Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH: «Nicaragua es un Estado policial de facto»
Por Gerardo Lissardy
En Nicaragua «no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia».
Así lo considera Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que publicó este jueves un informe de la situación del país centroamericano de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
En el documento, la CIDH advierte que el presidente Daniel Ortega -quien busca mantenerse en el cargo que asumió desde 2007- ha «instalado un régimen de supresión de todas las libertades» en el que la oposición no tiene cabida.
El gobierno nicaragüense ha rechazado los señalamientos, afirmando que la CIDH presenta una «insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos».
BBC Mundo conversó con Urrejola sobre la situación del país centroamericano.
¿Qué es lo que más preocupa a la CIDH sobre Nicaragua, a pocos días de las elecciones en ese país?
Yo diría que lo más preocupante es que estamos ante un proceso eleccionario, en un contexto de una erosión paulatina de todas las salvaguardas democráticas, con concentración de poder y debilitamiento de la institucionalidad democrática, y un contexto de represión, lo que no da garantía de elecciones libres, justas y plurales.
¿Ustedes creen que no es posible celebrar elecciones en Nicaragua en la fecha que está prevista, el 7 de noviembre, en este escenario?
Las elecciones se van a realizar, pero desde la Comisión, desde la gran crisis de derechos humanos del 2018 en adelante, hemos visto un quebrantamiento progresivo del proceso de separación de poderes del Estado y todas las instituciones democráticas. Y sobre todo, un hostigamiento permanente a la oposición, a los defensores de derechos humanos, a la prensa independiente.
Y creemos que no están las condiciones para tener las elecciones con garantías de que sean elecciones libres, transparentes y pluralistas, con acceso a la información de parte de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Y desde esa perspectiva, creemos que esas elecciones no se dan en un contexto mínimo que dé las garantías de que sean elecciones democráticas, como corresponde de acuerdo los estándares interamericanos.
¿Para usted Nicaragua en este momento ha dejado de ser una democracia?
Efectivamente, nosotros entendemos que al no existir una separación de poderes del Estado y con este contexto de clima de represión, creemos que no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia efectiva en un Estado de derecho.
¿Y cómo definiría el tipo de gobierno que tiene Nicaragua en este momento, con el presidente Daniel Ortega a la cabeza?
La Comisión ha dicho ya de manera consistente que estamos ante un Estado policial de facto, donde todos los poderes del Estado están alineados con el Ejecutivo, lo que implica cierta falta de garantías absolutas para el pluralismo, para la libertad de prensa, para el ejercicio de las libertades civiles, para el ejercicio de temas tan simples como que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo. Se ha cancelado la personería jurídica de muchas organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos años se han confiscado los medios de prensa independientes o de oposición. Registramos más de 100 personas que están privadas de libertad de manera arbitraria, y eso incluye a 35 líderes y lideresas en los últimos meses. Todo en este contexto electoral.
Hoy día en Nicaragua, toda la oposición política está encarcelada con detención domiciliaria. Esa es la verdad.
El informe sostiene que «se busca la perpetuación en el poder de forma indefinida» del presidente Ortega. ¿Cuáles son los elementos para esa conclusión?
Obviamente esto es un proceso, no es ahora, como señala el informe. Se hace alusión a lo que ha sido este proceso de concentración de poder, el pacto Alemán-Ortega, la reelección indefinida del presidente Ortega en su momento. Todo esto viene a partir del 2007 en adelante y adquiere mayor impacto con la grave crisis de derechos humanos de 2018. La Comisión suma más de 328 personas fallecidas en el contexto de las protestas, que hasta la fecha no han tenido justicia ni reparación.
Y en ese contexto de deterioro hemos visto cómo se ha ido concentrando el poder en el Ejecutivo. Y las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público están alineados con el Ejecutivo. Y esto ha sido un proceso que no ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso paulatino. Ha habido elecciones, pero la democracia no se agota en las elecciones, sino también en el ejercicio legítimo del poder, desde un marco el Estado de derecho.
Y al no haber Estado de derecho, el propio informe señala un conjunto de leyes aprobadas en el último año precisamente para seguir concentrando poder y perseguir a la disidencia. Y todo eso indica que se han tomado un conjunto de medidas para la concentración del poder y para que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo se mantengan en el poder. ¿De qué manera? Que las elecciones no sean pluralistas.
El informe también sostiene que el gobierno de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad al reprimir las protestas en 2018, ¿presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional?
La Comisión lo que hace en este informe es hacer suyo el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En 2018, con acuerdo del Estado, con el acuerdo del propio gobierno del presidente Ortega, se creó el GIEI, y lo que hizo fue investigar los hechos de violencia y grave violación de los derechos humanos en un marco temporal determinado, que fue de abril a octubre de 2018.
Fue el GIEI el que determinó que había hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. A la Comisión no le corresponde llevar casos ante la Corte Penal Internacional. Nosotros lo que hacemos es establecer la responsabilidad del Estado, no de personas individuales. Y esa responsabilidad del Estado se establece en relación a las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado.
Ir a la Corte Penal. Corte Penal Internacional no es un tema que le responda a la Comisión.
¿Pero usted cree que debería el presidente Ortega responder por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, más allá de que a ustedes no le corresponda presentar una denuncia específica?
Yo prefiero no decirle mi opinión a ese tema. Precisamente estaba hablando como presidenta de la CIDH y como tal, lo que a nosotros nos corresponde es determinar cuáles son las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, a la luz de las obligaciones internacionales.
La Corte Penal Internacional lo que establece es responsabilidad individual de gobernantes u otras personas que cometen crímenes de lesa humanidad. Y me parece que por responsabilidad, no corresponde que yo le dé mi opinión. Es un ente distinto y es un ente que tiene una fiscalía que previamente estudia estos casos.
Ahora, sí tengo que decir que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que tampoco es tan fácil poder ir a la Corte Penal Internacional. Hay un tema de reglamentación ahí. Se requiere que otros Estados puedan llevar a distintos personeros de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional, no los propios nicaragüenses. Hay un tema administrativo complejo de explicar.
El gobierno de Ortega acusó a la CIDH de presentar una «insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados». ¿Qué responde usted a esta grave acusación?
Yo lo que puedo señalar es el monitoreo que ha realizado la Comisión de manera permanente en Nicaragua, y sobre todo a partir de 2018 con la grave situación de derechos humanos. Los distintos informes que hemos hecho públicos y los comunicados de prensa que han ido dando cuenta de hechos, no de opiniones, que dan cuenta de esta erosión paulatina a la salvaguarda democrática, hablan por sí mismos.
El hecho es que hoy día existan 35 personas que están detenidas y que tienen como factor común haber manifestado su oposición al actual gobierno y que ejercen un liderazgo, ya sea político, empresarial o en materia de defensa de los derechos humanos. También hay periodistas independientes, estudiantiles o campesinos.
Estamos hablando de que los últimos dos o tres meses 25 personas de la oposición han sido detenidas de manera arbitraria, y además están aisladas. Han tenido contacto esporádico con familiares, dos veces en estos últimos dos o tres meses, igual que con sus abogados. Ha habido audiencias de formalización de cargos que se realizan incluso durante la noche, y a los abogados defensores se les notifica en el último momento, cuando se les ha notificado.
Creo que nosotros no estamos inventando nada. Los hechos hablan por sí solos. Los testimonios de las organizaciones de la sociedad civil, los testimonios de los familiares, de las personas detenidas, hablan por sí solos.
La Asamblea General de la OEA hace un año reclamó a Nicaragua una reforma electoral para garantizar la limpieza de las elecciones y la CIDH dice que eso no ha ocurrido. ¿Qué esperan con este informe? ¿Qué hechos concretos esperan que cambien?
En primer lugar, nuestro informe tiene por objetivo llamar la atención de la comunidad internacional sobre esta situación ante las próximas elecciones y que la comunidad internacional tenga la información desde la perspectiva de las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene Nicaragua.
Esperamos que tanto el órgano político de la OEA como la comunidad internacional en general, puedan leer el informe y tomar las medidas que correspondan o que tienen a su alcance los distintos órganos internacionales más políticos, como también los distintos países.
En segundo lugar, me parece fundamental el rol de la Comisión de denunciar las violaciones de los derechos humanos, visibilizarlas y ser una voz también de quienes no tienen voz. Hoy en día las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua no tienen a quién recurrir internamente, porque, como le he dicho, no hay contrapesos al poder Ejecutivo. Ni a las autoridades judiciales ni la Defensoría del Pueblo son un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, no tienen a quién recurrir.
Y la Comisión tiene que ser una voz también de aquellas personas que están luchando en el interior de Nicaragua por las libertades fundamentales y por los derechos humanos.
No creo que vaya a cambiar algo de inmediato, sinceramente no soy ilusa. Pero es nuestro deber denunciar cuando vemos graves violaciones a los derechos humanos. Es nuestro deber informar a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en los distintos países. Y a su vez, este tipo de documentos para un futuro -que espero sea cercano- constituye también archivos y documentación importante en los procesos de justicia transicional.
En ese sentido, algunos pueden preguntarse si este informe no llega demasiado tarde, apenas 10 días antes de las elecciones y meses después que comenzara el arresto de precandidatos presidenciales en Nicaragua, ¿qué diría usted ante ese cuestionamiento?
Me parece que si ha habido un organismo de la comunidad internacional que ha estado permanentemente alzando la voz por la situación en Nicaragua ha sido la CIDH.
Una cosa es este informe temático, pero a su vez nosotros estamos sacando permanentemente comunicados de prensa sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Por otra parte, hemos estado solicitando medidas provisionales para las personas que han sido detenidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas que han sido otorgadas para personas detenidas.
Por lo tanto, hemos estado utilizando todos nuestros mecanismos al alcance para para visibilizar esta situación y también para exigir al Estado nicaragüense el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. No creo que el informe llegue tarde. Este informe está en un contexto de otras acciones que ha estado tomando la Comisión, no ahora los últimos meses, sino en los últimos años.
Esto ocurre en un contexto de problemas con la democracia en varios países de América Latina. ¿Ve usted a Nicaragua como un caso especial en este escenario regional?
Yo creo que sí es un caso especial por el contexto. La oposición política está toda detenida. No conozco otro país en la región en que hoy todos los principales representantes de la oposición estén siendo procesados y detenidos para impedirles participar en los procesos electorales.
Hago la excepción respecto de Cuba, que no es una democracia representativa, no tiene pluralidad de partidos. Pero incluso en Venezuela, con todos los cuestionamientos que han hecho la Comisión y los órganos de protección internacional, nosotros estamos viendo que existen partidos de oposición que están en libertad. E incluso hay un diálogo en ciernes con todas las dificultades que hay más allá de la grave violación a los derechos humanos en Venezuela.
Creo que Nicaragua es un caso gravísimo en la región, sin perjuicio de lo cual tengo que señalar la preocupación que tiene la Comisión respecto a distintos hechos que están ocurriendo en la región, en relación sobre todo con el tema de independencia judicial.
La Comisión ha manifestado su preocupación respecto a esta situación en distintos países de la región y eso es lo que nos preocupa respecto de Nicaragua, porque no queremos que Nicaragua sea un ejemplo para otros países que, a pesar de tener autoridades electas democráticamente, vean que al final del día los gobernantes no tienen por qué cumplir con sus obligaciones internacionales y pueden terminar deviniendo en regímenes autoritarios.
Eso es lo que no queremos y por eso hemos sido tan tajantes con la situación de Nicaragua, lo que no quiere decir que no haya otros países en la región que nos preocupen.
Y sobre todo quiero resaltar el tema de la independencia judicial, los pesos y contrapesos. Por ejemplo, hoy [por el jueves] tuvimos una audiencia pública sobre la situación en Guatemala y la independencia judicial.
