El Salvador | Más de 3.800 personas detenidas durante el estado de excepción y Bukele pide «destituir jueces cómplices»
Las capturas superan las 3,800 en El Salvador y Bukele pide remover a los jueces
Las capturas bajo el régimen de excepción instaurado en El Salvador desde el domingo superaron el jueves las 3.800, de acuerdo con la Policía, mientras el presidente Nayib Bukele llamó este viernes a la Corte Suprema de Justicia a destituir a jueces «cómplices del crimen organizado».
El régimen de excepción suspende derechos a los salvadoreños como la defensa en un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones, y se instauró tras una escalada en los homicidios que el fin de semana se cobró la vida de más de 80 personas.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el jueves fueron detenidas 617 personas, con lo que las detenciones de supuestos pandilleros llegó a 3.873. En estas cifras se incluyen las capturas del sábado, cuando el Congreso aún no había decretado la suspensión de garantías constitucionales.
Bukele afirmó en sus redes sociales que «no se ha liberado a ningún pandillero» y que supuestamente «un juez intentó liberar 42 de un caso de 2019, pero todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior».
«Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado», agregó Bukele, cuya administración ha sido señalada constantemente de golpear la independencia judicial y la separación de poderes.
También pidió a la Fiscalía General de la República, dirigida por Rodolfo Delgado, exabogado de un banco estatal y del actual director de la PNC, «a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas».
Delgado llegó a la Fiscalía el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva legislatura de mayoría oficialista destituyó al entonces fiscal general Raúl Melara, quien se había enfrentado con Bukele e investigaba posibles casos de corrupción de su Gobierno.
CABECILLAS REQUERIDOS POR EE.UU., EN LIBERTAD
La noche del jueves, el medio especializado en temas de crimen organizado InSight Crime y el diario salvadoreño La Prensa Gráfica divulgaron una investigación que señala que 4 de los 14 cabecillas de pandillas solicitados por EE.UU. en extradición habrían sido excarcelados entre julio de 2021 y enero de 2022.
Se trata de Elmer Canales Rivera, alias «Crook»; Eduardo Erazo Nolasco, alias «Colocho»; Efraín Cortez, alias «Tigre»; y Hugo Armando Quinteros Mineros, alias «Flaco», según consigna la publicación.
«Los documentos que respaldan esta investigación, así como el relato de funcionarios de Gobierno y testigos que conocieron del estatus de libertad que gozaron estos pandilleros, ubican las salidas entre el segundo semestre de 2021 y hasta finales de enero pasado», indica el texto.
Agrega que «a la fecha es imposible determinar si estos pandilleros siguen en libertad o si reingresaron a las cárceles ya que las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron a dar información sobre el estado de estos cabecillas».
En enero de 2021, Estados Unidos acusó con cargos de terrorismo a los 14 líderes más importantes de la Mara Salvatrucha (MS13) y que conforman la llamada «Ranfla Nacional», una especia de consejo de dirección.
La actual Corte Suprema salvadoreña se negó en 2021 a extraditar a Edwin Mauricio Rodríguez Morales, también de la MS13 y requerido por 4 homicidios, y también ha dilatado la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias «Blue».
Inicialmente, se aprobó su extradición, pero la misma no ha sido firmada.
Bukele llama a la Corte Suprema a destituir a jueces «cómplices» del crimen organizado
El presidente de la República, Nayib Bukele, urgió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que destituya a los jueces «cómplices» del crimen organizado, tras conocer el fallo de un juez especializado que absolvió a 42 supuestos miembros de la pandilla 18 por falta de pruebas.
A través de su cuenta de Twitter, Bukele informó que no se ha liberado a ningún pandillero, a pesar que un juez «intentó liberar» a 42 acusados de un caso de 2019. «Todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior.
El mandatario se refirió al fallo del Juez Especializado de Sentencia «A», de San Salvador, que absolvió a 42 supuestos pandilleros que operaban en Panchimalco, a quienes la fiscalía inculpaba por nueve homicidios agravados, tres proposiciones para cometer asesinato y cinco casos de privación de libertad, así como por agrupaciones ilícitas, en hechos ocurridos entre 2008 y 2019.
Bukele también hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a «investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas».
Desde el pasado 1 de mayo, el partido oficialista comenzó las destituciones sumarias de funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Aunque se inició con los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el titular de la Fiscalía General de la República, estas remociones alcanzaron a cientos de jueces y fiscales con sucesivas reformas a leyes judiciales.
¿Por qué fueron liberados?
La estructura de 42 supuestos miembros de la pandilla 18 operaba en Panchimalco, al sur de la capital, y fue absuelta por el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.
El juez antimafia fundamentó su fallo en la falta de pruebas por parte de la Fiscalía para demostrar los delitos y la participación de cada uno de los acusados en los hechos.
Entre las pruebas utilizadas por la Fiscalía destaca el testimonio de uno de los imputados –identificado con la clave Poseidón- que se acogió a los beneficios penales a cambio de ayudar a esclarecer los hechos.
Según el juzgador, las declaraciones del testigo “Poseidón” fueron “incongruentes, imprecisas y ambiguas”; ya que no coincidió en las personas que señaló en los hechos, lugares, fechas y circunstancias en que se dieron los homicidios y que para el operador de justicia, no le merece ninguna “credibilidad”.
El juez remarcó que “el triunfo de un proceso penal no era la condena, sino llegar a la verdad de los hechos procesales”.
La Fiscalía, por su parte, dijo estar «satisfecha» con las pruebas presentadas, y adelantó que presentarán el recurso de apelación ante un tribunal superior.
Un testigo poco creíble
La defensa aplaudió la decisión del juez y la consideraron “que como conocedor de la causa ha sido justo y objetivo”.
La abogada Norma Barrera se refirió a uno de los casos que el juez valoró en su fallo y es el relacionado a una familia de cinco personas en Panchimalco, que el 2 de septiembre de 2017, tuvieron que salir huyendo por las amenazas de la pandilla.
Un joven de esta familia, conocido como Moisés, fue privado de libertad y desaparecido. A la fecha se desconoce de su paradero y «Poseidón», el testigo clave de la Fiscalía, participó en esta desaparición.
El sujeto, sin embargo, no pudo ubicar el lugar donde dice que enterraron a Moisés, lo que restó credibilidad en su testimonio. Al verse expuesto, incluso señaló que el cuerpo había sido desenterrado y transportado a otro lugar que desconoce.
“Lejos de ser un testigo idóneo, creíble, se volvió mendaz por eso tenemos esta sentencia”, concluyó Barrera.
Amnistía Internacional pide a Bukele no violar derechos humanos para reducir ola de violencia en El Salvador
Desde hace años la violencia en El Salvador, impulsada por las pandillas, ha sido un tema importante en el ámbito de seguridad pública. Sin embargo, en los años recientes, y con mayor énfasis en el pasado fin de semana donde las autoridades reportaron más de 60 homicidios en un solo día, esto se ha vuelto aún más importante de combatir, pero sin sobrepasar limites en cuanto a Derechos Humanos, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, a través de una carta abierta dirigida al presidente Nayib Bukele.
En el documento emitido, la institución mostró su preocupación por las recientes medidas solicitadas por Bukele y aprobadas en la Asamblea Legislativa, con las que se entrega mayor poder a las entidades de seguridad pública para incrementar medidas en zonas consideradas de alto peligro.
Sin embargo, Amnistía Internacional señala que estas medidas coartan los derechos de muchos ciudadanos quienes están siendo víctimas de las autoridades policiales y militares al momento de intervenir los lugares, razón por la que consideran importante tomar medidas que «no violen derechos de inocentes», razón por la que el Gobierno debería tomar en cuenta la opinión de organizaciones nacionales e internacionales en la toma de este tipo de decisiones.
La carta también hace referencia a una reunión que Bukele sostuvo con representantes de Amnistía Internacional, en junio del año 2019, semanas después de que tomara posesión de su cargo como presidente de la República, donde se comprometió a implementar una estrategia integral de seguridad «con una perspectiva de derechos humanos e instalar una mesa interministerial con Amnistía Internacional para abordar los principales retos en la materia».
Con las acciones recién tomadas, aquella promesa del mandatario que señala la carta estaría siendo incumplida deteriorando así el Estado de Derecho y violando las garantías constitucionales de los salvadoreños, plantea la carta.
Manifestó que el alza de homicidios en territorio salvadoreño requiere medidas urgentes para proteger la vida e integridad de las personas, pero no a costa de suspender derechos que no pueden ser limitados ni dentro de un estado de excepción, tales como no conocer las razones por las que está siendo detenido y no tener defensa dentro de un proceso judicial.
Tras las constantes amenzas de Bukele en redes sociales hacia los miembros de pandillas que se encuentran dentro de penales y fuera de ellos sobre someterlos a malos tratos, Amnistía Internacional señala que, «lejos de ser una medida idónea, se trata de castigo al margen de la legalidad».
Se añade que como parte de este discurso confrontativo que acompaña al régimen de excepción en El Salvador y que Bukele mantiene en redes sociales, se está estigmatizando y atacando a organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y medios de comunicacion por el hecho de mostrar la preocupación que existe ante tales acciones, algo que la entidad internacional catalogó como un «hostigamiento público inaceptable».
