Panamá | Fiscalía arma equipo especial para investigar esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas
Conforman un equipo especial de fiscales que investigará esterilizaciones no autorizadas
Un equipo especial de fiscales, adscritos a la Procuraduría General de la Nación, fue conformado para realizar las pesquisas relacionadas a una denuncia presentada sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos a mujeres indígenas.
Minsa dice que investiga las esterilizaciones no autorizadas
Denuncian en Panamá esterilizaciones a indígenas sin su consentimiento
Desde primeras horas de este lunes 21 de febrero, este equipo especial se encuentra en la provincia de Bocas del Toro, desde donde provinieron dichas denuncias, informó el Ministerio Público.
La investigación se inició por una denuncia presentada, el 17 de febrero pasado, por la diputada Kayra Harding.
#Comunicado| Ministerio Público conforma equipo especial de fiscales, para realizar pesquisas relacionadas a una denuncia presentada sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos. pic.twitter.com/MLHTdGwsXx
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) February 21, 2022
Recientemente una docena de mujeres indígenas panameñas denunció que fueron esterilizadas sin su consentimiento en un hospital público, hecho que también es motivo de investigación por parte del Ministerio de Salud.
La diputada suplente Walkiria Chandler ha explicado que las denuncias fueron hechas a una delegación legislativa de la que formaba parte durante una visita a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso ubicada en Bocas del Toro.
#Ahora 📷| Equipo de Fiscales realiza diligencias desde temprano en la provincia de Bocas del Toro, como parte de las investigaciones por una denuncia presentada por el delito contra la humanidad, sobre posibles procedimientos de esterilización no consentidos. ⬇️ pic.twitter.com/U9TYfDWH79
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) February 21, 2022
Esterilizaciones forzadas en Panamá: ¿Qué nos dice la historia?
Un informe de la Comisión de la mujer, la niñez, la juventud y la familia hecho público la semana pasada da cuenta de las denuncias de esterilizaciones no consentidas de más de una decena de mujeres de la etnia ngäbe en la provincia de Bocas del Toro.
Las denuncias se produjeron en medio de una visita que realizó una subcomisión de la Asamblea el pasado mes de octubre a cuatro comunidades de la provincia de Bocas del Toro –Charco la Pava, Guayabal, Valle del Rey y Changuinola Arriba– para investigar a fondo brotes de leishmaniasis que afectan a niños en esa provincia caribeña.
En medio de la gira, residentes del área denunciaron la falta de atención médica en la comunidad, la carencia de medicamentos, falta de ambulancia, los largos tramos –más de hora y media– que deben recorrer para llegar a los hospitales en Almirante o Changuinola, y el mal trato que reciben de algunos médicos las pocas veces que consiguen la atención.
Pero la denuncia que fulminó el ambiente ese día de octubre en Bocas del Toro fue la de Ana Castillo, una mujer ngäbe cuya hija murió dando a luz tras presuntamente habérsele negado la atención médica. Ana también denunció –en su dialecto– que las mujeres que daban a luz en los hospitales de Changuinola y Almirante no podían volver a tener hijos, algo que en la cosmovisión ngäbe va en contra de la naturaleza de la mujer, mientras que las que daban a luz en sus casas, sí volvían a quedar embarazadas. El informe de la subcomisión a la Asamblea transcribe el testimonio de Ana así:
“Las mujeres de la comunidad muchas son jóvenes casadas que van a dar a luz y ellos como médicos no permiten que tengan más de 4 niños, apenas que tienen 2 a 3 niños ellos las dejan estériles y ya no pueden tener más hijos. ¿Por qué los médicos hacían eso? si ellos no deben tomar la decisión, sin consultar a la madre si desea ser esterilizada”
Además, el informe plasma la afirmación de la señora Ana Castillo de seguir denunciando esto “hasta tanto el Estado cumpla con sus peticiones, pues es la naturaleza de la mujer dar a luz los hijos que quiere y además es un trabajo de Dios traer los niños al mundo”. Al menos una docena de mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento, confirmó la diputada suplente y miembro de la comisión parlamentaria, Walkiria Chandler.
Chandler quiso obtener la versión del Ministerio de Salud –las esterilizaciones se darían en los hospitales públicos de Almirante y Changuinola– durante la comparecencia de la entonces vice ministra de Salud Ivette Berrio –hoy ministra encargada– ante la comisión parlamentaria el pasado 15 de febrero, pero la diputada perredista Kayra Harding interrumpió abruptamente la sesión por “un compromiso personal” inmediatamente después de que Chandler preguntara a Berrio por el caso.
La ministra encargada de Salud insinuó en medios locales que la pregunta de Chandler sería “un ataque político” para desviarla de “su misión que es la vacunación”, pero tras intensificarse la cobertura, el Minsa anunció posteriormente que investigaría las denuncias y al final de la misma semana circuló declaraciones en donde Melva Cruz, directora general de Salud Pública, descartó la realización de procedimientos sin los formularios de consentimientos informados firmados que “reposan en las historias clínicas”.
Según el Ministerio de Salud (Minsa), “no hay evidencia de salpingectomía –corte de las trompas de Falopio para evitar embarazos– sin consentimiento informado ni reporte de ningún funcionario de los hospitales en mención que haya advertido denuncias de este tenor en el hospital Guillermo Sánchez Borbón de Bocas del Toro. El Minsa también aclaró que en el Centro de Salud El Silencio, en el Empalme, Changuinola, no se realizan estas operaciones como se dijo en un principio. Sin embargo, el comunicado del MINSA no hizo referencia a otros procedimientos de esterilización como la ligadura de las trompas de Falopio, por ejemplo.
Lucy Córdoba, activista y defensora de Derechos Humanos, cuestiona la versión del Minsa. Si muchas de las hermanas ngäbe no hablan español, ¿bajo qué condiciones firmaron? Se preguntó al tiempo que recordó que la coerción –como los testimonios de malos tratos y lenguaje hostil por parte de médicos– violaría todo un abanico de leyes y convenios internacionales sobre la violencia física y psicológica contra la mujer y la información del paciente en procedimientos médicos.
El consentimiento libre, previo e informado que requiere cualquier intervención médica preventiva o curativa está protegido en la Ley 68 de 2003 que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada. El mismo establece que en las áreas comarcales se utilizará el idioma español y el dialecto correspondiente. Por otro lado, la esterilización femenina gratuita en hospitales públicos requiere, según la ley, una petición voluntaria de la mujer al médico tratante, una recomendación médica, una prueba de no embarazo y en caso de que la mujer padezca de alguna enfermedad mental, ésta debe contar con la solicitud del tutor o tutora legal. Además, la ley le garantiza a la mujer el derecho a desistir “aun antes de que concluya la intervención médica”.
En otro testimonio, una mujer de 26 años declaró que tras dar a luz a su tercer hijo no pudo volver a quedar embarazada. No ahondó en el testimonio por lo doloroso que le resultaba pero recordó las palabras del médico ese día: “tienes que operarte (esterilizarte) porque ustedes tienen muchos hijos y no pueden cuidarlos”. Córdoba explicó que la estigmatización de las mujeres indígenas y el morbo con el que se ha tratado en el tema es “una vergüenza nacional”, demuestra “falta de sensibilidad e irrespeto a la dignidad humana”. “Ellas existen”, recuerda la activista quien también es peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De comprobarse la coerción en el proceso de consentimiento se trataría, sin duda, de un precedente funesto para los derechos humanos en el país. Sería “un delito de lesa humanidad” en palabras de Córdoba y Chandler.
Y es que el mundo ha visto cómo las poblaciones vulnerables en varios países han sido víctimas de políticas de tinte malthusiano. Desde Canadá hasta la India, pasando por Perú, los casos de esterilizaciones forzadas a poblaciones indígenas y/o pobres dejaron una mancha negra en la historia de esos países.
En Perú se documentaron al menos 243 casos que llegaron a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica a un número significativo de mujeres afectadas por “la aplicación de una política gubernamental de carácter masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales”. Los crímenes se dieron en la década del 90, bajo el mandato de Alberto Fujimori.
En la India, las esterilizaciones forzadas a hombres comenzaron en la década del 70 bajo el mandato del primer ministro Sanjay Ghandi, en el marco de un programa de control de la población financiado por organismos internacionales. En un año, esterilizaron a más de 6 millones de hombres y por lo menos dos mil murieron de complicaciones durante la operación. Las esterilizaciones forzadas no han parado: solo entre 2013 y 2014 se operaron a casi 4 millones de indios –la mayoría mujeres– mientras que la tragedia de Chhattisgarh, donde murieron 15 mujeres en un campo de esterilización en noviembre de 2014, nos recuerda la tragedia de la aporofobia gubernamental llevada a los cuerpos de las mujeres.
El Senado de Canadá también investiga casos de esterilizaciones forzadas ocurridas en la última década. La mayoría de las víctimas son mujeres indígenas que viven en áreas apartadas de las metrópolis espejadas. Incluso hasta hace muy poco, 1973, Canadá tenía una ley que permitía esterilizar forzosamente al que se le considerara “mentalmente defectuoso”, un antecedente que se corresponde con los miles de niños y niñas indígenas abusados –muchos murieron– en escuelas a las que se les forzaba asistir.
