El gobierno del Frente de Todes ante el endeudamiento – Por Paula Gimenez y Matias Caciabue

Paula Gimenez* y Matias Caciabue**

Tras el triunfo electoral del Frente de Todes en las presidenciales de 2019, la primera gran decisión del gobierno fue la suspensión del último giro del préstamo del FMI. La deuda quedó valuada en 44 mil millones de dólares. El nuevo gobierno tenía plena conciencia de que el nudo de los problemas económicos heredados por la implementación del ciclo macrista de valorización financiera estaba en el feroz endeudamiento con dos grandes frentes:

a- con los tenedores privados de títulos de deuda pública del país.

b- con el FMI, que operó como un garante de la fuga de capitales especulativos.

En agosto de 2020, en el marco de la crisis de la Pandemia Mundial del Covid-19, el ministro de economía Martín Guzmán cerró una negociación con los tenedores privados de la deuda pública argentina, pagando con una sustancial quita de unos U$S45 por cada U$S100 de deuda nominal. Para tal negociación, el FMI ofició de garante.

Desde allí en adelante, es difícil eludir que las grandes decisiones de política económica del Palacio de Hacienda no hayan sido realizadas en un entendimiento con el Fondo o, al menos, con su conocimiento. Así sucedió con las jubilaciones en diciembre de 2019, a las semanas de la asunción de Alberto Fernández. Se suspendió la fórmula regresiva impuesta por Macri para dar aumentos discrecionales hasta tener una nueva fórmula. Esto se concretó a comienzos de 2021 y determinó que la jubilación mínima perdiera frente a la inflación, con el fin de la política de asistencia a la Pandemia en noviembre de 2020 y con el rescate de YPF vía aumento de combustibles, una medida que impacta en toda la estructura de precios de la economía y, por tanto, en la inflación.

Las negociaciones con el Fondo no venían sencillas. La directora del organismo, la economista búlgara alineada a la estrategia globalista, Kristalina Giorgieva, se veía fuertemente condicionada por su número dos, el norteamericano de origen japonés, Geoffrey Okamoto, un neoconservador designado por Trump en el organismo. Okamoto impulsó un boicot sistemático a las negociaciones con Argentina, que siempre pretendió -y aún pretende- un acuerdo heterodoxo.

En abril de 2021, Okamoto declaró que “la próxima emisión de `Derechos Especiales de Giro´ (DEG, la `moneda de cuenta´ del Fondo, resultante de una canasta integrada por el dólar, el yen, el yuan, el euro y la libra esterlina) es para `adecuar las reservas´ de los países socios del organismo, no para suplantar programas específicos de crédito en apoyo de reformas estructurales´. Tampoco son -agregó- `para evitar una necesaria reestructuración de deuda´ que tengan los países con acreedores privados” (Portal Infobae, 10/04/2021). Okamoto, jugando en línea con la estrategia neoconservadora, intentaba que Argentina acepte el recetario neoliberal clásico que el Fondo siempre promueve.

Por su parte, el torniquete de la facción neoconservadora angloamericana no terminó en Okamoto. El segundo de la Secretaría del Tesoro (ministerio de economía) de Joe Biden, es David Lipton, quien fuera el número dos de Christine Lagarde cuando otorgaron el crédito a Macri. La representación de los Estados Unidos en la mesa del organismo, donde cuenta con el casi el 17% de los votos, en las manos de Lipton, fue la única en votar en contra del Informe que el propio Directorio del FMI realizó como evaluación del préstamo que el propio organismo hizo a Argentina y que, a las claras, violó sus propios estatutos.

“A pesar de la clara comprensión de las experiencias anteriores, y en ausencia de alternativas de política (reconfiguración de la deuda y MFC), el programa terminó con una postura de política procíclica, posiblemente empeorando la fuga de capitales en lugar de impulsar la confianza”, señaló el directorio del FMI en su evaluación del crédito otorgado a Argentina. (23/12/2021. Agencia TELAM)

Lipton, para justificar su voto en representación del gobierno norteamericano, “defendió la legalidad `absoluta´ del paquete de ayuda al país; mencionando que avanzó en 2018 y 2019 dentro de los conductos del FMI, con todas las legalidades necesarias. Y que, si bien se trató de un programa, obviamente, fallido, esto se debió exclusivamente a las cuestiones internas de Argentina y no a las fallas en el diseño y aprobación del préstamo” (Ámbito FInanciero, 7/01/2022).

Estos eran los contornos de la dura negociación que tenía el gobierno por delante hacia fines del año pasado. De hecho, la presión neoconservadora sobre la Argentina fue lo que el propio presidente Alberto Fernández intentó aflojar en una reunión con Georgieva en el marco del encuentro del G20 en Roma en octubre de 2021.

La magnitud de la deuda argentina, que absorbió por sí sóla el 60% de la cartera de préstamos del FMI, no resulta un tema menor para la propia supervivencia del organismo en una nueva situación internacional con el ascenso financiero de China a nivel global. En tal sentido, no resulta descabellado pensar que la actual administración de la Casa Blanca haya maniobrado, en los últimos meses, “en favor” de la Argentina, sabiendo que un “no entendimiento” con la tercera economía latinoamericana puede repercutir negativamente en el conjunto de su “patrio trasero”.

Entendemos que allí está el marco de justificación para que Joe Biden reclamara, a inicios de diciembre de 2021, la renuncia del neoconservador Okamoto como número dos del FMI, cargo tácitamente reservado para los Estados Unidos en el directorio del organismo, para imponer la designación de la economista indú-americana, Gita Gopinath, una globalista que goza de la confianza de la secretaría del tesoro norteamericana Janet Yellen.

Georgieva afirmó que: “la pandemia ha llevado a un aumento en la escala y el alcance de los desafíos macroeconómicos que enfrentan nuestros países miembros, creo que Gita, universalmente reconocida como una de las principales macroeconomistas del mundo, tiene precisamente la experiencia que necesitamos”. La directora del organismo afirmó que le “entristece ver que Geoffrey se va, pero, al mismo tiempo, me complace que Gita haya decidido quedarse y aceptar la nueva responsabilidad de ser nuestra FDMD [subdirectora]» (Diario Ámbito, 2/12/2021).

El gobierno argentino rápidamente visualizó la oportunidad que brindaba el cambio en el Directorio del FMI, que explicita el cambio en las correlaciones de fuerzas hacia el interior de los Estados Unidos. La confirmación definitiva llegaría a través de la gira que a mediados de enero realizó el ministro de relaciones exteriores, Santiago Cafiero, que obtuvo la confirmación de que el “ala política” de Joe Biden, representada en su Secretario de Estado (canciller) Antony Blinken, respalda la firma del acuerdo.

Pero, más allá de las oportunidades, el presidente Fernández observó las amenazas. La debilidad que infligió la derrota electoral de medio término en noviembre de 2021, la extorsiva corrida cambiaria abierta en enero, la brecha superior al 100% entre el dólar oficial y el ilegal, y la alarma encendida por el retiro de depósitos en dólares de los bancos, que oscilaba entre U$S 300 y U$S500 millones en los primeros 20 días del año, aceleró los tiempos del acuerdo.

La “letra chica” de un acuerdo que inquieta

Todos los detalles que se saben del acuerdo parten del anuncio realizado por el Ministro de Economía Martín Guzmán. El mismo, prevé un esquema de trabajo para los próximos 2 años y medio, pero se extendería por los próximos 10 años.

Se negoció un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior, de alrededor de 44.500 millones de dólares. Los desembolsos van a venir con revisiones, además de un monitoreo trimestral. Este nuevo préstamo del Fondo permitirá realizar los pagos del programa acordado por el macrismo, el remanente se utilizará para ir acumulando reservas.

Por el momento, no hay quitas de capital ni de interés, incluida la polémica sobretasa. Esto otorga un manto de impunidad a dos puntas: a las por entonces autoridades del FMI y a los principales cuadros del gobierno macrista. Sin dudas, y al menos para un sector del gobierno, la aceptación de este acuerdo no fue realizada en absoluta libertad. El contexto de la derrota electoral de medio término, los niveles de extorsión internacional y mediática-parlamentaria-judicial local, y la puesta en marcha de un golpe de mercado con una quita sistemática de depósitos bancarios en dólares desde inicios de año, podrían considerarse factores influyentes.

Si bien es cierto que se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el FMI con el compromiso de resguardar la continuidad de la recuperación económica, luego de la crisis -causada por las dos pandemias: la macrista y la del Covid- con un “incremento moderado del gasto”, hay una serie de definiciones que, sin caer en ideologismos, preocupan.

Probablemente sean estos los que generan las desavenencias hacia el interior de la coalición de gobierno y determinaron la maniobra que realizó Máximo Kirchner al renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Sin “romper”, la decisión se limita sólo a “marcar distancia” del camino emprendido para desatar el nudo gordiano de la deuda, con prioridad en la negociación emprendida con la línea de funcionarios e intereses del globalismo angloamericano.

Hay que tener en cuenta que todavía los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI están en pleno proceso de escritura. Acordada la letra definitiva, ese documento deberá ser aprobado por el Congreso argentino y el board del Fondo. A nuestro análisis, la “letra chica” que más preocupa está en los siguientes puntos que pasamos a detallar:

1) Déficit fiscal

El acuerdo prevé una reducción progresiva del déficit fiscal. Se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI para el año 2022, 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024.

Si bien es cierto que es un objetivo loable en materia de política económica, una reducción del déficit de este nivel y velocidad, para la situación de la Argentina actual, implica centrar la mirada en las importaciones y en seguir conteniendo el ingreso al país de bienes de capital necesarios para una reactivación del crecimiento industrial, la generación empleos de calidad y la promoción de una redistribución del ingreso positiva entre Trabajo y Capital.

Del lado exportador, la cosa está aún más difícil. La reprimarización de la economía fue una premisa del programa económico del macrismo, quienes públicamente hablaban del «Modelo Australia», es decir, una economía agraria de alto valor agregado para el mercado de consumo del norte global. La cumplieron, como era de prever, a medias, acentuando la dependencia de la exportación a granel de cereales y oleaginosas. Además, paralizaron el Mercosur y los acuerdos con terceros países en los que Argentina había logrado colocar bienes de consumo y de capital (maquinaria agrícola, industria del software) de origen industrial.

En síntesis, priorizar la reducción del déficit implica poner una traba al despliegue del propio crecimiento económico que se necesita para quebrar la inercia de una economía que puede funcionar con el 40% de pobreza y un desempleo de dos dígitos.

Como un “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, el déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó los 2,77 billones de dólares durante el año fiscal 2021, que acabó el pasado 30 de septiembre, el segundo mayor de la historia del país. Esa cifra supone una mejora respecto a los números del 2020, cuando el país batió el récord de 3,13 billones de dólares de déficit presupuestario. “Como parte de la economía en conjunto, el déficit en 2021 supuso el 12,4% del producto interior bruto (PIB), por debajo del 15% del año fiscal 2020” (Agencia EFE, 22/10/2021). Sólo el entendimiento de las ecuaciones de poder mundial puede explicar esta exigencia del FMI con la Argentina.

2) Tasa de interés real local positiva con restricción al financiamiento monetario vía BCRA

Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto; en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 y poder converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.

Es decir, el FMI nos pide aplicar el dogma neoliberal de la «autonomía” del Banco Central. Autonomía del Gobierno, subordinación al gran capital transnacional.

El objetivo es tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos. Tal definición va a, necesariamente, encarecer el acceso al crédito productivo de la banca comercial, incluido el que otorga el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, por lejos los grandes promotores del financiamiento de Pymes agrarias e industriales.

Todo esto, en un país donde vastos sectores de la burguesía y la pequeña burguesía se han acostumbrado a parasitar en los ciclos de Valorización Financiera una tasa de interés real positiva, que aún sin que se monte el carry trade (o bicicleta), rápidamente se aleja de toda inversión productiva.

De conjunto, tal decisión puede espiralizar y alimentar la inflación, la variable con la que las fracciones oligopólicas, centralmente del comercio y la producción de alimentos, operan para captar ingresos de los sectores asalariados, en concordancia con objetivos transnacionales para nuestra economía, que buscan ganancias extraordinarias a costa de un “costo laboral” que no podrían tener en el norte global.

El aumento de la tasa agiganta la bola de nieve de las LELIQ´s. El analista Diego Genoud, recuperando datos de la consultora Econviews, afirma que “los intereses aumentaron $1,35 billones (2,9% del PBI) durante 2021 y llegaron al 8,8% del PBI”. Desarmar esa bomba del ciclo de valorización financiera parece una tarea imposible con estos márgenes de ajuste en la emisión monetaria que Guzmán acordó con el Fondo (1% este año y 0,6% del PBI en 2023).

3) Nuevo financiamiento sin discusión de la estafa macrista y sin eliminación de las sobretasas

Se ha negociado un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior. Es decir, alrededor de 44.500 millones de dólares.

Por el acuerdo suscripto en 2018, Argentina debe pagar U$S1.000 millones de sobretasa por año. Esa multa, odiosa y costosa, se debe a la decisión política de Macri de aceptar un Stand-By por U$S57.000 millones, que excede en un 1.300% la cuota societal que el país tiene como integrante del FMI, que se ubica en torno al 0,67% de las acciones del organismo. En otras palabras, las y los 44 millones de argentinas y argentinos debemos pagar el 100% de la estafa que el macrismo nos impuso en complicidad al FMI y la Casa Blanca.

Sin dudas, Máximo Kirchner, en su nota de renuncia como jefe del bloque oficialista en Diputados, tuvo en cuenta este punto al señalar -con justeza- que no aspira “a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional”.

El presidente Alberto Fernández trató el tema con Georgieva en la reunión del G20 realizada el pasado mes de octubre en Italia. En las declaraciones que Fernández realizó el lunes 31 de enero, tras la renuncia de Máximo Kirchner, en los estudios de la señal televisiva C5N, ante una pregunta de Gustavo Sylvestre, indicó que “eso se va a tratar en marzo, según me dijo Kristalina Georgieva. Si eso se aprueba, va a beneficiar a la Argentina. Nosotros seguimos insistiendo que esa sobretasa no debe ser cobrada” (Entrevista exclusiva al presidente Fernández, C5N, 31/01/2022).

Sin embargo, lo indicado por el presidente parece poco probable, si queda fuera del memorándum que votará el Congreso argentino y el board del organismo. De hecho, el pasado 17 de diciembre el FMI emitió un comunicado sobre el debate celebrado en una reunión de directorio sobre los recursos del organismo, dentro de los que se encuentran los sobrecargos sobre el financiamiento.

En dicho comunicado se indica que algunos directores “estaban abiertos a explorar el alivio de recargos temporales para ayudar a los miembros prestatarios a liberar recursos para abordar los desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia”, mientras que otros “no vieron la necesidad de revisar las políticas sobre recargos o cambiar su diseño en esta etapa, dado el bajo costo total general de los préstamos del Fondo y señalaron el papel fundamental de los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo”. Finalmente, “la mayoría de los demás directores expresaron su disposición a una revisión más holística y en el momento apropiado de las políticas de recargos en el contexto del modelo de ingresos del Fondo y las perspectivas financieras generales” (Diario El Cronista, 17/12/2021).

En síntesis, el directorio del Fondo trató el tema a demanda de Argentina y el G20, pero no pareciera muy dispuesto a cuestionarlo, y ni siquiera la crisis sanitaria y económica generada por la Pandemia del Covid-19 es un argumento de peso para revisar, repetimos, “el papel fundamental que juegan los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo”. Si, se puede afirmar: Para el FMI vale más la usura que la salud de la humanidad.

Más allá del acuerdo, ¿quién paga la deuda?

Por fuera de la polémica abierta ante esos tres puntos específicos, hay que reconocer que -para bien o para mal- el acuerdo con el Fondo es una validación general de la política económica de Alberto Fernández. La misma acepta y promueve los mecanismos de acuerdos y controles de precios para atacar la inflación, y el sostenimiento de las restricciones sobre el mercado de divisas, algo que perjudica a la sociedad pero que, al menos, impide que la fuga sistemática que impuso el macrismo continúe bloqueada.

En ese sentido, el gobierno argentino, a partir del anuncio del 28 de enero, trabajará en fortalecer la administración tributaria, atacando los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento agropecuario, el de mayor contribución a la economía nacional. También se intentará disponer de mejores medidas para atacar el lavado de dinero.

El problema es grave y conocido. Según el economista Alfredo Zaiat, en 2017 “la estimación de transferencias de utilidades de multinacionales que operan en el país a guaridas fiscales fue de unos 3200 millones de dólares, que implicó una pérdida de recaudación equivalente a 1125 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial (100 pesos por unidad [de julio de 2021]), esta evasión/elusión impositiva suma 112.500 millones de pesos, poco más de un tercio de los recursos obtenidos por el Aporte Extraordinario de las grandes fortunas” (Diario Página 12, 4 de julio de 2021).

Para el cumplimiento del objetivo de golpear sobre evasores y fugadores, resultará muy importante el accionar que realice la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, presidida por el senador José Mayans y hegemonizada por el núcleo parlamentario kirchnerista que cuenta con, al menos 40 Diputados y 9 Senadores. Entre los integrantes de esa Comisión, donde participa también la oposición, aparecen los nombres de Itaí Hagman, Rodolfo Tailhade, José Luis Gioja y Oscar Parrilli, todos con vínculos estrechos con Cristina Fernández. En la prensa ya ha trascendido que se está trabajando en base a un pormenorizado informe realizado por el Banco Central titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.

Al respecto, el analista Jairo Straccia, en un artículo de Diario con vos, señaló que el Banco Central giró un material confidencial a esa Comisión Bicameral, que cuenta con la información oficial de las principales personas físicas y jurídicas que compraron (y fugaron) divisas del país durante el ciclo macrista. Straccia señaló que “los 100 que más divisas compraron en esos cuatro años se llevaron US$ 24.679 millones, más de la mitad de los US$ 44.500 millones que el FMI terminó girando cuando se cortó el crédito internacional tras dos años de una fiesta de deuda y liberalización del flujo de capitales financieros”.

Según el mismo analista, “con la lista de compradores en su poder y la intervención de la AFIP, la vicepresidenta sueña con empezar a darle cuerpo a aquella frase del 10 de diciembre […] `Presidente, comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que la fugaron, que se la llevaron para no pagar impuestos. Que sea un puente de negociaciones´”. (Portal Diario con Vos, 6/02/2022).

Otro frente a atacar es el de los negocios que el macrismo dejó anudados para todos los sectores que conformaron y conforman la alianza de clases que sostuvo y sostiene su proyecto político. Tal es el caso de Techint, protagonista en las definiciones de la opositora Asociación Empresaria Argentina (AEA). Sobre esto, el periodista Roberto Navarro señala que el Gobierno ya acordó con el grupo monopólico de la siderurgia reducir drásticamente el subsidio de Macri que, tomando los valores de 2021, implicaría un ahorro para el Estado de 498 millones de dólares, nada menos que el 0,25% del PBI. “Techint paga la cuenta de la mitad del ajuste acordado” para 2022, del 2,3% planteado en el Presupuesto que no se aprobó al 1,7% que se negoció con el Fondo en relación a la baja de subsidios.

El periodista indica también que “la empresa acepta la rebaja sin judicializar el tema porque a la vez va a vender los tubos sin costura para la construcción del gasoducto que irá de Vaca Muerta a Buenos Aires y de ahí a Santa Fe. Ese fue el acuerdo. Solo con la construcción del primer tramo, que es posible realizar en poco más de un año, se pueden transportar 20 millones de BTU diarios, cubrir el 20% del consumo local y reemplazar buena parte del gas importado actual. El ahorro en divisas al reemplazar ese gas importado sería 0,5% del PBI. Pero aún no se realizó la licitación. No hay fecha de realización ni responsable del retraso. ¿Energía? ¿Industria? ¿Jefatura de Gabinete? ¿Un poco cada uno?” (Portal El Destape, 5/02/2022).

En materia geopolítica, el trazado de otra inserción de Argentina en la economía mundial resulta una tarea de primer orden. Las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández en Rusia, en el marco de su reunión bilateral con Vladimir Putin, señaló que “tenemos que ver el modo en que Argentina se convierta en una puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido”, para luego agregar que “en el 2015 llegó un gobierno que otra vez volcó su mirada en EEUU y fue el que nos generó la deuda pesadísima que tenemos. Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande con el Fondo y EEUU”.

En China, el Presidente Alberto Fernández trazó una serie de maniobras disruptivas con el torniquete geopolítico que el capital angloamericano y la Casa Blanca imponen a través de la deuda odiosa con el FMI. Fernández anunció una serie de inversiones de alto impacto de China en Argentina por más de 23 mil millones de dólares, se firmó el ingreso del país al proyecto económico-estratégico chino de la “Nueva Ruta de la Seda” y, luego de la cumbre con Xi Jinping, visitó las instalaciones de Huawei, la nave insignia de la aristocracia financiera y tecnológica del gigante asiático.

Por supuesto, las reacciones articuladas de la prensa y la oposición política de Juntos no tardaron en llegar. El excanciller de Macri, Jorge Furie, sin pelos en la lengua declaró que el gobierno que integró trabajó “decididamente” para que Argentina no ingrese a la “Nueva Ruta de la Seda”. En la gran prensa, Infobae, un portal reconocido por sus vínculos con la Embajada norteamericana y con actores neoconservadores de la burguesía maiamera latino-estadounidense tituló que “Tras su reunión con Xi Jinping, Alberto Fernández cerró su gira por China con una visita a la cuestionada empresa Huawei” (Infobae, 6/02/2022).

La estrategia del gobierno de Alberto Fernández deja observar una estrategia multilateral con clara influencia neoconservadora, para resolver sus principales problemas de gestión: financiamiento y vacunas. Un equilibrio para no quedar afuera del financiamiento internacional, que sería la estrategia perfecta, a no ser por un detalle: el pueblo argentino sigue sufriendo. Escribimos desde la esperanza. Pero también estamos claros en que la redistribución de la riqueza no se consigue solamente gobernando.

Para dar cuerpo a esa disputa x la riqueza, la fuerza social popular, nacional y democrática – que hizo síntesis al calor de los 12 años de épica kirchnerista- tiene un programa político claro: independencia económica, soberanía política, justicia social. Esta fuerza  recupera territorio, se capilariza en la calle, en el barro, desde la sororidad y el compromiso con la justicia social. La fuerza social que resistió y derrotó al macrismo, la que se moviliza socialmente, que participa políticamente, que se organiza, que teje redes. Esa fuerza sigue viva.

Pero en un mundo tan lleno de contradicciones de escala global, los sectores concentrados ganan poder e influencia, tejen sus redes corporativas con actores de la oligarquía local, de un lado y del otro del gobierno. La fuerza nacional popular y democrática no cuenta con mayoría propia. Y para imponer su programa necesita de la unidad. John William Cooke decía: “la unidad exige un claro propósito y una estrategia común variada en su aplicación, pero no aguada por malabarismos palabreros.”

* Psicóloga. Mg. en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

** Licenciado en Ciencia Política (UNRC), Especializando en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa). Analista argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)