México | Sólo hay 36 sentencias por las más de 95 mil personas desaparecidas
En México reina la impunidad. Por las más de 95,000 desapariciones que se han registrado en el país, solo se han emitido 36 sentencias, revela el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Entre el 15 y 26 de noviembre de 2021, cuatro integrantes de Comité contra la Desaparición Forzada visitaron México para conocer la situación de las desapariciones en el país, un problema que se acentuó con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón.
Hasta el pasado 26 de noviembre, se tenía el registro de 95,121 personas desaparecidas, de las que 93,415 (98%) ocurrieron entre 2006 y 2021, mientras que 1,706 entre el periodo 1964-2005.
En su reporte, el Comité alerta que los servidores públicos y el crimen organizado siguen siendo los principales perpetradores de las desapariciones en México.
“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, advierte el informe.
Hay un perfil de las personas desaparecidas. Principalmente se trata de hombres de entre 15 y 40 años, aunque ha habido un incremento de la desaparición de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres.
Además, resalta el nivel de impunidad que prevalece en un México para hacer justicia a las víctimas de desaparición forzada.
“Al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”, refiere.
📢 El Informe del #CED sobre su visita a México 🇲🇽 detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
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El informe destaca que ante un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, prevalece la actitud pasiva, muchas veces, de las instituciones judiciales.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, alerta.
30 periodistas desaparecidos en 18 años
La desaparición forzada también ha afectado a periodistas. De acuerdo con el informe, en los últimos 18 años, 30 comunicadores han sido víctimas de ese delito, y hasta ahora no se conoce su paradero ni ha habido avances en las investigaciones de su ausencia.
“El Comité resalta su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. De ellos ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada”, revela.
También, advierte que defensores de derechos humanos, varios de los cuales han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda, son constantes las agresiones.
Recomienda al gobierno abandonar la militarización
Ante la problemática de desapariciones que afecta al país, el Comité recomienda a México implementar una Política Nacional de Prevención y Erradicación que combata las causas y apunte a la no repetición de las desapariciones.
También propone al Estado mexicano abandonar la política de militarización para enfrentar la delincuencia, pues ello ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos. “Al Comité le preocupa el enfoque militarizado de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos”.
En México, además de la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional están a cargo de pacificar el país. Al respecto, el Comité advierte que estas instituciones están entre las que más quejas tienen por violaciones a derechos humanos.
“El Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”, plantea.
