Uruguay | El Frente Amplio rechaza proyecto de ley que otorga prisión domiciliaria a represores de la dictadura
FA rechaza proyecto de Cabildo Abierto porque «busca reinstaurar la impunidad»
El Frente Amplio (FA) expresó su rechazo al proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto y que propone otorgar prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años.
En una declaración publicada este viernes, la Mesa Política Nacional del FA sostiene que ese proyecto busca “beneficiar a los 20 reclusos de la Unidad 8 de Domingo Arena, presos por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar”.
El FA expresa entonces “su rechazo al nuevo intento de generar marcos legales con la intención de reinstaurar la impunidad sobre las aberrantes acciones desplegadas contra la población durante los años de la dictadura cívico – militar, dónde se desarrolló el terrorismo de Estado con un elevadísimo costo en muertes, desapariciones, cárcel, tortura y exilio”.
“Al mismo tiempo -agrega la declaración del FA- denuncia la operación puesta en marcha por sectores nostálgicos y a través de referentes de la propia derecha con el fin de confundir y re escribir la historia reciente sobre la base de la ‘teoría de los dos demonios’”.
En otro punto de la declaración, el FA “emplaza al presidente Luis Lacalle Pou y al expresidente Julio María Sanguinetti a ratificar o rectificar la afirmación aparecida en un medio de prensa en el sentido de que ellos ya habrían dado ‘el ok hace unos meses’ para la aprobación del mencionado proyecto”.
La declaración finaliza con un llamado “a la movilización popular” en contra de este proyecto de ley. En ese sentido, el FA “compromete toda su fuerza militante y los votos de sus bancadas parlamentarias para la no aprobación de este proyecto de ley ni de ningún otro que atente contra la verdad, la justicia, la memoria y el nunca más”.
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Sanguinetti: proyecto de CA de prisión domiciliaria es “humanitariamente razonable” pero “inoportuno” en este momento
Hace varias semanas que en la discusión política está el proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años. Esta iniciativa beneficiaría a más de 20 represores que violaron derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado y se encuentran recluidos en la Unidad 8 Domingo Arena. Dentro de la coalición todavía no hay definiciones sobre el proyecto.
El secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, dijo a la diaria que “en términos generales” cree que una ley que establezca la prisión domiciliaria “tanto para civiles, como para militares, como para quienes sean”, es “algo humanitariamente razonable”; por lo tanto, “en principio, la sustancia del tema” le parece “adecuada”.
“Lamento que se haya planteado de este modo singular que, como consecuencia, genera un debate inoportuno, en momentos en que estamos discutiendo todos los asuntos referidos a la LUC [ley de urgente consideración]”, agregó. Sanguinetti subrayó que “más allá del detalle del proyecto”, la idea “es humanitaria”, por lo cual “en general” no cree “que nadie pueda estar demasiado en desacuerdo”.
En cuanto a las diversas críticas y advertencias que se han levantado sobre el proyecto, por el beneficio para militares condenados por delitos de terrorismo de Estado, Sanguinetti indicó que la iniciativa “también puede ser para muchos que no son militares”, lo que pasa es que “el tema lo planteó un grupo muy cercano al mundo militar”, entonces, “naturalmente, sesga el debate” hacia ese lado y establece “cierta inoportunidad”.
El jueves se reunió la Mesa Política de CA. Consultado el senador Guido Manini Ríos por la diaria acerca de los dichos del secretario general del PC, sobre lo “inoportuno” de presentar el proyecto de ley ahora, el líder de CA se limitó a decir que “es la respetable opinión del doctor Sanguinetti”.
En declaraciones publicadas este jueves por el semanario Búsqueda, el senador de CA Raúl Lozano expresó que esperan que el proyecto se apruebe antes de final de año, y que la expectativa inicial era que fuera presentado por el Ejecutivo. Esto no ocurrió, pero, según el legislador, la respuesta desde el gobierno fue “que lo presentáramos nosotros y que ellos lo iban a apoyar”. Sobre el beneficio para militares, Lozano respondió: “Las leyes se hacen con carácter general, no con nombre y apellido. Este proyecto responde al pedido de un trato humanitario justificado en el principio de humanidad sujeto a los organismos internacionales, al informe del comisionado parlamentario penitenciario y a la enfermedad del covid-19”.
“Un delito permanente y continuado”
En la línea de las críticas al proyecto, este jueves organizaciones integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron. En un comunicado que difundieron colectivos como la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la federación Fucvam, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la asociación de ex presos políticos Crysol y Memoria en Libertad, entre otros, indicaron que se pretende “sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria”.
“Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos”, señalaron los colectivos.
Agregaron que de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue ratificada por Uruguay, “el crimen de desaparición forzada constituye un delito permanente y continuado”, por lo cual “sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios”.
La prisión domiciliaria supone desvirtuar la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad
En las últimas horas, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, FUCVAM, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, CRYSOL, Colectivos Contra Toda la LUC, la Fundación Mario Benedetti, la Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano y Memoria en Libertad, emitieron una declaración en la que expresan su rechazo al proyecto de Ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años.
La iniciativa, de aprobarse, beneficiaría a más de 20 presos procesados por delitos cometidos durante la dictadura que se encuentran recluidos en la Unidad 8 Domingo Arena.
Las organizaciones que integran la Asamblea Nacional de Derechos Humanos manifiesta que tal sustitución, supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos.
Rechazan, asimismo, que “varios de estos criminales no sólo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de quienes hasta el día de hoy se encuentran en condición de desaparecidos”.
Declaración
He aquí la declaración pública íntegra de las organizaciones de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos:
“Las organizaciones, gremios y movimientos sociales abajo indicados, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, hacen público su terminante rechazo al proyecto de Ley impulsado por senadores de un sector parlamentario, que pretenden sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria.
Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos.
Cabe agregar que varios de estos criminales no solo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos hasta el día de hoy, en condición de desaparecidos.
Se debe recordar que, de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ratificada por Uruguay), el crimen de desaparición forzada, constituye un delito permanente y continuado (artículo 8 Inciso B de la Convención), por lo cual sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios.
Por otra parte, las organizaciones ya mencionadas, también manifiestan su consternación y rechazo ante el reciente fallo judicial, por el cual se condena a seis manifestantes que pacíficamente protestaban ante la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Motta. Este lamentable fallo materializa un acto de criminalización de la protesta pacífica, con lo cual se ataca y desvirtúa un derecho constitucional y humano esencial, como es el derecho de protesta de las y los ciudadanos, ante actos o hechos de naturaleza arbitraria por parte del Estado.
Por último, las organizaciones expresan su indignación y repudio ante las sanciones practicadas en San José, contra docentes de Secundaria que efectuaban una actividad sindical. Estos actos de represión o intimidación, no hacen más que deteriorar la calidad de las libertades democráticas y, por tanto, ponen en serio peligro la convivencia, la tolerancia y en particular, el respeto a los derechos humanos de los habitantes, a que está obligado el Estado, en virtud de los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Organizaciones firmantes:
Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT – FUCVAM – Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos – CRYSOL – Colectivos Contra Toda la LUC – Fundación Mario Benedetti – Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano – Memoria en Libertad”.
