El gobierno expulsa a 120 migrantes venezolanos y colombianos en la mayor deportación del año
Chile expulsa a 120 venezolanos y colombianos en la mayor deportación del año
La administración de Sebastián Piñera expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para desincentivar la migración irregular por la que el gobierno buscar echar del país a 1.500 personas en 2021.
«Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados», dijo Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones.
Según información oficial, la mayor parte son venezolanos (más de 70) a quienes deportaron a sus países de origen por entrar a Chile de forma irregular o porque cometieron ilícitos que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
A más de 800 personas ya las deportaron en siete vuelos distintos este año debido a una nueva ley de migración más estricta que Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa» que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
Cuestionamientos a la política migratoria
Las expulsiones reciben permanentemente duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y entidades como las Naciones Unidas, que alertan de graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros.
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
De hecho, la Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que respondieron a un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación ocurrió posteriormente a su deportación.
Desde el oficialismo señalan que en los últimos meses afinaron y concretaron junto a este estamento los criterios y protocolos de expulsión, asegurando que solo aplican la nueva la nueva ley de migración del país.
Endurecimiento de la normativa incentiva la migración ilegal
Esta regulación es el camino del Ejecutivo para «ordenar» la situación de los extranjeros, que pese a la pandemia y la crisis social que estalló en 2019 ven en Chile a uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Los expertos, en tanto, señalan que el endurecimiento de fronteras desemboca en un aumento de personas que cruzan por pasos no habilitados, como evidencian los últimos meses en la zona norte del país, golpeada por una seria crisis por la entrada de miles de personas indocumentadas.
Varias localidades fronterizas enfrentaron situaciones críticas en septiembre y octubre, cuando hubo diversas marchas y disturbios contra la migración.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- siendo la comunidad venezolana la más numerosa, alrededor de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.
Crisis migratoria: Corte Suprema ordena al Gobierno implementar medidas que procuren la «protección eficiente e integral» de los habitantes de Iquique
La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó a las autoridades del Gobierno central adoptar coordinaciones con la Municipalidad de Iquique para adoptar las medidas necesarias para evitar que la crisis migratoria afecte a los habitantes de la ciudad.
En la sentencia (rol 25.529-2021) la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y la abogada (i) Leonor Etcheberry- consideró como insuficientes las actuales medidas permitiendo que afecten los derechos constitucionales de los habitantes de la ciudad.
La acción fue interpuesta por el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, y recurre contra el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el canciller Andrés Allamand y el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada.
En el recurso, el edil acusa una vulneración a los derechos a la vida, a la salud e integridad física y psíquica, de los habitantes nacionales de Iquique y de los migrantes ubicados en esa comuna.
«A pesar de la puesta en marcha de diversas medidas en la zona afectada, valga como ejemplo, el Plan de Frontera Segura o el establecimiento de Aduanas Sanitarias en las comunas de Huara y Colchane, en ningún caso permiten establecer la eficacia y eficiencia de los métodos adoptados para enfrentar de manera adecuada la situación humanitaria y migratoria que se ha generado a partir de la crisis sanitaria», indica el fallo del máximo tribunal.
El texto añade que «la conducta de los órganos recurridos resulta ser arbitraria», arguyendo «que los hechos develados en la presente acción de cautela de derechos, demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica (por el Gobierno), toda vez que un grupo considerable de la población continua viéndose afectado principalmente por el ingreso irregular y asentamiento de grupos de personas en distintos bienes nacionales de uso público».
Asimismo, el máximo tribunal destacó que «ante situaciones tan determinantes para las personas, cabe exigir mayor diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder».
«En especial si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la igualdad ante la ley, razón por la cual el presente recurso deberá ser acogido en los términos que se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia”, asevera el fallo.
Por lo tanto, la Corte Suprema acogió el recurso, «solo en cuanto las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con la Municipalidad de Iquique, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a enfrentar de modo adecuado la crisis humanitaria y migratoria en actual desarrollo”.
