El Senado votará el próximo martes si destituye a Piñera por los Pandora Papers
Senado votará este martes destitución de Sebastián Piñera
A partir de las, 9:00 horas del martes 16 de noviembre la Sala del Senado votará la acusación constitucional presentada en contra Sebastián Piñera, el segundo intento de destitución luego de lo vivido a finales de 2019 por motivo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, que fue rechazada en primera instancia durante su votación en la Cámara.
Esta fecha fue acordada los comités luego que se diera cuenta del oficio enviado por la Cámara de Diputadas y Diputados, donde luego de una maratónica intervención del diputado Jaime Naranjo, que tardó 14 horas para leer 1300 páginas del libelo acusatorio, permitió conseguir el tiempo que se requería para que Giorgio Jackson pudiese salir de su aislamiento obligatorio como contacto estrecho de Gabriel Boric -contagiado de Covid-19- y así poder asistir hasta el Congreso para conseguir los 78 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, por el romper el principio de probidad y de anteceder sus intereses personal por sobre los de la nación.
La primera sesión será de 9:00 a 13:30 horas y una segunda a partir de las 15:00, la que se extenderá hasta que ésta sea resulta, sin importar lo que tarde. La jornada comenzará con la lectura de la acusación por parte del secretario general por un total de 30 minutos, después de lo cual la comisión de diputados tendrá una hora para exponer los antecedentes relativos a la acusación.
Esta misma cantidad de tiempo tendrá la defensa del imputado Sebastián Piñera, con 45 minutos para réplica y otros 45 responder a ésta.
Por su parte, la sesión de la tarde estará destinada por completo para que los senadores fundamenten su voto hasta por un total de 15 minutos cada uno.
Una vez finalizados los argumentos, se procederá a votar separadamente los dos capítulos de la acusación: uno por «haber infringido abiertamente la constitución y las leyes» y el otro por «haber comprometido gravemente el honor de la nación», en el caso vinculado a la compraventa de Minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
La acusación apunta a la compraventa de la Minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, tras la revelación de los Pandora Papers, particularmente la cláusula de la venta de el último paquete de acciones a su amigo personal, Carlos «Choclo» Délano a cambio de asegurar que el lugar donde se instalaría la minera no se transforme en una zona protegida.
Finalmente, cabe precisar que también existe una investigación penal en este punto a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que tiene al presidente en funciones en calidad de imputado.
¿Qué sucede si el presidente Sebastián Piñera es destituido?
En una maratónica jornada, marcada por el extenso discurso de casi 15 horas del diputado Jaime Naranjo, la Cámara aprobó la admisibilidad de la Acusación Constitucional contra el presidente Piñera.
El libelo fue aprobado por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, con lo cual seguirá su tramitación en el Senado, que deberá actuar como jurado, es decir, declarar si el acusado es o no culpable de lo que se le acusa, con lo cual el trámite sería más expedito.
La suspensión del cargo
La Acusación Constitucional deberá ser sostenida ante la Cámara Alta por una comisión integrada por tres diputados, que serán definidos en una próxima sesión. Y mientras el Senado resuelve el libelo, el presidente Sebastián Piñera quedará inhabilitado para salir del país.
Sin embargo, la duda que surgió era si el mandatario quedaba suspendido de su cargo durante la tramitación. No obstante, según abogados constitucionalistas consultados por BioBioChile, la interpretación de la norma indica que Piñera puede continuar ejerciendo sus funciones.
Según explica el abogado y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Zoran Ostoic, el artículo 52 de la Constitución, donde se detalla la suspensión de funciones de las autoridades públicas cuando se aprueba un libelo acusatorio en la Cámara de Diputados, no hace distinción.
“Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio”, indica el penúltimo inciso del artículo.
“En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación”, concluye el inciso final.
A juicio de Ostoic, al decir “los demás casos”, no se refiere al Presidente o gobernador, que son cargos de elección popular, sino al resto de los funcionarios públicos que pueden ser acusados constitucionalmente, como un ministro de Estado o un Delegado Provincial, por ejemplo.
“Uno podría decir que no hay referencia a la suspensión del Presidente de la República, porque el inciso final se refiere a los demás casos”, explica.
Similar opinión tiene Juan Ignacio Ipinza, abogado constitucionalista y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, aunque también advierte que es un tema complejo.
“El argumento textual pareciera tener asidero la interpretación que no aplica la suspensión”, señala, agregando que de caso contrario “sería una tremenda crisis en medio de una elección y con un contexto polarizado, pero eso es más bien un tema politológico más que jurídico”.
¿Qué se necesita para que Piñera sea destituido?
En el caso de un Presidente, para que la Acusación Constitucional sea aprobada, se necesita 2/3 de los senadores en ejercicio, destaca Ipinza. Traducido a votos, se requiere 29 senadores que estén a favor, lo que en términos simples significa que la oposición debe convencer a cinco legisladores oficialistas.
Por ahora, el Senado dentro de los próximos cuatro a seis días, debe fijar la votación del libelo, según lo establece la legislación, agrega el docente de la U. Mayor. Y en paralelo, el mandatario será notificado de la decisión de la Cámara.
Ipinza detalla además que Piñera no está obligado a concurrir al Senado, sino que puede enviar a su abogado, Jorge Gálvez, para presentar su defensa, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados.
Así las cosas, la sesión donde se definirá el futuro político de Piñera podría llevarse a cabo el lunes 15 de noviembre, a días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales.
De ser aprobada la Acusación Constitucional, Piñera será destituido de su cargo y no podrá ejercer funciones públicas por cinco años, independiente si son cargos de elección popular o no.
No obstante, Ostoic recuerda que podría pasar lo mismo que pasó con la senadora Yasna Provoste, quien volvió a la “vida política” luego de ser destituida como ministra de Educación en 2008.
¿Quién asumiría si Piñera es destituido?
En el caso de Piñera, de ser destituido, le subrogará el ministro del Interior, con el título de Vicepresidente de la República, mientras el Congreso define su sucesor.
Al respecto, el académico de la UTEM detalla que en el caso de vacancia, que es este caso, donde al mandatario le quedan menos de dos años para cumplir su mandato, la ley establece que el nuevo Presidente deberá ser elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio.
Esta elección se deberá desarrollar diez días después de la vacancia, y el elegido, que puede ser cualquier ciudadano y no necesariamente alguna autoridad de Gobierno o del Congreso, asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes, hasta el 11 de marzo.
Ministros llegaron a La Moneda para reunirse con el presidente tras aprobación de la acusación constitucional
Durante la mañana del martes, con los 78 votos que se requerían en la Cámara Baja, se aprobó la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera. Un par de horas después, sin dejarse ver a su llegada a La Moneda, comenzó a recibir la visita de varios de sus ministros a modo de respaldo ante lo que consideraron como una acusación injusta.
El Gobierno calificó lo sucedido expresando que “estamos convencidos de que la decisión de una ajustada mayoría de la Cámara de Diputados que apoyó la acusación es injusta y no tiene fundamento alguno, ni en los hechos ni en derecho”.
En consecuencia, señalaron, “el gobierno de Chile espera que el Senado de la República desestime la acusación interpuesta, asegurando el traspaso del mando de un presidente electo democráticamente al presidente que elija la gente, como ha ocurrido siempre en Chile desde el retorno de la democracia”.
Durante la jornada en La Moneda se pudo ver a los jefes de las carteras del Interior, Rodrigo Delgado; Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio; Desarrollo Social, Karla Rubilar; Educación, Raúl Figueroa; y Deporte, Cecilia Pérez.
El ministro Delgado realizó un punto de prensa para manifestar al respecto que “cuando se quiere destituir a un presidente, sobre todo con una acusación infundada, una acusación más bien electoral que constitucional, obviamente detrás de eso se quiere instalar una inestabilidad” e indicó que nosotros estamos tranquilos como gobierno, sabemos que tenemos que seguir avanzando en el proceso, sobre todo con miras al Senado, donde esperamos que prime la sensatez con respecto a lo que hay en el fondo de esta acusación”
Además, destacó que “el diputado Naranjo efectivamente hizo un gran esfuerzo físico y fisiológico, pero hubo cero esfuerzo del punto de vista de los argumentos”, en referencia a la lectura de 1.300 páginas que hizo el parlamentario socialista con el fin de hacer tiempo para integrar a la votación a sus pares Jackson y Sabag, que por distintas razones no estaban en el hemiciclo.
Por su parte, el ministro Figueroa indicó a la prensa que “el presidente siempre está muy tranquilo, está muy determinado en sacar adelante la ardua tarea que el país tiene por delante y obviamente entiende que la injusticia de esta acusación es algo a lo que hay que hacer frente”, consignando que “esperamos que en el Senado esto se resuelva muy rápido”.
En tanto, en conferencia de prensa el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, habló sobre la investigación penal contra el mandatario, indicando que “lo que ocurra con la acusación constitucional no tiene ninguna incidencia en la investigación, salvo que durante esa acusación pudieran aparecer antecedentes que sean útiles”.
