Los juicios por los que el dictador Fujimori aún debe responder y que el indulto no alcanzaría
Por mayoría, esta semana, el TC restableció los efectos del beneficio que le fue otorgado en diciembre del 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori permaneció un año en libertad y luego tuvo que regresar a prisión debido a que la Corte Suprema de Justicia anuló su indulto.
Ahora, el TC deja sin efecto la ejecución de la condena de 25 años que se le impuso por los Casos Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, más no lo exime de haber sido declarado culpable de los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves por los mencionados hechos.
El ex jefe de Estado aún permanece interno en el penal de Barbadillo (Ate Vitarte) a la espera de que el TC notifique a las entidades correspondientes la resolución del hábeas corpus. Con ello, su nueva excarcelación sería cuestión de días.
Pero ¿Qué sucederá con los procesos y juicios pendientes?
Keiko Fujimori, hija del expresidente, aseguró que este se quedará en el país debido a la condición de su salud. “Él se queda en el Perú y vamos a pasar todos los exámenes acá con los médicos peruanos”, dijo la excandidata presidencial.
El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que los procesos judiciales en los que el expresidente está incluido y aún siguen en trámite deben seguir su curso y no son afectados por el indulto o gracia presidencial que le ha sido restituido.
“Cuando se otorga el indulto, es sobre determinados hechos específicos. Es decir, no es un indulto que implique que todos los casos que están en curso ya no tengan sentido (…) yo no puedo otorgar un indulto por casos futuros; sino por los casos por los casos que ha evaluado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, sostuvo.
Por tanto, calificó como un “un imposible jurídico” considerar que tras la restitución del indulto, Fujimori pueda quedar exento de responsabilidad por los casos por los que aún no aún no han terminado pues podría ser condenado con pena efectiva o absuelto.
“La forma de interpretar la gracia presidencial es sobre hechos consumados, por ejemplo, la existencia de una sentencia condenatoria, yo no puedo indultar a alguien cuando está en curso un proceso; no cabe el indulto y gracia presidencial para esos casos”, insistió.
Precisamente, uno de los procesos pendientes es el denominado Caso Pativilca. En enero del 2018, Alberto Fujimori había solicitado que se declare la extinción de la acción penal tras la gracia presidencial que se le había otorgado junto al indulto humanitario a través de la Resolución Suprema Nro 281-2017-JUS de diciembre del 2017.
No obstante, el 9 de febrero del 2018, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso contra Fujimori.
El tribunal consideró que “la aplicación de la gracia presidencial en los términos que fue otorgada, tiene directa vinculación a la afectación del derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva”.
“Resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo además, una medida que como hemos analizado, colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”, se indica en la resolución.
Además, se detalla que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el derecho internacional imponen a los estados una clara obligación de investigar de manera independiente e imparcial las violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
En enero del 2020 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la decisión para no aplicar el derecho de gracia en el Caso Pativilca.
La fiscalía solicitó 25 años de cárcel para el expresidente y además precisó que se trata de un crimen de lesa humanidad por lo que el delito no prescribe.
En este caso, el expresidente Fujimori se encuentra bajo mandato de comparecencia -pese a que en su momento se le dictó impedimento de salida del país- y aún se espera el inicio del juicio oral.
El expresidente es acusado como presunto autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio calificado-asesinato) y autor del delito contra la tranquilidad pública (delitos contra la paz pública-asociación ilícita) en agravio del Estado.
La fiscalía le imputa al expresidente haber implementado una política contrasubversiva con prácticas paralelas e ilegales a cargo del Grupo Colina. Ello, llevó al asesinato de seis comuneros en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca (Barranca) el 28 de enero de 1992.
Las víctimas fueron Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.
Esterilizaciones Forzadas
Existen otros casos en curso donde aún no se ha dado un pronunciamiento sobre el indulto y gracia presidencial que acaba de ser restituida por el TC.
El 11 de diciembre del 2021, el juez Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional Especial, abrió proceso penal contra Alberto Fujimori y otros por el denominado Caso de las Esterilizaciones Forzadas.
El ex jefe de Estado viene siendo procesado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, y otras, bajo el contexto de grave violación de derechos humanos.
El proceso penal, solo y únicamente para el expresidente, fue suspendido desde esa fecha a la espera de que el Gobierno de Chile emita pronunciamiento sobre el pedido que realizó el Perú para ampliar la extradición por este caso.
Según la acusación fiscal, Fujimori, sus exministros y otros, establecieron una política de salud pública que en realidad se habría tratado de un programa de “esterilizaciones” practicadas sin consentimiento de las víctimas.
Los imputados habrían actuado bajo la teoría de “dominio en aparato organizado de poder, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, donde Fujimori Fujimori habría sido “el hombre de atrás”.
Chavimochic pendiente
La acusación contra el expresidente Alberto Fujimori por el Caso Chavimochic, también se encuentra pendiente de iniciar.
En este proceso se le acusa al exjefe de Estado de haber entregado $800 mil de los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku con la finalidad de que compre terrenos en el Proyecto de Irrigación Chavimochic, ubicado en La Libertad.
La compra de los terrenos, según la imputación fiscal “fueron producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último”.
Siete casos más
Fujimori también tiene pendiente responder por otros siete casos cuyas solicitudes de ampliación de extradición fueron aprobadas por el gobierno de Pedro Castillo, en 2021.
En agosto de ese año, el gobierno oficializó solicitar a Chile la ampliación de la extradición contra el expresidente por el proceso que se le sigue debido a la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En este caso es acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).
Mientras que, en octubre del año pasado, a través de seis resoluciones aprobó sendos pedidos de ampliación de extradición por los Casos Castro Castro, Chavín de Huántar, Consejo de Defensa, Familia Ventocilla, Panamericana TV y Opositores (por secuestro agravado).
Por esos procesos es acusado de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado.
