Bolivia | Grupos opositores vuelven a las calles y el gobierno denuncia desestabilización
Comienza el anunciado paro, Policía registra 87 puntos de bloqueo en dos regiones
Por Edwin Condori
En su primera evaluación del comienzo del paro indefinido en contra de la Ley 1386, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, identificó al menos 86 puntos de bloqueo en Santa Cruz y uno en Cochabamba.
En este momento tenemos bloqueos “en el departamento de Santa Cruz y en el departamento de Cochabamba, en tanto que nos encontramos en completa normalidad en el resto del país”, dijo Aguilera a las 07.21.
El jefe policial explicó que en principio se registró “cierta conflictividad” en el departamento de Santa Cruz desde las primeras horas de la jornada.
“Hay aproximadamente 86 puntos de bloqueo que habrían movilizado 2.000 personas en todo ese departamento”, ratificó.
Esos puntos de conflicto están concentrados en la capital cruceña y también en otros sectores del departamento, como en Puerto Suárez, donde –según Aguilera–incluso se impide el paso a Brasil.
“En Puerto Suárez tenemos tres puntos de bloqueo, hay como 12 personas que están impidiendo en este instante que se trasladen las personas y lo que haremos ahora es restablecer el tránsito hacia el hermano país de Brasil”, sostuvo.
Mientras, en el departamento de Cochabamba, el primer punto de bloqueo identificado está instalado en Suticollo. “Donde hay aproximadamente 30 personas, que corresponden al gremio de transporte pesado, sin embargo, en el resto del país la normalidad es absoluta”, insistió.
Minutos después, a través del reporte de distintos medios de comunicación, se conoció que la Policía procedió a gasificar a los bloqueadores en Suticollo y también se empezaron a instalar otros puntos de bloqueo, como en Tarija, con el apoyo de los transportistas.
El paro indefinido en demanda de la anulación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, fue convocado inicialmente por un sector de los gremiales y luego se sumaron otras organizaciones como los transportistas y cívicos.
Aunque el Gobierno, de manera insistente, aseguró que la cuestionada normativa no afecta a los transportistas, gremiales ni pequeños comerciantes.
Cívicos se quedan solos ante su paro y las organizaciones piden dejar trabajar
Varios sectores sociales, desde gremialistas hasta transportistas, reiteraron que no acatarán la convocatoria a paro organizada por algunos cívicos; al contrario, piden nuevamente garantías para desarrollar sus actividades de manera normal.
El sector gremial de Tarija informó que no acatará el paro indefinido convocado desde el lunes por sectores que buscan perjudicar la reconstrucción económica y productiva del país, y demandó a los movilizados no perjudicar ni bloquear la actividad del “día a día” de comerciantes, transportistas e industrias.
“Nosotros, como sector informal, trabajamos y vivimos al día; día no trabajado es día no comido”, enfatizó el representante de la Organización Fuerza Gremial de Tarija, Ramiro Marca.
El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Potosí, Mario Mamani, informó este sábado que el sector rechaza y no acatará el paro convocado por sectores y comités cívicos de oposición y demandó justicia para sancionar a los responsables del golpe de Estado gestado en noviembre de 2019.
El dirigente del transporte Mario Guerrero informó en Asuntos Centrales que el sector del transporte público no acatará el paro nacional indefinido, pero tampoco romperá la medida. El transportista argumentó que tienen deudas bancarias que necesitan pagar y por ello saldrán a trabajar con normalidad por rutas alternativas.
El secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de la Ciudad de El Alto, Víctor Tarqui, ratificó que el transporte público de El Alto no acatará el paro indefinido convocado por la Confederación Nacional de Gremiales y comités cívicos que rechazan la Ley 1386. Tarqui afirma que el transportista vive al día y que este paro generará grandes pérdidas económicas para su sector, y el país y pide garantías para poder circular y trabajar.
Desde San Julián partieron alrededor de 2 mil campesinos hacia la ciudad de Santa Cruz, que llegarán hasta la medianoche de hoy para frenar el paro cívico indefinido, convocado por varios sectores. Dicen estar listos para desbloquear todo lo que se encuentre a su paso.
Además, en conmemoración al primer año de gestión del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad convocan al gran desfile de las organizaciones sociales este lunes 8 de noviembre desde las 08.00.
POSICIÓN DE LAS MUJERES CAMPESINAS ‘BARTOLINA SISA’
La representante de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Beni ‘Bartolina Sisa’, María Quispe, informó que su organización rechaza rotundamente el paro indefinido convocado para mañana.
“Nosotros como Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ estamos rechazando el paro cívico que está convocando la logia, puesto que nosotras como mujeres nos afecta día a día porque a los que afecta es al transportista, al campesino, al comerciantes, que día a día nosotros sacamos nuestro producto desde distintas comunidades, nosotros alimentamos al pueblo, es por eso que nos sentimos afectados y rechazamos rotundamente el paro cívico. Después de haber tenido 11 meses de crisis económica, 11 meses de una pandemia, por lo tanto lo rechazamos”, afirmó Quispe.
SALUD ANUNCIA DESCUENTOS A QUIENES NO ASISTAN A TRABAJAR
El ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió con sanciones a aquellos médicos y trabajadores de salud que convoquen y acaten el paro nacional indefinido anunciado para el lunes.
“En una situación de pandemia no podemos permitir un paro que suspenda servicios de salud a nuestra población, y nosotros somos claros: vamos a asumir las medidas que la ley permite para sancionar a todos aquellos profesionales y trabajadores en salud que en una situación no justificada estén intentando convocar a un paro”, sostuvo.
El ministro Auza cuestionó que las movilizaciones se hagan cuando el país está ingresando a una cuarta ola de la pandemia.
“No es el momento para tomar estas acciones porque principalmente el país está ingresando a una cuarta ola de la pandemia y necesita del servicio de profesionales en salud”, precisó la autoridad.
Afanes desestabilizadores se repiten en Bolivia a dos años del golpe de Estado
Los protagonistas del golpe de Estado de 2019 repiten acciones desestabilizadoras contra un Gobierno constitucional a dos años de los hechos. Así lo consideran autoridades nacionales que advierten un nuevo intento de atentar contra la democracia.
El 4 de noviembre de 2019, Santa Cruz fue escenario del denominado Cabildo de la Unidad, en el que participaron cívicos del país y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
En la concentración, el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó, sin representación nacional alguna, una carta para impulsar la renuncia del presidente Evo Morales.
Dos días después, viajó a La Paz con la misiva; sin embargo, se quedó en el aeropuerto de El Alto debido a las protestas de sectores sociales que pedían respeto a la democracia. Ante la situación, tuvo que retornar a la capital cruceña.
El contexto estaba marcado por un paro indefinido que impulsaban cívicos de Potosí, Beni y Santa Cruz desde el 22 de octubre de 2019.
El 7 de noviembre, Camacho volvió a La Paz y se reunió con sectores que se oponían al gobierno de Morales. Al día siguiente, el 8 de noviembre, en un cabildo en la zona Sur de la urbe paceña, anunció la entrega de la carta en Palacio Quemado.
Al final del día 8 de noviembre, policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con diferentes demandas, que incluían la renuncia del presidente Morales.
El mismo día, efectivos policiales de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron a la medida, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.
Así, después de las elecciones presidenciales del 2019, con la excusa de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales al Gobierno, quien denunció golpe de Estado.
Sin embargo, el 18 de octubre de 2020, un año después, Luis Arce recibió el respaldo nacional del 55,11% en las urnas y puso fin al régimen de Jeanine Áñez, quien se instaló en el Gobierno en noviembre de 2019.
El domingo 8 de noviembre de 2020, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue posesionado Arce luego de ganar la Presidencia en octubre con el 55,11%.
Nuevo intento de desestabilización
A casi a un año de la posesión del presidente Luis Arce, protagonistas del golpe de Estado buscan repetir acciones de desestabilización como el paro indefinido, estrategia que aplicaron en 2019. La advertencia fue hecha por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo.
El Comité Pro Santa Cruz convoca, junto a otras organizaciones, a una suspensión de actividades en todo el país a la que denominó un “paro multisectorial indefinido” desde el 8 de noviembre, día en el que el mandatario cumple un año de gestión.
“El mismo libreto de instrucción de 2019 y, es más, los actores son los mismos (…) los mismos actores, la misma estrategia. Están promoviendo, están incitando a que haya hechos de violencia, hechos de terrorismo, de sedición, de conspiración y, finalmente, atentar”, cuestionó Angulo en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Los sectores que ahora organizan el paro argumentan que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo afecta a sus intereses. La convocatoria fue apoyada por el Conade que anunció bloqueos.
“Consideramos que la población no va a permitir más, porque nos han dejado consecuencias negativas como el golpe del 2019, consecuencias en el tema económico”, dijo el diputado Angulo.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó que la verdadera intención detrás del anuncio de movilizaciones es obstaculizar, desestabilizar y generar conflictos injustificados en contra del Gobierno.
“Esto tiene que ver con una lógica de organizar una afrenta contra nuestro Gobierno. Esa movilización confirma que están buscando una desestabilización, porque al haber efectuado un manejo gradual de las movilizaciones, primero, desarrollado por comités cívicos, luego con trabajadores gremiales y transportistas, y ahora en conjunto, están confirmando que estas movilizaciones injustificadas tienen por detrás a quienes pretenden cuestionar y desestabilizar nuestro Gobierno”, señaló.
Dijo que el Gobierno garantiza el contingente policial necesario en los nueve departamentos para asegurar la libre circulación y el acceso a todos los servicios públicos, porque el país demanda trabajo y no más paros ni bloqueos.
“No vamos a permitir una nueva intención de Golpe de Estado, mediante la difusión de falsedades que generan incertidumbre en nuestra población cuestionando normativas que no perjudican a nuestras hermanas y hermanos bolivianos; en función a esto, están vigentes nuestros canales de diálogo y comunicación para beneficio de la población”, dijo.
