Bolivia | Inicia el juicio contra Áñez por encabezar el golpe de Estado de 2019
Exsenadora Jeanine Áñez enfrenta 10 años de cárcel en juicio ordinario que se inicia este lunes
La exsenadora Jeanine Áñez se enfrenta a una condena de 10 años de privación de libertad si al final del juicio ordinario que se inicia este lunes en el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz es hallada culpable.
El abogado Macelo Valdez, de la parte acusadora, sin embargo, adelantó a la televisora privada ATB que pedirá 20 años de reclusión.
La Fiscalía General del Estado acusó a Áñez a finales de noviembre de 2021 de tomar la jefatura del Senado y luego asumir la presidencia de «forma inconstitucional» y sin cumplir con las leyes cuando gobernó por un año a partir de noviembre de 2019
Los delitos que se le imputan, en el caso denominado Golpe de Estado II, son resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes.
“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
El juicio contra Áñez, en el que figuran también como imputados el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el estado mayor de la Policía de su gestión, fue descrito como “histórico” por el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Un día histórico”, indicó en la víspera la autoridad gubernamental a la televisora estatal.
Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
El Ministro de Justicia indicó que el proceso no “debería” extenderse, pero aclaró que se prevé que la defensa de la acusada presente “obstáculos legales y chicanas, que buscan aplazar en el tiempo el debido proceso”.
En este caso están implicados el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, hoy prófugo; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury. Todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Áñez pueda instalarse en el Gobierno.
Tanto Terceros como Jarjuri, sin embargo, aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa y así promover la sucesión de Áñez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora.
Jeanine Áñez está detenida desde el 13 de marzo de 2021. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.
En otro caso, llamado “Golpe de Estado I”, Áñez es acusada de delitos de sedición, conspiración y terrorismo durante la crisis política y social que siguió a las elecciones de 2019.
Lima califica de histórico inicio de juicio a Áñez y pide a su defensa no obstaculizar el proceso
Por Miguel Lazcano
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, calificó este domingo de “histórico” el inicio del juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez en el caso denominado Golpe de Estado II y pidió a su defensa no obstaculizar el proceso con chicanas jurídicas.
“Mañana es un día histórico. Esperamos que la defensa de #JeanineAñez no obstaculice el debido proceso con ‘chicanas’ que solo afectan al debido proceso y el pedido de #MemoriaVerdadYJusticia”, escribió Lima en la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Áñez enfrentará un juicio ordinario por el caso denominado Golpe de Estado II que tiene previsto iniciar este lunes el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que incluye a la excúpula de las Fuerzas Armadas. El 10 de febrero debió iniciarse este juicio, pero se lo suspendió ante una serie de objeciones de la parte acusada.
Según el nuevo auto de apertura, el juicio será virtual y empezará a las 09.00.
Áñez fue acusada por asumir la Presidencia del Senado en noviembre de 2019, lo que luego le permitió acceder al poder, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debate, según la Fiscalía. La defensa de la expresidenta lo niega y defiende que todos los procedimientos de sucesión estaban enmarcados en la norma.
La entonces senadora tomó el poder el 12 de noviembre de 2019, luego de que una reunión de políticos de oposición y cívicos definiera el curso de la sucesión. El expresidente Evo Morales había renunciado dos días antes, acorralado por denuncias de fraude electoral —luego puestas en duda—, un motín policial y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.
El 13 de marzo, Áñez cumplió un año de estar con detención preventiva acusada por el caso Golpe de Estado I, al que se sumó el caso Golpe de Estado II. Además, en la Asamblea Legislativa se tramita un juicio de responsabilidades.
El Ministro de Justicia también señaló que en el gobierno de Añez no se pudo implementar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). “Una vez que se entregó el informe, se hizo razón de Estado el pedido de #MemoriaVerdadYJusticia.
Avanzamos con acciones concretas de reparación a las víctimas”, señaló Lima en Twitter.
Áñez fue acusada por el Ministerio Público por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes. Según Lima, un proceso penal no debería exceder de los tres años.
Avanzan las acciones para restaurar los derechos de las víctimas de las masacres
Las acciones para restaurar los derechos de las víctimas de las masacres de 2019 avanzan en el Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de la recuperación de la democracia.
“Este 8 de noviembre de 2020, iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un Gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro Gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz”, aseveró el presidente Luis Arce en su discurso de posesión.
La restauración de derechos
En noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Bolivia, en el contexto del conflicto electoral.
Posteriormente, emitió una serie de recomendaciones, entre las cuales se hacía referencia a la necesidad de crear e instalar un mecanismo internacional autónomo e independiente para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia y verdad.
Así, la CIDH recomendó específicamente la creación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue creado mediante el acuerdo suscrito por la CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019. El fin fue coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el régimen de Jeanine Áñez. El GIEI-Bolivia se instaló el 23 de noviembre de 2020 en La Paz y entregó su informe en 2021.
Concluyó que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de ese año en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.
El GIEI presentó el 2 de marzo de 2022, en el Consejo Permanente de la OEA, el informe de los hechos de violencia ocurridos en 2019 en Bolivia. El documento establece que al menos 11 derechos fueron vulnerados en el país durante el régimen de Jeanine Áñez.
El informe final sobre la vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado plurinacional, la sociedad civil boliviana y la CIDH.
Otro de los avances es que el Gobierno nacional firmó el 22 de marzo el convenio con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y establecieron el plan de trabajo de la MESEG Bolivia para la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia tras los sucesos luctuosos de 2019.
“Esta mesa se construye tras meses de diálogo entre la CIDH y el Estado (boliviano), donde tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto un acuerdo de trabajo que recoge las preocupaciones de las víctimas y, a su vez, toma en cuenta los retos, los desafíos y las fortalezas del Estado Plurinacional de Bolivia para el cumplimiento de las recomendaciones que en su momento formuló el GIEI-Bolivia”, aseveró Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.
Destacó que el Gobierno boliviano en su momento facilitó y colaboró en “todos los niveles” el trabajo que del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y con la firma de este convenio demuestran su voluntad y disposición para continuar colaborando con la CIDH.
Agradeció el apoyo de las víctimas porque fueron una parte fundamental en este proceso. Resaltó que con la implementación de esta mesa de trabajo se busca dar soluciones a problemáticas concretas sobre derechos humanos.
“Es un placer para mí, un placer compartir con ustedes el proceso de la instalación oficial de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI- Bolivia”, señaló.
Aseveró que este trabajo es un esfuerzo para fortalecer e innovar con herramientas dirigidas a facilitar un seguimiento complementario en el marco de situaciones específicas y prioritarias de derechos humanos, por lo que esta mesa de trabajo desarrollará trabajos de análisis de cumplimiento a partir de tres temáticas: reparaciones, investigaciones y cuestiones estructurales.
“Este plan de trabajo del mecanismo de seguimiento es un instrumento vivo, que puede fortalecerse y enriquecerse con las experiencias del pasar del tiempo, es por eso, que siempre se tiene apertura para retomar propuestas de la sociedad civil y de cualquier ente interesado en colaborar con estos trabajos”, dijo.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ratificó este domingo que se da cumplimiento a todas las recomendaciones establecidas por el GIEI, a través de diferentes medidas, entre ellas, la reparación integral a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.
“Creo que esos conceptos de memoria, verdad y justicia, en estos seis meses, tienen acciones concretas, en el Legislativo con la aprobación de leyes, en el Ejecutivo con acciones concretas de reparación de daño a las víctimas y, también en la Fiscalía y el Órgano Judicial que ha empezado a trabajar revisando y ajustando los ejes del debido proceso de investigación de los casos penales”, indicó.
