Antonia Orellana, ministra de la Mujer: «En Chile vivimos una salida del clóset del aborto»
Antonia Orellana integra la mesa chica de Gabriel Boric y fue parte de la comitiva chilena que visitó Buenos Aires. Es nieta de una empleada doméstica e hija de un poeta villero. Impulsa la legalización del aborto con su propia experiencia.
Por Marina Abiuso
A los 32 años, Antonia Orellana es la más joven del gabinete chileno y una de las personas de confianza del presidente Gabriel Boric. Su despacho como ministra de la Mujer es de los que se ubican dentro mismo del Palacio de la Moneda como parte del comité político: aquellas áreas que el gobierno define como prioritarias en la gestión.
Se graduó como periodista y formó parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Igual que el presidente, Orellana proviene de los movimientos estudiantiles. Fue una de las siete ministras que lo acompañaron en su visita a Buenos Aires y buscó tener agenda propia junto a su par local, Elizabeth Gómez Alcorta.
Hubo firma de un “memorandum de entendimiento” y recorrida conjunta por la Villa 31 con organizaciones feministas y LGBTIQ+ y miembros de la Campaña por el Derecho al Aborto. El tema está en plena ebullición en Chile mientras se discute el texto de la nueva constitución.
Ministra Cósmica
Revolea los ojos cuando se le menciona su particular segundo nombre, Cósmica. Pero es una pista sobre el origen multicultural de la ministra: fue un homenaje de su padre a un poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, autor de “Cántico Cósmico”.
“Mi padre era un poeta poblacional, acá le dirían poeta villero, muy asociado al movimiento cultural contra la dictadura”, explica. Del lado materno hay una línea de mujeres fuertes, profesoras universitarias y un abuelo abogado de derechos humanos, todos clase alta chilena.
Del lado paterno, una abuela que trabajó desde la infancia como “nana”, el nombre que allí dan a las empleadas domésticas cama adentro. Orellana -sus estudios, su militancia temprana- es el resultado de esa conjunción.
Asumió con su hijo en brazos como gesto político. “Tengo un hijo de tres años y es difícil. Yo no podría ser ministra si no tuviera un apoyo de red de cuidado. Detrás de una mujer en un puesto de poder hay otras cuatro que le están haciendo los malabares familiares”, reconoce.
En primera persona
Orellana había querido estar entre los redactores de la nueva constitución que irá a plebiscito para reemplazar la que dejó Augusto Pinochet.
Uno de los temas en debate es si el texto habilitará el derecho al aborto legal, que Boric ha incluido como plataforma de gobierno. Orellana no duda: en los debates televisivos del año pasado contó que ella misma había abortado y sufrido violencia por hacerlo en la clandestinidad.
“No fue una estrategia de campaña, yo siempre conté que había abortado pero no lo había hecho en televisión”, dice con algo de picardía. Causó revuelo pero ella apunta a la hipocresía: “Estamos viviendo como una salida del clóset del aborto, porque efectivamente se aborta mucho, pero no se dice, no se reconoce. Todos conocen a alguien que abortó, pero simplemente sigue siendo tabú”, plantea Orellana.
Problemas comunes
En 2022, el promedio argentino es de un femicidio cada 30 horas. En Chile -con mucha menor población- llevan contabilizados 11, aunque la ministra apunta al subregistro de la violencia. “Siempre nos preguntan cómo hemos conseguido ser ministerio pero siguen los femicidios y es que porque el ministerio precisamente pone sobre la palestra que hasta ahora no hemos tenido una respuesta y aún nos estamos preguntando si es que la violencia aumenta o si por primera vez nos acercamos a medirla correctamente”, se adelanta.
Uno de los principales problemas es que se estima que las mujeres chilenas tardan una media de siete años antes de denunciar ser víctimas de situaciones de violencia: “Se ha empezado a medir a través de encuestas de la Subsecretaría de la prevención del delito y muestra que hay una baja confianza en la eficiencia de la denuncia, miedo a que se traduzca en una agudización de la violencia y en tercer lugar tenemos grandes problemas institucionales para poder proteger una vez que denuncian”. El 45 por ciento de las asesinadas contaban con medidas de alejamiento.
