Comisión de la ONU impulsa desterrar discriminaciones y desigualdad de las adolescentes con discapacidad
En comparación con sus pares sin discapacidad, según datos de UNICEF al 2021, los niños y adolescentes (grupo de 0 a 17 años) con discapacidad tienen un 27% más probabilidad de no terminar la escuela secundaria superior, un 41% más probabilidad de sentirse discriminados y un 51% más probabilidad de sentirse infelices. Las adolescentes con discapacidad se encuentran en condiciones aún más adversas, ya que se enfrentan a desigualdades adicionales en cuanto al acceso a la educación, a la sanidad asequible y a otros servicios clave, y corren el riesgo de sufrir mayores agresiones a su seguridad personal, ya que sus discapacidades se ven agravadas por el género y la edad.
Desde la semana pasada se lleva a cabo en Nueva York la sesión 66 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66), la mayor reunión anual de las Naciones Unidas sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres bajo el tema: «lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas y las políticas del cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre y ambientales».
En ese marco, este 22 de marzo se hizo un llamado a prestar más atención a reducir la discriminación estructural causada por género, edad y discapacidad por medio de la provisión de más recursos y apoyo técnico. Así, los delegados participantes pidieron a los gobiernos y a la sociedad civil a adaptar un enfoque interseccional que empodere a las mujeres y adolescentes con discapacidad, realizando consultas y haciéndolas participar en el desarrollo de los programas que les atañen.
A pesar de que los niños y adolescentes con discapacidad se encuentran entre los grupos más marginados y discriminados, su prioridad en la agenda general de salud es muy baja. El número de niños y adolescentes (de 0 a 17 años) con discapacidad en todo el mundo se estima en casi 240 millones (1 de cada 10 en todo el mundo).
“Las barreras sistémicas, junto con la falta de prioridad en la recopilación de datos sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, han perpetuado su ‘invisibilidad’ dentro de las sociedades. Experimentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación que los excluyen de varios aspectos de la vida, ponen en riesgo su salud y bienestar y aumentan su probabilidad de experimentar desigualdades socioeconómicas, como una tasa más alta de pobreza, un nivel educativo más bajo y una tasa más alta. de desempleo, en comparación con sus pares sin discapacidades”, señala Helga Fogstad, directora ejecutiva de Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH).
Las adolescentes y mujeres jóvenes con discapacidad enfrentan barreras especificas para acceder a servicios e información sobre los derechos de salud sexual y reproductiva (SDSR), pese a tener los mismos derechos que las demás niñas y mujeres jóvenes, según se reconoce en distintas convenciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Sin embargo, la provisión de información y servicios accesibles relacionados con los SDSR para niñas y mujeres jóvenes con discapacidad es prácticamente inexistente.
Cuando mujeres y niñas con discapacidad intentan acceder a los servicios relacionados con los SDSR, pueden experimentar actitudes negativas y hostiles por parte de los proveedores de servicios, una falta de edificios, equipos y transporte accesibles, una poca asequibilidad de los servicios y aislamiento en instituciones, campamentos de refugiados, hogares familiares o casas de grupo.
Las mujeres y las niñas con discapacidad también sufren hasta tres veces más riesgo de violación y tienen el doble de probabilidades de ser sobrevivientes de violencia doméstica y otras formas de violencia de género (durante un período más largo y con lesiones más graves) que las mujeres sin discapacidad.
“Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud física y mental que el resto de la población, pero enfrentan mayores costos de atención médica, más barreras para acceder a los servicios y menor cobertura de salud. Esto impacta en su derecho a llevar una vida independiente. Queremos que las personas con discapacidad en todas partes puedan acceder y utilizar información, suministros y servicios de salud asequibles, accesibles y de calidad durante toda su vida. Sabemos que se pueden y deben abordar múltiples barreras. Para hacer esto de manera efectiva, debemos incluir y amplificar las voces de las personas con discapacidad; deben ser parte de las conversaciones sobre asuntos que les afectan directamente”, Gillian Turner, asesora senior de Salud Oficina de Relaciones Exteriores Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO).
A pesar de la falta de pruebas registradas, es un hecho que las desigualdades y la discriminación preexistentes a las que se enfrentan a diario las mujeres y las adolescentes con discapacidad se han agravado aún más durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, algunas mujeres y adolescentes con discapacidad que necesitan la ayuda de otras personas, como intérpretes de lengua de signos, para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva u otros servicios sanitarios, ya no pueden llevar a esas personas consigo debido a las normas de distanciamiento social.
La situación de las niñas y mujeres con discapacidad empeora en entornos de crisis humanitaria, y los delegados en el evento paralelo CSW66 también reflexionarán sobre las crisis humanitarias actuales que se desarrollan en Ucrania, Afganistán, Siria y en muchas otras partes del mundo. Los conflictos y los desplazamientos aumentan las discriminaciones que las mujeres y las niñas con discapacidad ya enfrentan en tiempos de paz y destruyen sus sistemas de protección, haciéndolas más vulnerables a la explotación. Es posible que se vean aislados de los servicios de apoyo generales y especializados relacionados con la salud y la discapacidad, o que se enfrenten a importantes barreras para pagar y acceder a dichos servicios, así como a alimentos, agua potable, vivienda, artículos de saneamiento y otras necesidades básicas.
Los delegados hacen un llamado para que se pongan a disposición más recursos y apoyo técnico para abordar las necesidades de todas las personas con discapacidad, y para encontrar e integrar soluciones innovadoras y orientación normativa adicional con consideración explícita de la discapacidad, para crear entornos más propicios y accesibles. Los servicios de apoyo relacionados con la discapacidad también deben clasificarse como servicios esenciales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen siete objetivos que se refieren explícitamente a las personas con discapacidad. La Agenda 2030 se fundamenta en el principio “nadie se queda atrás”, es decir que ninguno de los ODS se pueden realmente lograr a menos que se incluya a las personas con discapacidad. Además, el fortalecer los sistemas de salud y promover la inclusión de la discapacidad en el sector de la salud son condiciones previas cruciales tanto para reconstruir mejor después de la pandemia de COVID-19 como para lograr la Cobertura Universal de Salud (UHC).
“La inclusión de la discapacidad es responsabilidad de todos, no solo es el trabajo de unas pocas agencias especializadas. Todos en el sector del desarrollo deben hacer su parte para garantizar que se respeten los derechos de todas las personas con discapacidad y, en particular, de las adolescentes con discapacidad. Si nos tomamos en serio el logro de la cobertura sanitaria universal y otras metas de los ODS, necesitamos más inversiones; necesitamos una mejor colaboración entre las principales agencias, organizaciones de personas con discapacidad y socios de desarrollo con experiencia técnica en inclusión de discapacidad; y necesitamos más evidencia de calidad sobre lo que funciona para que los programas y las políticas sean más inclusivos», detalla Andrea Pregel, copresidenta del Grupo de Salud Inclusiva Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC).
Se requieren más datos en este campo para apoyar el desarrollo del programa. Los delegados alentarán a los estados a priorizar la recopilación y difusión de datos e información desagregados y relacionados con la discapacidad para impulsar la programación y la rendición de cuentas basadas en evidencia.
Por último, y lo más importante, los asistentes al evento harán un llamado para que las mujeres y las adolescentes con discapacidad se empoderen y participen de manera significativa en el desarrollo de todas las políticas, programas y procesos legales que afecten su salud, bienestar y estado, siendo también uno de los principios centrales del Llamado a la Acción para Adolescentes de PMNCH.
