Uruguay | Organizaciones crean el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia
Se creó el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia: qué propone, cuáles son los objetivos y por qué es necesario en Uruguay
Por Stephanie Demirdjian
La violencia de género y las barreras a las que se enfrentan las mujeres que denuncian estas situaciones ante la Justicia son dos preocupaciones principales en la agenda de los feminismos. Los reclamos y las señales de alarma se multiplicaron este año en Uruguay frente a una escalada de femicidios y la manifestación de formas “más cruentas” de violencia hacia las mujeres desde que empezó la pandemia, como dijo hace unas semanas a la diaria la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero.
Las organizaciones sociales y los colectivos feministas han liderado históricamente la tarea de visibilizar estos problemas, explicarlos, darles contexto, e intentar así promover su prevención y eventual erradicación. Con la mirada puesta en ese horizonte es que se creó el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, una de las líneas del proyecto Autonomías Colectivas contra la Violencia de Género, que impulsan las organizaciones civiles El Paso y El Abrojo con el apoyo financiero de la Unión Europea.
En concreto, el observatorio busca recopilar, sistematizar, producir y difundir información de calidad sobre violencia de género y acceso a la Justicia para problematizar las dificultades y contribuir a eliminarlas, “desde un enfoque de promoción y respeto de los derechos humanos”, según explica la página web, donde ya hay material disponible. La idea es recoger, elaborar y difundir datos, infografías, informes, documentos o recomendaciones que permitan “identificar brechas, fortalezas e impactos de la normativa y la política pública existente en nuestro país en materia de violencia basada en género y acceso a la Justicia”, sirvan de insumo para el “desarrollo de acciones de incidencia en la agenda pública y política” y apunten además a la sensibilización de la sociedad.
Las responsables del proyecto insisten en que no se trata sólo de reunir en un mismo lugar información estadística de datos y registros, sino también de incluir la voz de las personas directamente involucradas en situaciones de violencia de género. En ese sentido, uno de los planes del observatorio es trabajar con esas mujeres para relevar algunas cuestiones como, por ejemplo, cómo han sido sus trayectorias por el sistema de Justicia, cuáles fueron las dificultades que han tenido para el acceso a la vivienda o si contaron con algún tipo de acompañamiento en el desarrollo de habilidades para la educación o el trabajo, explicó a la diaria Cristina Prego, directora de El Paso. La representante aseguró que, en principio, se trabajará con grupos en al menos diez departamentos del país, aunque la idea es eventualmente ampliar la experiencia a otros. El objetivo es que el observatorio “apunte a relevar las necesidades” y “proponga posibles alternativas, en diálogo con las intendencias, con el gobierno nacional, con el Inmujeres”, señaló Prego.
En la página web se puede ver información actualizada sobre denuncias y un panorama de la situación del país respecto de distintas formas de violencia de género –doméstica, sexual, femicida, económica, en la toma de decisiones, trata y acceso a la Justicia–. También hay un apartado centrado en la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. A la vez, el portal incluye estudios realizados sobre estas temáticas y una recopilación de las leyes nacionales y los marcos normativos internacionales que contemplan la violencia de género. El acervo informativo seguirá creciendo, aclaran las impulsoras, ya que el proyecto recién empezó y está en construcción permanente.
Una mirada crítica e integral
En Uruguay existen múltiples instituciones públicas que registran estadísticas y datos vinculados a la violencia de género, como Inmujeres, el Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía General de la Nación, entre otras. Sin embargo, las organizaciones que están detrás del observatorio consideran que “existe una alta heterogeneidad en los formatos de sistematización de la información, en los registros que se llevan adelante y su periodicidad, así como también en la divulgación pública de la misma”. Esto, a su entender, “impide proporcionar una mirada exhaustiva y crítica sobre dispositivos, respuestas y resultados en la implementación de políticas públicas”. Señalan que, además, “es común” que en estos análisis “la voz de mujeres y adolescentes que transitan situaciones y denuncias de violencia basada en género quede invisibilizada, descartando sus experiencias para buscar mejoras en la respuesta de los sistemas de protección y justicia existentes”.
La creación de un proyecto de la sociedad civil que aporte una perspectiva crítica, feminista e integral sobre estas problemáticas nace para enfrentar esas dificultades. “En la construcción de un espacio de sistematización de la información y evaluación de la política pública como implica este observatorio, la sociedad civil organizada con experiencia en la materia aporta una mirada fundamental desde las prácticas y políticas desarrolladas en el territorio, pero además desde un abordaje de promoción y defensa de derechos humanos”, dicen las organizaciones que integran Autonomías Colectivas.
En definitiva, resumió Prego, el observatorio busca presentar la información “sistematizada, clara y ordenada” para hacer un seguimiento de la política pública, monitorear los compromisos asumidos por el Estado, construir diálogos, generar propuestas y establecer “cuáles son, desde las organizaciones, las prioridades a desarrollar en relación al abordaje del problema de la violencia basada en género”.
La directora de El Paso recordó que en Uruguay existen observatorios impulsados por la sociedad civil sobre temas como derechos sexuales y reproductivos –como el que gestiona Mujer y Salud en Uruguay– o infancia y adolescencia, pero no había ninguno centrado específicamente en violencia de género. “Los observatorios que tiene el Estado se basan en datos oficiales, que son bien importantes y que muchas veces se generan articuladamente con el Instituto Nacional de Estadística, pero a veces la lectura que se hace de esos datos no es la misma que puede hacer la sociedad civil, porque su lugar y sus intereses son distintos a los del gobierno”, señaló. El objetivo, entonces, es tomar esa información, generar datos propios y hacer “una lectura distinta desde la mirada de la sociedad civil, orientada a seguir en el diálogo vinculado a la política pública y a las respuestas que tiene que dar el Estado para asumir la responsabilidad de evitar o de erradicar, si fuera posible, la violencia basada en género”.
Prego agregó que la urgencia de que exista una iniciativa de este tipo se hizo más evidente después de que la actual administración pública excluyó a la sociedad civil del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres que prevé la Ley 19.580, tal como denunció en setiembre del año pasado la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Por otro lado, la activista aclaró que la elaboración de datos propios a la que apunta el proyecto no tiene tanto que ver con los datos cuantitativos, sino con la generación de información de corte cualitativo, “que pueda aportar para transformar las prácticas institucionales”. Un ejemplo es la primera investigación que hizo el observatorio, que analiza las prácticas judiciales y policiales en procesos de desaparición de mujeres y de femicidios sin aclarar.
Desapariciones y femicidios sin aclarar
Esta investigación inicial del observatorio resultó en el informe Análisis de las barreras en el acceso a la Justicia de las mujeres en casos de femicidios sin aclarar y desapariciones, elaborado por la abogada Alicia Deus y la psicóloga Fabiana Condon. Tal como sugiere el título, el estudio profundiza sobre el acceso a la Justicia de las víctimas y familiares y el cumplimiento de la obligación de la debida diligencia del Estado para casos de desapariciones y femicidios sin aclarar. El trabajo se basa en datos que aparecen en la web del MI y de Fiscalía, así como en respuestas a pedidos de acceso a la información pública elevados a los dos organismos. Además, incluye entrevistas a informantes calificados e información de prensa y de estudios previos sobre muertes violentas sin aclarar y desapariciones de mujeres.
Al mismo tiempo, el estudio analiza cuatro casos en profundidad: la desaparición de Silvia Fregueiro en 1994 en Maldonado; la desaparición en 2016 de Yanina Milagros Cuello Baladán, de 16 años, en Canelones; la desaparición y femicidio de Lourdes Carolina Sosa, ocurrido en 2008 en Treinta y Tres; y el femicidio de Rocío Duche, de 14 años, que tuvo lugar en el mismo departamento en 2018.
La investigación reveló varios vacíos, fallas y debilidades institucionales. Para empezar, el informe destaca que ni el MI ni la Fiscalía cuentan con protocolos de actuación para los casos de desapariciones de niñas y mujeres. En base a los casos estudiados, concluye que no se cumplió con el deber de diligencia “estricta” en las primeras horas posteriores a la desaparición, no hubo una “búsqueda exhaustiva”, no se dispuso el cierre de fronteras ante la denuncia y tampoco se analizaron las pertenencias en las viviendas de las víctimas.
Por otra parte, las autoras aseguran que las investigaciones no incluyeron la perspectiva de género, ya que “no se consideró como línea de investigación la posible violencia sexual ni el contexto de vida de las víctimas, que indicaba un entorno de violencia y explotación”. El análisis también indica que “se revictimizó y restringió la información a las familias”, “se les negó participación en la investigación” y “se decretaron reservas injustificadas de las actuaciones”.
Tampoco se trabajó desde una perspectiva de género en el caso de los femicidios sin aclarar, donde además hubo una “invisibilización del contexto de vulnerabilidad” y una “falta de análisis interseccional”. El documento también resalta la subsistencia de estereotipos de género que obstaculizaron las investigaciones, como la “culpabilización” de las madres”, la “invisibilidad” del rol e incidencia del padre en el contexto de violencia y la “responsabilización a las propias víctimas por su conducta”.
Las especialistas afirman que, a la vez, se incumplió el deber de prevención general de la violencia “frente a la existencia de claros factores de riesgo señalados” y se detectaron fallas en la coordinación entre el juzgado especializado y la Fiscalía. Otros problemas identificados fueron los obstáculos de acceso a la información y de participación por parte de familiares, demoras en la atención y en las actuaciones, falta de respuestas en la averiguación de la verdad, impunidad y falta de reparación.
El informe reconoce los avances que ha tenido el país en materia legislativa, con la aprobación de leyes como la 19.538, que tipifica el delito de femicidio en el Código Penal, la 19.580 sobre violencia de género hacia las mujeres, la 19.643 sobre trata de personas o la 19.747, que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia en el capítulo de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, para adaptarlo a los estándares internacionales de protección. A su vez, destaca la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, que incorpora el derecho a la participación de la víctima en el proceso penal, el trabajo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, y la creación de más fiscalías especializadas en violencia de género, doméstica y sexual.
Sin embargo, pese a esto, persisten varios asuntos pendientes. El primer “debe” que tiene el país es la creación de los juzgados especializados en violencia de género que prevé la Ley 19.580, dijo Deus durante la presentación del informe, que se realizó el mismo día del lanzamiento del observatorio. “Se ha destacado la falta de recursos para su implementación, pero también hay que destacar la falta de voluntad política, porque no es sólo por falta de recursos. La propia Suprema Corte de Justicia no estaba de acuerdo y así lo ha manifestado en su mensaje en ocasión del presupuesto quinquenal”, señaló la abogada. Mencionó además la necesidad de formación y especialización de los operadores y, ligado a esto, la incorporación de perspectiva de género en la Justicia.
Prego considera que esta investigación dejó en evidencia distintos problemas que atraviesan las personas que denuncian situaciones de violencia de género y en los que el proyecto Autonomías Colectivas intentará profundizar. Entre ellos, las debilidades en las prácticas institucionales para el esclarecimiento de las desapariciones y los femicidios, la falta de protocolos de actuación específicos ante estos casos, y la exclusión de las familias de las víctimas en los procesos.
