Chile | Piñera defendió el indulto a violadores de DDHH durante la dictadura
Gobierno defiende ante Corte de Apelaciones indulto a violadores de DD.HH. de la dictadura
El Presidente Sebastián Piñera respondió ante la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de protección presentado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos contra el indulto de diez condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet afirmando que “no ha existido conducta ilegal ni arbitraria”.
“No se configura ninguna causal de denegación de aquellas contempladas en el Artículo 40 de la Ley N°18.050, ni se han otorgado los beneficios de manera caprichosa o antojadiza por la autoridad, por cuanto los actos que los conceden han dado pleno cumplimiento a la normativa aplicable”, sostuvo el mandatario mediante Máximo Pavez, ministro secretario general de la Presidencia (s), de acuerdo a información de La Tercera.
El documento de 18 páginas presentado por el Ejecutivo agregó: «Los estándares internacionales exigen dar trato humano a las personas condenadas, regla que se compatibiliza con las obligaciones que tiene el Estado de Chile respecto de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
La Corte de Apelaciones también solicitó el pronunciamiento del Ministerio de Justicia, ante lo que el jefe de la cartera, Hernán Larraín, abordó el tema citando al organismo internacional Human Rights Watch.
«Cabe recordar las palabras del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 16 de junio del año 2020, quien, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de Indulto Humanitario, señaló: ‘Todos los reclusos, incluidos los responsables por las más graves atrocidades, merecen un trato justo y digno durante su detención, incluyendo la posibilidad de ser liberados cuando las circunstancias lo ameritan y en particular si padecen enfermedades graves’», expuso Larraín.
Diez violadores a los DD.HH.
Los beneficios judiciales entregados se dieron entre junio y diciembre del 2020, durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, y figuraron entre los beneficiados los responsables de delitos de lesa humanidad Raúl Rojas, Hugo Prado, Demóstenes Cárdenas y Víctor Mattig, quienes pudieron conmutar sus penas de cárcel por arresto domiciliario total bajo el control de Gendarmería. Cárdenas y Mattig fallecieron después de la modificación de sus penas.
Algunos de los delitos por lo que cumplen penas son secuestro y asesinato. Por ejemplo, Hugo Prado es un excomandante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que cumplía una pena de cinco años por el secuestro y asesinato de cinco mimbro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos cuerpos fueron lanzados al mar.
Para los familiares de detenidos desaparecidos el indulto entregado por Piñera «infringen obligaciones jurídicas que el Estado ha suscrito en el ámbito internacional» y serían «actos ilegales y arbitrarios que vulneran el derecho a la integridad psicológica y al debido proceso que tienen las víctimas de detención forzada», de acuerdo al recurso de protección presentado ante la Justicia.
Presidente Piñera anuncia solicitud para extender Estado de Excepción en provincias del sur
El Presidente Sebastián Piñera confirmó, durante la inauguración del nuevo laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), que el Gobierno solicitará al Congreso la extensión del Estado de Excepción que rige en parte de las regiones del Biobío y La Araucanía.
«Quiero anunciar (…) el envío al Congreso de una solicitud para extender el Estado de Excepción de emergencia que hoy rige en las provincias del Biobío y Arauco y en Malleco y Cautín en La Araucanía», indicó.
«En este Estado de Emergencia, las fuerzas armadas no reemplazan a las policías en sus labores, pero sí les permite prestar apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de transporte, de vigilancia y patrullaje a Carabineros y a la PDI, para poder enfrentar con mejores herramientas el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia que afecta a esas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío», insistió.
En ese sentido, dijo «con todas sus letras: Estamos plenamente conscientes, preocupados y ocupados por la grave alteración del orden público; la seria amenaza a la seguridad ciudadana; y las graves consecuencias de la ciudadanía que generan los violentos atentados que cometen estas bandas de crimen organizado, ligadas al narcotráfico, al terrorismo y la robo de madera, porque estas bandas utilizan una violencia destructiva e irracional, emplean armamento de guerra o de grueso calibre, no respetan la vida humana ni de civiles ni de uniformados».
En cuanto a datos que maneja el Gobierno, explicó que en sus primeros 20 días, se desplegaron más de 2 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, con vehículos blindados, helicópteros, aviones y patrullaje marítimo. En esos días, se realizaron más de 20 mil controles, los que permitieron la detención de 59 personas «que tenían órdenes de detención o que estaban cometiendo delitos flagrantes».
Finalmente, indicó que durante el Estado de Excepción, «los atentados incendiarios se han reducido a prácticamente la mitad y las usurpaciones de propiedades se han reducido a la décima parte».
Familia Piñera no asistirá a comisión revisora de AC: dicen no tener antecedentes que aportar
La tarde de este martes, la familia Piñera señaló que no asistirá a la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras no tener antecedentes adicionales que aporten a la instancia presidida por la diputada Maya Fernández.
Recordemos que el diputado socialista Leonardo Soto, en calidad de firmante del libelo acusatorio y visitante de la comisión revisora, solicitó citar oficialmente a la familia presidencial.
Se trata de la primera dama, Cecilia Morel, además de sus hijos Cristóbal, Magdalena y Sebastián Piñera Morel.
En un escueto correo electrónico, la familia Piñera agradeció la invitación de la comisión encargada, pero no asistirán tras no tener antecedentes adicionales.
La semana pasada el gerente del family office de la familia Piñera, Nicolás Noguera, desmintió las incriminaciones en contra del mandatario en medio del proceso de Acusación Constitucional en su contra. Descartando alguna ilegalidad en la polémica cláusula que condicionaba el último pago a los cambios a que el gobierno de Piñera no declarara como reserva natural la zona donde se construirá el proyecto.
