La defensora del Pueblo denuncia que la niña embarazada carece de asistencia médica
Defensoría denuncia que niña embarazada carece de asistencia médica especializada
Por Claudia Villca
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció este lunes que la niña violada y embarazada, que se encuentra en un centro de acogida de la Iglesia Católica en Santa Cruz, no cuenta con la asistencia médica especializada que requiere su caso, y que solamente está bajo la vigilancia intermitente de servicios de enfermería.
“Hemos verificado que ella se encuentra en una especie de instituto para formar madres adolescentes y que no cuenta con servicios de salud especializada. El hospital Percy Boland, que tiene todas las condiciones para atender a la menor, no lo hizo y de forma negligente hizo la derivación a un centro de primer nivel que no cuenta con las especialidades para este caso”, manifestó Cruz, en conferencia de prensa.
Ante la falta de atención médica adecuada, Cruz sostuvo que, en este momento, se mantiene en riesgo la vida de la menor.
Agregó que corresponde que la Alcaldía de Yapacaní destituya a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia por incumplir con su rol de protección de la niña y resguardo de sus derechos.
“Hemos intentado nuevamente que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní reencamine el procedimiento de la interrupción legal del embarazo (ILE), lastimosamente ha hecho caso omiso, no vemos voluntad de estos servidores públicos”.
Respecto a lo expresado por la madre de la niña esta jornada, de que en ningún momento estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo y que, una vez nazca el bebé, se definirá si se lo da en adopción o se queda con la familia, Cruz subrayó que ella no está protegiendo a la niña ni está expresando una situación de empatía ante su hija.
“Es evidente que la madre de la menor no está con las facultades o voluntad para generar alguna medida que la vaya a proteger, por tanto hubiese sido importante que lo haga la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, ante esta ausencia corresponderá que sea una Sala Constitucional o la Comisión Interamericana”.
La Defensoría del Pueblo presentó tres demandas para lograr la interrupción del embarazo de la niña que sufrió violación. La primera demanda tiene el objetivo que la justicia ordene a la Defensoría de la Niñez que interrumpa el embarazo; la segunda, se solicita medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano.
La tercera, es una denuncia penal contra el personal médico del hospital Percy Boland, funcionarios de la Defensoría de la Niñez, contra el Arzobispado de Santa Cruz y contra la madre de la niña, entre otros, por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción.
Cruz indicó que en estos casos existe voluntad para realizar trámites diligentes y que la Defensoría del Pueblo hace el debido seguimiento, ya que “cada día que pasa es tiempo en que se agrava la situación de la menor”.
Iglesia católica anuncia acciones legales contra grupos feministas y la Defensoría del Pueblo
El abogado Carlos Busch, integrante del equipo jurídico de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), anunció este lunes que la Iglesia católica emprenderá acciones legales contra quienes realizaron manifestaciones que promovieron la discriminación y el odio, puesto que se estaría afectando a la libertad religiosa. Dijo que incluirán en esas acciones a la Defensoría del Pueblo.
Así lo informa el sitio web de la Red Erbol, en relación a las acciones del domingo de grupos feministas contra la Catedral de Santa Cruz, en el marco de protestas por el caso de una niña de 11 años embarazada producto de una violación. Ese día, las activistas grafitearon el templo católico. Cuestionan que la Iglesia supuestamente haya presionado a la familia de la menor de edad para que ella no aborte.
Es la misma línea que adoptó la Defensoría del Pueblo y a la que se adhirió el Gobierno a través de la Procuraduría General del Estado.
En La Paz también hubo manifestaciones de protesta en la iglesia de San Francisco.
MONSEÑOR CENTELLAS
Respecto a este tema, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, declaró a Erbol que “el Ministerio Público seguramente va a hacer su tarea de oficio y nosotros nos hemos comunicado con la Policía para que resguardemos todo lo que es patrimonio histórico, religioso, cultural de nuestro medio y sobre todo en Sucre, creo que tenemos que respetar lo que es nuestro”.
“La intolerancia no es solución para ningún problema. Yo creo que personas razonables en cualquier parte del mundo, mucho más en Bolivia, tenemos que ser capaces de encontrarnos y buscar las soluciones más adecuadas a los distintos reclamos que uno puede tener”, agregó Centellas.
EL PAPEL DE LA DEFENSORA
El abogado Busch dijo que el miércoles pasado la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, encabezó un hecho público en afueras de la CEB. Consideró que en esa manifestación se mostraron actos de improperio y de intolerancia.
De acuerdo con la publicación de Erbol, el jurista señaló que en los hechos del fin de semana, tanto en la protesta en San Francisco de La Paz como en el pintarrajeado de la Catedral de Santa Cruz, hubo agresiones, insultos, verbales y de carácter violento y discriminatorio.
“La Iglesia no puede tampoco quedarse de brazos cruzados. Entonces, vamos a decir que se van a asumir las acciones legales pertinentes y esto porque raya mucho más allá del ejercicio de una libertad de expresión, raya mucho más allá en el ejercicio de la libertad de reunión que están garantizados en la propia Constitución, porque también se tiene que decir: hay una afectación a lo que significa la libertad religiosa que está garantizada como un derecho”, dijo Busch.
Precisó que se está analizando recurrir a los tipos penales de discriminación e incitación a la discriminación en contra de organizaciones o asociaciones que han manifestado agresiones verbales, además de daño a la propiedad privada y allanamiento a instituciones a la Iglesia.
El integrante del equipo jurídico de la CEB indicó que también se emprenderá acciones legales contra la Defensoría del Pueblo por los mismos tipos penales relacionados a la discriminación. Consideró como “una vergüenza absoluta” que la Defensora, en lugar de defender los derechos fundamentales de todos, se parcialice y además emita una serie de comentarios “fuera de lugar”.
El jurista agregó que, si bien por la Constitución el Estado está separado de la religión, se debe garantizar la libertad de religión y esa decisión no puede estar sujeta a una discriminación.
RESPUESTA DE CRUZ
La Defensoria Nadia Cruz, mediante redes sociales, denunció el anunció de la CEB ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acusó a la CEB de promover inpunemente un embarazo forzoso. «No tenemos miedo», aseveró Cruz.
