Uruguay | Parlamento votó por mantener el veto de Lacalle Pou sobre la ley forestal
La Asamblea General resolvió este miércoles de tarde mantener el veto que activó el presidente Luis Lacalle Pou contra la ley forestal que contó solo con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
«No se alcanzó la mayoría calificada requerida», destacó la vicepresidenta Beatriz Argimón por lo que «el veto queda vigente». La votación en Senadores fue de 15 afirmativos – de mantener el veto – y 16 por la negativa, mientras que en Diputados obtuvo 44 votos negativos y 53 afirmativos.
Para levantar el veto, – primero de la administración del presidente que asumió en marzo de 2020 – , se necesitaban los votos de tres quintos de los presentes, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Este número no se estimaba posible debido al apoyo monolítico de la mayoría de la coalición a la decisión del mandatario. De todos modos, el debate intenso por esta norma se replicó una vez más.
El primero en usar la palabra fue el diputado del Frente Amplio Alfredo Fratti, presidente de la Cámara de Representantes, quien remarcó: «Vetar la ley forestal es obstar entre dos intereses en disputa, o contrapuestos, como decía el otro día el diputado Gustavo Zubia (Partido Colorado). Desde nuestro punto vista, por un lado el interés general de la mayoría uruguayos, y por otro lado, el particular de un grupo forestal productor de maderas en tierras que no clasificadas como prioridad forestal, pero sí están próximas a las tres plantas celulosas ya instaladas en el país».
El senador cabildante Guillermo Domenech remarcó que la ley forestal «no vulnera derecho a la propiedad y trabajo de nadie», sino que «por el contrario protege tierras suroeste de la republica aptas para la producción de alimentos (…) contra el avance empresas de producción celulósica que pretende maximizar sus ganancias (…) y que desplaza a miles de productores rurales, pequeños y medianos y a una nutrida red de trabajadores del campo».
En esa línea, Domenech enfatizó: «Hay cuatro veces más empleo en la agricultura que en la forestación. ¿Qué necesidad de sustituir la agricultura por la forestación?».
Además, denunció que «un 45% de trabajadores de la forestación que trabajan en negro». Esta cifra «no se publicitan habitualmente por el lobby celulósico forestal (…), que pretende que estas cifras pasen inadvertidas», apuntó.
El diputado del Partido Independiente Iván Posada remarcó que «desde un comienzo» Lacalle Pou «anuncio que se iba a establecer el veto». Respecto a la visión desde Cabildo Abierto, indicó: «Es una posición absolutamente respetable, entendible, pero que en todo caso no forma parte de ningún compromiso que hayamos firmados los partidos».
«Creemos que lo que corresponde es el respaldo al veto del Poder Ejecutivo», dijo Posada, quien aseguró que es «llamativa» la postura del Frente Amplio de apoyar la ley forestal. «Un partido que tuvo mayorías absolutas durante los tres gobiernos que precedieron al actual tienen derecho por supuesto a cambiar de opinión, pero llama la atención que esa preocupación no hubiera surgido en estos 15 años», lanzó.
A su turno, el senador nacionalista Sebastián Da Silva comenzó su discurso en sala enfatizando: «El Partido Nacional no tiene que remitirle pruebas a nadie de su condición campera (…) los blancos somos la encarnadura misma del productor agropecuario, hace 190 años que padecemos cuando llueve o cuando no. Por tanto no es este el momento de tener que dar pruebas a nadie de la condición campera de los blancos y de lo preocupado que está el gobierno de Lacalle Pou de cada una de las localidades y parajes de todo el Uruguay».
«Mucho menos a gastados mercaderes del chamuyo que vienen a esta sala con tono gauchesco a tratarnos a nosotros de cosas que no somos», añadió.
«Para hablar de campo hay que tener autoridad moral, que muchos perdieron hace tiempo», apuntó Silva.
La coalición de gobierno enfrentará otra vez un escenario en el que sus socios votarán divididos, porque las posiciones no cambiarán a las que mostraron los representantes de todos los partidos cuando la norma vetada -que ponía un tope del 10% a la cantidad de tierras a forestarse en Uruguay, entre otras limitaciones- se aprobó en Diputados en 2020 y en el Senado el 15 de diciembre pasado. Y las posturas son con Cabildo Abierto y Frente Amplio de un lado, quienes reiterarán su opinión a favor de la ley y contraria al veto, y el resto de los socios de la coalición de gobierno del otro, que defenderán la decisión presidencial, aunque evitando -en la medida de lo posible- entrar en mayores confrontaciones con los liderados por Guido Manini Ríos.
“Nosotros vamos a bajar la pelota al máximo. El texto del veto es muy preciso, por lo que no tenemos nada más que agregar”, manifestó a El País el diputado blanco Rodrigo Goñi.
Sin embargo, todo dependerá de lo que haga y diga Cabildo en la sesión, dijo a El País el senador colorado Germán Coutinho. “Si se salen de lo coordinado, vamos a intervenir varios”, adelantó.
En Cabildo Abierto, si bien afirman que la intención no es profundizar el enfrentamiento que ya generó este asunto en la interna del oficialismo, igual tienen claro que van a insistir con sus argumentos. “Es fundamental que se conozca cómo se viene desarrollando el modelo forestal celulósico del Uruguay, algo que justamente este proyecto pretendía solucionar al evitar las desviaciones que han ocurrido respecto a la ley original”, dijo el diputado Rafael Menéndez, que fue la voz cantante de la iniciativa cabildante cuando esto se discutió en la Cámara Baja.
Consultado acerca de las expectativas de sus socios de no profundizar el enfrentamiento, Menéndez contestó que Cabildo procederá “sin rencores”, pero con una cosa definida: “Sí vamos a exigir responsabilidades en todos los temas que se siguen suscitando por el modelo forestal que se impulsa en el país”, dijo el diputado, que puso de ejemplo el “avasallamiento de la forestación en tierras fértiles” que podrían dedicarse a otros rubros productivos, y el “gran despoblamiento de la campaña. Son cosas claves que este proyecto intentaba corregir”.
Por su parte, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo que «uno puede suponer que por firmar un contrato hay inmovilismo legislativo». «¿O es que no nos estamos dando cuenta que somos un país soberano? Por tanto tenemos derecho a legislar y que la legislación se modifique, porque hay evidencia científica nueva, nuevos desafíos en el mundo, o porque es necesario tener legislaciones nuevas», agregó.
El senador contradijo lo expresado por el gobierno en el veto respecto a que la ley quita certezas jurídicas a las inversiones y empresas instaladas. «Hay más de millón de hectáreas que pueden abastecer a las tres plantas. Sostener que no hay certezas jurídicas en el país es un error, porque las hay. Podría haber una cuarta planta y es más: los forestales discuten que tiene que ser en el este del país», enfatizó.
