La estrategia neoconservadora y un acuerdo diseñado a su medida – Por Matías Caciabue
Por Matías Caciabue*
Si, como dijo un viejo luchador a inicios del siglo XX, la política es la expresión concentrada de la economía, toda decisión económica relevante es una decisión política asentada en el plano de la estrategia, es decir, en el plano de la disputa de fuerzas sociales y políticas, con sus actores económicos, político-institucionales y estratégicos.
El reciente acuerdo del presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional es una decisión que encaja en dicha afirmación. El problema, entonces, no es sólo económico. Por eso, más que evaluar la justeza o no del mismo, para responder más a apreciaciones morales que políticas, resulta interesante analizar ciertas dimensiones estratégicas de la disputa.
El entendimiento alcanzado con las autoridades del FMI, conducido por Kristalina Georgieva, no es más que una convalidación y una profundización de las decisiones de política económica bajo la administración del Presidente Alberto Fernández.
En otras palabras, el anuncio realizado por Fernández el pasado viernes 28 de enero explicita un acuerdo que ya estaba en marcha desde agosto de 2020, cuando el propio FMI fue garante de la negociación de Argentina con los tenedores privados de la deuda pública argentina que, a diferencia del default posterior a la crisis de diciembre de 2001, estaba mayoritariamente en manos de los grandes fondos financieros de inversión global, con el gigante BlackRock como gran protagonista.
Pese a una sustancial quita de unos U$S45 por cada U$S100 de deuda, que la deuda argentina haya estado en manos de los grandes pulpos financieros del capitalismo transnacionalizado explica la diferencia de tasas con las negociaciones realizadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en 2005 y 2010, que rondó en torno a U$S75 por cada U$S100. En aquel momento, sólo un 7% de los tenedores de deuda, los llamados Holdouts o “Fondos Buitre”, definidos de esa manera porque jamás se sientan a negociar con los países deudores, no acordaron.
Los holdouts querellaron contra el país en más de un tribunal del planeta, con el famoso juez neoyorkino, el ultraconservador Thomas Griesa, y financiaron a la entonces oposición política del PRO. El caso más conocido es el de Laura Alonso. Figura prominente de la presión sobre las negociaciones con los Holdouts, Alonso era directora de la ONG Voces Vitales cuando esta recibió aportes de Paul Singer, dueño de NML Capital, uno de los “Buitres” más agresivos contra el país. Tras el triunfo de Macri, con acuerdo de varios Diputados y Senadores peronistas, los fondos buitres fueron gustosamente recompensados con el pago del 100% del valor nominal de los títulos de la deuda pública en marzo de 2016, haciendo caer las negociaciones emprendidas durante la denominada “década ganada”.
Ya en enero de 2021, una nota de IP Profesional señalaba que “luego de que el presidente Alberto Fernández se encontrara de manera virtual con la titular del FMI, Kristalina Gerogieva, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que reducirían las necesidades de financiamiento del Banco Central y que buscarían poner `las cuentas fiscales en orden´. Además, aseguró que avanzarían `en un cuadro tarifario que respete el contorno que establece la ley de Presupuesto´, de forma tal de mantener constante el ratio de PBI destinado a subsidios económicos” (IP Profesional, 22/01/2021).
En otras palabras, la política económica argentina viene ordenándose, desde por lo menos agosto de 2020, en el marco de las negociaciones bajo responsabilidad del ministro de economía Martín Guzmán con las máximas autoridades del Fondo Monetario.
Ese es el escenario de fondo que marcó las tensiones de la vicepresidenta Cristina Fernández con el presidente y el ministro de economía, que se hicieron explícitas luego de la derrota electoral en las elecciones primarias de medio término en septiembre del año pasado. Sólo basta releer la carta de Cristina Fernández del 16 de septiembre pasado, luego de la crisis abierta por la renuncia de funcionarios que responden a ella dentro del oficialismo, tras la derrota electoral y la falta de decisiones de Alberto Fernández. El Frente de Todes es, al fin de cuentas, una coalición que expresa institucionalmente una amplia alianza de actores económicos, sociales y políticos, mayoritariamente del campo del pueblo, pero con expresiones y/o alianzas con la burguesía local y transnacional.
Cristina Fernández junto al núcleo kirchnerista del gobierno, es, tal como expresó el Ministro de Economía durante el anuncio del acuerdo, “la dueña de la fuerza” que, con la mayoría del caudal de votos, puso al Frente de Todes en posición de gobierno. Pareciera, sin embargo, que su expresión institucional se encuentra subordinada. Así ella misma lo expresó en una carta que publicó en noviembre de 2021, donde indica que “la lapicera la tiene el presidente”. En reiteradas oportunidades, de igual manera, Alberto Fernández señaló: “El presidente soy yo y tengo que tomar decisiones”.
La tarea no es sencilla. El brutal endeudamiento se realizó para intentar sostener al gobierno de Mauricio Macri o, en su defecto, condicionar (y anular) al programa político popular que las mayorías sociales construyeron desde la resistencia de calles en el ciclo 2017-2019 y desde su alineamiento en el Frente de Todes para dar la batalla político-institucional.
En otras palabras, el acuerdo con el FMI funciona como parte de la etapa demoledora de la estrategia de poder neoliberal a la que, según la socióloga Beatriz Stolowicz, le sigue una etapa que estabiliza la explotación y el despojo del capitalismo transnacionalizado.
El acuerdo alcanzado por Alberto Fernández señala la dura vigencia del diseño estratégico neoconservador para el país. Pareciera que el gobierno del Frente de Todes se debate entre la estabilización sistémica o la ruptura con el neoliberalismo. Vale el ejemplo de la Concertación/Nueva Mayoría chilena que, luego de la dictadura pinochetista, sólo funcionó como legitimador de un modelo social plagado de desigualdad y pobreza, ese que terminó volando por los aires en el ciclo de protestas populares iniciado en 2019 y que hoy pone sus esperanzas en la Asamblea Constituyente y en la presidencia electa de Gabriel Boric.
El FMI realizará, con este acuerdo, un monitoreo trimestral de su política económica. Tal como lo señala el economista Andres Asiain, “cuando no se logre cumplir una meta, y la historia con el organismo demuestra que ello es habitual, se deberá solicitar un waiver (perdón), aceptación que depende, en última instancia, de acuerdos políticos con las potencias que manejan el organismo, principalmente Estados Unidos” (Diario Página 12, 30/01/2021).
En consecuencia, la política exterior de Argentina pasará a estar fuertemente condicionada por la actual Administración de la Casa Blanca, justo en un momento donde se ha agudizado la lucha por la gobernanza global, enmarcada en la contradicción del G2, la ya conocida tensión entre Estados Unidos y China, más como redes financieras y tecnológicas que como Estados.
En otras palabras, poderosos actores transnacionales y locales están accionando para forzar al país a quedar subordinado a uno de los polos en un nuevo momento de la geopolítica mundial, donde se disputa el desarrollo, apropiación y explotación del conocimiento tecnológico de punta y el centro de gravedad del sistema económico mundial, entre el Atlántico Norte (Estados Unidos coparticipando a la OTAN y el G7 en una estrategia multilateral) y el Asia-Pacífico (China integrando a Rusia desde la Organización de Cooperación de Shanghai – OCS y la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental – ASEAN con la reciente entrada en vigor de la Asociación Económica Integral Regional – RCEP).
Finalmente, vale afirmar que tal situación debilita las posiciones de los actores locales decididos por la integración regional, la justicia social y el cambio de estructuras de un modelo social que tiene al 40% de las y los compatriotas de la Argentina bajo la línea de pobreza.
La gira del presidente Fernández por Rusia y China, el acuerdo de ingreso a la Ruta de la Seda, y los acuerdos de financiamiento chino, así como la visita a Barbados en calidad de Presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC, a quince días de la gira del Canciller Santiago Cafiero en los Estados Unidos que ultimó políticamente el acuerdo con el FMI, y a poco más de una semana del anuncio, señala que la estrategia de Alberto parece inclinarse hacia un multilateralismo hiper condicionado por las cláusulas del acuerdo firmado recientemente. Mientras que haya este nivel de tensiones internacionales, siempre habrá márgenes para avanzar en una ruta de soberanía y justicia.
A su vez el cuerpo principal de la fuerza social nacional y popular ha demostrado, a través de movilizaciones de calle, tener un programa y consignas claras para defender los intereses de los sectores populares frente a la estrategia del poder concentrado financiero, judicial y mediático.
La difícil reducción del déficit primario en tres años, la sobretasa del préstamo que no fue anulada por el Fondo y que obliga a pagar la parte más odiosa de toda la deuda contraída por Macri, y la tasa de interés real positiva que se le exige al país (sin recurrir al financiamiento vía Banco Central) son puntos muy delicados de un acuerdo que no garantiza, por sí mismo, márgenes de autonomía para nuestro gobierno y justicia para nuestro pueblo. Es decir, vuelve a estar sobre la mesa una consigna histórica de los pueblos latinoamericanos: Patria o FMI.
Argentina, dos fuerzas en disputa
La prensa de Argentina instaló la idea de “la grieta” para explicar, siempre en favor de sus propios intereses, el enfrentamiento de intereses que atraviesa el país. En el libro “Más allá de los Monstruos”, publicado en junio de 2019, afirmamos que “en Argentina se encuentran potencialmente constituidas dos Fuerzas Sociales con vanguardias políticas-organizativas medianamente diferenciables, capacidad de movilización, programa político, e intereses contrapuestos”.
Esas Fuerzas, constituidas desde el alineamiento de actores que se visualiza a través del seguimiento del conflicto social, se han mantenido prácticamente inalteradas desde diciembre de 2017, cuando la reforma al mundo del trabajo que impulsaba el macrismo fueron derrotadas políticamente por un fuerte, masivo y heterogéneo movimiento de protesta conformó a un bloque unificado de oposición política que sería sintetizado institucionalmente en el Frente de Todes. Lo que sí cambió, por supuesto, fue el lugar en las posiciones institucionales, con el triunfo electoral de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Una de las Fuerzas, a la que podríamos denominar Nacional y Popular, sintetizada en el Frente de Todes, se personifica en los principales actores del kirchnerismo y el albertismo, con toda su heterogeneidad de identidades y posiciones. Su activismo principal se encuentra en las organizaciones populares sindicales, sociales y feministas, y ensaya alianzas con sectores económicos variados, como la Mesa Pyme (integrada al variado movimiento popular) y a actores económicos de peso, con los que, en muchos casos, construye alianzas tácticas coyunturales débiles, como es el caso del Consejo AgroIndustria Argentino (CAA), conducido por las Bolsas de Cereales y la fracción minoritaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), representada en Eduardo Acevedo (Aceitera General Deheza).
La otra Fuerza, definible como Neoliberal y Antipopular, es representada en la política institucional por la Coalición Juntos, bajo conducción absoluta del partido macrista Propuesta Republicana (PRO), en alianza con otros partidos como el conservador Unión Cívica Radical (UCR) y la Acción por la República (ARI, de Elisa Carrió). La misma ha trazado una alianza estratégica con la poderosa Asociación Empresaria Argentina, expresión del empresariado “local” con fuertes conexiones al gran capital transnacional de origen angloamericano, cuya conducción está en manos del Grupo Clarín (Héctor Magnetto, multimedios), Techint (Paolo Rocca, siderurgia), Mercado Libre (Marcos Galperín, comercio electrónico), Cristiano Ratazzi (FIAT Argentina, automotriz), Arcor (Luis Pagani, alimentos) y Pan American Energy (Alejandro Bulgheroni, energía), entre otros.
También tiene el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias, el sector mayoritario de la UIA, representada en su actual presidente Daniel Funes de Rioja, y del Foro de Convergencia Empresarial, que básicamente es la articulación de AEA con la Asociación de Bancos de la Argentina – ABA, que nuclea los Bancos Privados Extranjeros (Santander, HSBC, BBVA, ICBC, JP Morgan, Itaú, Patagonia, entre otros), las Cámaras Nacionales de distintos sectores (de la construcción, la industria, el agro, la minería, la hotelería, las comunicaciones e informática, entre otros), y de Comercio de distintos países en Argentina (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Brasil, Chile), y una serie de think tanks como la Fundaciones Mediterránea (desde donde surgió Domingo Cavallo), Libertad (capítulo argentino de la red internacional neoconservadora ATLAS) y la DAIA-AMIA (Asociaciones Israelitas de Argentina). En síntesis, está articulada a las principales personificaciones visibles del poder fáctico. Su activismo principal se encuentra en las fracciones medias acomodadas, radicalizadas y movilizadas a través de medios de comunicación y redes sociales.
La clasificación no es estática, sino analítica. El conflicto social hace que el movimiento de los actores sea mucho más dinámico y complejo. Particularmente, los actores institucionales están obligados a redefinir sus posiciones conforme se muevan las correlaciones de fuerzas sociales. Lo presentado se basa, como hemos señalado, en la observación de ejes de conflictos sociales, a partir del seguimiento de hechos significativos, particularmente de los años 2019, 2020 y 2021, y el posicionamiento de los diferentes actores, bajo el principio de enfrentamiento de fuerzas sociales en disputa por imponer su visión al conjunto social.
Desde esta perspectiva, también se pueden explicar “los matices” de la coalición de gobierno. En tal sentido, pareciera, que la línea de intereses estratégicos dominantes en el gobierno argentino promueve un alineamiento de nuestro país a la alianza estratégica que el Vaticano (como actor político, pero también económico) tiene con la actual administración de la Casa Blanca del católico Joe Biden, hegemonizada por el proyecto estratégico globalista del capital de origen angloamericano.
A riesgo de pecar de esquemáticos, la línea estratégica que promueve dicho alineamiento involucra las actuaciones del Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, del Canciller, Santiago Cafiero, y del Ministro de Economía, Martín Guzmán. En la misma sintonía, aparece el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y, sin ser lo mismo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros varios ministros y secretarios de Estado. La base social que le presta apoyo tiene al sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) identificado con dos de los miembros de su triunvirato, Héctor Daer y Carlos Acuña, y el Movimiento Evita, la fuerza principal de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La otra línea de intereses estratégicos aparece representada en Cristina Fernández y el núcleo kirchnerista del gobierno. El mismo apuesta por la rearticulación de un bloque general de poder a través del sostenimiento de la CELAC y la reactivación de la UNASUR, siempre en un entendimiento más decidido con China y Rusia.
Dicha línea controla el grueso del poder legislativo del Frente de Todes y, a través del gobernador Axel Kicillof, a la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito económico y político del país. La fuerza social que le presta apoyo tiene al sector identificado con Pablo Moyano dentro triunvirato de la CGT, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), al Frente Patria Grande (Juan Grabois) de la UTEP y a la denominada “fuerza propia” de La Cámpora (Máximo Kirchner) y demás actores de “Unidad Ciudadana”.
La compleja y dinámica alianza de sectores que componen el Frente de Todes se explica, centralmente, en la fuerza económica, social y política que se requería acumular para enfrentar y vencer al macrismo y su programa de gobierno alineado centralmente a los actores neoconservadores del capitalismo angloamericano, que controla numerosas cadenas de valor de la economía latinoamericana, sean lícitas o no (como el Narcotráfico).
Los actores neoconservadores, representados en la Administración Trump de la Casa Blanca, controlaron el FMI bajo la gestión de Christine Lagarde, la Directora que otorgó, incluso contra los estatutos del Fondo, el crédito al gobierno de Cambiemos. Vale decir, además, que el proyecto estratégico neoconservador aún sostiene protagonismo en el manejo del dólar a través de la Reserva Federal bajo la presidencia de Jerome Powell, elegido por Trump y validado el pasado mes de noviembre por Biden para seguir al frente de dicho organismo por cuatro años más, señalando las debilidades que tiene la actual conducción demócrata. Los neoconservadores también tienen asiento en la Secretaría del Tesoro (ministerio de economía), donde el segundo de la secretaria Janet Yellen, el “halcón” David Lipton, “es el delegado de la economista en el manejo de la agenda internacional del Tesoro y quien, en su rol como número dos de Christine Lagarde en el FMI, negoció el préstamo de US$44 mil millones tomado por la gestión de Mauricio Macri” (diario La Nación, 9/01/2022).
Algunas reflexiones para el debate.
El 28 de enero, Alberto Fernández y Martín Guzmán anunciaban el acuerdo alcanzado con el FMI y un día después, el 29 de enero, el gobierno debía realizar un pago por más de U$S700 millones. En este contexto, días antes, la vicepresidenta concretaba una visita a Honduras en el marco de la asunción de la nueva presidenta, y nos recordaba que “los pueblos siempre vuelven”.
Y a pesar de que hay claros responsables de que Argentina acuerde con el Fondo “con la soga al cuello o la espada de Damocles”, como expresó el presidente, en la agenda pública de los medios hegemónicos se repitió al infinito la noticia de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Bloque del Frente de Todes en la Cámara de Diputados, cuestionando su “falta de respeto a las instituciones”, o de su desacierto en este “momento complicado” para el país (Diario El Cronista, 28/12/2021).
La cuestión es que el acuerdo está firmado y, más allá de no conocer aún toda la “letra chica”, o de las promesas de que no va a haber ajuste para el bolsillo de los y las trabajadoras, lo cierto es que el rumbo que vienen demostrando las decisiones de quienes encabezaron las negociaciones, no parecieran terminar de ir en dicho sentido. Al cierre de 2021, la actividad económica creció 10%, mientras se sostiene el “otro riesgo país”: el 65% de los chicos del país -según un informe de la Universidad Católica Argentina- vive en la pobreza (Diario Perfil, 7/12/2021).
La historia demuestra que nunca nos ha ido bien con las recetas del FMI. El acuerdo alcanzado, inclusive, prevé que el organismo va a venir a auditar la política que lleve adelante el Ejecutivo Nacional cada 3 meses. Para muestras, basta un botón: en estos días, el Comisario General de la Policía Federal Argentina recibió a un representante del FMI. Por supuesto, ya sabemos lo qué pasa cuando no dejamos conforme a su staff. Las represiones de diciembre de 2001 todavía están en la memoria colectiva de nuestro Pueblo.
Con la estrategia de negociación con el Fondo, se ha retrocedido en la pulseada de sostener la exigencia de que se denuncie y se trate a la deuda como lo que es: una acción ilegal de saqueo nacional, completa y probadamente ilegítima que las mayorías sociales no tienen porqué pagar, dadas sus marcadas violaciones constitucionales ( en Argentina) y estatutarias (del FMI), entre otras numerosas irregularidades.
Como también señaló Cristina Fernandez, muchos sectores del campo nacional y popular se mantuvieron escépticos cuando Néstor Kirchner reestructuró la deuda en 2005. Hasta podemos decir, cuando ella lo hizo con los tenedores privados de la deuda pública en 2010. El escepticismo duró hasta que los hechos en la política demostraron que la estrategia consistió en sacarse de encima al FMI, para así inaugurar una época de crecimiento político y económico con inclusión social para las mayorías, en el marco de un proyecto de desarrollo productivo nacional y soberano, la llamada “década ganada” de los Pueblos de la Patria Grande.
Claro, hoy la situación no es la misma, ya que en lugar de pagar para escapar de la injerencia del Fondo, el organismo nos está prestando U$S 45.000 millones para garantizar que se le pague los U$S 45.000 millones que le prestó a Macri, en el marco de una estafa llamada Valorización FInanciera, para beneficio de actores oligopólicos locales (como Vicentin) y transnacionales (como BlackRock).
Las críticas livianas desde los sectores opositores, con el único fin de cubrir a los responsables del delito de la fuga de capitales, ya las conocemos. Las críticas dentro de nuestras propias filas deben apuntar a tensionar para que el ajuste deje de hacerse sobre los bolsillos de los y las que trabajan. En ese sentido, vale decir que las tensiones al interior del bloque de Todes expresan eso.
Resulta fundamental en este sentido propiciar el debate profundo entre las mayorías del pueblo argentino, poner a disposición las herramientas necesarias para construir salidas a la crisis, involucrando las voces de la patria trabajadora, de las mujeres, las organizaciones sociales, les jóvenes en todas sus expresiones políticas. La construcción de organización y conciencia popular para la construcción de un proyecto de dignidad y de patria soberana.
El gobierno tiene la oportunidad de demostrar ahora que el crecimiento “se lo llevan unos cuatro vivos”, o se refleja en el bienestar del pueblo trabajador, nuestres niñes y jubilades. Es lo que Cristina y Máximo Kirchner vienen exigiendo, en representación de una fuerza social que históricamente se articuló para lograr cambios estructurales en el país. Lo que apremia es el hambre. El país necesita un viraje hacia el proyecto popular que fue elegido por las mayorías, quienes se organizaron para poner al Frente de Todes en el gobierno en 2019. Lo que sigue estando en juego es bien simple: Patria o FMI.
* Licenciado en Ciencia Política (UNRC), estudiante de la Especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa), analista argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
