Lawfare, una variable de poder que juega en las elecciones de medio término – Por Matías Caciabue
Por Matías Caciabue *
Luego del exiguo triunfo del macrismo en noviembre de 2015, el lawfare, como estrategia de poder, se desplegó con una virulencia y una potencia directamente proporcional a la expansión del saqueo económico implementado.
El lawfare es funcional a la alianza del capital transnacionalizado y los grupos oligopólicos locales implementó un modelo económico de acumulación por desposesión, sustentado en la denominada Valorización Financiera, la dolarización de servicios públicos, la depredación de los recursos naturales y la transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y pymes al gran capital.
En su momento más hegemónico, dicha alianza, expresada institucionalmente en el macrismo, justificaba la existencia de una “mesa judicial”. Con un presidente que apretaba públicamente a jueces y fiscales, su gestión obligó a reflotar causas cerradas, a intentar nombrar por Decreto presidencial (fuera de todo el marco legal) dos Jueces de la Corte Suprema, a hacer renunciar a la Procuradora General de la Nación (jefa de los fiscales) amenazando públicamente a sus hijos y a detener a una treintena de dirigentes sociales, funcionarios y figuras políticas y empresariales del kirchnerismo.
Una estrategia en acción: Los eslabones de la cadena del Lawfare
La estrategia del lawfare articula, en una cadena, una serie de eslabones de poder. Bajo las partituras estratégicas de thinktanks transnacionales (como la Fundación Libertad o la Red Atlas), operadores disfrazados de periodistas (como Daniel Santoro) montaban supuestos “hechos de corrupción” con información proporcionada por servicios de inteligencia paraestatales (como Marcelo D´Alessio), que algún “paladín del Poder Judicial” (como el Fiscal Carlos Stornelli o el Juez Gustavo Hornos) institucionalizaba en el Poder Judicial, con decisiones y sentencias que llegaban a la prensa antes que a los abogados defensores.
Las maniobras eran monitoreadas por los coordinadores de la “mesa judicial” del Presidente Mauricio Macri, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hoy prófugo en Uruguay. Nunca faltaron los ataques de ciberinfluencia de “consultoras”, que con mucho dinero consiguen mover sus algoritmos para una cuidada “segmentación de públicos” en las Redes Sociales. En el circuito de complicidades, por supuesto, nunca faltó la mano amiga de un sector de la oposición parlamentaria (como Miguel Pichetto, presidente del bloque peronista en el Senado y candidato a vicepresidente del propio Macri en 2019) para votar lo ilegal y vergonzante.
Lawfare, una tarea pendiente del gobierno del Frente de Todos
El desmontaje del lawfare por parte del gobierno del Frente de Todos ha sido mínimo. Eso sincera las débiles correlaciones de fuerzas. Los avances se han dado sólo en relación a la caída de algunas de las causas judiciales más escandalosas. Cualquier intento de reforma judicial han quedado en un “decálogo de buenas intenciones”. Lo mismo ha sucedido con la remoción de actores judiciales abiertamente corruptos y cómplices de la política neoliberal.
Entre las causas caídas destaca el virtual cierre de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, a partir de que el Tribunal Oral Federal N°8 el pasado 7 de octubre sentenció el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner junto con los 11 imputados más, entre ex funcionarios y dirigentes políticos y sociales.
Algo similar había ocurrido el pasado 13 de abril, cuando la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a Cristina Kirchner, al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y al resto de los acusados del expediente en el que se investigaban supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro.
Según la sentencia, se aclaró que no hubo perjuicio a las arcas del Estado ni se violó ninguna norma. En su alegato de defensa, la actual vicepresidenta señaló que “el 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central.
¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”, para luego hacer hincapié en que eso ocurrió apenas cinco días antes de la segunda vuelta electoral que determinó el triunfo electoral de Mauricio Macri.
También se han caído algunas de las causas armadas sobre la dirigente social, feminista e indígena Milagro Sala. Pese a que aún no se le ha dado libertad, siendo la más vergonzante presa política del país, el pasado 15 de septiembre la Cámara de Casación Penal Federal ratificó la nulidad de una condena por un supuesto escrache con huevazos de Milagro Sala al actual gobernador Gerardo Morales.
Como bien señala una nota del diario Página/12, “la causa de los huevazos es bien emblemática de cómo funcionó (y funciona) la maquinaria judicial contra Sala, en especial a partir de fines de 2015, cuando en el contexto del gobierno de Mauricio Macri y de Morales en la provincia, comenzaron a reactivarse viejos expedientes como por arte de magia y a sumarse otros de modo de acorralar a la dirigenta y privarla de la libertad.
Este expediente en particular se inició en 2009 pero el juicio oral recién se hizo en 2016. El 28 de diciembre de ese año Milagro fue condenada a tres años de prisión como instigadora de daño agravado”.
Los intentos de reforma judicial quedaron en una Comisión de Expertos, donde destacan el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, el exjuez Carlos Arslanian y diversos jueces como Inés Weinberg de Roca de CABA, Claudia Sbdar de Tucumán, y en un cambio del ministro de justicia en marzo de este año, donde la albertista Marcela Losardo fue reemplazada por Martín Soria, más cercano a CFK.
En relación a la remoción de actores judiciales corruptos, la situación es escandalosa. Sigue estando en funciones el Procurador General (es decir, jefe de los fiscales) Eduardo Casal, abiertamente macrista, que se encuentra “interino” desde noviembre de 2017, es decir, desde hace 4 años. Lo mismo sucede con el titular de la Fiscalía Federal N° 4, Carlos Stornelli, promotor de la conocida “causa de los cuadernos”, una vulgar operación de inteligencia que emergió desde las vitrinas del diario La Nación.
Sin dudas, el escándalo se complementa con la permanencia en los cargos de los camaristas del Tribunal de Casación (máxima instancia de la justicia penal del país) Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, cuestionados por sus reuniones con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, siempre antes de alguna sentencia de alguna causa contra Cristina Kirchner o algún funcionario de su gestión.
Del otro lado, como siempre sucedió en su historia de empresario y dirigente político, Mauricio Macri sigue gozando de una impunidad absoluta. Hace pocos días, Macri se ausentó de una indagatoria que debía cumplir en el juzgado federal de la Ciudad de Dolores, debido a encontrarse imputado por escuchas ilegales realizadas a los familiares y allegados de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.
Neoliberales tranquilos. La deuda y la fuga de capitales no son delito para la justicia argentina
Con la dictadura militar de 1976 y el “1 a 1” de la década del noventa, un sector del empresariado oligopólico local, en alianza a la banca transnacional angloamericana, finalmente asumió a la valorización financiera que propone la política neoliberal como el principal patrón de acumulación de sus riquezas.
Dicho patrón (o “modelo económico”) está sustentado en la especulación económica con instrumentos financieros múltiples que, a la corta o a la larga, necesitan de una transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y pymes hacia el capital concentrado, y del endeudamiento del Estado como “seguro de cambio” de una sistemática fuga de capitales hacia paraísos fiscales, en la mayoría de los casos.
En otras palabras, mientras las ganancias son de unos pocos, las deudas nos quedan a todas y todos.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue el primero en intentar indagar en profundidad en ese proceso. El propio presidente anunció un inicio de investigaciones múltiples el pasado 1 de marzo, durante la apertura de sesiones parlamentarias. Sin embargo, el Poder Judicial pareciera no hacerse eco, garantizando la impunidad de un proceso que puede ser definido como un proceso de acumulación (de riquezas) por desposesión (de las mayorías y del sector público).
El pasado 31 de octubre, el economista Alfredo Zaiat recopiló en un artículo los primeros datos que arrojaron diversas investigaciones e informes estatales. Entre un extenso y cuidadoso análisis, bajo el título “Deuda: Lo peor de una herencia horrible”, Zaiat recupera:
● Durante el período 2015-2019, la fuga de capitales se triplicó.
● El conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de 86.000 millones de dólares y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo.
● El 1% de las empresas (850 empresas) que resultaron compradoras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores (6.600 personas) acumuló 16.200 millones de dólares en compras netas durante el período.
● Al asumir en 2015, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una primera fase de ingreso de capitales que duró hasta comienzos de 2018. De cada 10 dólares que ingresaron en esa etapa, 8 tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumaron 100.000 millones de dólares en el período.
● Con la reversión de los flujos de capitales a principios de 2018, las autoridades decidieron recurrir al FMI, que desembolsó un préstamo récord de 44.500 millones de dólares.
Para garantizar la fuga de capitales de actores económicos afines, según otro informe elaborado por la Oficina Anticorrupción, el por entonces presidente Macri, su ministro Nicolás Dujovne y los presidentes del Banco Central Adolfo Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris suscribieron el crédito con el FMI violando toda la normativa pública vigente.
Mientras el Lawfare, como estrategia de softpower, siga dominando las altas esferas del poder judicial argentino, el neoliberalismo jamás será delito.
Colofón
Este es el estado de situación del Lawfare en Argentina. La justicia corrupta como teatro institucional, los servicios de parainteligencia montando operaciones psicológicas que se traducen en medios masivos de comunicación en clave de “periodismo de guerra”, y las redes sociales y sus algoritmos segmentando públicos buscan consolidar un cambio en las correlaciones de fuerzas sociales en contra de las enormes mayorías sociales el próximo domingo 14 de noviembre.
Luego de las dos pandemias, la macrista y la del Covid-19, el retorno a las calles que se vivió a partir de las dos grandes movilizaciones en torno al 17 de octubre se convirtió, una vez más, en la guía para (re)fortalecer el poder del movimiento popular argentino
* Licenciado en Ciencia Política (UNRC), estudiante de la Especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa), analista argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
