplimiento.
Ahí hay un enorme vacío normativo, la legislación no garantiza que los acuerdos se cumplan en el plazo acordado o, por lo menos, que se puedan exigir con un procedimiento que no implique nuevas acciones de fuerza. Es necesario generar herramientas para que los compromisos asumidos en las mesas de diálogo, sean exigibles por las partes y por el Estado, en salvaguarda de la paz social y la gobernanza.
La víspera del 29 de abril, la Minera Las Bambas, desalojó a comuneros del sector de Takiruta que se encontraban en parte de los terrenos de la mina, para ello, la empresa minera ha invocado el artículo 920 del Código Civil que contempla la figura de la Defensa Posesoria Extrajudicial, en dicha acción, han intervenido 700 miembros de la Policía Nacional del Perú.
Pero, lo que ha causado preocupación es el vídeo publicado por el periodista cusqueño Víctor Salcedo y que ha corrido en las redes sociales, donde se ve a por lo menos una veintena de hombres vestidos con chalecos con la inscripción “policía” en el pecho, denunciando que habrían sido llevados “con engaños” por la minera y que ellos no sabían que debían desalojar a la población que se encontraba en el lugar.
El Ejecutivo ha emitido un comunicado señalando que la declaratoria del estado de emergencia en la zona, no tiene nada que ver con la acción de desalojo realizada por la empresa minera, pero no se ha pronunciado sobre la presencia de civiles en la zona cumpliendo funciones reservadas para la policía.
Dejar hacer y dejar pasar, no es lo más aconsejable cuando se está llamando a un nuevo diálogo entre las partes para este 07 de mayo.
Abogada, periodista, especialista en conflictividad social*
