Chile | Los avances y retrocesos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la gestión de Mónica Zalaquett – Por Natalia Espinoza C.
Por Natalia Espinoza C.
Un año y medio se cumple desde que el 9 de junio de 2020, Mónica Beatriz Zalaquett Said (UDI), fuera designada como titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) por el Presidente Sebastián Piñera. Durante este tiempo marcado por la pandemia, ¿qué avances, retrocesos y pendientes podemos encontrar en materia género en el país?
Para abordar esta temática es que conversaron con El Mostrador Braga la profesora adjunta del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Paulina Vergara, y la doctora en Estudios Americanos, profesora de Filosofía y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Rosario Olivares.
Avance en el cuidado y protección de las mujeres que han sido o son víctimas de violencia machista, fomento del emprendimiento para lograr una independencia económica, pero falencias en las medidas preventivas y el escaso apoyo a las vulneraciones sufridas por las disidencias de la comunidad LGBTIQ+, constituyen los principales ejes que las expertas analizan de la gestión del ministerio liderado por Zalaquett.
Comparada con las ministras de este segundo Gobierno de Piñera, Zalaquett ha llevado a cabo por primera vez una agenda género, aunque, según Vergara, esta agenda ha sido conservadora y ha estado más mayoritariamente enfocada en temas de mujeres que en disidencias, salvo la gestión de la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario. “Esta es una de las grandes críticas que hacen organizaciones de personas sobre todo trans, sin embargo, podemos decir que ha cumplido con una agenda donde se ven ciertos hitos”, puntualiza la académica.
En tal sentido, uno de los grandes hitos que tuvo su avance en esta gestión ha sido el de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, una demanda histórica que se agudizó con la pandemia de COVID-19. Meses antes del inicio de su periodo, en marzo 2020, se hace pública la Ley Gabriela, que incorpora en la tipificación del femicidio el que haya sido cometido por un pololo, o motivado por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de una persona, haciéndose cargo de las violencias específicas que sufren las mujeres lesbianas o trans, sin embargo, su discusión provenía de mucho antes.
Olivares analiza que durante este año y medio hay una marcada tendencia de la ministra UDI, “propia de su sector, a un trabajo con perspectiva de género en el mundo empresarial y en el emprendimiento”. Estas medidas fueron motivadas por la intención de disminuir la violencia económica que muchas veces es un impedimento para que las mujeres puedan salir del espacio en el que cohabitan con el agresor.
Sin embargo, estas “no se condicen con lo que diversos estudios muestran respecto a la precarización de la vida de las mujeres durante la pandemia, particularmente en el retroceso de al menos de diez años en su inserción al mundo laboral y económico”, reflexiona la filósofa.
Para la doctora en Estudios Americanos, la pandemia dejó al descubierto una profunda crisis de cuidados que se reflejó en la cuarentena y los cierres de colegios, “una situación en la cual fueron las mujeres quienes dejaron de trabajar o estudiar para hacerse cargo de los hogares, quedándose sin remuneración y mucho más expuestas a la violencia”, explica.
En relación con ello, reflexiona que, si bien el contexto de pandemia excede a lo que cualquier Gobierno pudiera prepararse para enfrentar, “el énfasis puesto en el empresariado no se condice con la realidad, donde siguen funcionando las ollas comunes, el aumento de las mujeres y niñas en condición de pobreza extrema o de calle, o los trabajos eventuales que, más que emprendimientos, son modos de subsistencia que no se mantienen en el tiempo”, asevera.
Un punto importante en donde se ha hecho un avance, pero en donde aún falta mucho trabajo, es en la disminución de la violencia de género que se agudizó con la pandemia y que fue alertada por los feminismos. Un ejemplo de ello fue el explosivo uso del acompañamiento vía telefónica 1455 del ministerio, los chats en la web, el apoyo en RRSS y la campaña Mascarilla 19.
Pese a que las denuncias en las policías y el Ministerio Público, más la flagrancia, disminuyeron en un 6,9% durante el año 2020, las llamadas al 1455 se incrementaron en un 148% en comparación con el año anterior. Los llamados al Fono Familia 149 de Carabineros, también aumentaron un 97% al compararse con 2019.
Para Olivares, una cuestión fundamental en donde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debería enfocar sus medidas para garantizar a las mujeres y disidencias una vida libre de violencia, que solucione a la vez los problemas de brecha, es realizar más programas preventivos, no solo reactivos o de atención a víctimas de violencia, “una educación que excede escuelas y universidades, apoyar propuestas como la Educación Sexual Integral, la capacitación y sensibilizaciones no solo de quienes atienden estos casos, sino de toda la población a través de campañas comunicacionales y territoriales”, detalla.
En línea con lo anterior, considera que, al poner en práctica aquello, se necesitan “principios feministas claros que este Gobierno no comparte”, comenta. Con esto se refiere a la visión interseccional y transversal del feminismo sobre el factor estructural en el que se origina la violencia machista.
Además de terminar con leyes “con nombre propio” y pasar a un abordaje legal integral. Esto parte, según la académica, de algunas propuestas que hace años descansan en el Congreso, así como el reconocimiento de “la autonomía de nuestros cuerpos, que únicamente se puede lograr a través de los derechos sexuales y reproductivos”, plantea.
En tanto, Vergara considera que falta un compromiso más fuerte a nivel gubernamental para entender la complejidad de la violencia de género, sobre todo respecto de los recursos que tienen designados, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), además de los centros que atienden a hombres violentos.
“Estos centros son pocos y ya venían con una gran lista de espera a lo largo de Chile y ahora, con la pandemia, por curar al virus, es aún más larga”, puntualiza. Para la experta en Asuntos Públicos, la gestión en estos centros se ha visto mermada y la atención de estos hombres, que es un foco importante para la prevención de violencia, no se desarrolla como debería porque no tienen los recursos para ello.
“También debe de mencionarse que la situación de funcionarias(os) no es la mejor en cuanto a condiciones laborales. La demanda de trabajo a la que deben hacer frente es bien alta”, analiza. De hecho, en la Región Metropolitana solo hay tres abogadas en el SernamEG, y fuera de Santiago, tienen solo una abogada por cada región.
A juicio de Vergara, el trabajo se está enfocando solo en casos emblemáticos de violencia, como el femicidio, incluso parricidio, donde hijos de mujeres violentadas han incurrido en homicidio para defender a sus madres, “lo que no debería ocurrir si tuviéramos mecanismos de prevención mejores”, reflexiona.
Finalmente, la académica hace hincapié en que Chile ha avanzado en materia de agendas de género latinoamericanas, pero siguen siendo mínimos, ya que pese a que se logró tener la presidencia de la Conferencia Regional de la Mujer en 2020, la “agenda cumple con los indicadores mínimos y las metas mínimas que se han propuesto”, apunta.
Cabe señalar, además, que Chile no ha informado sobre sus avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de equidad de la mujer, y además el INE no hizo la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que era un recurso muy necesario para poder conocer cómo ha impactado en la vida de las mujeres de manera diferenciada en el uso del tiempo, además de la no consideración en institucionalidad, ni políticas públicas específicas dirigidas a las mujeres indígenas ni afrodescendientes.
