El Salvador | Más de 32 mil detenciones y la ONU insta al gobierno a respetar DDHH
Capturas superan las 32,000 y satura más cárceles y juzgados
Las detenciones de personas acusadas de estar relacionadas a estructuras de pandillas superan ya los 32,000, según reportes de la Policía Nacional Civil hasta la mañana de ayer y hecha pública en Twitter.
Solo el miércoles, la Policía reporta 496 detenciones en el marco del régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo como parte de la denominada “guerra contra las pandillas”.
Entre las detenciones destacadas por las autoridades policiales a través de su cuenta de Twitter están las de dos pandilleros de la MS que intentaban escapar a Guatemala y fueron sorprendieron en la frontera de La Hachadura, en Ahuachapán.
Otros casos que destaca la Policía es la captura de un hombre con tatuajes de la MS en Usulután, del que dice fue denunciado al 123, la línea que han abierto las autoridades para reportar sospechosos de tener vínculos con delincuentes. El detenido fue identificado como Dimas Esaú Gutiérrez, alias “Pájaro”, quien, según la Policía, tiene antecedentes por extorsión y agrupaciones ilícitas.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que llevan un ritmo de 500 capturas diarias en promedio. De hecho la Policía Nacional Civil reportó que solo el pasado miércoles hicieron 496.
Mientras que desde la Fiscalía se afirma que hasta el 16 de mayo había logrado que 20,799 de los detenidos bajo este régimen se mantengan en prisión preventiva, es decir, mientras transcurre la fase de investigación en su contra.
A este ritmo de capturas y requerimientos en contra de los capturados, han venido a llenar las salas de audiencia y las cárceles.
Ante esto, el criminólogo Carlos Carcach y José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), advirtieron sobre el hacinamiento dentro de las prisiones.
Tojeira, quien ha dirigido instancias como el Idhuca y el OUDH (Observatorio de Derechos Humanos), dijo ayer que le ha llegado información de que no solo hay hacinamiento, sino otras necesidades.
“De las tiendas tengo la impresión de que no están funcionando y que dentro de las cárceles hay hambre, falta de higiene, de agua, que hay una concentración exagerada dentro de las cárceles, que están hiper saturadas y de un clima de relativa violencia entre los detenidos por el hacinamiento, eso es lo que me llega pero no tengo como mucha idea de cómo están en la realidad, nunca han estado bien las cárceles en el país, pero con el hacinamiento supongo que están peor”, comentó Tojeira.
Para el abogado de Fespad David Ortiz, desde hace décadas se viene registrando en El Salvador un hacinamiento penitenciario y las miles de capturas bajo el régimen de excepción significan un agravamiento sin precedentes de dicha crisis, expresada en la falta de una infraestructura adecuada, el limitado presupuesto asignado a Centros Penales, que denota la incapacidad de garantizar la vida, alimentación, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad.
Para ver la dimensión de esta crisis, Ortiz remite a información oficial de Centros Penales, la que para febrero de 2021 reportaba un total de 36,529 personas privadas de libertad. Si a esa cantidad se agrega los 32,000 capturados en el régimen de excepción, haría un total 68,529 hasta el momento.
“En 2020, El Salvador tenia la mayor tasa de encarcelamiento en América Latina (563 por cada 100,000 habitantes) con una población penitenciaria total de 37,190 personas privadas de libertad, diecisiete meses después el aumento de personas encarceladas es alarmante”, sostiene el abogado dice que, ante tanto detenido, “las instalaciones penitenciarias definitivamente están desbordadas en su capacidad” y que no hay duda de que el incremento de capturas provocará “un incremento súper rápido de la tasa de encarcelamiento que ya posiciona al país con una tasa más alta y una de las más altas”.
Al rápido crecimiento de población carcelaria se une lo que apunta Tojeira, que la violencia generada a nivel interno también provoca realidades como los nueve detenidos que han muerto adentro del penal.
Hasta el momento, las autoridades no han dado explicaciones ni se ha conocido que se haya iniciado investigaciones sobre tales fallecimientos.
Tojeira dijo ayer que es necesario que la Fiscalía investigue estos casos, pues toda muerte que suceda al interior de instituciones del Estado debe ser investigada a fondo para determinar responsabilidades, pues de lo contrario el Estado está incumpliendo su función.
Las familias de algunos de los muertos han pedido a las autoridades investigar si los cadáveres de sus parientes tenían señales de tortura o de golpiza.
Audiencias exprés y sin saber si se investigan muertes en el penal
Tojeira, Carcach y Ortiz también coinciden en el hecho de los tribunales están llenos.
Para el padre Tojeira, en audiencias de detenidos por el régimen de excepción no se leen ni se discuten los alegatos de la gente.
“Son jueces paniaguados, que tienen miedo que los echen o jueces corruptos”, agregó, por lo que considera que el sistema judicial pisotea derechos de defensa que todo acusado tiene.
Desde que inició el régimen de excepción, el último recuento que ha hecho público Fiscalía es el que reveló el 12 de mayo, el fiscal general Rodolfo Delgado. Dijo que a esa fecha habían presentado 393 requerimientos, pero los analistas cuestionaron la capacidad de los jueces para atender en un corto tiempo miles de caso y si se les está aplicando el debido proceso.
Uno de los aspectos que han cuestionado es que la Procuraduría General tenga la capacidad de dotar de procuradores para garantizar el derecho de defensa de los miles de acusados, conociendo el antecedente de falta de recursos a esa entidad.
Carcach , por ejemplo, dice que las limitación de defensores de oficio que la PGR debe disponer a los imputados, se suma la duda de si la Fiscalía cuenta con suficiente número de fiscales y debidamente preparados para manejar estos miles de casos.
Esto, agrega, puede llevar al “colapso” en el sistema judicial en un determinado momento.
“Esto pareciera que estará terminando en un enorme cuello de botella en tribunales y en un incremento inusitado de la proporción de personas sin una sentencia en firme, el fenómeno del preso sin condena”, advirtió Carcach en TCS.
A todo eso se suma el hecho de que las autoridades siguen aumentando las capturas, parte de ellas de forma arbitraria, sin una investigación que respalde por qué se les está deteniendo o por qué se les vincula con la comisión de algún delito, sino que las autoridades se guían a veces por la zona donde viven las personas, por si son jóvenes o incluso por el aspecto, señaló el padre Tojeira.
Como muestra, contó la historia de un fraile de quien unos militares no tenían ninguna justificación para mantenerlo retenido.
Al final fue liberado gracias a la intervención de un grupo de sacerdotes y religiosas que acudieron al lugar y hablaron con los militares de que tenían retenido a un religioso que no debía nada.
Tojeira insistió en que las autoridades no pueden estar haciendo detenciones de personas inocentes ni estar haciendo detenciones “de un modo aleatorio” y que detener a una persona “sin indicios de culpabilidad o de haber cometido algún delito es una falta de profesionalidad absoluta”.
Alta comisionada de la ONU insta a El Salvador a respetar derechos humanos
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, incluyó a El Salvador, junto a Venezuela, Nicaragua y Haití, en una lista de países que le inquietan a su oficina en la región latinoamericana, por su déficit democrático o tendencias autoritarias.
Mencionó primero a Venezuela y Nicaragua, cuya situación tildó de “extremadamente inquietante”; luego señaló a El Salvador y posteriormente a Haití.
“También nos inquieta El Salvador, el estado de emergencia que conllevó a que más de 30,000 personas siendo arrestadas y las enmiendas subsecuentes de los procedimientos penales, reconocemos y debo decir, entiendo que la seguridad y cómo se maneja la delincuencia es algo sumamente desafiante y reconozco los desafíos que se tienen con las pandillas en El Salvador”, expresó la representante de la oficina de derechos humanos.
Bachelet dejó claro que es necesario enfrentar la inseguridad y las pandillas en El Salvador, pero aseguró que es necesario respetar las leyes internacionales de derechos humanos.
Seguridad y justicia, respetando derechos
En la cumbre Bloomberg New Economy Gateway Latin America celebrada en Panamá los días 18 y 19 de mayo, y transmitida por Bloomberg en Línea, Bachelet fue enfática en decir que hay una buena intención en El Salvador, pero instó a actuar respetando los derechos humanos. “El Estado debe asegurar la seguridad y la justicia pero cumpliendo las leyes internacionales de derechos humanos”, insistió.
La entrevistadora le preguntó cómo este Presidente joven, refiriéndose al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, puede reducir la violencia “sin caer en las violaciones de derechos humanos que ocurren en otros países”, como Nicaragua y Venezuela.
Bachelet insistió en que el Estado es el responsable de garantizarle la seguridad y la justicia a las personas y que esto se puede hacer “cumpliendo con la ley de derechos humanos”.
El Salvador vive un régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo que vence el 25 de mayo próximo. El decreto permite la suspensión de los derechos constitucionales de la defensa, a la reunión y asociación, a no ser detenido más de 72 horas sin audiencia, y a no ser intervenido en las telecomunicaciones y correspondencia.
Desde el inicio del régimen, el Gobierno ha capturado 32,000 personas que dice son pandilleros, aunque organizaciones sociales denuncian capturas arbitrarias.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa a raíz de un alza repentina de homicidios los días 25, 26 y 27 de marzo.
Sobre esta alza de homicidios, el periódico electrónico elfaro.net publicó el martes un reportaje en el cual atribuye este hecho al rompimiento de un pacto de Gobierno y pandillas, divulgando audios con la voz del director de Tejido Social de la Presidencia de la República, Carlos Marroquín. El Gobierno ha negado que exista un pacto con las pandillas.
