Bolivia | Comenzó el juicio a Áñez por el golpe de Estado y familiares de víctimas de las masacres exigen justicia
La primera jornada del juicio contra Áñez supera las 12 horas
El juicio penal virtual contra la expresidenta Jeanine Áñez se reinstaló este lunes y hasta pasadas las 21.00 ya llevada más de 12 horas de maratónica audiencia por el caso Golpe de Estado II. Fuera del penal de Miraflores, desde donde Áñez sigue su juicio, hubo protestas de personas que exigían condena y justicia por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.
Inicialmente se analizó y resolvió los incidentes y excepciones planteadas por “actividad procesal defectuosa” y otras observaciones al proceso abierto a denuncia de la Procuraduría General del Estado. El caso es por la toma de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder, sin cumplir con normativas y disposiciones internas.
“Se cumplen 12 hs. de audiencia y continúa el ilegal juicio contra Jeanine Áñez, sigue la tortura sistemática contra la ex Presidenta presa política, detenida hace 387 días y a expensas del tribunal inhumano que abusa del delicado estado de salud de una mujer enferma e indefensa”, posteó Áñez desde sus cuentas en redes sociales administradas por su familia.
El juicio oral se lleva adelante desde las 09.00 de forma virtual, pese a que la defensa pidió sea presencial. Habitualmente se permitía la presencia de la prensa en la audiencia, pero en esta jornada fueron bloqueados y no tienen acceso al proceso.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) cuestionó la decisión la medida. “La ANP considera que la medida vulnera la libertad de prensa porque impide el acceso a la información de interés público que está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 21, parágrafo sexto”, sostuvo en un comunicado.
Se cumplen 12 hs. de audiencia y continúa el ilegal juicio contra #JeanineAñez, sigue la tortura sistemática contra la ex Presidenta presa política, detenida hace 387 días y a expensas del tribunal inhumano que abusa del delicado estado de salud de una mujer enferma e indefensa.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) April 5, 2022
En un video publicado por Carolina Ribera, su hija, la expresidenta aparece con una chamarra de color verde y una polera con su imagen sobre los colores de la tricolor. Se protegía con un barbijo, como parte de las medidas de bioseguridad.
“Mi madre Jeanine Áñez lleva más de 12 horas en la audiencia del juicio ilegal que el gobierno sigue en su contra. Agotada, desgastada, enferma, al borde de una crisis, otra vez presenta hipertensión…¿Dónde están los llamados a proteger sus derechos?”, cuestionó Ribera desde sus redes sociales.
El 28 de marzo se instaló la audiencia, pero fue suspendida por las observaciones de la defensa de la exmandataria y problemas en la conexión de internet.
Áñez asumió el poder el 12 de noviembre, a dos días de la dimisión de Evo Morales acorralado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. Una reunión de políticos de oposición y cívicos definió el curso de la sucesión.
A los días que inició su administración, contingentes de militares y policías intervinieron protestas de sectores afines al MAS en apoyo a Morales con el desenlace de una veintena de muertos y decenas de heridos por impactos de bala en Sacaba y Senkata. Estaba vigente un decreto que deslindaba de responsabilidad penal a los militares que participaban de operativos de “restablecimiento del orden”.
Víctimas de Senkata: “Estamos apenados”, Jeanine Áñez aún no es juzgada por muertes en 2019
“Estamos apenados”, admite Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, porque un posible juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez en la Asamblea Legislativa por los sucesos violentos ocurridos en noviembre de 2019, que dejaron en el país al menos 36 muertos por armas de fuego, “no avanza”.
“Hasta el momento, ella no está siendo juzgada por las muertes durante su gobierno”, remarca.
“Esa es nuestra pena”, insiste la joven representante de las víctimas al recordar que los procesos en la justicia ordinaria instaurados a Áñez guardan relación más con asuntos administrativos pero que no abordan la violación de derechos humanos durante su gestión, como “los fallecidos por armas de fuego en Senkata, Sacaba, Pedregal, los heridos por bala y las detenciones ilegales”.
“No hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes”, lamenta y agrega: “Las muertes tienen que ser esclarecidas, esa es una obligación del Estado”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó en su momento a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de la oposición, a que sus bancadas parlamentarias apoyen el juicio en la Asamblea Legislativa.
“Quiero hacerles la exhortación para que puedan otorgar a las víctimas el derecho a la justicia”, dijo el funcionario en el acto de la firma del plan y la instalación de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia de 2019.
La Asamblea aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda un juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
“Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial”, publicó la exmandataria en su red social de Twitter tras la decisión parlamentaria.
El juicio de responsabilidades incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).
Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y las muertes que ocurrieron en Sacaba, Cochabamba; Senkata, La Paz y Yapacaní , Santa Cruz.
Áñez y su gabinete habían firmado el Decreto Supremo 4078, que eximía de eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos conjuntos fue abrogado.
Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Suárez.
Además, se sugiere un similar proceso contra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y al comandante de las FFAA, Sergio Orellana.
Varios excomandantes están prófugos de la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
Añez y sus abogados obstaculizan el debido proceso en el caso Golpe de Estado II
El Ministerio de Justicia señala que la exsenadora Jeanine Añez y sus abogados tienen una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional en el caso Golpe de Estado II por sus acciones en la audiencia de juicio oral que se inició este lunes en La Paz.
El proceso de la audiencia se reanudará el lunes 4 de abril, luego de varias interrupciones por parte de la defensa de Añez como el uso desmesurado de recursos procesales y una descompensación momentánea de la exsenadora.
“En respeto a la independencia judicial, exhortamos a los diferentes actores vinculados a la parte acusada a enmarcarse en el debido proceso, con relación al derecho a la defensa y en compatibilidad con el derecho del pueblo boliviano a una decisión justa, transparente y oportuna por #MemoriaVerdadYJusticia”, señala el comunicado de la cartera de Estado.
“La interrupción de un juicio por razones injustificadas se constituye en delito de retardación de justicia que debe ser evitado por las partes involucradas en cada caso”, complementa.
El Ministerio de Justicia deja en claro que tanto el gobierno nacional como las entidades denunciantes en el caso Golpe de Estado II son respetuosas del debido proceso e incluso han invitado a la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a que realice la observación del mencionado juicio.
