Gatillo fácil: una multitud exigió “nunca más a la violencia institucional”
Marcha de la Gorra: miles de jóvenes exigieron “nunca más a la violencia institucional”
Una multitud de jóvenes enrolada en organizaciones sociales y políticas reclamó ayer frente al Congreso Nacional “nunca más a la violencia institucional” y cuestionó a los medios de comunicación “dominantes” y al macrismo por su “reivindicación de la mano dura”, como cierre de la “Marcha de la Gorra”.
La marcha ocupó la traza de la Avenida de Mayo desde el Obelisco hasta el Parlamento, en un contexto de conmoción por el asesinato del adolescente Lucas González por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
“El Gobierno de la Ciudad, como la justicia de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires reivindican la mano dura, preparan a sus policías para estigmatizar a la clase trabajadora aplicando la doctrina (Patricia) Bullrich, primero disparar y luego preguntar, como sucedió hace unos días en Barracas, asesinando a Lucas González, también deteniendo arbitrariamente a los pibes por portación de rostro en los barrios, reprimiendo en las canchas, como hace unas semanas en la cancha de Huracán y Nueva Chicago”, fue parte del documento leído en Plaza Congreso.
La actividad de protesta contra la violencia institucional y el gatillo fácil comenzó este mediodía con una concentración en el centro porteño, que reunió a manifestantes de la Corriente Clasista Combativa, Juventud Peronista, Frente de Izquierda, UTEP, Patria Grande, JP Evita, Pibes de Pie, Los Irrompibles, Unidos y Organizados y La Cámpora, entre otros.
Algo más tarde, frente al Parlamento nacional, se sumó un grupo de manifestantes contra la criminalización del pueblo mapuche, que el domingo último sufrió un ataque y el asesinato del joven Elías Garay, en Cuesta del Ternero, El Bolsón.
Con pancartas y consignas como “Justicia x Lucas” y “Basta de Genocidio, la policía es responsable”, las columnas avanzaron en un recorrido que permaneció toda la tarde restringido al tránsito y, al llegar a Plaza Congreso, las organizaciones leyeron un documento común titulado “Violencia institucional, nunca más. Seguridad es trabajo y educación”.
“Los medios de comunicación dominantes, bancados por el macrismo, levantan un discurso de odio e intentan instalar que nosotros somos el problema de inseguridad. Cualquier hecho de violencia es usada para pedir mano dura, cárcel para les pibes, palos y balas. Pero quienes padecemos esa violencia sabemos que esa no es la salida, que las fuerzas de seguridad no te cuidan, que sólo garantizan el manejo de los negocios de la droga, los robos y la trata”, denunciaron en uno de los párrafos.
“La seguridad de la que hablan, que aclama más policías o gendarmes en los barrios, es la que nos mata un pibe cada 20 horas”, advirtieron y mencionaron casos de “violencia policial” de todo el país que tuvieron como víctimas a Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lautaro Rosé, Facundo Scalzo, Richard Gómez, Alejandro Arenas, Franco Cardozo y Magalí Morales.
También aludieron a los hechos en los cuales estuvo involucrada la Gendarmería, a la que “felicitó (la exministra de Seguridad de Mauricio Macri) Patricia Bullrich, luego de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
Una enorme bandera negra con la leyenda de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) flameaba entre las organizaciones, al igual que una gigantografía con la imagen del rostro de Maldonado, el artesano hallado muerto luego de haber estado desaparecido durante 78 días tras una represión de Gendarmería Nacional en Chubut en el 2017, y varias fotografías de Astudillo Castro, el joven desaparecido en abril del 2020 de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, cuyos restos fueron hallados casi cuatro meses después.
Con todo, el texto leído en Plaza Congreso también expresó el rechazo de las organizaciones al pago de la deuda al FMI, denunció la “situación de tortura y malos tratos sistemáticos en las cárceles del país” y advirtió que “la vida en los barrios se vuelve todavía más precaria” y “los conflictos por derechos básicos son inevitables”.
“Por eso es tan necesario que el proyecto de ley de abordaje contra la violencia institucional que se presentó en el Congreso sea ley, generar herramientas integrales para prevenir y erradicar causas de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicio penitenciario en todo el territorio nacional”, expresaron.
Entre otras medidas pidieron también “dar cumplimiento al fallo Bulacio (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad internacional de Argentina por la detención arbitraria y posterior muerte del joven Walter David Bulacio), que la Policía deje de detener arbitrariamente; que se prohíba el uso de armas reglamentarias fuera del horario de servicio; que haya condenas a los responsables de gatillo fácil; que el Estado no defienda a los asesinos y en cambio brinde asistencia a las familias de las víctimas”.
“Nosotros, la gran mayoría de las pibas y pibes, no nos resignamos a vivir así, por eso estamos acá, luchando por nuestros derechos; necesitamos políticas públicas que den respuesta real a nuestras necesidades de tener una vivienda digna, que se nos garantice la salud y la educación, que se respete nuestra libertad de elegir quiénes queremos ser y no sufrir la violencia y la persecución”, fue otra de las declaraciones.
La autopsia indicó que el joven mapuche fue asesinado de un disparo en el tórax
La autopsia a la que fue sometido el cuerpo de Elías Garay estableció que el joven mapuche falleció de un disparo de arma de fuego sobre la zona del tórax, mientras la gobernadora Arabela Carreras ratificó su compromiso con la búsqueda de la «verdad» y de los «responsables del crimen».
En tanto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, dijo que el Gobierno nacional ve con «preocupación» los recientes hechos de violencia en Río Negro e instó a que «cualquier reclamo sea en forma pacífica».
Como parte de las medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, profesionales del Cuerpo Médico Forense realizaron la autopsia del joven durante la mañana de este martes luego de haber retirado este domingo su cuerpo del paraje ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.
El Ministerio Público del Poder Judicial de Río Negro consignó que el cuerpo «no presenta ni signos o lesiones defensivas ni golpes en ninguna zona».
En referencia al otro joven que resultó herido por arma de fuego durante el mismo episodio, y que fue intervenido en el Hospital de la localidad de El Bolsón, se informó que se solicitó su traslado a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde era evaluado por el Cuerpo Médico Forense de la Tercera Circunscripción Judicial.
Asimismo, se comunicó que «la investigación busca esclarecer las circunstancias en que se habrían desarrollado los hechos y se abordan distintas hipótesis».
Carreras ratificó su compromiso «con la búsqueda de la verdad» y «los responsables del crimen» ocurrido el domingo en circunstancias que aún se investigan en Cuesta del Ternero.
«El Estado está absolutamente comprometido con la búsqueda de la verdad y de los responsables de este crimen que es absolutamente repudiable», dijo la mandataria rionegrina al referirse al asesinato de Garay.
Tras remarcar que el Estado rionegrino «no avala ningún tipo de violencia», Carreras dejó claro que lo ocurrido el domingo en Cuesta del Ternero, donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral, es «de una violencia extrema».
Por su parte, el vocero y referente de la comunidad mapuche en Río Negro, Orlando Corriqueo, afirmó que existen sospechas» sobre la participación de la Policía local en la muerte de Garay, y consideró que «la política del Gobierno provincial», contraria a las demandas de ese pueblo originario, «ha costado una vida».
«Es responsable el Gobierno (de Río Negro) porque se niega a dialogar y hay una doble responsabilidad de la Policía, que debía custodiar el predio de Cuesta del Ternero que está en litigio. Hay una política antimapuche que ha costado una vida», sostuvo Corriqueo en declaraciones a la Radio FutuRock.
En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, adelantó que la pericia sobre el cuerpo de Garay «habla de armas largas» y pidió «esclarecimiento» del hecho y «juicio a los culpables».
«Según los primeros testimonios, dos personas que habrían dicho que estaban cazando en esa zona fueron vistas cuando ingresaron a un predio que está en disputa. Pero la comunidad respondió que no había nada para cazar y ahí comenzó un enfrentamiento. Estamos pidiendo esclarecimiento y juicio y castigo para los culpables. Estamos en un ambiente de constante llamada al odio racial y de mucha violencia», señaló Obarda en declaraciones a Radio del Plata.
Por otra parte, Greenpeace repudió la muerte de Garay y solicitó a la Justicia «clarificar este hecho y sus responsables», además de reclamar a las autoridades provinciales y nacionales «poner fin a esta situación de violencia y avasallamiento sobre los pueblos originarios».
«Resulta fundamental un acuerdo justo y equitativo de los derechos indígenas pendientes y cuestiones relacionadas con los títulos para poder desarrollar sociedades sustentables», exhortó Greenpeace a través de un comunicado.
