La Fiscalía pide 10 años de cárcel para la expresidenta de facto Jeanine Áñez
Acusación de la Fiscalía: FFAA y Policía, a la orden de Áñez antes de la proclamación
Un día antes de la proclamación de Jeanine Áñez en 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ya estaban a la orden de la entonces senadora. Así lo señaló el Ministerio Público en la acusación contra los involucrados del caso Golpe de Estado II.
Entonces, los mandos de ambas instituciones había jugado un papel gravitante en la crisis poselectoral de 2019 al pedir, por separado, la renuncia del presidente Evo Morales, contra quien se habían desatado movilizaciones políticas un día después de las cuestionadas elecciones generales.
El fiscal de la causa, Omar Mejillones, presentó el lunes la acusación formal por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes contra Áñez y los entonces comandantes de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, y de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, además de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros; de la Fuerza Naval, Palmiro Jarjuri: y del Ejército, Jorge Mendieta; y Flavio Arce, jefe de Estado Mayor; Sergio Orellana, jefe de Operaciones del Departamento III, y Jorge Fernández, inspector general de las Fuerzas Armadas.
El documento, en la parte de la “relación fáctica”, identifica al menos tres momentos en los que los jefes militares y policiales se ponen a disposición de la entonces senadora de Unidad Demócrata (UD), de minorías: la seguridad “presidencial”, la imposición de la banda presidencial y el resguardo de la plaza Murillo y la Asamblea Legislativa.
Luego de la renuncia de Morales, a las 16.52 del 10 de noviembre, Áñez anunció que le correspondía asumir la sucesión, al saber de las dimisiones verbales de los entonces presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Lo hizo por la red Unitel a las 18.45, luego de aceptar la invitación de la Iglesia Católica, que había consultado la decisión con un grupo de políticos en una primera reunión extralegislativa en la Universidad Católica.
Al día siguiente, según sus declaraciones presentadas ante el fiscal Mejillones, Áñez se trasladó de Trinidad a La Paz en un vuelo de la empresa Amaszonas. Llegó al mediodía a La Paz, acompañada por su colega cruceño Óscar Ortiz y sus dos hijos.
Contó que nada más al bajar del avión un militar le hizo saber que tenía órdenes de llevarla al Colegio Militar. “En un trabajo conjunto dispusieron seguridad y traslado con escoltas” de la senadora, describe la acusación.
Apunta a Terceros, que “con pleno conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos viabiliza de manera arbitraria” el traslado de la senadora en un helicóptero de propiedad del Ministerio de la Presidencia con matrícula FAB-754 modelo AS35-B3.
Sobre el papel de la Policía Boliviana, afirma que “desde la mañana de dicha fecha, éste (Calderón) habría ordenado (cual si fuera Presidenta del Estado) escoltas que garanticen su seguridad con el fin de ejecutar los actos al interior de la Asamblea Legislativa”.
Además, dice que el jefe militar comprometió el pago de Bs 5,545,54 a AIR BP Bolivia, subsidiaria de YPFB, a través del coronel Luis Marcelo Cervantes Tórrez, entonces comandante de la Unidad Grupo Aéreo de Caza 31. El monto de dinero fue “por concepto de combustible, no siendo el único vuelo que realizó dicha nave la fecha de referencia”.
Paralelamente al traslado de Áñez, Mendieta “ordenaba” al general Willy Pozo Torrico, comandante del Colegio Militar, “permitir el aterrizaje de dicha aeronave en sus predios”, en Irpavi, dice el informe del Ministerio Público.
En tanto, “la estaba esperando un considerable número de escoltas de la Policía designado por órdenes” de Calderón, “operación que fue de pleno conocimiento” de Orellana, entonces jefe de Operaciones del Departamento III de las Fuerzas Armadas y, en el gobierno de Áñez, comandante de la institución castrense.
A partir de ese momento, fue habilitada la “cápsula”, elementos de la Policía Boliviana para la movilización de la senadora, que antes de llegar cerca de las 14.00 del 11 de noviembre a la Asamblea Legislativa hizo una parada en el hotel Casa Grande, en la zona de Calacoto de La Paz, donde se reunió con el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, quien había liderado las protestas que derivaron en el derrocamiento del presidente Morales.
Al llegar a la Asamblea Legislativa, Áñez anunció la convocatoria a una sesión de la Cámara de Senadores para considerar las renuncias de Morales y del vicepresidente Álvaro García.
Arribó a la plaza Murillo acompañada por quien luego fue viceministro Israel Alanoca y la recibieron en primera línea el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y su colega Arturo Murillo, posteriormente su duro ministro de Gobierno y, como lo describieron después, el “hombre del poder”.
Asamblea.
Áñez nunca logró reunir a los senadores, menos diputados para la Asamblea Legislativa. Según las investigaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, no había intención para ese propósito, a juzgar por la carta que la senadora mandó a Kaliman para resguarda el contorno.
“Inclusive funcionarios policiales y militares impidieron el ingreso a la Asamblea Legislativa a asambleístas del oficialismo”, subraya la acusación formal.
Como antecedente, el texto del fiscal afirma que Orellana “apoyó afanes delictivos y de incumplimiento de la Constitución al favorecer la llegada solamente de algunos parlamentarios a la Asamblea Legislativa y restringir a otros”. Denuncia que muchos legisladores, incluso suplentes, fueron trasladados a La Paz desde sus regiones en aviones de la FAB.
Áñez se proclamó, primero, titular de Senadores y, luego, presidenta por “sucesión”en sendos actos en la Asamblea Legislativos sin quórum ni resolución, menos presencia de la bancada de la fuerza de los dos tercios, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Luego, se trasladó al Palacio de Gobierno, donde se mostró ante las masas desde el balcón.
La acusación apunta a Flavio Arce, de quien dice que “avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”. Un día antes, el 11, los símbolos habían sido retirados de las bóvedas del Banco Central.
