Boric firma hoy el acuerdo de Escazú que garantiza derechos ambientales
Ministro Jackson anunció que Boric firmará este viernes el Acuerdo de Escazú
El Presidente de la República, Gabriel Boric, firmará este viernes el Acuerdo de Escazú, iniciativa que busca garantizar el acceso a diversos derechos ambientales.
La información la confirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, en entrevista con Futuro, emisora en la que además, abordó distintas materias en la semana de aterrizaje en La Moneda de la nueva administración de Estado.
«El día viernes será la firma del proyecto que ratifica Escazú, tratado del que en principio Chile fue parte, pero luego se decidió inexplicablemente no firmarlo por parte del (ex) Presidente (Sebastián) Piñera», aseguró.
Paralelamente, el secretario de Estado destacó el valor que tiene esta materia para el Ejecutivo. «Para nosotros, el tema ambiental es súper importante, (es necesario) poder generar justicia y conciencia de que los problemas de este tipo se pueden resolver en primera instancia era relevante».
«Hay soluciones mejores que este quinto retiro»
Paralelamente, Jackson abordó el tema del quinto retiro de 10%, proyecto que se declaró inadmisible este miércoles en el congreso, en medio de reiterados llamados de algunos parlamentarios para que el gobierno apoye la iniciativa.
«Hemos conversado con parlamentarios que hay una agenda legislativa bastante nutrida y nos interesa tener una reforma tributaria. Poder conseguir el pacto fiscal para poder desplegar la agenda social, es fundamental. Eso se está coordinando con Hacienda, para luego dar paso a otras cosas como modificar el sistema de pensiones. Compartimos una demanda extendida en la población que es que no se quiera que sigan las AFP, teniendo potestad sobre los recursos de los trabajadores y a diferencia de lo que pasó cuando estábamos confinados por la pandemia, que no había recursos ni ayudas sociales, en ese minuto todos fuimos parte de apoyar retiros y presionábamos para que hubiera un IFE universal”, dijo argumentando la postura del Ejecutivo.
E insistió en que “ahora estamos en una situación distinta. El esquema de vacunación ha abierto la economía en distintas aristas, se ha mantenido el IFE Laboral para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo y apostamos a la creación de empleo, la recuperación de empleo femenino, el subsidio al empleo y las pymes y avanzar hacia una reforma tributaria”.
“Nos hemos puesto como meta que las pensiones en Chile partan de los $250.ooo, pero que sean más alto que eso. Si uno vacía las cuentas de pensiones, con una economía en recuperación pueden tener un efecto negativo en materia de inflación y eso no es deseado. Vamos a tratar de activar todos los otros mecanismos porque hay soluciones mejores que este quinto retiro. Vamos por el camino de aumentar el sueldo mínimo y queremos llegar a los $500.000 en este periodo de gobierno y eso, acompañado de una reforma de pensiones”, aseguró.
“La gente sabe que estamos en una situación distinta y la gente sabe cómo han subido los precios. Hoy, hay otras fuentes para conseguir los ingresos y son más reales que en los dos años y medio que han pasado. No lo hacemos para proteger a las AFP. Eso es algo en que las personas también pueden empatizar”, agrega.
Temucuicui: «Hay que sacar aprendizajes de lo que sucedió»
En otro ámbito, Jackson abordó la situación que vivió la ministra del Interior, Izkia Siches, este martes en La Araucanía, cuando su comitiva fue «recibida» en la zona con disparos al aire que la obligaron a suspender su primera actividad en la Macrozona Sur, tal como estaba prevista. “Lo de Temucuicui fue una situación compleja. Hubo incertidumbre y pudimos saber que no había pasado a mayores y esto obligó a tener una respuesta a esa contingencia».
«La respuesta de la comitiva de la ministra Siches fue potente. El decir que no vamos a claudicar en la búsqueda de soluciones de fondo. Hay que sacar aprendizajes de lo que sucedió y redoblar esfuerzo para hacer lazos para no seguir tropezando con la misma piedra por tantos años. Tenemos que garantizar a la población que está en el sur la posibilidad de que puedan vivir en una paz duradera y no solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, algo temporal, momentáneo y algunas veces ficticio porque no ha resultado como se proyectaba”, agrega Jackson.
Finalmente, respecto de la decisión del Ejecutivo de no interponer acciones legales por este hecho, el secretario de Estado argumentó la postura del gobierno. “No se presentó querella en este caso y no es incumplir algo, pero dado que ya hay una investigación de oficio, no se puso la querella y se abre espacio para nuevo diálogo. Es una señal política y tenemos que porfiar en el diálogo. Hay una agenda desplegada con las fuerzas de seguridad y orden, con las Fuerzas Armadas, para ver cómo se realiza la desescalada del Estado de Excepción. Hay también una agenda social en materia de salud, educación, desarrollo social, obras públicas. Eso estableció vínculos que podrán haber estado rotos. Se están estableciendo vínculos para que esto no vuelva a suceder y para que haya un avance”, concluyó.
Boric firmará Acuerdo de Escazú: ¿Qué es y por qué la administración de Piñera se negó a firmarlo?
El Presidente Gabriel Boric firmará el Acuerdo de Escazú este viernes, una iniciativa que busca garantizar el acceso de diversos derechos ambientales y que se había encontrado con el rechazo de la administración del ex mandatario Sebastián Piñera.
La noticia fue confirmada por el ministro de Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson. «Es una señal importante, es generar condiciones para que problemas ambientales se puedan resolver con la comunidad. Es una señal potente para las nuevas generaciones», afirmó el secretario de Estado.
El texto, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es oficialmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Se trata del primer acuerdo regional ambiental de Latinoamérica y el Caribe y es el primero en el planeta que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
De acuerdo a lo publicado por Unicef, el Acuerdo de Escazú es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, pues busca garantizar acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
En esa misma línea, destacan que establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental, que las personas pueden ser consultadas en los proceso de toma de decisiones ambientales, que puede acudir a la justicia para casos de afectación al medio ambiente y que promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
La firma del Acuerdo de Escazú era uno de los compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric.
¿Por qué el Gobierno de Piñera se negó a firmar el Acuerdo de Escazú?
En diversas oportunidades, la segunda administración del Presidente Sebasitán Piñera rechazó firmar el Acuerdo de Escazú.
En septiembre de 2020, los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; y Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregaron sus argumentos para negarse a sumarse a las firmas.
«El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó», sostuvo en dicha oportunidad la ministra de Medio Ambiente.
Carolina Schmidt agregó que «apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile que establece que la firma de cualquier tratado internacional es de facultad exclusiva del Presidente de la República quien por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas, debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país».
Por su parte, Andrés Allamand sostuvo que «es inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna», alegando una «creciente judicialización de los procedimientos ambientales».
Tal postura sería, meses después, ratificada por la ministra de Medio Ambiente en diálogo con Tele13 Radio, donde afirmó que el firmar el Acuerdo de Escazú generaría «una incertidumbre jurídica, porque es un tratado que es supralegislativo».