Ministro de Justicia plantea la posibilidad de otorgarle un indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori
Ministro de Justicia abre la puerta a evaluar indulto para Fujimori
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, dejó este martes la puerta abierta a evaluar un eventual indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori en caso de que se certifique que es una enfermedad grave lo que recientemente le obligó a ser trasladado de la cárcel a una clínica.
“Si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto humanitario”, manifestó Torres en una entrevista a la emisora de radio Exitosa.
No obstante, el ministro aseguró que hasta ahora su cartera no ha recibido ninguna solicitud formal de la familia para que se evalúe nuevamente un indulto en favor de Fujimori, de 83 años, quien desde 2007 cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Torres incidió en que cualquier solicitud de indulto será evaluada en función al examen que practique una junta independiente de médicos, quien debería determinar si su estado de salud es lo suficientemente grave como para que deje de purgar la pena de cárcel.
“Nosotros atendemos lo que es razonable, no lo irrazonable. Si se encuentra gravemente enfermo, lo lógico es que vaya a morir a su casa, y se estudiará el indulto pero, repito, será después de haberse realizado un examen por una junta de médicos”, sostuvo.
El titular de la cartera de Justicia negó que el tema haya sido tratado en el Gobierno del presidente Pedro Castillo y explicó que sus expresiones “se derivan de la razón, no del odio, el rencor o la venganza”.
CAMBIO DE POSTURA
Hasta hace unas semanas, Torres defendía la necesidad de que Fujimori fuese trasladado a una cárcel común y abandonase la privilegiada celda de tres ambientes que ocupa en una prisión construida expresamente para albergarlo a él, donde es el único reo en ese recinto carcelario.
“Me parece que la situación de salud de expresidente Alberto Fujimori, que ha cometido delitos gravísimos, ha empeorado bastante”, consideró el ministro.
Fujimori se encuentra hospitalizado desde el 9 de noviembre en una clínica de Lima tras presentar una baja saturación de oxígeno, problema que no fue solventado pese a que un mes atrás había sido sometido a un cateterismo en el corazón para intervenir sus arterias coronarias, luego de padecer taquicardias.
Desde que está en prisión, Fujimori es periódicamente trasladado a clínicas por diferentes males crónicos propios de su avanzada edad, como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular paroxística y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta seis veces.
Actualmente a Fujimori le faltan por purgar unos doce años de condena, por lo que saldría en libertad en 2033, cuando tendrá 95 años.
DOS INDULTOS DENEGADOS Y UNO FRUSTRADO
Torres recordó la gravedad de los delitos por los que fue condenado Fujimori, autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
Asimismo, también fue condenado por el secuestro de un empresario y un periodista tras el “autogolpe” de Estado de 1992, y por diferentes actos de millonaria corrupción, como malversación de fondos públicos.
Un eventual indulto conllevaría también que Fujimori sea exonerado del caso de Pativilca, otra matanza del grupo Colina, así como del posible juicio que pudiera realizarse por el caso de las esterilizaciones forzadas.
Hasta en dos ocasiones Fujimori solicitó oficialmente un indulto humanitario, la primera en 2013, rechazada por el entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016), y la segunda en 2016, de la que desistió luego de que el entonces electo presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) anunciase que no lo consideraría.
Sin embargo, en la Nochebuena de 2017, Kuczynski indultó a Fujimori de manera sorpresiva, pero la gracia presidencial fue revocada pocos meses después por la Justicia peruana al detectar irregularidades en el procedimiento.
El indulto siempre estuvo cargado de sospechas de ser parte de una negociación política, pues llegó solo tres días después de que el jefe de Estado se salvase de ser destituido por el Congreso, gracias a la abstención de un grupo de congresistas fujimoristas liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente.
PJ designa nuevo juez para resolver caso de esterilizaciones forzadas
El Poder Judicial anunció que se da por concluida la designación del juez Rafael Martínez, quien se encuentra a cargo del caso de esterilizaciones forzadas en el que están implicados Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, entre otros. El delito por el que se les acusa se inscribe en el marco de la violación de los derechos humanos, ya que atentaron contra la integridad física grave de algunas mujeres que murieron y sufrieron daños a su salud por la intervención quirúrgica, explica un recuento de la demanda fiscal.
De acuerdo al documento, Martínez deberá terminar la lectura de su resolución, la cual no ha concluido tras siete audiencias donde se determinará si se inicia un proceso penal o se archiva la denuncia. Tras ello, el letrado será reemplazado por el juez Littman Ramírez.
Desde que comenzó la lectura de la resolución el pasado14 de setiembre, estas duran un promedio de cuatro horas. El juez lee un fragmento de su resolución por un intervalo de 10 a 20 minutos, que inmediatamente es traducida al quechua.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, las evidencias recaerían en los documentos que solicitaban el consentimiento de las pacientes para la práctica de la esterilización. Muchos de ellos no se redactaron en quechua ni respetaron la idiosincrasia familiar y religiosa.
El juez Martínez debe decidir si acoge la denuncia de la Fiscalía e inicia la investigación judicial de los hechos ocurridos en los años 90, o considera que no hay nada de relevancia penal y archiva todo.
Víctimas en desacuerdo con medida
Víctimas y activistas por los derechos de las mujeres afirman que esta medida constituye un nuevo maltrato a las sobrevivientes “por causar sufrimiento y angustia en la larga lucha y espera por verdad, justicia y reparaciones integrales”.
“Esta resolución de cambio de juez en el caso de esterilizaciones forzadas a pesar de lo dispuesto en el artículo 4 de la misma, abre un grave riesgo para los derechos de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia en plazo razonable, con celeridad, debida diligencia reforzada y no discriminación de las más de 1,300 mujeres víctimas denunciantes de esterilizaciones forzadas sistemáticas”, expresaron desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh)
