El gobierno chileno lanza plan para buscar a víctimas de adopción ilegal en la dictadura
Gobierno lanza plan para buscar víctimas de adopción ilegal en dictadura de Pinochet
El Gobierno lanzó este lunes un plan piloto para agilizar la localización de las cientos de víctimas de adopciones ilegales cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que se encuentran en el extranjero y en territorio nacional para favorecer el reencuentro con sus familias.
«Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana», afirmó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
La estrategia busca favorecer la reunificación de las familias y contribuir a esclarecer las irregularidades en alrededor de 700 adopciones ilegales que investiga el Poder Judicial, según información oficial.
La iniciativa, que estará a prueba durante un año, ofrecerá un acompañamiento a las familias, facilitará el acceso a toma de muestras de ADN de las presuntas víctimas aunque se encuentren en el extranjero y tratará de colaborar procesos informáticos y económicos.
Este plan se suma a la investigación judicial que se abrió en 2018 para indagar una supuesta red de adopciones ilegales de niños cuyas madres estaban en situación de vulnerabilidad durante la dictadura de Pinochet.
Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014 y a día de hoy se investigan más de 700 casos, aunque el magistrado Mario Carroza, que encabezó el proceso, dijo que el número de víctimas bajo escrutinio podría llegar a 20.000.
También participará en el plan piloto el Servicio Médico Legal (SML), que tendrá la misión de desarrollar «un banco de huellas genéticas de personas adoptadas en forma irregular que permita el proceso de filiación», señaló el director de la entidad, Gabriel Zamora.
Desde la ONG Hijos y Madres del Silencio afirmaron que el plan no es suficiente y reclamaron «el otorgamiento de mayores recursos al Poder Judicial para el avance de las causas» y la creación una comisión para poder cuantificar las víctimas de adopciones ilegales.
El pasado octubre, Suecia comenzó una investigación sobre las adopciones irregulares, en respuesta a las demandas de adoptados chilenos en este país que lograron establecer una conexión con sus padres chilenos a través de pruebas de ADN.
Según el diario sueco Dagens Nyheter, cerca de dos millares de niños chilenos fueron adoptados por suecos entre 1974 y 1990, dentro de una campaña para tratar de mejorar las relaciones entre ambos países y en la que jugaron un papel relevante el Centro de Adopción Sueco y grupos de extrema derecha suecos afines a Pinochet.
El general tomó el poder en 1973 tras derrocar al socialista Salvador Allende en un golpe de Estado e instauró un régimen que se extendió durante 17 años, dejando más de 3.000 opositores ejecutados o desaparecidos y alrededor de 40.000 torturados.
Denuncian que el Gobierno de Piñera entregó recursos a ONG cuestionada por malas prácticas en casos de secuestro de niños y niñas
Comunicado:
Hoy, como agrupación de voluntarios dedicada a ayudar a las víctimas de secuestro de niños y niñas, reuniendo ya a más de 260 familias en nuestro país, venimos a denunciar que en un rato más se llevará a cabo la firma de un contrato para ejecutar un proyecto piloto el que rechazamos rotundamente.
Las razones para nuestro rechazo son las siguientes:
Es un contrato que va a otorgar fondos a una ONG para comprar kits de ADN internacional que nosotros hemos usado pero que no tiene los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019.
Los bancos de ADN internacionales son muy valiosos para entidades como las nuestras, pero generan dificultades ya que reciben test de miles de personas de todo el mundo, pero no necesariamente ingresan sus nombres reales o permiten la búsqueda de familiares a través de estas cuentas. (Tenemos experiencias muy frustrantes a raíz de ello).
Además, el banco internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad.
En marzo de 2020, el SML realizó una toma de muestras de ADN a 58 personas de nuestra agrupación de forma gratuita. Sin embargo, fue la única convocatoria y no se realizaron toma de muestras posteriormente a más personas que estaban en búsqueda y que son miles, ni tampoco se realizó una campaña de difusión que llegara a cada pueblo, a cada localidad y a cada rincón de nuestro país.
La promesa de hacer una banca de huella genética nacional, de la misma forma que se hizo la banca de ADN para los detenidos desaparecidos, fue desechada por el Ministerio de Justicia al poco tiempo de realizar la primera toma de muestras de sangre, por tener POCAS MUESTRAS. Evidentemente, el camino era seguir con la toma de muestras en todo el país, para robustecer la base de este banco y no terminar el trabajo que apenas había comenzado.
El viernes pasado nos sorprendimos con la noticia de que hoy se firmará un contrato con una de las dos organizaciones que hemos trabajado por las víctimas de tráfico de niños y niñas para adopciones ilegales o irregulares en nuestro país.
Nuestra organización no fue consultada en todo este tiempo y señalan que fue porque no tenemos personalidad jurídica. Ministro: para hacer la labor que el Estado debería hacer no hemos necesitado ni personalidad jurídica, ni dinero, ni apoyo de ningún tipo. Solo con cariño y voluntad hemos acogido a miles de familias en Chile y el extranjero y ya hemos resuelto más de 260 casos, todos comprobadamente reales, publicados en nuestro fanpage y sin cobro de ningún tipo. Para dar nuestro parecer a lo que estaban proponiendo no era necesario tener personalidad jurídica señor Larraín.
Sin embargo, se privilegió el trabajo con una ONG que ya ha recibido $181.680.000, primero 100 millones de pesos en el primer gobierno de Piñera y diversas subvenciones de municipios y subsecretaría de Hacienda que suman $81.680.000.
Sin embargo, esa ONG tiene reclamos de organizaciones de chilenos adoptados en Suecia como Chileadoption. (entregaremos carta de esa agrupación a la prensa) También diversas personas que fueron orientadas por la ONG, han reclamado que debieron entregar dinero en circunstancias que para estas búsquedas había financiamiento y depositarlos en cuentas distintas a la de Nos Buscamos. Esta ONG empaña el espíritu solidario que tenemos con las víctimas de aberraciones tan terribles como el secuestro de niñas y niños. Exigimos de parte del ministerio de Justicia una investigación exhaustiva y una auditoría a esta ONG y avisamos que presentaremos solicitud en Contraloría para revisar de qué manera se ha gastado el dinero de todos y todas las chilenas.
Hoy señalamos lo siguiente: los recursos que pueda entregar el Gobierno debe ir a fortalecer el trabajo judicial que realiza el Ministro Jaime Balmaceda y a los jueces que llevan causas de derechos humanos. Asimismo, se debe pagar un software especial para facilitar el cruce de datos y aumentar la dotación de detectives que integran el equipo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
El Ministro ha actuado en forma arbitraria y poco transparente al no haber considerado a nuestra agrupación, una de las más importantes en esta área, pues sabe que no estamos de acuerdo con que no se cerrará el banco de huellas genética nacional. Esta actitud, de querer delegar en una ong la responsabilidad del Estado, nos parece una decisión irresponsable y facilista.
Solicitamos detener esta firma de contrato poco transparente y que el Estado se haga cargo de esta grave violación a los Derechos Humanos de miles de familias en nuestro país.
Para ello solicitamos: restitución y difusión del banco de huella genética nacional; el otorgamiento de mayores recursos al poder judicial para el avance de las causas vinculadas a ésto y, lo más importante, la creación de la Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación que actúe en forma similar a la Comisión Rettig, para poder cuantificar y cualificar las de víctimas de adopciones ilegales.
Solicitamos no dejar amarrados, al final de un Gobierno, formas de trabajo que no consideramos sean las más adecuadas y pedimos al nuevo Gobierno involucrarse en el tema planteado y asegurar vías transparentes para ejecutar las políticas adecuadas en beneficio de las víctimas.
Hijos y Madres del Silencio
Hija de Pinochet recibió importante «perdonazo» del Servicio de Impuestos Internos
Por Alberto González
El Servicio de Impuestos Internos le condonó la totalidad de las multas e intereses que adeudaba la hija del dictador Augusto Pinochet, María Verónica.
El monto aún se desconoce debido a la Ley de Protección de Datos Personales.
Así lo reveló este martes el diario La Segunda, que detalló que en mayo de 2021, el SII había tomado la decisión por presentar “antecedentes que hacen excusable la omisión en que incurrió”.
Según información obtenida a través de Transparencia Activa del organismo, el 11 de mayo de ese año, se ingresó una solicitud de condonación en la Dirección Regional Metropolitana Santiago.
De acuerdo al vespertino, se trata de 11 giros que tenían una orden de pago de impuestos, y que estaban pendientes.
SII valoró el “perdonazo” a Verónica Pinochet
Al respecto, el SII destacó la operación ya que de acuerdo a su política vigente, el objetivo es “favorecer al buen contribuyente”, haciendo más expedita la regularización de las deudas con el Fisco.
En ese sentido, resaltaron que la condonación implica el ingreso de recursos al Fisco.
Recordemos que María Verónica es la tercera hija del matrimonio Pinochet Hiriart. Y ha intentado mantener un bajo perfil, pese a su vínculo con el empresario Julio Ponce Lerou, con quien estuvo casada hasta 1995.
Sin embargo, su nombre también aparece en la comisión Levin, el informe del Senado estadounidense que investigó las millonarias cuentas secretas del dictador en el Banco Riggs.
De hecho, en 2016, el SII le atribuyó a María Verónica una deuda tributaria por impuesto a la renta, reintegros y donaciones entre los años 2000-2005 por $64,9 millones.
Según señaló en esa oportunidad, todos los ingresos cuestionados tenían “calidad de ingresos no renta por tratarse de alimentos”.
En otras palabras, correspondían a la pensión alimenticia extendida por Julio Ponce Lerou, y una ayuda que recibía por parte de sus padres, Augusto Pinochet Ugarte y Lucía Hiriart.
