Protesta en Puerto Rico contra el Plan de Ajuste de la Deuda
Ciudadanos claman que no se apruebe el Plan de Ajuste de la Deuda
Manifestantes congregados frente al tribunal federal durante todo el día de ayer, se juntaron con el objetivo de enviarle un mensaje a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain —quien comenzó a escuchar los argumentos a favor y en contra— para que no le dé paso al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
Los sectores y organizaciones en protesta coincidieron en que la reestructuración de deuda —que no fue auditada— incluye emisiones de bonos que entienden son ilegales y cuyas condiciones terminarán afectando las pensiones y los servicios esenciales, como la educación superior pública.
Durante más de nueve horas, no hubo en la calle Chardón —donde ubica la entrada principal al tribunal— ni silencio ni tregua de parte de los manifestantes. Allí se congregaron personas de todas las edades que cantaban consignas como “la pensión que trabajé, yo no la entregaré” o “la UPR no se vende”. La masa de gente escuchaba los mensajes de los líderes sectoriales y sindicales y también las intervenciones artísticas.
Acompañados de instrumentos musicales, sartenes, ollas y cucharones, la expresión colectiva iba de la indignación a la rabia, ante las decisiones que impulsa la Junta de Control Fiscal (JCF) como parte del proceso para reestructurar la deuda y promover recortes constantes al presupuesto de la UPR.
Patricia Irizarry, de 17 años y estudiante del recinto de Aguadilla de la UPR (UPR-Aguadilla), salió antes del amanecer desde San Sebastián para unirse a la jornada de protestas porque entiende que el PAD le afecta doblemente y le preocupa el futuro.
Indicó que están amenazando su lugar de estudios y siente que está en peligro lo que algún día debe ser su pensión después de que se integre al sistema público de enseñanza, porque su sueño de toda la vida ha sido ser maestra.
“Nos van a hundir como estudiantes, que somos el futuro del País, que se supone que a nosotros sea a quien nos den prioridad, pero no nos dan la prioridad que merecemos y estoy preocupada porque además estoy estudiando Educación. Yo quiero ser maestra y al ver todas estas cosas que están pasando, lo injusto que el gobierno está siendo con los maestros, eso a mí me asusta como futura educadora del País”, expresó.
Sin embargo, aseguró que no renunciará al sueño de ser maestra a pesar de las condiciones que enfrenta el magisterio.
Ayer el movimiento estudiantil tuvo un papel protagónico cuando a eso de las 11:00 de la mañana, —luego de que se corriera de boca en boca que estaban por llegar tras salir horas antes desde el Recinto de Río Piedras— se divisó la guagua de sonido que los precedía y el ambiente se llenó de júbilo en recibimiento de los estudiantes. La gran mayoría de las personas abandonó la formación de piquete para grabar con sus celulares a los estudiantes a su llegada.
Acompañados de música, pancartas con mensajes en defensa del presupuesto de la UPR, miles de estudiantes, profesores, madres y padres entraron a la calle Chardón. De inmediato comenzaron a apostarse más guardias de seguridad en las áreas del estacionamiento y los portones del tribunal.
No pasó mucho tiempo antes de que se viviera un momento de tensión cuando comenzaron a amarrar con sogas algunas de las pancartas más grandes a los portones del tribunal. En respuesta y desde el área verde dentro de las instalaciones, un agente comenzó a cortar las sogas con una pequeña tijera y se suscitó un forcejeo. Otro de los guardias soltó gas pimienta.
Sin embargo, la mayoría de las personas llevaba puesta su mascarilla para evitar el contagio con el covid —lo que los protegió un poco de los gases— y la situación no pasó de unos cuantos insultos. Poco después la formación de guardias, armados con escopetas de pellets, fue retirada del portón.
Diez minutos después, un contingente de la Fuerza de Choque se posicionó en fila frente a la entrada y allí se mantuvieron el resto del día.
Ángel Ocasio, secretario general de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), hizo un llamado a seguir las manifestaciones para que llegue el mensaje a la jueza Taylor Swain: “La dignidad del pueblo va primero y hoy estamos haciendo lo que el gobierno y la administración no han hecho, defender la Universidad de Puerto Rico”, expresó, llevándose un aplauso.
A eso de las 2:00 de la tarde, la jueza Aida Delgado se asomó brevemente para ver la manifestación desde el estacionamiento multipisos que da a la calle.
Para la senadora María de Lourdes Santiago, el representante Denis Márquez y el excandidato a la gobernación Juan Dalmau —líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)— le toca al Congreso asumir responsabilidad sobre la deuda, porque durante el proceso limitó las opciones que se presentaron y luego nombró la junta fiscal con poderes plenipotenciarios, que a su juicio han utilizado para beneficiar a quienes compraron bonos en negociaciones que han estado impugnadas.
La representante Mariana Nogales, el senador Rafael Bernabe, el excandidato a la gobernación Manuel Natal y la excandidata a representante Eva Prados, —líderes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) — también llegaron a manifestarse en rechazo al plan de ajuste.
En horas de la tarde más personas jubiladas y educadores se unieron a los piquetes exigiendo que no se trastoquen sus pensiones.
Una maestra de escuela superior, con 28 años de trabajo y quien no se quiso identificar, expresó que era injusto que estando tan cerca de acogerse al retiro, se enfrente a posibles cambios en las proyecciones para su vida como jubilada, cuando aún tiene deudas y “una familia que mantener”. Recordó que por años aportó de su salario para la compra de materiales porque el Departamento de Educación no se los proveía.
Aseguró, además, que se trata de una profesión que no todas las personas están capacitadas para realizar.
“El magisterio le roba tiempo a su familia para dedicárselo a los hijos del país. Nosotros invertimos en la niñez que algún día va a aportar al país. Si queremos menos criminalidad, necesitamos más educación. Pero las escuelas están en detrimento, y la solución no puede ser decirle a la gente que se vayan”, declaró.
Los jubilados y trabajadores anticipan empobrecimiento
Los rostros agobiados de puertorriqueños que tendrán que vivir con las consecuencias de la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno de Puerto Rico se dejaron ver ayer ante la jueza Laura Taylor Swain, en cuyas manos está la decisión de confirmar o rechazar el documento.
Aunque se suponía que 25 personas presentarían sus planteamientos ante la jueza Swain, solo se presentaron siete ponentes, quienes esbozaron la ansiedad que les provoca la confirmación del PAD.
El segundo día de vistas para confirmar el documento comenzó en el exterior del Tribunal Federal en Hato Rey, con decenas de agentes de la Policía ubicados frente a los portones, donde se colocaron vallas naranjas frente a vallas de cemento, pintadas y con mensajes en oposición a la Junta de Control Fiscal, el gobierno y el PAD.
No había manifestaciones convocadas para ayer y poco antes del mediodía los efectivos policiacos se retiraron del área.
Adentro del tribunal, en la sala 3 donde Swain preside las vistas, se veía una imagen poco común en los procesos de Título III de quiebra, con la sala casi vacía y menos de una decena de personas distribuidas en las bancas. En las pantallas de la sala se observaba la cara de los abogados, conectados a través de la plataforma Zoom y, con marcadas excepciones, lucían estoicos ante los testimonios.
Según indicó Swain al comenzar la vista, cientos de personas solicitaron un turno para comparecer y expresarse sobre el PAD y hubo una selección de 25 participantes realizada mediante lotería el viernes pasado. Los seleccionados fueron notificados por correo electrónico y recibieron las instrucciones sobre la hora en que deberían comparecer.
Durante la mañana se presentaron cuatro mujeres, luego siguió un receso, que fue extendido en dos ocasiones hasta la 1:00 p.m, cuando llegaron tres hombres. Según había anticipado Swain, entre las personas citadas había jubilados, empleados del gobierno, un bonista y el resto se identificó como ciudadanos. Sin embargo, los siete que llegaron son pensionados, un exempleado del gobierno y dos ciudadanos.
Wanda Alabarces, viuda retirada de 75 años, fue la primera en tomar el estrado y de inmediato le indicó a Swain que solo ella tiene el poder de detener la confirmación del PAD y revaluar el impacto adverso que tendrá la reestructuración de la deuda sobre los más desaventajados, una de las preocupaciones recurrentes que expusieron los convocados. En su turno, Alabarces destacó la alta disparidad social que la quiebra del gobierno levanta, señalando que la reestructuración que viabiliza el PAD beneficiará a los ricos y poderosos “a expensas de los sectores más vulnerables de la sociedad”.
El segundo turno le tocó a Alana Feldman Soler, coordinadora general de la organización Taller Salud e integrante del Movimiento Amplio de Mujeres. Comenzó su relato estableciendo que teme por su familia y su comunidad, pues su madre, una maestra retirada, recibe solo $500 de pensión al mes.
Agregó que sus vecinos más cercanos están en proceso de mudarse fuera de la Isla, frustrados por no conseguir mejores oportunidades y que atestigua cómo las víctimas de violencia de género deciden no querellarse ante la Policía por entender que no cuentan con los recursos para resolver los casos.
Auditoría y fondos para la UPR
Feldman Soler fue la primera que trajo a colación la controversia por el posible cierre del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), indicando que la institución académica ha sido “estrangulada desde adentro” por la escasez de profesores y los recortes presupuestarios. Su mensaje final a la jueza fue: “El pueblo de Puerto Rico no estará bien si tienen que sacrificar sus necesidades básicas para el repago de la deuda”.
La tercera ponente fue Annette Jiménez Collet, residente de Vega Baja, con dos hijos en escuela pública y uno en el recinto de Río Piedras de la UPR. Cómo exalumna de la UPR, Jiménez Collet argumentó que sus estudios universitarios fueron clave para ayudarla a contribuir a Puerto Rico y entender que los problemas serios y complicados que aquejan a la Isla no serán resueltos recortando fondos a los servicios esenciales.
“No es posible eliminar déficits estructurales cuando la junta (fiscal) le rechaza dinero a la UPR, pero aprueba millones en celebraciones absurdas”, puntualizó Jiménez Collet. Advirtió que el PAD persigue continuar el patrón del gobierno de emitir deuda sin contar con los recursos para pagar. Le expresó a Swain que espera que sus intenciones sean honestas y no dirigidas a marcar un encasillado en la lista de cosas por hacer en el caso.
La última ponente de la mañana fue Jessica Ortega Irizarry, empleada del Departamento de Educación, con 11 años como maestra y nueve como directora escolar. Mediante traducción de español a inglés, Ortega Irizarry expuso las frustraciones del magisterio, pues tras años de educación y servicio los maestros en promedio no pueden vivir vidas dignas con salarios mensuales de entre $1,700 y $2,300, teniendo que decidir en ocasiones si pagan la mitad de la factura de la luz o del agua.
“Quitarnos el poco dinero que recibimos de nuestro retiro con todo lo que propone el PAD sería dejarnos en la miseria. Un maestro que cobra $2,300 mensualmente, el 75% equivaldría a $1,725. Ya vivimos en la pobreza… No tendremos una vejez digna luego de haber dedicado nuestras vidas a uno de los pilares más importantes de nuestro país”, sostuvo Ortega Irizarry.
En la tarde, se presentó el testimonio de Manuel Martínez Maldonado, médico de profesión que favoreció la auditoría de la deuda. También elogió a la UPR e insistió en que la institución debe continuar siendo accesible para los más desaventajados.
Los últimos dos convocados ofrecieron los testimonios más emotivos del día. Heriberto Quiles Pumarejo, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), comenzó resaltando que fue forzado a retirarse con 26 años de servicio debido a problemas de salud mental. El hombre le dejó saber a la jueza que llegó desde Ponce porque amaneció con el ánimo de llegar hasta San Juan acompañado por su padre.
Quiles Pumarejo reiteró el llamado a auditar la deuda y financiar la UPR, y destacó el caso de LUMA Energy, que opera la transmisión y distribución de energía de la Isla y el servicio al cliente que estaba en manos de la AEE.
Señaló que esta empresa recibe millones en fondos públicos “regalados” por el gobierno para, en cambio, ofrecer un servicio deficiente. Resaltó que la privatizadora alberga familiares y amigos de la clase política, al igual que políticos derrotados “que nunca habían soñado con ganarse lo que se están ganando ahora”.
La conclusión de sus palabras fue perturbadora, al admitirle a la jueza Swain que la ansiedad que vive ante la posibilidad de que su pensión desaparezca lo ha llevado a pensar en el suicidio.
Swain le recordó a Quiles Pumarejo que todo lo que escucha lo tomará en cuenta a la hora de tomar decisiones legales, pero añadió que aunque la situación no es fácil y no podía prometer mejoría, que su vida era preciosa y debería usar sus destrezas para mejorar su vida y su comunidad. De paso, le exhortó a continuar recibiendo tratamiento psicológico.
El último ponente del día fue Rafael Texidor Torres, exabogado que estuvo destacado en la oficina legal del recinto de Río Piedras de la UPR en 2017, año en que dejó su trabajo por desacuerdos con la manera en que la administración universitaria atendió los reclamos de la huelga de ese año.
Texidor Torres, quien comunicó que padece de cáncer, insistió en que hubo mal manejo gubernamental en relación a la deuda, por lo que instó a que se lleven a cabo investigaciones criminales.
El abogado destacó que en su tiempo en la UPR pudo ver irregularidades constantes que lo llevaron a concluir que la corrupción en la institución es endémica, al igual que en el resto del gobierno.
Su testimonio finalizó de forma emotiva, al admitirle a la jueza que su intención inicial era prepararse con argumentos legales para intentar convencerla de cambiar el rumbo de las vistas de confirmación. No obstante, decidió compartirle la lección que su madre le inculcó desde pequeño: “Por la comida no se pelea”.
Hoy continúan las vistas con la fase de testimonios, interrogatorios y redirectos, comenzando con la directora ejecutiva de la junta fiscal, Natalie Jaresko.
