Quién es Rodrigo Chaves, el nuevo presidente de Costa Rica
Por Alexánder Ramírez
El presidente electo, Rodrigo Chaves, era una figura desconocida en la política costarricense antes del gobierno de Carlos Alvarado.
Su nombre surgió el 30 de octubre de 2019, cuando Alvarado, el presidente saliente, lo nombró como Ministro de Hacienda, en sustitución de Rocío Aguilar.
Chaves asumió el cargo tras dejar una carrera de 30 años como funcionario en el Banco Mundial, entidad en la que ocupó varios cargos, entre ellos director en Indonesia. Su trayectoria en esta organización finalizó en 2019.
Su paso por Hacienda fue corto y polémico porque entró en confrontación con mandos internos del Ministerio y por impulsar propuestas polémicas, como establecer un impuesto a todos los salarios superiores a los ¢500 mil mensuales, que no tuvo eco en la Asamblea Legislativa.
Pero también tuvo diferencias con el mandatario cuando le pidió vetar la ley que eximió de la regla fiscal a las municipalidades.
El mismo Chaves reconoció que tenía diferencias de estilo con Alvarado cuando renunció a su puesto el 28 de mayo de 2020.
Posteriormente, se presentó al electorado como candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), una aspiración en la que apareció a la par de Pilar Cisneros, diputada electa en el primer lugar de San José por esa agrupación política.
Chaves, quien tiene un doctorado en Economía Aplicada, Mercado e Instituciones de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, asumió la candidatura presidencial del PPSD, después de que no llegó a acuerdos con otros partidos políticos.
Tras su paso por Hacienda, y ya como candidato presidencial, en agosto de 2021, surgieron los primeros cuestionamientos al hoy Presidente electo.
Eso sucedió cuando medios locales publicaron que Chaves fue sancionado por presunto acoso sexual a mujeres que trabajaban en el Banco Mundial.
La información también la publicó el diario The Wall Street Journal, que informó que “el Tribunal Administrativo del Banco Mundial determinó que la administración superior del banco, bajo la presidencia de David Malpass y sus dos predecesores, no sancionó adecuadamente a Rodrigo Chaves. Fue degradado, pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de hostigamiento, que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres, según documentos relacionados con el caso, que fueron revisados por The Wall Street Journal”.
Chaves dijo en esa ocasión que “detrás de todo esto hay pequeños, pero poderosos grupos que tienen miedo del crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas y les da temor que Rodrigo Chaves llegue al poder, a poner en orden el caos en que está sumido este país”.
Luego, se sumaron cuestionamientos al financiamiento de su campaña. Esto, por las denuncias de una presunta estructura paralela que, incluso, es investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Nueve personas y dos sociedades anónimas habrían financiado los gastos electorales de su campaña sin que el dinero entrara a las arcas Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y sin que sus donaciones fueran dadas a conocer al público en el marco de transparencia exigido por ley.
Entre julio y octubre del 2021, se creó un fideicomiso de nombre Costa Rica Próspera, administrado por la sociedad ATA Trust Company S. A., que pagó gastos de la campaña de Chaves, como la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.
Su campaña transcurrió en medio de cuestionamientos por las denuncias de acoso sexual y por la estructura paralela que la financió sin que Chaves rindiera explicaciones sobre la misma.
El nuevo Presidente ha insistido en que su gobierno impulsará políticas públicas para la mayoría y no para “grupitos de poder”.
Chaves enfrenta ahora el reto inmediato de conformar su gabinete en un tiempo récord, antes del 8 de mayo, y nombrar cuadros en las instituciones autónomas.
Pero también tiene el desafío de mantener una negociación fluida con distintos sectores sociales y con una Asamblea Legislativa integrada por diferentes fuerzas de oposición, como los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).
