México | El estado de Guerrero despenaliza el aborto hasta las 12 semanas
Guerrero despenaliza el aborto voluntario hasta la semana 12
Por Marcela Nochebuena
El pleno del Congreso del estado de Guerrero aprobó este martes la despenalización del aborto voluntario en la entidad hasta la semana 12 de gestación con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo.
Tras la aprobación de reforma al Código Penal estatal, el aborto deja de ser delito para quien lo practique de manera voluntaria antes de las 12 semanas de gestación. Personal médico, parteras o cualquiera que lo lleve a cabo antes de esa semana no cometerá delito. Después de esa semana, seguirá siéndolo con reducción de la pena de seis meses a dos años (ahora es de uno a tres años).
El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de aborto, que despenaliza esta práctica cuando se realiza durante las primeras doce semanas de gestación. pic.twitter.com/V4IZqniLbM
— Congreso Guerrero (@congresogro) May 17, 2022
Las causales de violación, inseminación forzada, alteraciones genéticas o aborto accidental, por las que actualmente no se penaliza el aborto en la entidad sin plazo alguno, se mantienen, pero el Código Penal se homologa a la NOM 046, que permite el aborto en caso de violación a nivel nacional sin necesidad de denuncia ni comprobación de los hechos.
Guerrero se suma así a las otras ocho entidades donde el aborto voluntario está despenalizado, bajo ciertas condiciones, en México: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila y Sinaloa.
La iniciativa votada y aprobada hoy es la tercera que se ha presentado ante el Congreso de Guerrero, desde 2014, para despenalizar el aborto en Guerrero. La primera fue durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero; la segunda en 2019. En ambos casos no habían llegado al pleno.
El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. El pleno estableció que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional.
En 2020, el estado de Guerrero ya había sido señalado, mediante una declaratoria de Alerta de Género, por agravio comparado, derivado de no armonizar sus leyes ni garantizar el cumplimiento de la NOM-46, que permite el acceso al aborto en todo el país en caso de violación sin necesidad de denuncia.
Como parte de esa declaratoria, se había solicitado como medida de justicia que el Poder Judicial de Guerrero llevara a cabo la revisión de los casos judiciales de mujeres privadas de la libertad imputadas por aborto y homicidio en razón de parentesco, “garantizando mediante procesos o recursos legales pertinentes su declaración de inocencia, excarcelación y la reparación del daño de conformidad con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 499 y la Ley General de Víctimas”.
Durante la presentación de la iniciativa aprobada este martes, la diputada local Beatriz Mojica Morga recordó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que en Guerrero hoy se rompe con el estigma en torno a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. “Les decimos a las mujeres que la maternidad es por elección; nunca más por obligación. Las decisiones reproductivas corresponden a cada mujer, y reconocemos su derecho humano a decidir sobre su cuerpo”, señalaron durante la presentación del dictamen.
Además, recordó que el dictamen no promueve el aborto, sino la vida de las mujeres, y que puedan respetar sus derechos y autodeterminar su destino. En tanto, la legisladora Gloria Citlali Calixto Jiménez destacó que la despenalización del aborto es una cuestión de justicia social, de salud pública y de derechos humanos. Señaló que Guerrero es la cuarta entidad con más muertes maternas por aborto.
“Esta iniciativa ha tenido como origen las reflexiones que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte ya hizo lo propio; nos toca hacer lo propio en el mismo sentido. Estaremos actuando desde una ética pública y no religiosa, estaremos respetando el estado laico. El presente dictamen no promueve la interrupción del embarazo, sino que establece un marco legal que permite que las mujeres tomen una decisión libre. Aun quedará un largo camino por recorrer; la despenalización es apenas un paso contra la violencia sexual y en el avance de los derechos reproductivos”, apuntó.
“No queremos que desistan de sus creencias e ideologías; son libres para ejercer plenamente su libertad de pensamiento. El dictamen trata del reconocimiento y defensa del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, decidir sobre su cuerpo, su maternidad, y a reconocer plenamente su autonomía”, añadió la legisladora Nora Yanek Velázquez.
No se está promoviendo el aborto, se está armonizando con la resolución de la SCJN y las determinaciones internacionales en torno a los derechos de las mujeres. “En un estado como el nuestro, en el que la pobreza, la discriminación y la exclusión social de las mujeres ha prevalecido, hoy se está en posibilidad de garantizar su derecho”, subrayó la diputada María Flores Maldonado.
Los legisladores que argumentaron en contra, como Jesús Parra García, Ana Lenis Reséndiz y Julieta Fernández, acusaron que el proceso fue un albazo y una violación al proceso legislativo, que debía privilegiarse el derecho a la vida del feto y que, además, la iniciativa deja indefensos a los ministerios públicos, médicos y jueces. Acusaron que es una ideología que se está infiltrando en todos los niveles de gobierno y discrimina al no nacido.