Ecuador | Colectivos feministas volvieron a reclamar por la ley de aborto mientras el Congreso dilata el debate
Mujeres con pañuelos verdes piden una Ley de aborto justa y reparadora para víctimas de violación
Por Yadira Trujillo
“¿De qué lado de la historia están?” Es la pregunta que le hacen a la Asamblea las mujeres que se concentraron en el exterior del Palacio Legislativo la mañana del lunes 25 de enero de 2022. El mismo cuestionamiento dirigen al presidente de la República, Guillermo Lasso.
“Las niñas son niñas, las niñas no son madres”, fue una de las consignas del movimiento feminista. Las pancartas que se colocaron sobre el piso, al inicio de la jornada de protesta, tenían otros mensajes como “Aborto legal, seguro y gratuito”, “Por una ley justa y reparadora” y “No te obligamos a abortar, no nos obligues a parir”.
#Quito | Activistas se concentran en el exterior de la Asamblea para exigir una ley de #aborto justa y reparadora para las víctimas de violación en #Ecuador. El Pleno está por instalarse en el Parlamento
Vía: @yaditmina pic.twitter.com/DSTaQb6Szb
— El Comercio (@elcomerciocom) January 25, 2022
Los pañuelos verdes no se colocaron frente a los celestes. Las consignas que se oponen al aborto no se escucharon afuera del Legislativo, mientras las activistas gritaban que “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”.
Los resultados de una encuesta de Cedatos, realizada en el 2021, dicen que el 69% de las personas está a favor de que el aborto por violación sea legal. El 76,3% no está de acuerdo con que una mujer vaya a la cárcel en caso de haber abortado.
Del otro lado están los grupos conocidos como provida. Ellos decidieron posponer las actividades y movilizaciones que tenían planificadas el lunes, en varias provincias, para la próxima semana, en la que se prevé la votación presencial en el Pleno del Legislativo. Así lo indicó Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador.
Por ello, 30 organizaciones que rechazan el aborto para víctimas de violación lanzaron un pronunciamiento público para manifestar su rechazo a la normativa y “a cualquier otro proyecto de ley que vaya en contra de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ecuatorianos por nacer”, dice Villafuerte.
El pronunciamiento plantea la posibilidad de evitar el aborto para víctimas de violación a través de una consulta popular. Además, considera que es necesario revisar las atribuciones que la “Corte Constitucional ha demostrado en los últimos años, en su extralimitado actuar”.
Desde varias ciudades del país llegaron el lunes a la Asamblea las organizaciones, colectivos, mujeres, feministas, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, mujeres con discapacidad y personas de las disidencias sexuales. ¿Su pedido? Una ley de aborto justa y reparadora para las víctimas de violación.
Cristina Cachaguay, de Mujeres por el Cambio, dijo que exigen a la Asamblea cambiar la historia de los derechos de las mujeres. “En nuestro país, las niñas siguen siendo obligadas a ser madres. En el 2019, que empezó el debate, la Asamblea Nacional lamentablemente no estuvo a la altura y hoy pueden cambiar esa historia porque permitieron que más de 3 000 niñas sigan siendo madres, producto de una violación”.
Las mujeres rechazan el pronunciamiento de Guillermo Lasso, quien anunció que vetaría la ley, que aún no ha sido aprobada. “¿A cuenta de qué?”, se pregunta Cachaguay. “Les decimos a la Asamblea y al Presidente, ¿de qué lado de la historia van a estar?, ¿del lado de los violadores o del lado de las sobrevivientes de la violencia sexual?”.
El no haber debatido la ley “es una burla de la Asamblea”, dice la representante de Mujeres por el Cambio. “Ahí entendemos que las cuotas políticas se están viendo. Lamentamos que los debates que hemos venido aportando dentro de la Comisión de Justicia no se tomen en cuenta”.
Entre el humo verde que se expandió en la calle Piedrahita, el lunes caminaron incluso militantes católicos. Ignacio López Vigil, representante de la Red Ecuatoriana de Fe, dijo que los mejores teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, San Buenaventura y San Agustín nunca mencionaron que había vida desde la concepción. “Al contrario, dijeron que tenían que pasar muchas semanas para que Dios diera el alma”.
López Vigil sostiene que “ni los varones ni los pastores ni los curas ni el Papa tienen que decidir qué hace una mujer cuando ha sido violada”. Una mujer violada, dice, tiene “todo el derecho cristiano -un derecho por ley y por fe cristina- a interrumpir un embarazo no deseado”.
Entre pancartas y consignas a favor del aborto, el lunes permaneció una voz que, tras cinco años de impunidad, no se apaga. La voz de Ruth Montenegro dice que una ley de aborto para víctimas de violación no obliga a nadie a abortar y tampoco tiene por qué obligar a nadie a parir el fruto de una violación.
En el 2016, su hija, Valentina Cosíos, fue agredida sexualmente y luego asesinada dentro de su escuela. Por eso fue -dice-, en nombre de las niñas que sufren lo mismo y que, después de haber sido violadas, fueron obligadas a ser madres.
Segundo debate de ley sobre aborto en caso de violación se aplazó
Por Roger Vélez
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), suspendió el segundo debate del proyecto de ley para garantizar la interrupción del embarazo en caso de violación, que estuvo previsto para este martes 25 de enero del 2022.
Llori comunicó esta decisión a los legisladores, después de que en el Pleno se dio la lectura del informe no vinculante presentado por la Comisión de Justicia y recibió los criterios de médicos, abogados, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre el texto.
“Las coordinaciones de las bancadas y las autoridades de la Asamblea los asambleístas cuenten con el tiempo necesario para el análisis y la elaboración de propuestas que mejoren el texto propuesto para el segundo debate y solicitaron que se suspenda la sesión de hoy”, dijo.
Llori afirmó que el trámite de este proyecto “se ha desarrollado con respeto a los diferentes criterios y a lo dispuesto por la Corte Constitucional que señaló el deber de la Asamblea Nacional de discutirlo con los más altos estándares de deliberación democrática”.
Antes de suspender la sesión, por alrededor de cinco horas, en sesión virtual los asambleístas escucharon 20 ponencias de líderes de la sociedad civil y expertos, además de víctimas de violencia sexual, sobre el proyecto.
En las intervenciones, se evidenciaron posturas contrapuestas: unos a favor de que no se establezcan plazos ni requisitos como la denuncia para acceder al aborto por violación, y otros que pidieron respetar la vida del feto.
También aludieron a la objeción de conciencia, que es otro de los nudos críticos del proyecto que fue entregado por la Defensoría del Pueblo al Parlamento en junio pasado, tras la sentencia con la cual el 28 de abril pasado la Corte Constitucional (CC) despenalizó el aborto por violación.
Durante la sesión, la investigadora de la organización Human Rights Watch, Ximena Casas, dijo que el Ecuador está obligado a garantizar el acceso de las mujeres al aborto en caso de violación, sin incluir trabas como establecer plazos.
“La propuesta de establecer plazos para acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violencia sexual, en el contexto ecuatoriano, significaría crear una barrera de acceso que tendría impactos graves para muchas personas cuyos embarazos resultaron de una violación sexual”, dijo.
A su vez, María Lourdes Maldonado, del colectivo Dignidad y Derecho, sostuvo que el informe de mayoría de la Comisión de Justicia contraviene la sentencia de la Corte Constitucional y rechazó que se equipare al aborto como un derecho fundamental.
“Lo único que se está pretendiendo hacer con este proyecto es favorecer el aborto libre y eso no está permitido por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por nuestra carta fundamental”, adujo.
Sin precisar una fecha, Llori mencionó que convocará al Pleno “oportunamente” para retomar la sesión en modalidad presencial, pues el Parlamento lleva más de tres semanas en teletrabajo en vista del repunte de contagios del covid-19.
A las afueras de la sede del Parlamento, se concentraron decenas de mujeres para exigir a los legisladores la aprobación del proyecto.
Las bancadas dejaron en libertad a sus integrantes para la toma de una decisión. Se requieren de 70 votos en el Pleno para aprobar el texto y enviarlo al Ejecutivo para sus observaciones.
Ecuador: Voces diversas por el Aborto Legal
Por Mishell Mantuano
Desde la sentencia de la Corte, organizaciones de mujeres, feministas y disidencias se han articulado desde distintos territorios, para exigir que el aborto por violación en Ecuador sea legal. Esto lo han hecho en un continuum de lucha, que organizaciones históricas –como Fundación Desafío, Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos, Surkuna, La Comadres, Salud Mujeres, CEPAM, Sendas, Luna Creciente, Coalición de Mujeres, entre otras– han realizado durante años.
De esta forma, cuando la Comisión de Justicia retomó el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación activistas feministas difundieron un manifiesto, donde firmaron más de 150 organizaciones, colectivas, redes y articulaciones, y más de 200 personas. Además, el 11 de enero, realizaron un Pañuelazo en diferentes ciudades. En Quito, decenas de activistas se concentraron en los exteriores de la Asamblea Nacional.
Una marea verde diversa
En Ecuador el 40% de mujeres criminalizadas por abortos son afrodescendientes, según el Informe de Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador . En este contexto, mujeres afrodescendientes y negras se han activado entorno a la lucha por aborto legal. Una de ellas es Jaqueline Gallegos, afrofeminista, parte de del colectivo Afrocomunicaciones. Ella menciona que las mujeres negras han realizado un ejercicio de derechos muy profundo, desde el tiempo de la trata de personas donde las mujeres negras se manifestaron. En Ecuador, las mujeres negras están atravesadas por un racismo estructural, donde siguen siendo parte de la población más empobrecida, según el Diagnóstico de la situación socioeconómica de las mujeres afroecuatorianas en el territorio ancestral de Imbabura y Carchi, “la población afroecuatoriana enfrenta los índices de empobrecimiento y empobrecimiento extremo más altos a nivel nacional, con el 36.5 % y el 21.5 % respectivamente y esta situación se complejiza en el caso de las mujeres”, con menor acceso a servicios. “Esa herencia colonial y deshumanización desde la esclavización siguen latentes en el país” dice Jaqueline.
Además, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en Ecuador seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual. Las mujeres que viven violencia de género sobrepasan el 50%, no obstante, en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción, la violencia llega al 70%. 6 de cada 10 mujeres independientemente de su autoidentificación étnica han vivido algún tipo de violencia de género; presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas y afroecuatorianas.
Por lo tanto, para ella, participar de las organizaciones feministas es fundamental, donde “los feminismos negros han aportado en los derechos de los feminismos en el mundo”. Dentro de sus propuestas para la aprobación de la Ley Orgánica de Interrupción del Aborto por Violación está que no haya temporalidades para acceder al aborto. Para Jaqueline las mujeres negras no pueden acceder a la salud pública de manera segura, añadiendo a eso que son aisladas y empobrecidas.
Al igual que las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas viven similar condición de empobrecimiento y falta de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Frente a esto la Colectiva Runa Feminista, ha impulsado el activismo feminista desde las mujeres indígenas. Esta colectiva está conformada por nueve mujeres Kichwas que generan información feminista en su propio idioma y en español. Y justamente desde estas voces diversas, construyeron mensajes para pedir la aprobación de la Ley Orgánica de Interrupción del Embarazo por Violación.
Mutsurinchik! #AbortoPorViolacion @CorteConstEcu @SurkunaEc @EcMujeres @DesafioDerechos pic.twitter.com/B2fiT5gu6W
— Runas Feministas (@RunasFeministas) April 28, 2021
Paolina Bercoutier, integrante de la colectiva Runa Feminista, menciona que las mujeres indígenas han sido invisibles en el espacio público, a pesar de haber estado en los espacios de incidencia política de la lucha por los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. Paolina cuenta que, en Ecuador, hay un despertar desde las mujeres indígenas para no tener miedo al estigma y poder reivindicar sus derechos y denunciar las objeciones que han tenido desde el Estado y desde sus propias comunidades. Pues hay una problemática de niñas y mujeres que están siendo abusadas dentro de sus comunidades, la mayoría kichwas. Según el estudio Patrones de violencia hacia las niñas en el Ecuador, Cayambe, Cañar y Palmira son los tres cantones que presentan la mayor frecuencia de violencia sexual extrema.
Para Paolina, “La aprobación de la ley garantiza a las niñas y mujeres indígenas tener acceso a la ley siempre y cuando no haya procedimientos burocráticos que dificulten acceder al servicio de salud sexual y reproductiva de estas niñas y mujeres indígenas”. Por lo tanto, las mujeres que están en el acompañamiento de casos de violencia sexual, demandan que las niñas y mujeres indígenas no tengan que cargar con partos y maternidades que son producto de una violación.
Wawakunami kan, mana mamakuna! #AbortoPorViolación #AsambleaHazHistoria #UnaLeyJustaYReparadora pic.twitter.com/nQB3OWo1sF
— Runas Feministas (@RunasFeministas) December 9, 2021
En Latacunga, una de las provincias con mayor población indígena, activa Allullas Verdes, un colectivo que nace de la necesidad de crear comunidades o grupos de mujeres que compartan las mismas ideas, como primer paso para impulsar el feminismo. Dentro de este espacio han decido promover dos enfoques: proyectos que impulsen el trabajo y la independencia económica de la mujer y promover la movilidad digna de las mujeres en el territorio. Actualmente el colectivo lo conforman 35 mujeres de Cotopaxi, en su mayoría jóvenes menores de 25 años. Una ciudad donde la criminalización de las mujeres por aborto consentido, es alto, según datos de Human Rights Watch, El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador, Cotopaxi cuenta con 12 casos de criminalización desde el 2009 hasta el 2019.
Los activismos feministas han impulsado también una presencia en la escena cultural. Con ese objetivo, nace la Cantata Feminista Ec, una colectiva feminista conformada por 18 mujeres artistas, desde los 14 a los 36 años, que han encontrado en la música la fuerza para levantar su voz por vidas libres de violencias, tal como lo mencionan en su perfil de Facebook y como lo reflejan en su arte a través de la pintura.
Carol Bolaños, es vocera de la colectiva y menciona que el arte en los espacios feministas ha sido una herramienta clave de contención y de expresión para las mujeres y su incidencia, “Nosotras creemos que el feminismo es el que se ha tomado los espacios poco a poco en las diversas áreas artísticas. Esto ha significado una manera de repensar el arte como un medio para hablar sobre nosotras, nuestras exigencias, nuestras luchas y también entender ese valor político y social que tiene el arte”.
El aborto en Ecuador es legal para mujeres víctimas de violencia sexual con discapacidad mental, desde 1938. Pero, la violencia sexual contra mujeres con discapacidad es una realidad extendida. En 2017, UNFPA Y CNIG presentaron la investigación “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” donde se decreta que en Ecuador el 12.14% de población femenina tiene discapacidad y son ellas quienes tienen más probabilidades de experimentar violencia sexual. Ante esta situación, la Red de Mujeres con Discapacidad impulsó propuestas entorno al aborto por violación. Karina Marín, parte de la red, explica que no hay que hablar de la discapacidad como algo que se sufre, si no como una nueva identidad que se reconoce desde las luchas y exigencia de derechos. Y destaca que, “al aprobarse la Ley Orgánica de Interrupción del Aborto por Violación para mujeres con discapacidad, se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” dice Karina, es decir, que se reconoce que tienen derecho a decidir sobre su propia vida y sus cuerpos.
Esta Red busca la creación de espacios de formación y participación por los derechos de las mujeres con discapacidad y también son parte de la búsqueda de una Ley “justa y reparadora”, por lo que para que su mensaje llegue a los colectivos y redes de personas con discapacidad, elaboraron un vídeo con lenguajes de señas para la invitación al Pañuelazo Nacional.
En el centro de Ecuador, en Tungurahua, activan dos colectivas una lucha contra la violencia de género y por el aborto legal: Guambras Verdes y la Colectiva Ana de Peralta. Dayam Mena, es parte de Guambras Verdes y para ella la Ley Orgánica para la Interrupción del Aborto por Violación implica un desafío, ya que “la ley debe aprobarse y aplicarse; pero, de no ser así, todo el trabajo y la lucha que hemos realizado pasaría a ser un gran retroceso para la historia y la vida de las mujeres”.
Maritza Gamboa es la presidenta de la Colectiva Ana de Peralta, conformada por 15 mujeres. Esta colectiva nació el 8 de marzo del 2016, bajo la necesidad de tratar el tema del aborto por violación y generar espacios para hablar del trabajo con mujeres trans, trabajadoras sexuales, violencia de género y violencia sexual. Y enfatiza en que: con la aprobación de la Ley Orgánica de Interrupción del Embarazo, las mujeres tendrán un lugar seguro donde podrán acercarse sin ser discriminadas, revictimizadas al tomar la decisión de interrumpir su embarazo después de haber sido víctimas de violencia sexual. “Las mujeres tenemos ese derecho a decidir si querer o no querer maternar”, dice Maritza.
Otra de las actorías que ha impulsado una lucha por los derechos sexuales y reproductivos es la estudiantil. Camila Aguirre es la Coordinadora Nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador que ha venido trabajando junto con la Federación de Estudiantes de Secundaria del Ecuador en colegios y barrios, Camila menciona que tienen un acercamiento a la realidad de los, las y les estudiantes del país, y que dentro de las Unidades Educativas no hay medidas de educación sexual integral, ni planificaciones para prevenir embarazos adolescentes. Estas, son problemáticas que no son sostenidas por las instituciones.
“Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación de Ecuador registró 3.607 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas”, según el informe, denominado: Es una lucha constante. La violencia sexual en instituciones educativas y los esfuerzos de jóvenes sobrevivientes por obtener justicia en Ecuador. Por ello, Camila junto a la FESE han acompañado a muchas niñas y adolescentes que han vivido violencia y acoso sexual, uniéndose a la lucha de aborto por violación, desde donde proponen “que en este país y en todo el mundo haya el libre acceso al aborto en todas las causales, que este sea seguro y gratuito” recalca Camila. Para hablar de este tema, Camila junto con los otros miembros de la organización hablan a través de talleres de la importancia de los métodos anticonceptivos, además de entregar información oportuna sobre el acoso dentro de las aulas y derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y jóvenes, como una manera de fomentar la educación sexual integral.
