Se enciende el debate por el derecho a decidir sobre la propia muerte
América Latina enciende el debate por el derecho a decidir sobre la propia muerte
El debate por la autonomía del cuerpo y el derecho a decidir sobre la propia muerte volvió a encenderse esta semana en América latina luego de que, el viernes pasado en Colombia, el Instituto del Dolor (IPS Incodol) cancelara el procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda, apenas 36 horas antes de concretarse en Medellín, y sus abogados anticiparan que rebatirán la decisión del comité médico ante la Corte Constitucional.
«Vamos a interponer una acción de tutela para proteger su derecho fundamental a morir dignamente y por tratos crueles y denigrantes. La próxima semana o la siguiente tendremos una respuesta por parte de un juez, que esperamos nos dé la razón y le garantice una nueva fecha y hora para poder acceder a su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia», explicó a Camila Jaramillo, abogada del caso.
Sepúlveda, de 51 años, quien fue diagnosticada en 2018 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuyo deterioro progresivo ya no le permite caminar ni desplazarse por sí misma, iba a ser la primera persona en acceder en el país al procedimiento de eutanasia sin tener una enfermedad terminal.
Colombia es el único país de América Latina en el que el derecho a morir dignamente está reglamentado desde 2015 y presenta tres mecanismos: la adecuación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos, y la eutanasia para personas con enfermedad terminal y pronóstico de vida de seis meses.
Desde julio, por acción de la Corte Constitucional, fue ampliado a quienes padecen una enfermedad grave e incurable, como la ELA. El Ministerio de Salud aún no incluyó la última modificación en la norma.
«Estoy totalmente tranquila. Soy muy creyente, pero Dios no me quiere ver sufrir. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos», expresó Martha el 3 de octubre a Noticias Caracol, ni bien se enteró de que su muerte estaba pautada para el domingo 10 a las 7.
Cinco días más tarde recibió una carta del comité médico que le explicó que «a partir de las imágenes en televisión vieron que el diagnostico que tenía no era terminal, aunque en agosto habían diagnosticado que tenía una enfermedad incurable avanzada. No sabemos si este cambio fue por presiones externas», agregó Jaramillo.
Según una encuesta de agosto pasado realizada por Invamer, el 72,5% de la población colombiana está a favor de la eutanasia, mientras que el 24,8% está en desacuerdo.
«Sin embargo, en las últimas dos décadas se radicaron más de 20 proyectos de ley y ninguno resultó. Todas las resoluciones que reglamentan el procedimiento son de la corte», precisó Lucas Correa, director del área de Investigación de Desc Lab, un laboratorio social y jurídico dedicado a la defensa de los derechos humanos.
En paralelo, el derecho a decidir cómo, cuándo y dónde morir se debate en Chile y Paraguay.
En Uruguay rige la ley de voluntad anticipada o del buen morir, por la que un paciente puede rechazar un tratamiento, incluidos cuidados paliativos.
«En marzo de 2020 se presentó un proyecto de ley de la eutanasia. Está tratándose en comisiones en el Congreso para conciliar las distintas sensibilidades de los partidos. Esperamos que se apruebe antes de fin de año o que pase por la Cámara de Diputados», detalló a Bruno Alonso, miembro de la sociedad civil Empatía Uruguay, que impulsa la iniciativa.
En Chile, uno de los países más conservadores de la región, desde 2012 los pacientes en estado terminal pueden rechazar la continuidad de los tratamientos, y en diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Muerte Digna y Cuidados Paliativos, que se discute desde 2014 y establece un marco legal para que un paciente con enfermedad terminal pueda decidir cómo poner fin a su vida. Está a la espera del debate en el Senado.
En Perú, donde no existen las figuras de directivas anticipadas ni testamento vital, la Corte Constitucional falló en febrero pasado a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer con poliomielitis que reclamaba muerte digna tras perder su autonomía. Un mes antes se había presentado la primera iniciativa para legalizar la eutanasia, pero nunca llegó a tratarse.
«En abril pasado, tras las elecciones generales, hubo un cambio de gobierno y de legisladores, por lo que el proyecto ni siquiera pasó a discutirse en comisiones, y dada la conformación parlamentaria actual es difícil que un legislador presente un proyecto de esa naturaleza», explicó Josefina Miró Quesada, abogada que integró el equipo legal de Ana Estrada.
«El Estado debería promover las alternativas para que cada uno decida», manifestó la abogada.
De acuerdo con una encuesta realizada en marzo de 2020 por la consultora Datum para el diario Perú 21, el 48% de los peruanos está de acuerdo con la muerte digna, mientras que el 46% está en desacuerdo y el 6% no sabe.
También hay señales de que el debate sobrevuela en El Salvador: en septiembre pasado el presidente Nayib Bukele anunció que descartaba reformas legislativas que tuvieran que ver con el derecho al aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia «por más presiones internacionales» que recibiese.
En el caso de Argentina, hay tres iniciativas de legalización de la eutanasia. Uno pertenece al senador radical por Mendoza Julio Cobos; otro a la diputada radical Brenda Austin, y el más avanzado, a la espera de ingresar al Congreso, a la diputada del Frente de Todos por Córdoba Gabriela Estévez.
