Argentina | El Senado vota el acuerdo con el FMI en medio de protestas y una fuerte inflación
Comienza el debate post acuerdo con el FMI: quién paga la deuda
Por Verónica Benaim
El Congreso Nacional vive horas de preocupación por la incertidumbre de la situación económica del país. El Senado se apresta este jueves a convertir en ley la autorización de las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, en Diputados comienzan a presentarse proyectos de distintos sectores con el fin de subsanar “la deuda interna”.
En este contexto, un grupo de diputados sindicales del Frente de Todos (FdT) presentaron una iniciativa que propone establecer un nuevo aporte solidario, en esta ocasión por 10 años, para que «todos los sectores que se beneficiaron en el gobierno de Mauricio Macri y durante la pandemia sigan haciendo un aporte todos los años que se deba pagarle al FMI».
El proyecto fue impulsado por el cordobés, Pablo Carro (CTA Córdoba), y acompañado por Hugo Yaky y María Rosa Martínez. Los tres legisladores se abstuvieron en la votación del acuerdo con el FMI, cuando se debatió el entendimiento en la Cámara Baja la semana pasada. La iniciativa propone reiterar el mecanismo de la ley aprobada, en 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus (impulsada por Máximo Kirchner) y gravar a aquellas personas con bienes en el país y en el exterior cuyo patrimonio declarado sea superior a $320 millones de pesos.
En diálogo con Tiempo, Carro explicó que el texto «tiene que ver con la línea histórica que mantuvimos en la CTA». Sostuvo que «la discusión no es si se paga o no sino quién paga». «El gobierno propone pagar al Fondo con crecimiento y creo que está bien, pero ahora hay una deuda interna que tiene que ver con nuestro contrato electoral de empezar por los últimos, los que menos tienen», agregó.
No es una idea nueva la que proponen los diputados sindicales. Ya el pasado 14 de febrero, durante la reunión del PJ bonaerense, en La Plata, fue el senador bonaerense y secretario general del gremio de los canillitas, Omar Plaini, quien frente a Máximo propuso extender el aporte solidario de las grandes fortunas para utilizarlo para el pago de la deuda con el FMI.
Desde la oposición de Juntos por el Cambio, la diputada del PRO, también de Córdoba, Soher El Sukaria salió a responder inmediatamente. «Es fácil pedir que el esfuerzo siempre lo hagan otros. La deuda que la paguen con lo que se robaron», en relación a la causa judicial por los cuadernos.
El debate por la inflación
Luego de que se conociera la inflación del mes de febrero del 4,7 %, cifra otorgada por el Indec, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert presentó un proyecto para derogar La Ley de Abastecimiento. La iniciativa exige que se deroguen las leyes 20.680 y sus modificatorias 25.519 y 27.541. En el artículo segundo precisa que “queda terminantemente prohibido al Poder Ejecutivo Nacional, por sí o por intermedio de organismo y/o funcionario alguno, fijar precios y regulaciones complementarias que intenten reglar cualquier actividad económica en el territorio nacional”.
Según Espert “es fundamental entender que toda regulación estatal al sistema afecta negativamente al proceso económico. Si quieren luchar contra la inflación, la realidad nos demuestra que este no es el camino. El dato de febrero de 4.7% nos marca una tendencia de que la inflación no se va a detener y puede acelerarse aún más si se mantiene este tipo de políticas económicas”.
La preocupación por la inflación en alza, a la espera del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre un plan para combatirla, también llegó al Plenario de Economías Regionales organizado por la CAME. Allí, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió: “Tenemos que construir un nuevo acuerdo económico y social para derrotar a la inflación”. Y consideró que la inflación “es el veneno más dañino que tiene nuestra economía”. “Hace falta firmeza para enfrentarla”, agregó el tigrense en su exposición ante empresarios.
La izquierda vuelve al Congreso para rechazar el acuerdo con el FMI
Por Matías Colombatti
La izquierda, con movimientos sociales y sindicales, volverá este jueves al Congreso para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un acto convocado a las 17.30, al mismo tiempo que el Senado votará el proyecto, con la consigna “contra del pacto con el Fondo y contra el pago de la deuda externa”.
Se trata de las mismas organizaciones que se movilizaron la semana pasada cuando el debate en la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto, en una jornada marcada por el ataque a piedrazos al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el que ya hay siete detenidos.
Uno de ellos es Oscar Santillán, miembro del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y que según se informó oficialmente este miércoles, era beneficiario del programa Potenciar Trabajo desde septiembre de 2018. Fue el propio ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien lo confirmó en sus redes sociales, y comunicó que Santillán fue dado de baja del programa. «La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta», publicó el ministro.
Durante toda la semana, la izquierda desplegó un plan de lucha, acordado durante el último fin de semana en un plenario multitudinario en Plaza de Mayo, que incluyó acampes en la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, y movilización al Ministerio de Trabajo mientras se desarrollaba la reunión del Consejo del Salario, en la que se acordó aumentar el salario mínimo un 45% en tramos hasta diciembre. La jornada incluyó también actividades que se replicaron en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Chubut.
“La movilización fue multitudinaria, y fue precedida por un acampe la noche anterior de miles y miles de personas como hace mucho tiempo no ocurría. Hoy se realizaron 113 cortes en todo el mapa argentino, y sigue planteado el plan de lucha que continúa el 31 con acciones en todo el país”, dijo Gabriela De La Rosa, dirigenta nacional del Polo Obrero, a El Destape. De La Rosa señaló que “los trabajadores ocupados y desocupados debemos salir a lucha para enfrentar esta política de hambre y de ajuste que no vamos a dejar pasar”.
La diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, apuntó en referencia al número de inflación de febrero que “es una muestra más del fracaso de la política del gobierno. Mientras los alimentos suben un 7,5%, el salario mínimo equivale a la mitad de la canasta básica de pobreza”.
La legisladora advirtió que el presidente Alberto Fernández “mentía cuando decía que el acuerdo con el FMI no iba a traer tarifazos y ajuste» y que «las cláusulas de revisión cada 3 meses implican un gobierno anclado a este pacto que es incompatible con cualquier medida para sacar adelante a las y los trabajadores”. En ese sentido, señaló: “Es claro que el gobierno y todos los que están a favor del pacto van a ser responsables del enorme salto en los índices de pobreza e indigencia”.
Por otra parte, el legislador porteño por el FIT-U, Gabriel Solano, apuntó que “frente a la crisis extraordinaria que significa el salto inflacionario, el pacto con el FMI del gobierno nacional impide que se lleven adelante las medidas económicas necesarias para frenar este ataque al salario de los trabajadores”.
Solano, dirigente del Partido Obrero, uno de los organizadores de la movilización y acto de esta tarde en el Congreso, advirtió que “el acuerdo con el FMI es completamente inflacionario” y que “el gran instrumento de ajuste en el país es la inflación junto con los tarifazos, impuestazos y mayor devaluación”.
La UTT también moviliza con ollas populares para rechazar el acuerdo con el FMI
Con 100 ollas populares, cortes de rutas y movilizaciones en todo el país, y bajo la consigna “Las deudas se pagan, las estafas NO”, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), en conjunto con otras organizaciones y sindicatos, realizarán una jornada para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este jueves desde las 15.
“Los puntos del preacuerdo que analizará el Senado, y que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados, marcan una agenda de pagos que sólo van a traer más ajuste y pobreza. El modelo extractivista de producción que proponen para pagar parte de la misma está arrasando con nuestros bienes comunes: la tierra, el agua y la biodiversidad”, advierte Agustín Suárez, vocero de la UTT.
Suárez agregó que exigen, además, que se “abra urgente la investigación contra el gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda de forma ilegal, que se indique la responsabilidad del FMI por otorgar el préstamo y que se sepa qué pasó con los dólares de la deuda contraída”.
“El pueblo no va a pagar una deuda que no contrajo. La van a tener que saldar entre la clase política que la negoció dando la espalda al congreso y la clase empresarial que la utilizó para llevar adelante una fuga histórica de capitales”, señalaron desde la organización de pequeñas y pequeños productores en un comunicado.
Acampe y rechazo al aumento anunciado del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Luego de tres días de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de izquierda se movilizaron dentro de la continuidad del plan de lucha a la cartera de Trabajo, donde se dio la sesión del Consejo del Salario para determinar la recomposición del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El reclamo principal fue un aumento que equipare la canasta básica familiar, considerando los niveles de inflación. “Otra vez volvieron a votar (y esta vez por unanimidad) un salario mínimo que a diciembre habrá perdido por lo menos 20 puntos”, sostuvo a Página/12 Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO), una de las agrupaciones manifestantes, sobre el acuerdo de un nuevo salario mínimo de 47.850 pesos y un aumento en cuatro tramos.
Con las carpas instaladas y luego de que se difundiera un índice de inflación del 4,7 por ciento e interanual del 52,3 por ciento, las y los beneficiarios del Potenciar Trabajo observaron el martes cómo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció un bono de seis mil pesos para 1.2 millones de titulares del plan. Seis mil pesos sobre un salario de 16.500 pesos, la mitad de un salario mínimo. Sin embargo, el ministro no recibió a los dirigentes de las organizaciones de izquierda que reclamaban un aumento del monto percibido y la reapertura del programa.
“Este es el primer acampe que hacemos durante el gobierno de Alberto Fernández y creemos que tiene que tomar noción de lo que está pasando», dijo desde la avenida 9 de Julio Silvia Saravia, de Barrios de Pie. “Hay un relato de que la gente que está en el Potenciar consigue trabajo registrado, pero eso no sucede, o pasa en una cantidad marginal”, sostuvo, y señaló que “estamos en una situación crítica”. Otra de las exigencias es más asistencia alimentaria para los comedores y merenderos comunitarios.
El plan de lucha se votó el fin de semana en un plenario realizado en Plaza de Mayo y del que participaron los cuatro sectores convocantes: el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MST y la Coordinadora por el Cambio Social; junto a unas cuarenta agrupaciones que conforman la Unidad Piquetera. Luego de acampar desde el lunes frente a Desarrollo, se dirigieron pasadas las 11 hacia el Ministerio de Trabajo donde, desde las 15, se llevó a cabo la sesión del Consejo del Salario.
Allí ya esperaba desde la noche anterior otro sector del movimiento obrero –integrado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), una fracción del Frente Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Resistencia Popular (MRP), el Frente de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)–; también “disconforme con el accionar del Consejo, que siempre resuelven salarios por debajo de la línea de indigencia, y esta vez no fue la excepción”, señaló Belliboni a este diario.
“El Consejo votó por unanimidad un salario mínimo que a diciembre habrá perdido por lo menos 20 puntos”, expresó, descontento, el referente del PO. “El primer aumento del salario mínimo vital y móvil es de cinco mil pesos, es decir que el próximo mes pasa de 33 a 38 mil”, consideró sobre el aumento del 18 por ciento que se dará en abril (seguidos por un 10 en junio, otro 10 en agosto y un 7 en diciembre). Y señaló que “eso no alcanza ni siquiera para cubrir la inflación en alimentos que se produjo solamente el último mes, ni hablar del que se va a producir hasta el próximo aumento”.
La UTEP, que participó de la mesa deliberante del Consejo del Salario, había sentado su postura en un documento que no habló de porcentajes, pero sí reiteró “la necesidad de reconocer a nuestro sector, el de la economía popular”. “Es indispensable un aumento razonable del Salario Mínimo Vital y Móvil que perdió gran parte del poder adquisitivo en el mismo período en que la inflación sigue escalando”, expresaron. “Es fundamental ponernos de acuerdo en que la prioridad debe ser reconstruir de abajo hacia arriba la estructura económica y social de la Argentina, empezando realmente por las y los últimos”, aseveraron. El resultado fue distinto.
Las y los trabajadores del Potenciar tampoco estaban contentos con la respuesta del Gobierno, considerando que “el bono de seis mil pesos es una miseria absoluta”. “Lo confirma el costo de la canasta alimentaria: una familia hoy necesita 78 mil pesos para cubrirla”, sostuvieron desde las organizaciones movilizadas. Con el aumento del salario mínimo, el impacto del primer tramo de aumento en el monto percibido bajo el programa será de tan solo 3 mil pesos. Basta con ver el anuncio reciente del INDEC para notar que no es suficiente.
Belliboni pone también sobre la mesa el acuerdo con el FMI y el ajuste que, según las organizaciones de izquierda, se realizará sobre el gesto público, viéndose reflejado en el aumento de las tarifas. “Este salario va a perder todo el tiempo poder adquisitivo”, apuntó.
A futuro, el referente del PO confirmó que el plan de lucha del movimiento obrero seguirá. Luego de la semana de 24 marzo habrá una jornada de movilización con cortes de acceso y acampes. A principios de abril se espera también otra acción y, finalmente, a fines de ese mes se llevarán a cabo una marcha federal.
