Nueva protesta masiva contra las políticas de Bukele
Tercera marcha en contra del régimen de Nayib Bukele
Por tercera vez en este año, cientos de salvadoreños de diferentes sectores se volcaron a las calles de San Salvador para protestar, durante una marcha, contra acciones dictatoriales y contra las políticas perjudiciales al pueblo que el gobierno de Nayib Bukele está implementando desde que asumió el poder, el 1 de junio de 2019, las cuales se agudizaron el 1 de mayo de este año, cuando logró tener mayoría en la Asamblea Legislativa.
Antes de tener el control de todos los Órganos del Estado, el 9 de febrero de 2020 incursionó en la Asamblea Legislativa rodeado de policías y militares, para presionar la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para el supuesto Plan Control Territorial. Pero el 1 de mayo, impuso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República.
Como en la anterior del 17 de octubre, la de ayer también tuvo como punto de reunión la intersección de la 25a. Avenida Sur y alameda Roosevelt, desde donde salió hacia la Plaza Gerardo Barrios.
Diversas organizaciones sindicalistas, jueces y empleados del Órgano Judicial, veteranos de guerra tanto de la Fuerza Armada como de la exguerrilla, y varias organizaciones de la sociedad civil, se unieron al recorrido para manifestarse en contra de acciones del gobierno o para exigir sus derechos.
Una de las exigencias de veteranos y excombatientes fue que les otorgue una pensión de $200; a este sector, durante las recientes campañas políticas, Bukele les ha prometido incrementarles la pensión y hasta un hospital especializado que atienda especialmente a ese sector; sin embargo, a dos años y medio de su mandato presidencial, no ha hecho nada por cumplirles. En lugar de la construcción del hospital para veteranos, está construyendo un hospital para mascotas.
El bloque de veteranos que marcharon ayer también exigió a Bukele que entregue a la justicia de Estados Unidos a Armando Eliú Melgar Díaz, alias El Blue, un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) solicitado en extradición para que enfrente la justicia norteamericana por una serie de delitos cometidos en aquel país.
Bukele ha hecho diversas maniobras para proteger al referido pandillero y evitar su extradición, incluso haciendo una Ley de Extradiciones que también beneficia a otros cabecillas de primera línea de esa misma organización terrorista, contra quienes Estados Unidos ha formulado cargos criminales.
Los manifestantes también reprocharon las negociaciones del Gobierno con grupos de pandillas, tal como lo ha asegurado en diversos informes el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el miércoles anterior impuso sanciones a dos funcionarios de la administración Bukele: Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director de Centros Penales, y Carlos Marroquín Chica, director de Reconstrucción de Tejido Social, quienes han sido señalados de ser los artífices de las negociaciones con la MS-13 y el Barrio 18, a quienes les han otorgado beneficios económicos a cambio de mantener una reducción de homicidios y apoyo electoral en las elecciones del 28 de febrero pasado, que le permitieron a Bukele tener la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa.
“El Fiscal General por qué no persigue a los delincuentes que ha nombrado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, otros delincuentes que ha nombrado el Departamento de Estado… persigue opositores políticos”, cuestionó el ambientalista Ricardo Navarro.
Por su parte, la diputada efemelinista, Dina Argueta, lamentó que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos están muy tensas debido a acciones políticas de Bukele.
Por el alto costo de la vida
La Cámara Agropecuaria de El Salvador y Mesa Agropecuaria Rural e indígena también se unieron a la marcha. Uno de sus representantes, Mateo Rendón, afirmó que sólo este año, la os fertilizantes, desparasitantes, venenos e insumos en general que utilizan ganaderos y agricultores, le han subido un 35% al costo, lo cual ha generado crisis en esos sectores.
La diputada Argueta dijo que la marcha también era un llamado a hacer un alto a la crisis económica que viven las familias salvadoreñas. “No puede ser que ahora, mientras muchas familias están aguantando hambre por la crisis económica, haya un gobierno que se preocupa más por su imagen que por atender los problemas que están afectando al país”, acotó la legisladora.
Los marchantes manifestaron su descontento por la forma cómo el Gobierno está manejando las finanzas del Estado, especialmente, comprando Bitcoin, cuando por otra parte sus funcionarios hacen esfuerzos por conseguir préstamos.
“Porque ya estoy harta de que se esté corrompiendo este gobierno, se esté gastando nuestro dinero, nos esté endeudando más, la deuda del país es cada día más grande, está desvalijando nuestro país, ya no queremos eso; queremos regresar a la libertad de expresión, queremos regresar a la democracia que tanto nos costó. Por eso estoy marchando ahora”, dijo una mujer que solo quiso identificarse como Alma, quien a pesar de la evidente dificultad para caminar, marchó desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Gerardo Barrios.
Por el estado de Derecho
Por su parte, el abogado Jorge Guzmán, exjuez del caso El Mozote, dijo que estaba participando en la marcha “para exigir que se respete la Constitución, para defender la independencia judicial, aquí no estamos por políticas, estamos para que se respete el estado de Derecho en el país”.
El Órgano Judicial ha sido uno de los más golpeados por las acciones de Bukele. El 1 de mayo nombró , de facto, nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, y en septiembre anterior la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que obligó a retirarse a jueces con más de 60 años de edad o 30 de servicio e impuso a decenas de jueces afines al gobierno, socavando la independencia judicial.
La marcha de ayer fue convocada mayormente por redes sociales desde hace un par de semanas.
Sin embargo ayer, en Twitter, Bukele acusó a Estados Unidos de estar detrás del financiamiento de la misma. “El Gobierno de Estados Unidos comete un error de concepto: No se puede levantar un muerto por más millones de dólares que se inviertan”, escribió, mientras muchos de sus exfuncionarios también usaban Twitter para desmeritar la manifestación de miles de salvadoreños.
Gobierno recurre otra vez a los retenes para intentar frenar marcha contra Bukele
Ciudadanos que desde primeras horas de la mañana del domingo venían con destino a San Salvador, para participar en la marcha convocada para este día en protesta contra medidas del Gobierno en turno, denunciaron en redes sociales que grupos de militares y policías permanecían en distintas vías de acceso a la capital, en donde han procedido a detener a vehículos y pasajeros, e incluso a revisar celulares.
Entre los sitios en donde se han dado estos hechos están: a la altura de Montelimar, en Comalapa; por residencial Veranda, en Santa Tecla; la carretera que lleva al Puerto de La Libertad, cerca de la entrada a Nuevo Cuscatlán; en la carretera a Armenia; carretera a Tonacatepeque; también frente a la gasolinera Texaco Las Arboledas en la salida de Santa Ana; además, en el sitio conocido como El Poliedro y en Las Delicias, Santa Tecla.
Otros de los puntos en donde la policía detuvo vehículos y preguntaba a los conductores hacia donde se dirigían fue en el kilómetro 18 de la carretera que lleva a Morazán; en el Refugio, Ahuachapán; así como en el sector de la colonia La Gloria y en la entrada a Mariona, estos dos últimos puntos en San Salvador.
A través de Twitter, una ciudadana hizo circular un vídeo en el que se observa cuando un agente policial le arrebata el teléfono al momento que ella estaba grabando y transmitiendo la discusión que éste mantenía con una de las personas retenidas. La denunciante incluso afirma que su madre, quien tiene 70 años, fue golpeada.
🚨🚨🚨 Reporte de Abuso policial 🚨🚨🚨
Reporte: "Pusieron retén, me quitaron el celular y botaron colpeando a mi madre, una señora de 70 años".
Video desde el retén: pic.twitter.com/UDf3UQFRjk
— mxgxw.γ 🔥 (@mxgxw_gamma) December 12, 2021
Ante este hecho varios usuarios de la red del pajarito cuestionaron el actuar policial contra la señora, calificando de abuso, y señalaron que éstos solo pueden solicitar el celular si tienen una orden judicial.
También circuló la imagen de un policía que toma fotografías con celular al interior de uno de los buses retenidos, así como de otro que interpela a un grupo de pasajeros.
