Estado de excepción: ya van casi 20 mil detenidos, entre ellos 1.500 menores
Al menos 1,620 menores de edad, entre los 12 y 17 años, han sido capturados durante el régimen de excepción, entre el 27 de marzo y el 20 de abril de 2022, según un informe de detenciones al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y que fue validado por defensores de derechos humanos que siguen de cerca el tema.
Lo anterior implica que en promedio las autoridades han detenido a 65 jóvenes cada día a nivel nacional y que todos ellos tienen asegurada su permanencia en detención provisional mientras se resuelve su situación jurídica.
Del total de detenidos resulta difícil aclarar cuántos son pandilleros debido a la reserva de las audiencias y el poco acceso que muestran las fuentes oficiales, como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. También es difícil definir cuántos de estos ya fueron enviados a una detención provisional en un centro de internamiento, porque esos datos no son públicos.
Según el informe, del total de menores detenidos hay 1,367 de sexo masculino y 253 de sexo femenino, lo que representa que aproximadamente ocho de cada 10 capturados son hombres jóvenes.
La mayor cantidad de detenidos se concentra en el departamento de San Salvador con un total de 1,121 capturados; seguidos por San Miguel y Santa Ana con 201 y 155 (ver mapa).
Especialistas coinciden en que los menores de edad están sujetos a «un régimen especial en el sistema penal juvenil» y consideran que el internamiento siempre debe ser «la última alternativa».
«Sólo deberían enfrentar el internamiento aquellos menores a quien se les ha comprobado delitos graves como homicidios», expuso Jeannette Aguilar, investigadora en temas de violencia, reforma policial y seguridad pública.
El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por El Salvador desde 1990, establece que «la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda».
Celia Medrano, investigadora y experta en derechos humanos, señaló que con las medidas implementadas en el actual régimen y los cambios aprobados en la Ley Penal Juvenil «violentan la Convención de los Derechos del Niño».
La más reciente reforma a la referida ley salvadoreña condena con 10 años de cárcel a niños y niñas de 12 a 15 años de edad que formen parte de pandillas, mientras que los de 16 años en adelante recibirían 20 años de prisión.
«Naciones Unidas ya ha hecho un llamado al gobierno salvadoreño a que revise los cambios en la Ley Penal Juvenil y le recuerda que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se aplican en todo momento, incluso en un estado de excepción», señaló Medrano.
Aguilar advirtió que actualmente no existe separación en función del grado de peligrosidad de los menores. «Eso es lo que está haciendo el gobierno al enviar a esos jóvenes sin mayor investigación a esos centros, además de exponerlos a graves vulneraciones a su vida e integridad. Esto debería derivar en sanciones internacionales al Estado salvadoreño», dijo.
Ofrecer oportunidades
Ante la posibilidad de que todos estos menores de edad permanezcan en internamiento durante un tiempo indefinido, expertos cuestionan el papel que debe tener el Estado en la reinserción de los jóvenes.
El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo, señaló que deben existir verdaderas oportunidades para los jóvenes.
«Creo en la importancia de diseñar una respuesta de oportunidades para estos jóvenes tiene que ver con un componente educativo, con habilitación laboral. Al ser menores de edad tienen un futuro, no tenemos que decir: ‘las cartas están echadas y ya encarcelarlos 15 o 20 años’. Soy un creyente en las oportunidades, la educación y la reeducación, entonces creo que habría que diseñar una oferta para ellos», mencionó Picardo.
«No se les puede simplemente encerrar y establecer un régimen de encierro más o menos radical. Es fundamental diseñar una propuesta, porque al fin y al cabo un joven que tenga 15 años y que salga en 15 años de la cárcel todavía va a salir a una edad productiva, que son los 30 años. ¿Qué hará entonces? Es importante revisar el concepto de reeducación con ellos», agregó el educador.
Medrano sugirió a las autoridades salvadoreñas seguir la normativa internacional existente y evaluar la condición de riesgo y vulnerabilidad de cada joven, pues por ahora las medidas únicamente contribuyen a la estigmatización.
Capturas del régimen de excepción ya superan las 19,000
Por Gabriela Villarroel
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó la madrugada del miércoles sobre la captura de más de 1,400 personas en 24 horas, la cifra más alta registrada durante el régimen de excepción, y que ya totaliza 19,720 personas detenidas desde el 27 de marzo.
Exactamente, en la madrugada de ayer, la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas detuvieron a un total de 1,405 personas, todos presuntos pandilleros.
El martes en la madrugada finalizaron los 30 días de régimen de excepción aprobados por la Asamblea, pero a petición del presidente Bukele, los diputados oficialistas aprobaron una extensión de 30 días más.
Durante esta prórroga, el Gobierno salvadoreño mantendrá suspendidas las libertades civiles y el sistema avala las capturas sin orden judicial, restringe la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga por hasta 15 días, además se faculta a las autoridades a intervenir las comunicaciones.
A esta medida se sumaron polémicas reformas para que los pandilleros enfrenten penas más duras que van desde los 20 hasta los 45 años de cárcel; y para penalizar los mensajes sobre pandillas que emitan los medios de comunicación.
De estas cifras, de detenidos, hasta ayer se conocía que unos 8,310 ya habían sido procesados en los juzgados especializados, tras ser acusados por agrupaciones ilícitas por la Fiscalía General de la República; también se supo de al menos dos audiencias donde enfrentaban imposición de medidas, unas 460 personas ligadas a pandillas; de ser enviados a prisión provisional, la cifra incrementaría a 8,779 judicializados.
Críticas.
Las detenciones y juicios sumarios en contra de supuestos pandilleros no han pasado desapercibidos por la comunidad internacional. La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró a través de un comunicado que el Gobierno de Bukele “ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña”, y llamó a la comunidad internacional para evitar que se desate una “crisis de derechos humanos” en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch también han manifestado su preocupación por la imposición del régimen de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”.
El dato
Las audiencias de los capturados por pertenecer a pandillas, en el régimen de excepción, tienen reserva y no se permite conocer detalles de sus acusaciones.
