«Atraer inversiones», bingo para las grandes empresas, devastación para Ecuador

«Atraer inversiones», bingo para las grandes empresas, devastación para Ecuador

 Acción Ecológica

Claramente el proyecto de Ley de Inversiones promueve la captura corporativa del Estado para entregar al sector privado los activos y servicios públicos o los sectores estratégicos.

El pasado 24 de marzo la Asamblea Nacional votó mayoritariamente por el archivo del proyecto de Ley de Inversiones (o Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital). Este proyecto, que reforma 18 normas vigentes, tiene el objetivo de abrir sin límites la economía del país al capital transnacional, agravando las amenazas sobre los pueblos, los territorios y la naturaleza.

Después de la derrota sufrida en el legislativo, es muy probable que el ejecutivo canalice los ejes centrales de esta Ley a través de decretos ejecutivos o mediante una anunciada consulta popular; por tal razón es importante analizar algunas de las implicaciones de su contenido.

Delegación obligatoria de servicios públicos al sector privado

Según lo que señala la Constitución en su artículo 225, el sector público está conformado por todas las entidades de las cinco funciones del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación social), por las entidades del régimen autónomo descentralizado (los GAD) y por las entidades de las personas jurídicas que prestan servicios públicos o desarrollan actividades económicas asumidas por el Estado.

Con el proyecto de Ley, todas estas entidades pasarían a ser “entidades delegantes” obligadas a delegar al sector privado, mediante Contratos de Asociación Público-Privada (APP), la construcción de infraestructura y prestación de servicios públicos. Se incluyen en estos contratos los proyectos públicos sobre activos existentes de cualquier entidad delegante.

Se prevé el otorgamiento de subvenciones, aportes de capital e incluso ingresos mínimos garantizados a favor del sector privado que participe en este tipo de contratos de gestión delegada.

Si bien se dice que las empresas públicas tienen un carácter de excepcionalidad, estas sí podrían ejercer sus facultades asociativas. En el proyecto de Ley de Inversiones se señala que “…cuando la Ley del sector no lo determine de modo general, le corresponderá al Presidente de la República dicha declaratoria mediante decreto ejecutivo”.

En otras palabras, los límites establecidos son resueltos a través de una norma inferior, como es un decreto ejecutivo. Y para facilitar dicha posibilidad, se crea la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada como una entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República.

Los sectores estratégicos incluyen a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, que constituyen ámbitos fundamentales para nuestro país.

Estos sectores tienen relación con escenarios de permanentes disputas entre el Estado y los pueblos por la protección de los derechos y la construcción del Estado plurinacional. En un contexto de control corporativo enfocado en la obtención de lucro, cualquier posibilidad de transformación desde la sociedad se respondería con autoritarismo y violencia puesto que los derechos reclamados por las corporaciones se impondrían sobre los derechos humanos y de la naturaleza.

Si consideramos el caso de la energía, es previsible la delegación de las infraestructuras o actividades más rentables para el Estado. No serían considerados aquellos proyectos fracasados, construidos por empresas transnacionales, como la central hidroeléctrica Baba cuyo costo fue de casi 500 millones de dólares y su funcionamiento no supera el 60% de lo planificado.

O el trasvase Daule Vinces (Dau-Vin) abandonado desde el 2015; o el proyecto multipropósito Chone-Presa Río Grande, que no riega una sola hectárea de las 2.200 previstas; o la Presa San Vicente, inaugurada en el 2015 para dar agua a la provincia de Santa Elena, pero que hasta la fecha no funciona; o, la central hidroeléctrica más grande del país, la Coca Codo Sinclair, en peligro de desaparecer por la erosión regresiva en la cuenca del río Coca.

En cuanto a servicios públicos, el proyecto de Ley de inversiones dice que “se entiende por servicios públicos la provisión, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social o gubernamental de: cárceles, infraestructura educativa en todos sus niveles, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas.

También ferrovías, ferrocarriles, metros, tranvías, monorrieles o similares, teleféricos, funiculares y otros medios, ciclo vías, senderos, túneles y puentes, infraestructura asociada a distintos sistemas de transporte público, terminales, puentes, hidrovías, facilidades pesqueras, sistemas logísticos, centros de transferencia, aeropuertos, infraestructuras de telecomunicaciones, servicios de gestión de desechos sólidos, entre otra infraestructura pública destinada a satisfacer una necesidad básica de la colectividad y que se encuentren bajo la regulación y control del Estado.”

También en este caso, se delegaría a las empresas la operación y administración de estos ámbitos estrechamente vinculados con derechos fundamentales como la salud, educación, movilidad, comunicación, regeneración urbana y otros, que quedarán expuestos a incrementos de tarifas en detrimento del acceso equitativo y justo a esos servicios.

Claramente el proyecto de Ley de Inversiones promueve la captura corporativa del Estado para entregar al sector privado los activos y servicios públicos o los sectores estratégicos, mediante contratos de Asociación Público-Privada. Esta delegación podría ser hasta por 40 años, es decir diez periodos presidenciales. Lo que equivaldría a convertir a las instancias públicas en meros entes instrumentalizados para firmar los contratos de delegación a las empresas privadas, nacionales y transnacionales.

Esto provocaría además despidos masivos, contrario a la supuesta promesa de generar millones de puestos de trabajo como reza el objetivo central de la Ley.