Imputan a dos excomandantes por tráfico de armas desde Argentina en el golpe de 2019
Los otrora comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo terceros y de la Policía Boliviana Yuri Calderón fueron imputados por el caso de la internación de material antidisturbios desde Argentina un día después de la proclamación de Jeanine Áñez en 2019. El proceso ha sido denominado caso Golpe de Estado III.
Según la imputación expedida el 25 de febrero reciente por la fiscal de materia Magaly Barrientos, a la que accedió La Razón, ambos exfuncionarios, además del exdirector de Ceremonial del Estado Álvaro Tapia fueron imputados por los delitos de tráfico de armas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El caso fue descubierto el 8 de julio del año pasado cuando se conoció la carta al entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, que Terceros le hizo llegar en agradecimiento por la provisión de “material bélico”.
Entonces, el caso fue publicado por el canciller Rogelio Mayta. La existencia de la carta fue corroborada por el embajador actual, Ariel Basteiro, y certificada por la FAB, de acuerdo a información del ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
La querella fue interpuesta por la Cancillería de Bolivia, seguida después por los ministerios de Gobierno y de Defensa.
En noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) de Argentina autorizó el envío a Bolivia, por 90 días, de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos; dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70. Y habilitó el traslado de 11 miembros del Grupo Alacrán, de la Gendarmería Nacional de Argentina (GNA).
Además, luego de la solicitud del 12 de noviembre, ese día ingresó a Bolivia “70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta”, además de “661 granadas de mano de gas hostigamiento”.
Dicho material, según se supo después, fue distribuido entre la FAB y la Policía Boliviana.
Según la denuncia, Terceros, que se acogió a un juicio abreviado en el caso Golpe de Estado II, tramitó la provisión del material antidisturbios y Calderón ordenó su recepción y resguardo de los efectivos del Grupo Alacrán; y Tapia —acusado en grado de complicidad— ayudó a viabilizar el trámite desde Bolivia hacia Argentina.
Además, la fiscal Barrientos solicitó al Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal la detención preventiva por seis meses de los imputados y la definición de fecha de la audiencia de medidas cautelares.
Paralelamente al juicio en Bolivia por el caso, el Argentina se libra otro proceso por contrabando de armas, en el que los principales involucrados son el expresidente Mauricio Macri y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El cargamento de material antidisturbios partió de Buenos Aires en un avión Hércules C-130 la noche del 12 de noviembre de 2019 y llegó la madrugada del 13 a El Alto.
El caso acaba de ser denominado Golpe de Estado III.
Exjefe militar es aprehendido por retiro de la Medalla Presidencial en 2019
El exjefe de la Casa Militar Milton N. E., quien es investigado por retirar la Medalla Presidencial sin la documentación correspondiente el 11 de noviembre de 2019, fue aprehendido ayer por efectivos de la Policía Boliviana.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que “se ordenó la aprehensión del exjefe de la Casa Militar, porque se presume que habría ordenado, el 11 de noviembre de 2019, al entonces presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, que la medalla presidencial de Bolivia sea retirada sin autorización previa de la autoridad competente, toda vez que los militares obedecen a un mando legalmente establecido y constitucional como es el Ministro de Defensa y otros”.
El general de brigada del Ejército es acusado por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias al ordenar el retiro de la medalla presidencial sin ninguna documentación de respaldo legal, ni el protocolo de seguridad de los símbolos patrios.
La fiscal anticorrupción Lupe Zabala señaló que entre el 11 y el 14 de noviembre de 2019 el exjefe de la Casa Militar, mediante una carta, manifestó que “en razón a los últimos hechos acaecidos y debiendo cumplir las normas establecidas en esa institución dependiente del Ministerio de la Presidencia designa al ayudante de la Casa Militar como responsable del recojo de la joya presidencial el 11 de noviembre de 2019 a horas 15.30 del Banco Central de Bolivia”.
Zabala explicó que luego de la revisión de los informes y documentación de los archivos de la Casa Militar de la gestión 2019, no se habría encontrado documentación de respaldo que ordene el retiro de la Medalla Presidencial.
