Golpe de Estado, acoso político y retrocesos en transparencia: legado de 6 meses de bancada oficialista – Por Ricardo Avelar
Por Ricardo Avelar
Han pasado seis meses desde que 56 diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión y establecieron la primera mayoría calificada en la historia contemporánea de El Salvador.
Si bien el pobre pedigrí democrático del oficialismo estaba certificado en los casi dos años que Nayib Bukele gobernó con un Congreso opositor, estos signos no han hecho más que empeorarse ahora que controla a los diputados y casi todos los asuntos del Estado salvadoreño.
Y fieles al estilo histriónico y escandaloso del gobierno central, los nuevos diputados “cyan” –y sus aliados en GANA, PCN y PDC– empezaron la nueva legislatura con un golpe de Estado: Pocas horas después de haber sido juramentados, y de haber excluido a la oposición de la Junta Directiva, removieron de manera ilegal y forzosa a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
Curiosamente, todos estos funcionarios le resultaban incómodos al Órgano Ejecutivo. Por un lado, los magistrados limitaron la pretensión de poderes extraordinarios del presidente durante la pandemia, lo que les ganó la aversión violenta del mandatario, que incluso los calificó de genocidas y bromeó que si fuera dictador los fusilaría.
Por otra parte, el entonces fiscal general se encontraba investigando al menos una docena de expedientes de posible corrupción en el gobierno central. Esta incomodidad no fue tolerada ni un día y con celeridad los removieron.
A su vez, llenaron las vacantes con abogados afines al gobierno. Así, en un día, el presidente se ganó el control del Legislativo, gracias al voto popular, y de una parte fundamental del Judicial y la Fiscalía, gracias a la matonería de sus legisladores que estruendosamente aplaudieron el golpe que acababan de propinar.
Esta ilegalidad fue solo el primer gesto de debilitamiento democrático que dieron estos legisladores: meses después aprobaron, sin tener la facultad para hacerlo, la remoción de jueces mayores a 60 años, es decir la profundización del golpe al Órgano Judicial.
Además de los golpes al balance de poderes, han demostrado matonería. Las burlas y el desconocimiento a los opositores y sus iniciativas son constantes. Y en las comisiones que han montado para investigar exclusivamente indicios de corrupción en el pasado, han tratado a sus invitados como acusados, humillándolos y maltratándolos.
En resumen, el legado de la “bancada cyan” y sus aliados es el de haber recibido una democracia en problemas y haberla transformado en un autoritarismo en ciernes a la medida del presidente Bukele.
Y todo, en medio de selfis, ejércitos de camarógrafos y pomposos discursos que imaginan un “nuevo país”, cuando en la realidad configura un retorno al pasado autoritario.
Como resume Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, después de estos seis meses los diputados de Nuevas Ideas serán recordados por “un golpe de Estado, debilitamiento de la institucionalidad y abuso de poder”.
Golpes a la transparencia
Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), dijo a El Diario de Hoy que dentro de estos seis meses es fácil identificar “leyes para favorecer la corrupción”.
Entre ellas, la Ley Alabí, aprobada a cuatro días de la toma de posesión, y que buscaba blindar las compras realizadas en pandemia de escrutinio e investigación. Esto, un mes después de que la Fiscalía anunciara que la CICIES le remitió una docena de avisos por posible corrupción.
Asimismo, destaca que la Ley Bitcoin, aprobada también con notoria celeridad, abre las puertas a que en el país se dé el lavado de dinero al establecer como moneda de curso legal un criptoactivo difícil de rastrear y que eleva el riesgo del sistema financiero salvadoreño.
Hernández también critica que esta legislatura ha archivado numerosas iniciativas de ley que contaban con el concurso de la sociedad civil. Entre ellas, la propuesta de Ley de Aguas trabajada por 15 años entre diputados y la sociedad civil, la ley de identidad para garantizar derechos de las personas trans, la ley de protección de periodistas, entre muchas otras.
Renunciaron a independencia
En seis meses, los legisladores cyan han demostrado absoluta sumisión ante los designios de Casa Presidencial. Las iniciativas que de ahí reciben son aprobadas sin discusión y con una velocidad notable.
Según Ruth Eleonora López, de Cristosal, “la bancada gubernamental, siendo mayoritaria, pudo haber demostrado independencia, apego a los requerimientos constitucionales y ciudadanos; sin embargo, decidió anularse a partir de que todo lo aprobado responde única y exclusivamente a la voluntad de otro órgano, el Ejecutivo”.
Por su parte, Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, recuerda a esta bancada porque “se despojó a sí misma de las atribuciones constitucionales de legislar como poder independiente, se supeditó al Ejecutivo de forma vasalla y sin más interés que cumplir con una agenda del círculo de poder cercano a Bukele”.
Sandoval también condena que “es la asamblea que mandó a reservar viajes, que reserva expedientes de elecciones y que avaló el golpe a la Sala de lo Constitucional, regresando al país a la década de los 70s y 80s” y la califica de “la Asamblea con mayor retroceso democrático en la historia reciente del país”.
¿Por qué es recordada la “nueva Asamblea” tras 6 meses?
Golpes profundos a la institucionalidad democrática:
Los diputados de la mayoría oficialista empezaron su nuevo cargo con un golpe al Estado constitucional de derecho, al remover por la fuerza y de manera ilegal a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República.
Después aprobaron, sin tener la facultad de hacerlo, un decreto que remueve a cientos de jueces por razón de su edad.
Estos decretos le han permitido al presidente ir consolidando su poder por casi todo el aparataje del Estado y gobernar cada vez más como un autócrata sin límites.
Intentos de blindar compras del Estado:
Menos de una semana después de haber asumido el cargo de diputados, los miembros del bloque oficialista aprobaron la tristemente célebre Ley Alabí.
Esta blindaba las compras realizadas en la pandemia y las alejaba de cualquier escrutinio o investigación.
Esto sucedió solo un mes después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) revelara que había remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) al menos doce expedientes de posible corrupción en los gastos realizados por al menos cinco instituciones del Estado durante la pandemia del covid-19.
Decretos aprobados sin análisis y de forma exprés:
Los diputados del oficialismo se han caracterizado por aprobar los decretos que vienen de Casa Presidencial en tiempo récord.
Hay decretos de suma importancia nacional que no son siquiera discutidos a profundidad y que solo se aprueban entre aplausos.
El más llamativo es el que aprobó la Ley Bitcoin, que establece el volátil criptoactivo como moneda de curso legal. Esta política monetaria, que requeriría un amplio proceso de discusión y un diagnóstico serio de escenarios financieros, se aprobó cuatro días después de que el presidente anunciara la adopción de la criptomoneda en un evento en Miami.
Aprobación de endeudamiento en tiempo récord:
Los diputados del bloque mayoritario conformado por Nuevas Ideas, así como sus leales compañeros legisladores de GANA, PCN y PDC, han contribuido con más de $4,000 millones de dólares de endeudamiento en momentos en que las finanzas públicas están en un punto tenso y delicado.
Parte de estos préstamos han servido para financiar políticas poco transparentes, como los gastos relacionados a la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.
Acoso a críticos y bloqueo a los medios de comunicación:
El maltrato de los legisladores cyan a críticos, opositores y periodistas es análogo a las conductas que desde el Ejecutivo y desde los influenciadores de Nuevas Ideas se da a todos aquellos que mantienen una línea de disenso o cuestionamiento a las acciones del presidente de la República y su círculo.
Además, en las comisiones que investigan sobresueldos o fondos dados a ONG, los diputados buscan maltratar y humillar a los personajes que invitan, e incluso les tratan como si estuvieran en un juicio o bajo acusaciones formales.
Haber desechado proyectos trabajados por sociedad civil:
La legislatura actual no solo será recordada por las cosas que ha aprobado con celeridad y diligencia cuando bajan de Casa Presidencial.
También es notorio en estos seis meses cómo han desechado importantes proyectos que provenían de organizaciones de la sociedad civil o que estaban siendo discutidos en conjunto con legislaturas pasadas.
Entre ellos resalta la Ley de Identidad, que busca garantizar derechos de las personas trans y que fue eliminada sin más; la Ley de Aguas trabajada por 15 años entre diputados y sociedad civil; y el proyecto de Ley de Protección de Periodistas, entre muchos otros.
