Aborto en la región: avanza el debate en el Congreso ecuatoriano y la Corte colombiana vuelve a aplazar la definición
Ecuador | La Asamblea clausuró el segundo debate de la ley del aborto por violación sin consensos
Por Roger Vélez
Entre criterios divididos sobre el informe de mayoría de la Comisión de Justicia, críticas a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y hasta alusiones a la Biblia, la Asamblea avanzó en el segundo y definitivo debate del proyecto de ley para garantizar el aborto en caso de violación, este jueves 3 de febrero de 2022.
En medio de la jornada, la ponente del texto, Johana Moreira (ID), presentó una moción para que, cuando acabe la discusión, el Pleno vote por separado el art. 19 del proyecto, que tiene que ver con la temporalidad, frente a la división de criterios en los bloques legislativos. La sesión se instaló a las 10:20.
El debate fue clausurado a las 18:30 luego de la intervención de 52 legisladores. La ponente del informe pidió un plazo de ocho días para presentar un texto para la votación.
Cuando Moreira presentó la propuesta ya habían intervenido 14 asambleístas de distintas bancadas y apenas tres a favor de aprobar el informe, donde se establecieron como plazos para la interrupción del embarazo: 22 semanas de gestación para niñas y 20 para mayores de 18 años.
La tónica fue la misma que se tuvo en el primer debate sobre los nudos críticos del proyecto, que además de la temporalidad para el procedimiento abarca los requisitos y la objeción de conciencia de los médicos.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), dejó en manos del vicepresidente la conducción de la sesión y se marchó. A las afueras de la sede del Parlamento se concentraron grupos a favor y en contra del texto. Los partidos dejaron en libertad a los parlamentarios para que decidan.
Divergencias
Desde Pachakutik hubo voces como la de Ricardo Vanegas, que llamaron al archivo del texto de mayoría de la Comisión de Justicia. “Es una trampa pretender votar por bloques este proyecto de ley, nosotros tenemos que ir a votar por negarlo y tenemos que pedir el archivo”, dijo.
Sin embargo, Sofía Sánchez, otra legisladora del movimiento indígena, pidió al Pleno encontrar “un término medio” para los plazos, y así reunir los 70 votos que se requieren para aprobar este cuerpo legal.
La legisladora adujo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el aborto es seguro hasta las 20 semanas de gestación. Rafael Lucero, el jefe de la bancada, no intervino.
“A mí no me consideren en el ‘regateo’ de plazos. Yo no cuento con la decisión de decir cuándo va a terminarse la vida de un ser humano”, reaccionó Esteban Torres, jebe del bloque del PSC, al anticipar que votará en contra del proyecto.
En la Izquierda Democrática y el correísmo, las diferencias de criterios entre sus legisladores fueron más evidentes que en el PSC y el oficialismo, críticos con la propuesta.
Mientras la jefa de bloque de UNES, Paola Cabezas, y otras de sus coidearias como Esther Cuesta y Jahaira Urresta, llamaron a que la Asamblea aprobara este texto, otras como Sofía Espín o Luisa González pusieron sus reparos.
Cabezas cree que el texto debe ser ajustado. “Considero que establecer un plazo para el ejercicio de este derecho, en el caso de niñas, es un error. Y digo que es un error porque no podemos emplazar a una niña a que decida ser madre o no. Que les quede claro: las niñas no son madres”.
La legisladora consideró que en el proyecto “se debió pensar en una diferenciación entre niñas hasta 14 años, niñas entre 14 y 18 años, y mayores de 18 años” para procesar esta ley.
En cambio, Sofía Espín propuso al Pleno aprobar el informe de minoría que presentó con Vanegas, en donde se estipulan plazos más cortos y requisitos. “El informe de mayoría protege bajo confidencialidad toda información sobre el delito, las mujeres necesitamos una protección y reparación, que es que el delincuente sea encarcelado”, añadió González.
Urresta recordó que “organismos internacionales han calificado las leyes que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo como discriminatorias”. Cuesta coincidió con la ponente del proyecto en que “una maternidad impuesta por violación es una forma de tortura”.
Con su atuendo de doctor intervino el presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina (ID). “Yo apoyo la vida, yo no estoy de acuerdo con esta regulación del aborto planteado por el informe de la mayoría”, dijo. El jefe de la bancada no intervino.
Su coidearia Wilma Andrade llamó al Pleno a cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. “Rechazamos la manipulación del debate ya que nadie está promocionando el aborto, nadie está en contra de la vida, nadie propone evitar denuncias penales. Quiero pedirles por un momento que imaginen a una niña perpetrada de manera cruel en su entorno familiar y cercano y que producto de ese crimen queda embarazada”, adujo.
Francisco León (exUNES) y Luis Almeida (PSC) apelaron a la Biblia y dijeron que defienden la vida, mientras la socialcristiana Natalie Viteri habló de los anticonceptivos como una fórmula contra el aborto: “¿o le van a poner, como dicen, cloruro de sodio dentro de la madre para que ahí se muera antes de que nazca a ese bebé?”, increpó. El cloruro de sodio también se lo conoce como sal común o sal de mesa. “El único aborto que debe existir en este Pleno es el de este proyecto de ley”, acotó la asambleísta independiente Vanessa Freire.
Arremetidas contra instituciones
En el Pleno también se evidenció una corriente de legisladores que consideraron que la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones al haber dispuesto que la Asamblea tramite esta ley, después de haber despenalizado el aborto por violación el 28 de abril pasado.
En esa postura estuvieron Geraldine Weber (PSC), César Rohón (expSC), Ferdinand Álvarez (Unes), y el independiente Pedro Velasco (BAN). “A través de una sentencia espuria pretende atribuirse facultades de un poder omnipotente, que nadie puede llamarle a rendir cuentas. Eso tenemos que analizarlo oportunamente”, señaló Velasco.
Además, el socialcristiano Esteban Torres acusó a la Defensoría del Pueblo de haberse dejado influenciar por grupos extremistas a favor del aborto, al haber presentado el proyecto a la Asamblea y que después fue reproducido por la Comisión de Justicia cuyo presidente, Alejandro Jaramillo (ID), no tomó parte en el debate.
La oficialista Nathalie Arias cuestionó que el informe de mayoría de la Comisión de Justicia haya omitido la definición de requisitos para la interrupción del embarazo en caso de violación, a pesar de que Moreira aseguró que la denuncia no recaerá por parte de la víctima, sino que la Fiscalía tendrá que investigar.
Otra vez se aplaza decisión sobre aborto en Colombia
El debate sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional de Colombia volvió a aplazarse después de que llegaran más peticiones de recusación contra el conjuez Juan Carlos Henao, elegido para desempatar la votación, que quedó con cuatro votos a favor y cuatro en contra el pasado 20 de enero.
“Supimos que la Corte aplazó la decisión, pero estamos aquí como (el movimiento) Causa Justa, insistiendo con nuestra demanda, que busca que se elimine el delito de aborto del Código Penal”, aseguró a Efe la vocera de este movimiento feminista, Sandra Mazo, desde las puertas del tribunal.
Hay más de 50 recusaciones en contra de Henao, que fue elegido el pasado 20 de enero para una de las dos demandas de despenalización que estudia la Corte, por lo que pidieron más tiempo para estudiarlas todas y aplazaron la próxima vista hasta la semana que viene, según reportaron medios locales.
Henao es un exmagistrado de la Constitucional conocido por ser del ala liberal y fue ponente de uno de los fallos más históricos de esta Corte: el que afirmaba que las parejas homosexuales constituyen una familia, que abrió la puerta al matrimonio del mismo sexo.
La Corte Constitucional lleva más de 500 días estudiando la demanda de sacar el aborto como delito del Código Penal, en un asunto que se ha venido demorando por peticiones de recusación de los jueces por parte de organizaciones antiabortistas.
De hecho, este jueves, organizaciones antiaborto se reunieron también frente a la sede judicial para pedir que “revoquen al juez Henao, que ha manifestado en varias ocasiones su posición a favor del aborto, esto lo hace un juez completamente parcializado”, en palabras de Andrea Garzón, miembro de Unidos por la Vida Colombia.
El aborto en Colombia solo está permitido en tres causales: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.
Actualmente, la Corte Constitucional estudia dos demandas para sacar el aborto del Código Penal; sin embargo, la decisión se vio dilatada en noviembre cuando, a dos días de que vencieran los plazos para que los magistrados tomaran una decisión, uno de ellos, Alejandro Linares, pidió ser impedido por posible imparcialidad, después de dar una declaraciones a un medio de comunicación y finalmente fue recusado.
“Esperamos que la Corte lo más pronto posible retome la discusión de fondo sobre la demanda y se resuelvan todos estos obstáculos de procedimiento que han dilatado la decisión más de 500 días después de que interpusimos nuestra demanda”, aseguró Mazo.
El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10 % son llevados a cabo en instituciones sanitarias con los controles debidos.
Además, cerca de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones en el aborto, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la situación en Colombia.
Actualmente, la Corte Constitucional estudia dos demandas para despenalizar el aborto. FOTO EFE / Mauricio Dueñas Castañeda.
