Consideraciones básicas sobre el problema del narcotráfico — Por Carlos Moldiz
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.narcoPor Carlos Moldiz*
La guerra contra las drogas solo beneficia a empresarios del crimen como los carteles de la droga, de la misma forma que la prohibición del alcohol solo sirvió para lanzar al estrellato a las mafias estadounidenses a principios del siglo XX. Es hora de superar esta lucrativa hipocresía y tratar el problema desde un enfoque sanitario. Así le quitamos el negocio a gánsteres y criminales.
Los audios revelados por el expresidente Evo Morales han sido utilizados por los medios de comunicación para insinuar un mayor antagonismo al interior del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y para alarmar sobre un supuesto crecimiento descontrolado del narcotráfico en el país. Ambas especulaciones tienen su grado de verdad y uno podría incluso afirmar que sí hay una división interna en el MAS y que el narcotráfico efectivamente opera en nuestro territorio, en complicidad con policías y autoridades judiciales. Pero ambos datos de la realidad no forman parte de un mismo problema, pues no existe ninguna relación orgánica entre el masismo o algunas de sus tendencias con el narcotráfico.
Enfoque securitista en tensión
La experiencia enseña que la lucha contra el narcotráfico tiene varios enfoques y escuelas, no todos apropiados para una realidad como la nuestra, que ha optado por dejar atrás la estrategia de erradicación forzosa de la hoja de coca excedentaria.
En vez de ello, el gobierno del MAS se ha inclinado por la erradicación de cultivos excedentarios mediante la conciliación con las comunidades productoras afectadas, que desde su aplicación ha proporcionado mejores resultados que anteriores gobiernos en cuanto a la reducción de los volúmenes producidos de la planta.
Para hacer esto, el Gobierno ha tenido que dejar atrás el paradigma de la “guerra contra las drogas”, que afrontaba el problema del narcotráfico como uno concerniente a la seguridad y la defensa del Estado, más que como un problema de salud social e individual.
Uno de los resultados de ello fue, en primer lugar, el retiro de la hoja de coca de la lista de sustancias controladas de la Agencia contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Undoc), y la reafirmación de su consumo tradicional en diversos foros y espacios internacionales.
Esto no quiere decir que en Bolivia se haya transitado del paradigma securitista al paradigma sanitario para abordar el problema del narcotráfico, sino que se ha asumido no tratar a la coca como si fuera una droga y a los campesinos que la producen como criminales. El enfoque guerrerista se dio con particular fuerza en las dos décadas de neoliberalismo.
El resultado de la última política ha sido colocar a Bolivia como el menor productor de hoja de coca entre los tres países andinos involucrados en el negocio, con la menor extensión de superficie de este cultivo en la Región, y sin producir violaciones a los Derechos Humanos de ninguna población en el proceso.
Competencia por un mercado limitado
De igual manera, la mentada política ha convertido efectos indeseados e imprevisibles en el rubro de la producción de hoja de coca, que emplea a cientos de miles de familias en todo el país, pero concentradas, sobre todo, en dos regiones: los Yungas de La Paz y el Chapare de Cochabamba.
Dichos efectos indeseados e imprevisibles consisten en que, al legalizarse la producción de esta planta, ambos sectores compiten por el control de un mercado que encuentra su límite en las fronteras nacionales, y que a duras penas se extiende a otros países como Argentina y Paraguay.
El sector de los yungas paceños lleva produciendo la hoja desde, cuando menos, el periodo colonial del territorio que actualmente es Bolivia, y sostiene que su cosecha es la más apta para el consumo ritual o “tradicional”, acusando a los productores del Chapare de destinar sus cultivos al narcotráfico.
El sector del Chapare descarta estas sindicaciones usualmente explicando que mientras la producción de los Yungas se comercializa al sur del país, la hoja cochabambina circula en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y el norte de Bolivia.
Por otro lado, la producción yungueña, según la norma nacional, tiene derecho a ocupar una mayor extensión de su territorio que el Chapare, a pesar de lo cual, sin embargo, reclama que estos puedan plantar menos hectáreas de las que aún tienen.
Evidentemente se trata de un problema de competencia por el mercado de la hoja de coca en el país, dado que las hojas de ambas regiones han sido, según la evidencia de varios informes sobre el consumo de drogas en el exterior, utilizadas para la producción de cocaína.
De acuerdo a algunas fuentes, solo el 5% de la cocaína que circula en los mercados ilegales de Estados Unidos ha sido fabricada a partir de hoja de coca boliviana, siendo Colombia el mayor productor de los tres países andinos donde se puede cultivar esta planta. De hecho, la coca boliviana es tan marginal en el negocio que hoy enfrenta un segundo problema, como es el de estar siendo desplazada por la variante peruana, contrabandeada hacia suelo boliviano para, esta sí, ser empleada en la producción de narcóticos.
El efecto indeseado de esto es que el costo de la hoja de coca boliviana se reduce significativamente, y con ello el sustento de miles de familias que se dedican a su cultivo de forma abiertamente pragmática, sin preguntarse hacia dónde va el fruto de su trabajo.
El sector de los Yungas, al mismo tiempo se ve afectado por la ampliación de los cultivos de hoja de coca fuera de las zonas legalmente permitidas, lo que ha ocasionado divisiones internas en esta región, donde ahora se enfrentan cocaleros “tradicionales”, por así decirlo, con “nuevos cocaleros”.
Estos enfrentamientos se han expresado, sobre todo, en luchas por el control del principal mercado de distribución de esta planta en el occidente del país: Adepcoca, ubicado en una zona casi periférica de la ciudad de La Paz. En ellos se ha involucrado el Gobierno, persiguiendo sus propios objetivos políticos.
Los verdaderos actores del narcotráfico en Bolivia
Ahora pasemos a abordar el otro lado del problema, específicamente el ilegal, en la producción de hoja de coca, aunque hasta cierto punto inconexo respecto al de la producción de la materia prima que, como vemos, está siendo desplazada a nivel nacional por el contrabando de su par peruana.
Sin duda, en Bolivia operan distintas organizaciones criminales dedicadas a la producción de cocaína, producto que sí es ilegal, y a su comercialización hacia otras partes del mundo, principalmente Brasil, México, Estados Unidos y Europa, donde reinan verdaderos sindicatos criminales.
Un tercer actor opera aquí: la Policía. Institución ya afectada por otro tipo de limitaciones que hace de ella la menos confiable de todas las instituciones, después de la Justicia y los partidos políticos. Sus miembros suelen estar involucrados en actos de corrupción, feminicidios, golpes de Estado y, claro, narcotráfico.
Paralelamente, si le creemos a ciertos investigadores, es una institución acostumbrada a cultivar una relación de clientelismo con cualquier gobierno de turno, al que ofrecen protección a cambio de ciertos beneficios, prebendas y favoritismos. El resultado: generales cortejando ministros y presidentes.
De hecho, en la historia del país no han sido pocos los gobiernos que se han visto involucrados con operaciones enteras de producción y tráfico de cocaína, siempre en complicidad de la institución verde olivo, como les gusta presentarse a sí mismos: Hugo Banzer, Luis García Meza y Jaime Paz Zamora.
La industria de la cocaína igualmente beneficia a otros actores, como empresarios que invierten en ella y lavan ganancias en sus negocios, que van desde constructoras hasta salas de manicure y spas, esto sin tomar en cuenta pilotos, mulas, microtraficantes, jueces, fiscales y un largo etcétera.
El productor cocalero, que está en la base del negocio, recibe seguramente la parte más ínfima de las ganancias, pues solo produce la materia prima que es procesada, refinada y comercializada por otros actores de la sociedad.
El chivo expiatorio
Pero los medios de comunicación han encontrado en Evo Morales y el MAS los blancos perfectos para su campaña de desprestigio a la izquierda y en defensa de los sectores empresariales y oligárquicos, presentando a los cocaleros, y solo a los del Chapare, como si fueran los gánsteres. Aunque, al mismo tiempo, Morales hizo declaraciones sobre una supuesta presencia de la DEA en algunos ministerios, pese a que no especificó en cuáles. De esta manera, sin pretenderlo, se reforzó la idea del narcoGobierno y narcoEstado que la derecha busca instalar dentro y fuera del país.
A pesar de que seguramente se han invertido millones de dólares en investigaciones, pericias y pesquisas para demostrar la existencia de algún vínculo, aunque sea casi imaginario, del líder cocalero con cualquier cartel de narcos, hasta ahora no se ha podido demostrar nada que afirme tal relación.
Lo anterior no quiere decir que dejarán de intentarlo. A principios de este año, el arresto de un excomandante de policía Maximiliano Dávila fue utilizado por muchos periodistas para empañar la imagen de Morales, a pesar de la conocida trayectoria de obsecuencia hacia cualquier poder de dicho oficial.
Y ahora, la revelación de audios que demostrarían lazos directos de cooperación entre la Policía y narcotraficantes que operan en territorio boliviano han servido para sumar páginas a sus archivos contra el expresidente y levantar sospechas contra el actual Gobierno. El que reveló la información fue justamente… Morales, y esa revelación fue utilizada para meter más leña al fuego que ya existe en el oficialismo.
En los audios se puede oír a un policía recibiendo órdenes de dejar un laboratorio de producción de cocaína cuando deberían desmantelarlo, sufriendo amenazas y asegurando que la cancelación del operativo sería una orden directa del Viceministerio de Sustancias Controladas.
Existe un gran debate acerca de los motivos que llevaron a que la develación se diera a partir del expresidente boliviano, cuya principal fuente, el teniente coronel Erick Terán, está ahora bajo investigación. No obstante, no parecen haber indicios de falsedad en la acusación.
La polémica ocasionó inmediatamente el retiro de dos comandantes de la Policía Nacional, Franco Jaime Arancibia y José María Velasco, además de la aprehensión momentánea del oficial que justamente denunció el operativo cancelado.
Posteriormente, una intervención sobre la Policía llevada a cabo por el Ministerio de Gobierno habría producido, hasta el momento, el retiro de varios oficiales de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), después de que se aplicara la prueba del polígrafo a varios de ellos.
El problema de fondo
Pero el narcotráfico es conocido por corromper toda institución encargada de enfrentarlo desde un enfoque punitivista, alcanzando a jueces, fiscales, abogados, policías e incluso autoridades gubernamentales y electas.
En Bolivia todavía no se han dado casos de narcotráfico que involucren a ministros, legisladores o a las primeras autoridades del Ejecutivo. Han sido pocos los gobiernos subnacionales sospechosos de estar vinculados con la actividad, y fuera de las regiones productoras de coca.
Con todo, el hecho de que los principales operadores y beneficiarios del negocio del narcotráfico sean policías, jueces, fiscales, empresarios y sectores urbanos, claramente demuestra que los dardos opositores están dirigidos en contra del sujeto equivocado: el campesino.
Para poner fin a este ciclo de injusticias debe tratarse el problema de las drogas no desde un enfoque punitivista, como ha sucedido hasta ahora en casi toda Latinoamérica y Estados Unidos, bajo el influjo de este último, sino desde una perspectiva sanitaria, como sucede en Portugal.
Después de todo, la guerra contra las drogas es una política que ha sido utilizada abiertamente por Washington para intervenir territorios extranjeros, sin mayores resultados para combatir los problemas de adicción de su población.
Y, finalmente, recordemos que los criterios para clasificar algunas drogas como legales y otras como ilegales suelen ser bastante arbitrarios, y no responden siempre a consideraciones de salud, sino de negocios.
La ilegalización de ciertas drogas solo beneficia a círculos empresariales como los actuales carteles, de la misma forma que los años de la prohibición beneficiaron a las mafias estadounidenses en el pasado siglo.
*Cientista político boliviano. Análisis publicado en La Época
