EEUU solicita la extradición de otros cuatro hondureños tras la detención del expresidente Hernández
Cancillería anuncia que Estados Unidos pide en extradición a otros cuatro hondureños
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, conocida como Cancillería, notificó a la Corte Suprema de Justicia que el gobierno de Estados Unidos solicitó detención provisional para la extradición de cuatro ciudadanos hondureños.
La Cancillería informa al pueblo hondureño que ha enviado a la CSJ, la solicitud oficial de los Estados Unidos de América, del arresto provisional para la extradición de cuatro ciudadanos hondureños. No se brindan nombres por razones de seguridad.
— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) March 2, 2022
La Cancillería alegó motivos de seguridad para no mencionar nombres pero se maneja extraoficialmente que las personas solicitadas en extradición podrían ser cercanas al círculo de confianza del expresidente Juan Orlando Hernández, cuya solicitud trascendió un lunes, 14 de febrero.
A consecuencia de esto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocó al Pleno de Magistrados para este jueves 8:30 A.M., para la designación de los jueces naturales que llevarán las cuatro solicitudes de extradición enviadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Pleno de Magistrados de #CSJ ha sido convocado para el día de mañana a las 8:30 am para conocer, en punto único de agenda, solicitudes de #extradición enviadas en las últimas horas para la designación de los Jueces Naturales correspondientes. pic.twitter.com/fCkMeHVXHP
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 2, 2022
Hernández fungió como presidente del Poder Ejecutivo de Honduras durante dos periodos consecutivos entre 2014 y 2022, y como presidente del Poder Legislativo entre 2010 y 2014, años durante los cuales habría ocupado los más altos círculos del poder político; mientras manejaba un lucrativo, pero ilegal negocio del que hay registro desde 2004 cuando habría comenzado a filtrar información sensible sobre la aplicación de la ley y las fuerzas militares de Honduras al narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo».
Si bien, su supuesta implicación en estos ilícitos negocios antecede al golpe de Estado, la documentación muestra un incremento de acciones a favor del narcotráfico y una ampliación del círculo de socios después de 2009, tras convertirse en presidente del Congreso Nacional.
Juan Orlando Hernández guarda detención provisional en instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) de la Policía, pendiente de una solicitud de extradición por tres cargos relacionados al tráfico de 500 mil kilogramos de cocaína, tráfico de armas y conspiración para usar dispositivos destructivos.
EL ARDID CONSTITUCIONAL DE JOH QUE PERMITE LA EXTRADICIÓN
Hernández -siendo presidente del Poder Legislativo- procedió en 2011 a reformar mediante el Decreto 269-2011 el artículo 102 de la Constitución de la República que especificaba: «Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero».
La legislatura presidida por Hernández agregó dos apéndices donde exceptuó de esta disposición los casos «relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada». Al mismo tiempo, acusaba a los detractores políticos que se pronunciaban en contra de la extradición de ser narcotraficantes.
En 2013, previo a que Hernández ascendiera a la presidencia del Poder Ejecutivo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron y emitieron por mayoría de votos el auto acordado que rige el procedimiento de la extradición, al cual Juan Orlando Hernández está siendo sometido actualmente, completándose de esta forma un ciclo iniciado por el mismo Hernández.
El exmandatario tendrá su audiencia de presentación y evacuación de pruebas el miércoles, 16 de marzo, de ésta se definirá si es o no extraditado hacia Estados Unidos. Por su parte, su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
