Colombia | Partido de Petro pide al gobierno no restringir ingreso de observadores internacionales para las elecciones
Se restringió el ingreso de observadores electorales a Colombia por representar riesgo a la seguridad nacional
Este miércoles, miembros de la campaña de Gustavo Petro denunciaron que Colombia no permitió el ingreso de Alejandro Rusconi y Fernando Collizzolli, ambos observadores electorales internacionales que llegan al país para vigilar la primera vuelta presidencial. Frente a lo ocurrido, por medio de un comunicado, esta restricción constituiría “una amenaza más para el proceso electoral”.
En el documento, firmado por Alfonso Prada, la senadora electa María José Pizarro y Gustavo García, coordinador nacional electoral de la campaña, resaltaron que las autoridades electorales no lograron contratar una auditoría al software para las elecciones presidenciales.
“Consideramos determinante el papel de las misiones de observación internacional y de la comunidad internacional en general a la verificación del proceso, la protección de la democracia y la institucionalidad en Colombia”, inició el comunicado.
La campaña informó que fueron dos delegaciones a las que supuestamente se les restringió “el ingreso y la movilidad”. Este impedimento, según los firmantes, es injustificado.
“En tal sentido, exigimos al Gobierno nacional y a Migración Colombia no impedir u obstaculizar el ingreso al país de todas las personas que en su condición de observadores o invitados especiales están viajando a Colombia para garantizar la transparencia en las elecciones del próximo domingo”, agregó.
De acuerdo con la campaña, las acciones del Gobierno y Migración no se pueden “convertir en un filtro político para todos aquellos extranjeros que tomaron la decisión de acompañar las elecciones”.
De esta forma reiteraron la exigencia de garantías para el proceso electoral y hacen un llamado a todas las misiones de observación “para estar atentas a estas situaciones”.
Exigimos al Gobierno Nacional y a @MigracionCol no impedir u obstaculizar el ingreso al país de los observadores que vienen para garantizar transparencia en las elecciones del próximo domingo. pic.twitter.com/xvuQQcVivB
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 26, 2022
Desde la tarde, Alfonso Prada viene denunciando que estas delegaciones, que son “oficialmente invitadas por el Consejo Nacional Electoral e invitados especiales de la campaña de Gustavo Petro”, están siendo impedidas en su ingreso a Colombia por supuestas “instrucciones precisas”.
A Alejandro Rusconi, reconocido por su cercanía a gobiernos de izquierda, no lo dejaron despegar en un vuelo de Avianca hacia Colombia. A pesar de que tenía una carta de invitación firmada por el registrador Alexánder Vega y César Augusto Abreo, presidente del CNE, su entrada fue restringida.
Por su parte, a Fernando Collizzolli se le negó la entrada estando en el aeropuerto El Dorado. Según Prada, la activista Teri Mattson, que también venía a Colombia para labores de observación, fue deportada desde la terminal aérea por la misma razón.
SEMANA conoció con fuentes enteradas del caso que las autoridades colombianas decidieron restringir la entrada de Rusconi y Mattson por un informe de inteligencia que dice que pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad nacional. Por esto, la recomendación es impedir el ingreso al país.
Todo esto, debido a que tanto Rusconi como Mattson ingresaron al país durante el paro nacional del año pasado. También se cuenta con información de redes sociales que comprueba que su visita tenía la finalidad de “apoyar” la protesta social y los manifestantes.
En dicho informe de inteligencia figuran varios nombres y quienes aparezcan no podrían entrar al país por representar un posible riesgo para la seguridad nacional.
Por su parte, el Pacto Histórico y la campaña de Gustavo Petro sigue exigiendo las garantías necesarias para impedir que el proceso de ingreso al país se convierta “en una especie de filtro para las delegaciones e invitados especiales que llegan invitados por las distintas campañas”.
“Que se permita el libre tránsito y que se brinden todas las garantías para la veeduría, ejercicio de observación y acompañamiento que realizarán las distintas misiones de observación, pero también delegados e invitados especiales”, dijo María José Pizarro, reiterando la importancia de la alerta, en ausencia de la auditoría del software electoral.
Auditoría, escrutinio y testigos: tres preocupaciones de los candidatos presidenciales
Solo faltan tres días para la primera vuelta y los propios candidatos presidenciales se han encargado de sembrar desconfianza en los comicios, lo cual se suma al hundimiento de contratar una auditoría internacional al software de elecciones. Todo ensombrece el ambiente con teorías de fraude.
De forma irresponsable, desde Gustavo Petro hasta el expresidente Andrés Pastrana han agitado narrativas de golpes de Estado y la suspensión –imposible– de las elecciones, pero ninguno ha presentado pruebas de ello.
La polémica está servida y cada día los distintos actores políticos se han encargado de sembrar nuevas dudas. No solo Petro, sino también Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo dijeron en el debate de Semana y El Tiempo que sienten desconfianza en el registrador Alexánder Vega, a quien los partidos de todas las orillas se han dedicado a cuestionar duramente por el desastre del 13 de marzo.
En ese contexto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, llamó a los partidos a aceptar los resultados electorales sin importar si el resultado les es favorable o no (ver nota anexa).
Lo ideal, pese al ambiente enrarecido, es que la ciudadanía pueda votar tranquila y que el proceso –no exento de polémicas y enredos– demuestre su funcionalidad después de las modificaciones que la Registraduría hizo para este 29 de mayo.
Tres de los grandes temas de preocupación entre los candidatos tienen que ver con la auditoría internacional, el preconteo y el escrutinio, y la supuesta baja inscripción de testigos electorales de las campañas.
¿Habrá auditoría internacional?
Empezando por la vigilancia internacional independiente, el presidente Iván Duque insistió desde Davos, Suiza, en que es necesario contratar este servicio solicitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos y la Misión de Observación Electoral (MOE).
La plata se aprobó el pasado 2 de mayo, cuando el Ministerio de Hacienda dio luz verde a un contrato de más de $3.000 millones para la revisión de los softwares.
Sin embargo, faltando menos de una semana para las elecciones este no se firmó. La empresa costarricense Datasys no cumplió con los requisitos y la alemana Decalog desistió. El CNE dijo que los empleados de la segunda no hablaban español, pero también pasó que la empresa no quería verse inmiscuida en unas elecciones en las que ya hay demasiada polémica. Sin importar el resultado, su nombre se vería afectado.
Ahora bien, nada de esto implica que las elecciones no vayan a tener auditoría o vigilancia, ya que desde el año pasado se firmó un contrato con la firma Jahv McGregor S.A.S. para llevar a cabo la tarea.
El contrato con la Registraduría es para los procesos electorales “a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022”. El monto es de $10.857 millones: $4.021 millones para los procesos del 2021 y $6.836 millones para los de este año.
El apretón de tuercas de la Registraduría
Por otro lado, la autoridad electoral tuvo que hacer varios cambios al paso a paso de las elecciones, después de todos los cuestionamientos que le cayeron después del 13 de marzo, en las legislativas.
Uno de los cambios cruciales fue la reselección de los 670.367 jurados de votación de todo el país, después de que se encontraran 22.255 fallas en las mesas de dichas votaciones. 5.109 de esas inconsistencias tendrían indicios de dolo y por eso la Organización Electoral le entregó un informe a la Fiscalía y a la Procuraduría para que tomaran medidas.
Además, durante el proceso de reconteo se realizará un doble reporte. Es decir que después del preconteo, cuando se haga la transmisión de los datos, el receptor repetirá la información para verificar que esté corrcta.
Y también se rediseñaron los formularios E-14 ampliando su tamaño e incluyendo fotos de los candidatos, para facilitar el trabajo de los jurados.
A esto se suman los ojos internacionales, pues más de 27 organizaciones van a estar presentes y ocho son misiones de carácter técnico, incluyendo a la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
Según el registrador Vega, estas serán “las elecciones más vigiladas de la historia”, pues habrá miles de ojos puestos en el proceso, aunque hay serias dudas sobre si estas serán suficientes. Y no solo por cuenta de la auditoría internacional que –todo indica– ya no fue, sino también por la falta de suficientes testigos electorales.
Faltan testigos de los partidos políticos
Tanto el CNE como la Registraduría les jalaron las orejas a los partidos porque no han inscrito suficientes testigos electorales. La campaña de Federico Gutiérrez cuestiona que ha tratado de inscribir a más de 60.000 personas, pero que supuestamente la Registraduría solamente ha avalado 1.800.
Pero esta autoridad dice algo completamente diferente. Sus cifras indican que en total se han postulado 26.918 testigos, de los cuales 24.157 corresponden al Pacto Histórico –que lleva semanas trabajando en un mecanismo monumental para que no se lepierda ni un voto–; 2.456 al Equipo por Colombia; 129 a la Coalición Centro Esperanza; 46 a la Liga de Gobernantes Anticorrupción; 229 de Salvación Nacional y 1 de Verde Oxígeno.
Con todo, las campañas están a tiempo para postular a sus testigos de aquí al 28 de mayo. Y pueden hacer auditoría interna, como el propio CNE los invitó a hacerlo.
De cualquier forma, la mirada de todo el país estará sobre el paso a paso y se espera que, a diferencia de lo ocurrido en marzo, los mecanismos de blindaje sirvan para evitar una catástrofe reputacional al proceso democrático
Un tercio de los municipios del país está en riesgo por factores de violencia: MOE
Aunque el cierre del informe de Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia en tiempo preelectoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) tuvo cierre el pasado 1 de marzo, a días de los comicios legislativos, la organización optó por actualizar dicho informe debido a los últimos eventos de violencia vividos en el país por cuenta del paro armado del Clan del Golfo, que ocurrieron faltando 20 días para las elecciones presidenciales.
La actualización de datos, sumando el paro armado del Clan del Golfo, da cuenta que en el período preelectoral se reportaron 747 acciones armadas, 547 amedrantamientos, 27 eventos de desplazamiento (del 1 de marzo al 13 de mayo de 2022), afectando a 5.877 personas. En ese sentido, son 375 municipios afectados y con algún nivel de riesgo por factores de violencia. Los Grupos Armados Ilegales (GAI), las disidencias de las Farc y el Eln son los principales perpetradores, además, indica la MOE, estos logran mantener un control social sobre la población, como se vio durante el paro armado.
Las manifestaciones de ese control social se pudieron evidenciar con el confinamiento de poblaciones, toques de queda, restricciones a la movilidad y hasta orden de suspensión de todas las campañas políticas.
Del 1 de marzo al 13 de mayo, los municipios con algún tipo de riesgo incrementaron en un 9%. Estas poblaciones con más riesgos se encuentran en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Arauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Siendo Antioquia el departamento que más sufrió por cuenta del paro armado.
Otro elemento que ha registrado la MOE es que ha aumentado el nivel de riesgo de violencia de municipios reportados a corte del 1 de marzo. En contraste, nueve municipios bajaron su nivel de riesgo, pero sigue preocupando que el 87.5% de las ciudades capitales presentan algún nivel de riesgo y concentran hechos de violencia contra liderazgos, algunos de ellos, que participan en las elecciones.
Durante el paro armado, las más afectadas fueron Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre), Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia) y el 48.8% de los hechos de violencia contra líderes ocurrieron en ciudades capitales.
“Adicionalmente, el voto en esas grandes ciudades en la elección presidencial toma una importancia mayúscula pues, en las 28 capitales en riesgo, se concentra el 44.5% del total del censo electoral del país”, recalca la MOE.
Tener en cuenta estos factores de riesgo es esencial para prever posibles implicaciones en el marco de las elecciones del próximo 29 de mayo. La MOE ha señalado que la población ha recibido amenazas por compartir publicidad política de candidatos a la Presidencia.
“Al analizar los niveles de participación en aquellos municipios con niveles más altos de riesgo se advierte que es muy fuerte la correlación entre presencia de grupos armados ilegales y la participación electoral y podría indicar que en algunos casos la fuerte presencia de estos grupos realmente afecta que la población acuda a las urnas”, complementa el informe.
En comparación a 2018, los municipios en riesgo aumentaron este 2022, pasando de 310 a 375. El aumento se ve más significativamente en las poblaciones en riesgo alto y extremo, que en 2018 fueron 58 y este año son 95 (aumento del 31%). “Es necesario aclarar que los datos presentados en este comparativo no responden a la misma fecha de corte con relación a los períodos de elecciones nacionales, pues el 2022 es la primera vez que el equipo técnico de los Mapas de Riesgo Electoral realiza esta actualización en las fechas de corte para la elección presidencial”. Esto producto de la coyuntura por el paro armado.
Antioquia tiene el mayor número de municipios en riesgo, 60 en total, eso significa el 48% del territorio departamental. Sin embargo, el 100% de Arauca está comprometido, el 93% Caquetá, el 90% de Chocó, el 76% de Cauca y Putumayo, y el 75% Guaviare.
“Se hace evidente el reto del Estado de generar las condiciones de seguridad y orden público necesarias para el desarrollo de los comicios. Se debe garantizar que en los 7.681 puestos de votación pertenecientes a alguno de los municipios en riesgo por violencia los ciudadanos no vean afectados sus derechos políticos y puedan acudir a votar con tranquilidad”, pidió la MOE.
Ese reto de hacer presencia en los municipios en riesgo, insistió la MOE, no solamente debe verse traducido en Fuerzas Militares, “sino tener el acompañamiento de las instituciones civiles del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”.
