Bolivia: 2021 y la debacle opositora – Por José Galindo

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por José Galindo*

Este año fue, sin duda, uno de fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición, del cual la última se llevó la peor parte: desarticulada, desprestigiada y sin capacidad de liderazgo ni propuesta, los detractores del Movimiento Al Socialismo (MAS) han visto desmoronarse la narrativa del “fraude monumental” a la vez que se hacía evidente el carácter delincuencial y autoritario del régimen de Áñez, perdiendo al final del año incluso la capacidad de retomar las calles, tras un breve destello de posible relanzamiento que terminó con su ocaso.

2021 concluye con una evaluación positiva para el gobierno de Luis Arce en lo político. Tres tendencias destacan a lo largo de este año que se va: primero, una desarticulación parcial del bloque opositor ligado al golpe de Estado de 2019; segundo, la deslegitimación del mismo debido a la confirmación del carácter autoritario del gobierno de Áñez y la falsedad de la narrativa del “fraude monumental”; y tercero, una verificable cohesión del mundo popular en torno a la defensa de los resultados de las elecciones del 18 de octubre de 2020 que devolvieron al poder al MAS tras exactamente un año de interrupción democrática.

No obstante, también se hicieron visibles los límites del oficialismo en la correlación de fuerzas respecto a sus detractores, evidentes sobre todo en el último cuarto de esta gestión; la oposición, claro, está lejos de poder rearticularse con éxito, tanto en el plano orgánico, programático e incluso discursivo. La lección irrefutable de este año es que el restablecimiento de la democracia tiene como condición necesaria la participación activa de las organizaciones sociales que hicieron posible la derrota de una derecha que aún no está dispuesta a jugar de acuerdo a las reglas del régimen político que dicen defender.

Enero

Los hitos de este año son numerosos, aunque sus primeros pasos se caracterizaron por una lenta pero constante dinamización del escenario político nacional. Así, enero de 2021 inició sin grandes traspiés una vez que la oposición más radical al gobierno de Arce abandonó su pretensión de extender el Estado de Excepción impuesto desde noviembre de 2019 mediante una nueva intervención de los militares, ante cuyas puertas se arrodillaron hasta diciembre del pasado año. Lo que no quiere decir que no se hayan dado novedades en este primer mes, en el cual fallecieron notables figuras de la política boliviana como Osvaldo “Chato” Peredo, Rolando Villena, Edgar “Huracán” Ramírez, Juan Carlos Pinto y, tal vez el de mayor revuelo mediático, “el Mallku” Felipe Quispe, figura señera del desmoronamiento del modelo neoliberal y el sistema de partidos de la democracia pactada a principios de este siglo. La mayor parte de estas muertes se dieron como consecuencia de la pandemia del Covid-19, persistente hoy con su tercera y cuarta ola, aunque, en algunos casos, como el último, se desconocen las causas exactas del fallecimiento. Con todo, enero fue un mes de luto para la totalidad de la clase política boliviana, entre sus dos espectros.

Febrero

El ritmo político se fue acelerando a partir de este mes, cuando se dieron las primeras imputaciones y arrestos de policías, militares y civiles vinculados con el golpe de Estado de 2019, entre ellos, el exdirector de la Dirección General de Migración, Marcel Rivas; el excomandante de la Policía en el régimen de facto, Iván Rojas; el excomandante de las Fuerzas Armadas en el interinato dudosamente constitucional de Áñez, Carlos Orellana; el excomandante de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita, por la masacre de Sacaba; y el exgeneral y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Fernando Valverde, por la masacre de Senkata.

Marzo y abril

Las detenciones se extenderían a exministros y otras autoridades del régimen golpista durante el mes de marzo, además de líderes de grupos paramilitares como Yassir Molina, tras la sorpresiva aprehensión de Jeanine Áñez el día 13 de ese mes, hallada escondida bajo su cama por las fuerzas del orden, a pesar de que había declarado de que no trataría de escapar frente a la posibilidad de un juicio de responsabilidades. Con dicho arresto quedó patente la débil cohesión y capacidad de movilización de la extrema derecha, que en vano trató de convocar a cabildos y marchas en defensa de los principales miembros del gobierno que asumió el poder sin respetar ningún paso del protocolo constitucional de sucesión presidencial.

Marzo también fue el mes de las elecciones subnacionales, celebradas el día siete con una clara preeminencia del partido oficialista en las zonas rurales, pero derrotado en las ciudades capitales de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. La tendencia se confirmaría en el balotaje dispuesto para el siguiente mes, exactamente el 11 de abril, en el cual el MAS fue derrotado en los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca, cuyas gobernaciones fueron a parar a agrupaciones ciudadanas no necesariamente opuestas al oficialismo o aliadas al bloque opositor radical como el que terminó ocupando la gobernación de Santa Cruz o Beni. Pero, la mayor parte de los analistas coincidieron en que la conducción de la campaña a cargo del expresidente Evo Morales fue menos que satisfactoria, por lo cual fue duramente criticado incluso dentro de sus propias bases. Para mayor desazón del MAS, abril fue el mes en se dio el arresto del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, atrapado in fragante en un caso de extorsión que tuvo revuelo nacional, un 14 de ese mes.

Mayo

Los tropiezos del oficialismo cometidos los dos meses anteriores no significaron, sin embargo, que la oposición recuperara vuelo, sino todo lo contrario, puesto que el 26 de mayo fue detenido en Estados Unidos el exministro de Gobierno golpista, Arturo Murillo, una de sus figuras más influyentes y controvertidas, a raíz de la revelación de indicios de lavado de dinero proveniente de la desviación de fondos por la compra de material bélico en noviembre y diciembre de 2019. Dicho acto de corrupción arrastró al infame ministro de Defensa de ese periodo, Fernando López, así como a otros tres colaboradores de menor rango. El caso constituyó un golpe decisivo a la reputación del gobierno “transitorio”, cuya presidenta ya se encontraba presa, afectando su imagen a tal grado que medios ultraconservadores como Página Siete dedicaron editoriales denostando a la figura de Murillo, a quien se presumía como uno de los más influyentes miembros del gabinete que emergió de la crisis y el golpe de Estado de 2019.

Junio

Las revelaciones provenientes, irónicamente, de Estados Unidos seguirían produciendo titulares de primera plana en este mes, concretamente el 17, en el cual el periódico digital The Intercept reveló que el exministro López, además de verse implicado en contubernios de corrupción en el gobierno golpista, buscó asestar un segundo putsch contra el MAS tras los contundentes resultados de las elecciones de octubre de 2020, gestionando la contratación nada menos que de mercenarios estadounidenses que partirían desde La Florida para corregir el error cometido por el soberano boliviano en las urnas.

Sin desestimar la información, expertos en seguridad consultados por el medio de la primicia lamentaron la poca seriedad no solo de la exautoridad boliviana, sino también de las corporaciones de la guerra privada en Estados Unidos, cuya autopercepción suele ser sobredimensionada, seduciendo a incautos como López, quien creyó posible una invasión yanqui en territorio boliviano justo antes de las elecciones presidenciales en aquel país.

Julio

Para continuar con el desprestigio del gobierno golpista conducido por Áñez, los medios internacionales reprodujeron el 29 de julio las conclusiones del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, perteneciente a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que desmentía las acusaciones de fraude señaladas por la oposición que impulsó la interrupción constitucional en 2019 alegando la existencia de servidores externos en el conteo de votos de octubre de ese año. Lo relevante de dicho informe, que se sumaba a ya otros cinco publicados entre 2020 y los primeros meses de 2021, es que no solo se basaba en el estudio de los resultados jurídicamente no vinculantes del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sino en el cuestionable informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas conclusiones fueron refutadas sistemáticamente por este estudio, descartando que el uso de dos servidores externos haya implicado la manipulación de datos y de actas para favorecer a Morales y su partido.

Agosto

Pero si la pesquisa de la prestigiosa Universidad de Salamanca resultó inaceptable para la oposición elsiguiente trabajo de investigación presentado el 17 de agosto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), conformado por la propia OEA, sería más difícil de desconocer.

Dicho informe concluyó categóricamente la existencia de un régimen de terror en Bolivia entre finales de 2019 y finales de 2020, que perpetró la violación sistemática de los Derechos Humanos de ciudadanos nacionales y extranjeros, llegando a cometer incluso masacres y ejecuciones sumarias, yendo más allá de las acusaciones de golpismo que pesaban sobre la oposición al MAS, presentándolos, esta vez, como miembros de un gobierno indudablemente autoritario y vulnerador de todo derecho político y libertad civil.

La clasificación de las vulneraciones a la Constitución y la Carta Internacional de los Derechos Humanos fue ignorada por medios como Página Siete y los principales representantes de los partidos de derecha, sin que por ello los hallazgos causaran revuelo incluso entre sus propias filas.

Septiembre y octubre

Uno de los principales conflictos que el Gobierno habría de enfrentar este año no provendría de las filas cívicas y opositoras, sino de las de un viejo aliado que se fue alienando desde finales de 2017, con la promulgación de la Ley de la Coca y la reticencia del movimiento de productores de esta planta en el norte de La Paz de compartir su mercado con sus homólogos del Chapare. El detonador fue la toma del principal mercado y centro de comercialización legalmente establecido en la sede de gobierno, adelantada por una de las facciones más cercanas al oficialismo, que desencadenó una multitudinaria respuesta a finales de este mes, a la que se sumaron con entusiasmo sectores partidarios de la oposición, hasta que el 4 de octubre se conforma una comité que supervisaría la elección de una nueva dirigencia del sector cocalero que por casi dos semanas monopolizó la atención de los medios de comunicación y la opinión pública. Se trata, para muchos, de la primera derrota en las calles del MAS.

Le seguiría otra casi inmediatamente, en ese mismo mes, esta vez con la participación de amplios sectores pertenecientes a la economía informal azuzados por una campaña mediática y partidaria en contra del proyecto de Ley 218, que reglamentaba la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero.

Algo que en un país donde ocho de cada 10 trabajadores son de carácter informal naturalmente provocó suspicacias, particularmente entre las organizaciones de comerciantes y transportistas a nivel nacional. Las movilizaciones no fueron multitudinarias, pero gozaron de una intensa cobertura desde los medios en la primera mitad de octubre. Una demostración de fuerza convocada para el 12 de octubre, día de profundas implicaciones históricas para los pueblos indígenas de Latinoamérica, logró congregar a miles de personas en lo que se llamó “el whipalazo”, pero no pudo evitar que el día 15 una comisión legislativa anunciara el retiro de la norma proyectada, lo que fue considerado como la segunda derrota del Gobierno.

Noviembre

Dicha sucesión de acontecimientos elevó la moral de los detractores del gobierno de Arce, particularmente de un movimiento cívico cada vez más radicalizado y con capacidad de liderazgo por encima de la oposición partidaria. Se propusieron, entonces, la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, nuevamente al frente de organizaciones del sector informal de la economía no necesariamente antagónicos con el gobierno nacional, pero vulnerables a la manipulación mediática. Las protestas fueron planificadas en la llamada Cumbre por la Libertad y la Democracia en las ciudades de Potosí y Santa Cruz y comenzaron efectivamente apenas terminaron los festejos de Todos Santos, durante la primera semana de noviembre, y se extendieron por 15 días, cada vez con mayor beligerancia, al punto de que se provocó la muerte de un campesino en la ciudad de Potosí, en circunstancias inusuales, sin que ello mermara la determinación del movimiento cívico para enfrentarse al Gobierno.

La norma fue abrogada el 17 de noviembre, en medio de celebraciones de cívicos y partidos de la oposición que decidieron ampliar sus demandas a la abrogación de otras normas, en un acto de abierto desafío al MAS, cuestionando incluso los resultados de las elecciones de octubre de 2020. Dichas pretensiones abiertamente disruptivas del orden constitucional despertaron a un león dormido, en forma de una multitudinaria marcha que logró reunir a más de un millón de personas en el transcurso de casi una semana, llegando a la sede de gobierno un lunes 29 de noviembre, en clara advertencia a cualquier intento desestabilizador reñido a la Constitución que pudiera ocurrírsele a los sectores derechistas, que inmediatamente cesaron sus llamados a continuar enfrentando al Gobierno en las calles, lo que provocó escisiones en el ya radicalizado movimiento cívico cruceño.

Diciembre

Lo que nos lleva a concluir el año, ya en diciembre, con la desarticulación del movimiento cívico en su rama del departamento de Potosí, cuyos liderazgos estuvieron implicados en la toma violenta y destrucción de instituciones del Estado en noviembre de 2019, lográndose con ello el arresto de Marco Pumari, presidente cívico en 2019, y el desplazamiento de Juan Carlos Manuel, que se encontraba actualmente a la cabeza de este sector. El movimiento cívico opositor perdía con esto a una de sus partes más activas, lo que fue rematado con el descubrimiento en la primera mitad de diciembre de uno de los casos más grandes de corrupción en la historia de Santa Cruz de la Sierra, que explotó en las manos de su propio movimiento cívico, con consecuencias hasta ahora imprevistas.

En síntesis, fue un año penoso para la oposición, marcado por la desarticulación, el desprestigio y la pérdida de rumbo estratégico.

*Cientista político boliviano. Analista de La-Epoca.