Líder mapuche dice que Boric les «declaró la guerra» militarizando las calles del sur
Víctor Queipul, lonko de Temucuicui: “Sacando a los militares a la calle lo que ha hecho Boric es declararles la guerra a los mapuches”
Por Catalina Batarce
Cada cierto tiempo la comunidad emplazada en Temucuicui, Ercilla, en la Región de La Araucanía, es foco de atención. La última fue cuando se frustró la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien debió, el 14 de marzo, abortar la misión de visitar a la familia del asesinado comunero mapuche Camilo Catrillanca, ya que desconocidos hicieron disparos al aire y cortaron -mediante la quema de un automóvil- la ruta que seguía ese día la comitiva de la jefa de gabinete.
Tras ese episodio, fue el propio lonko de la fracción de “Temucuicui autónoma” quien advirtió que “si quieren dialogar (…) deben pasar por mí. Si no, se van a encontrar con sorpresas”.
Queipul está molesto. Asegura haber tenido altas expectativas de lo que sería la administración del Presidente Gabriel Boric, pero el que se declarara estado de excepción constitucional y se enviara -nuevamente- a militares a custodiar gran parte de la Macrozona Sur (la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío) para él es un ejemplo de que este gobierno seguirá actuando como sus antecesores. En conversación con La Tercera apunta: “Nunca hemos creído que vivimos en democracia y este gobierno tenía un muy buen discurso, pero nunca confiamos. Siguen actuando igual”.
Igual en qué sentido, ¿le parece que el Presidente Boric ha replicado lo que hizo en la zona el exmandatario Sebastián Piñera?
Exactamente, sacando a los militares a la calle lo que ha hecho es declararles la guerra a los mapuches. Los militares están preparados para eso, para ir a la guerra, no para resguardar el orden público, para eso están los carabineros, la PDI. Pero acá cuando se saca a los militares es porque se declara la guerra a los mapuches. Frente a eso, en las comunidades estamos preparados, vamos a responder al amedrentamiento que hacen. Esto no nos va a hacer renunciar a lo que es la recuperación o reclamación de nuestros derechos.
Lo que dice está en el tono que utilizó la semana pasada el líder de la CAM, Héctor Llaitul, que llamó a “la resistencia armada”, lo que podría ser un delito. ¿Comparte esa postura?
Mire, yo estaba viendo qué decisión iba a tomar el gobierno, pero siguen en lo mismo. Por eso, yo también llamo a un levantamiento del pueblo mapuche, a defendernos de cualquier manera, porque estamos reclamando derechos, y el mismo gobierno lo ha dicho. El gobierno ha dicho que, efectivamente, hay una deuda histórica con nosotros, pero esta se debe abordar en base a un tema político, no con militares.
Han existido hechos de violencia donde incluso han resultado menores de edad lesionados y diferentes sectores pedían la medida…
Pero es que estando militarizada la zona, cualquier persona puede tomar un arma. Y no solo acá, también en Santiago y en Chillán, por ejemplo. Entonces, militarizar la zona acá es declararnos la guerra. Esto va a traer consecuencias, y puede ser peor. Por eso llamo al pueblo a tomar posición en el territorio y a defendernos.
¿Pero eso no le parece que es llamar a más violencia?
No es llamar a la violencia. Yo digo que tenemos que defendernos, porque al final aquí hay políticos que dicen que van a gobernar de otra manera, pero negocian solo con los camioneros, como si ellos fueran las únicas víctimas. Acá las mayores víctimas somos nosotros, nos despojaron de nuestros territorios. Nosotros no nos vamos a arrancar, porque los militares están acá. Esta es nuestra tierra. El subsecretario Manuel Monsalve ha venido, pero lo está haciendo en tierra ajena, porque no hace una reunión donde estén los camioneros, pero también nosotros. Han sido incapaces de dialogar seriamente con nosotros, siempre se van por los lados.
¿Cómo pretenden que se acerque el gobierno si, por ejemplo, cuando fue la ministra la recibieron con balazos?
Los mapuches tenemos protocolos y seriamente hemos dicho que cualquier persona que quiera dialogar, tiene que usar el conducto legal. Nosotros tenemos un protocolo y ellos lo quebrantaron. La ministra no tenía intención de escuchar al pueblo mapuche, lo que quiso hacer ahí fue posicionarse políticamente como ministra, pero sin abordar el tema mapuche. Así, por supuesto que no los vamos a recibir. Si quieren dialogar, tienen que seguir un camino.
¿Está de acuerdo entonces con cortes de ruta o ataques que son reivindicados por diferentes comunidades o comuneros?
Si a nosotros nos declaran la guerra, si nos vienen a golpear, sabiendo que siempre hemos dicho que hay una deuda histórica que se debe pagar y que estamos dispuestos a dialogar, pero siguen sacando a los militares, no hay otra forma de manifestarnos.
¿Cómo asumen la muerte de personas en medio de estos ataques?
Cuando pasó lo del caso Luchsinger-Mackay se habló mucho de los muertos, pero si vamos a contar muertos, ¿qué pasó cuando el Estado chileno nos despojó del territorio? Hubo una matanza de lonkos, machis y comuneros, hubo comunidades que se terminaron. Si vamos a empezar a contar cuántos muertos, las primeras víctimas somos nosotros. No vamos a permitir que nos sigan matando, nos vamos a defender.
Hubo dos meses sin estado de excepción y la violencia continuó, e incluso se incrementó. ¿Qué cree usted que pasó?
Fueron lentos en el diálogo que dijeron que iban a tener. Todos esperábamos el diálogo y las propuestas, pero nada. Por eso hemos tomado nuestras decisiones.
La ministra Siches anunció un plan de reconocimiento de pueblos originarios, y en el marco del mismo, se duplicarán los fondos de Conadi para la compra de tierras. ¿Qué les parece ese anuncio?
Fue una salida política para tapar lo que están haciendo, porque saben que poner a los militares en territorio mapuche no debería ser. Se esconden de la responsabilidad que tienen al enviar a los militares e inventan cualquier cosa para intentar resolver el problema. Creo que el poner más plata en la Conadi es una mentira, porque al final van a terminar resolviendo el tema de los mapuches que ellos siempre consideran.
¿No ha existido ningún contacto con ustedes?
No, solo dialogan entre ellos. La semana pasada el subsecretario se quería comunicar conmigo, pero él ya no es un interlocutor válido para conversar lo referente a la restitución de las tierras. Siempre fuimos claros en que estamos dispuestos a dialogar, pero con el Presidente Boric o con la ministra Izkia Siches, con ningún otro más, porque ya llevamos mucho tiempo conversando con otras autoridades y no pasó nada. Ya nos cansamos.
¿Lo representa el resultado del trabajo de la Convención? Ustedes han sido críticos, incluso protestaron en contra de sus representantes…
Yo al menos soy totalmente ajeno a eso. Nosotros, en su momento, fuimos en caravana a manifestarnos en contra de los mapuches que están en la Constituyente, porque ellos están a título personal, no como representantes de las comunidades. Estando ellos allá corrimos un riesgo, porque escribieron la Constitución sin que las comunidades la hayan validado.
¿Más allá de que eventualmente los beneficie?
Todo lo que están haciendo debió conversarse acá en las comunidades. La forma en que llegaron a la Convención tampoco nos representa, porque al final el Estado tiene que darse cuenta de que si quieren hacer algo, no se puede hacer bajo las estructuras que tanto tiempo se han fijado.
Se establece que Chile es un Estado Plurinacional, se reconoce constitucionalmente a los naciones originarias, se fijan sistemas de justicia paralelos, entre otros aspectos, ¿esos no son avances para usted?
Pero es que todo eso está sujeto a la política del Estado. Ahí no está la opinión misma de las comunidades. Ahora hablan de esos temas, y muy bien, pero cuando se quiera hacer uso de esos acuerdos, se va a poner cualquier tipo de traba, porque el Estado nunca va a hacer una ley que pueda favorecer a los mapuches sin que nosotros hagamos una reclamación. Desconfiamos totalmente de los artículos aprobados.
¿Va a votar en el plebiscito de salida?
No, y tampoco participé del de entrada. A nosotros no nos importa eso, porque cualquier propuesta que se pueda hacer, por la forma en que llegaron a la Constituyente, no nos representa. Siempre va a haber dificultades.
¿De qué forma esperan incidir en el debate?
Nosotros queremos dialogar, pero el Estado tiene que darse cuenta de que efectivamente hay una deuda histórica. No nos pueden solo reconocer y decir que vamos a dialogar en la forma que ellos quieren.
«No queremos ser el gobierno donde un militar mata a un comunero»: Izkia Siches explicó las razones detrás del Estado de Excepción en la Macrozona Sur
La ministra de Interior, Izkia Siches, se refirió a la decisión tomada desde el gobierno para imponer un Estado de Excepción en la Macrozona Sur tras haberse negado en primera instancia.
Durante una entrevista televisiva la secretaria de Estado habló tanto de las razones como riesgos que significa esta postura. De esta forma, defendió la medida señalando que se trata de una manera de responder a las solicitudes de la ciudadanía tras la caída de la propuesta de un Estado Intermedio. Asimismo, aseguró que, pese a ser una medida poco popular, se había transformado en una necesidad para la zona.
En este contexto afirmó que «estamos comprometidos con utilizar todas las herramientas del estado de derecho«. Así, destacó en Meganoticias que «nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo. Por ello es que no hemos desdibujado nuestra agenda a largo plazo de trabajar en medidas de fondo para la restitución territorial, demandas indígenas como perseguir la delincuencia, el narcotráfico, robo de madera y delitos que ocurren en el territorio».
Junto a esto aseguró que «jamás esperamos que las Fuerzas Armadas ingresen a las comunidades. Ni que se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay en La Araucanía y Biobío. No son para ello y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles”.
En esta línea Izkia Siches confirmó que, en el fondo, no apoyan el Estado de Excepción. «Nadie quiere a los militares en la zona. El gobierno tampoco los quiere. Es un consenso dentro de nuestro gobierno. Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para resguardar el control del orden público y de los civiles, pero entendemos que son elementos necesarios”, dijo al medio televisivo.
Fue entonces que se refirió directamente a episodios del pasado producto de la presencia de militares en la Macrozona Sur. “Nuestro gobierno no quiere un enfrentamiento, no quiere muerte de civiles, no quiere ser el gobierno en que un militar mata a un comunero”, concluyó sobre este punto.
Una acusación constitucional
En otra arista lejana al Estado de Excepción, Izkia Siches se refirió a la acusación constitucional proveniente desde Republicanos. De esta forma, le bajó el peso mostrando estar tranquila.
“Me llama la atención que parlamentarios presenten algo de esta magnitud sin haber presentado el texto. Hacen solo un anuncio comunicacional y tampoco señalando claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior. Más allá de eso, creo que a la ciudadanía no le importan las peleas políticas, le importa realmente que nos hagamos cargo de la seguridad”, puntualizó.
Decreto de Estado de Excepción abre debate sobre controles de identidad de militares
Por Talía Llanos y Sergio Jara
El debate sobre decretar Estado de Excepción para la Región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco podría continuar generando polémica en el interior del gobierno y las dos colaciones políticas que lo apoyan, debido a una parte de la redacción del documento que implica un cambio respecto de lo que había establecido la administración de Sebastián Piñera, cuando promovió una medida similar.
El Decreto 270 de Piñera y el 189 de Gabriel Boric son casi idénticos, aunque diversos medios han hecho hincapié en que el del actual Presidente establece en su documento el respeto a los derechos humanos y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que deben aplicar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ese no es el único cambio ni el más relevante, pues ambas materias están normadas y los militares deben someterse a ellas con o sin decreto. El cambio fundamental entre ambos decretos está en la redacción final del numeral 1 del Artículo 3.
En efecto, el Decreto 270, de Piñera, establece en dicho numeral que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) “no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa”. En concreto, esto implica, dicen abogados consultados por este medio, que los militares no podían realizar controles de identidad a la población, situación que en el actual Decreto 189, de Boric, fue eliminada. Es decir, la redacción del Artículo 3 entre ambos decretos es idéntica, salvo por ese párrafo que eliminó la actual administración.
La situación ha generado una controversia soterrada entre algunos funcionarios del gobierno, pues, en el fondo, se trataría de una medida más restrictiva que la de Piñera y no acotada, como se ha señalado. No, al menos, en el decreto mismo.
“Es más permisivo que el de Piñera en ese sentido”, dice Francisco Zambrano, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, respecto del Artículo 3. “Es una restricción que antes le puso el Presidente Piñera, y ahora el Presidente Boric, no. Eso hace que las FF.AA. tengan algo más de atribuciones que ejercer, desde luego con apego al derecho jurídico, pues los controles de identidad no son arbitrarios”, agrega.
Zambrano explica que, en general, cuando las FF.AA han realizado controles de identidad lo han hecho con “el apoyo de las policías, como vimos durante el confinamiento de la pandemia, pero desde luego que es una restricción que el Presidente de la República puede destinar, y si no lo hace está dejando abierta las competencias generales (…) Existe dentro de las FF.AA. la policía militar, en ese sentido ellos pueden desarrollar funciones policiales”.
En tanto, Yuri Vásquez, abogado penalista y experto en derechos humanos, dice que “el decreto 270 (Piñera) establece que las FF.AA. pueden prestar apoyo a las policías, pero se les prohíbe expresamente ‘llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa’, que son básicamente los procedimientos de control de identidad, control de automóviles (Ley de tránsito), detenciones en caso de flagrancia y entrada en lugares privados, en caso de perseguir casos de flagrancia. El Decreto 189 (Boric) no establece eso, por lo que al tener en el numeral 1 del Artículo 3 el mando de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad, tienen el mando de las policías y las facultades que a ellas se refieren. De la misma manera, el numeral 4 establece la potestad de control de la entrada y salida de las zonas declaradas en Estado de Emergencia, pero no sólo eso, sino el ‘tránsito en ella’, cuestión que sólo se podría hacer con las facultades policiales”.
“La diferencia es entonces -agrega Vásquez- que el Decreto 270 (Piñera) mantiene las funciones policiales en las policías, con el apoyo logístico de las FF.AA., mientras que el Decreto 189 (Boric) permite entregar esas funciones a las propias FF.AA. desplegadas, a criterio del Jefe de Zona”.
Luis Cordero, abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no obstante, tiene una opinión distinta de la redacción del actual decreto.
Según dice Cordero, a diferencia de lo que plantea Zambrano y Vásquez, “la declaración del decreto de Piñera es retórica, porque en estricto rigor, las Fuerzas Armadas no pueden hacer controles de identidad, no pueden tener función policial. Entonces, que el decreto de Piñera lo señalara, era más bien una redundancia retórica, no es necesario que lo diga”.
En ese sentido, agrega que “Contraloría tomó razón de esto, y tomó razón sin alcances. Esto es por una razón relativamente simple, porque cuando se refiere al Estado de Excepción de Emergencia, técnicamente, desde el punto conceptual, sólo hay dos restricciones que se pueden llevar a cabo, que es libertad de locomoción y reunión. Por lo tanto, no hay sustitución de la función policial. Es bien relevante y creo que el decreto de Piñera era una redundancia retórica, dadas las competencias (…) No veo margen para que se sostenga que las FF.AA. puedan realizar control policial, por tanto, el control de identidad”.
