Las pruebas de fuego de Guillermo Lasso en Ecuador – Por María Sol Borja
Por María Sol Borja*Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Tras un primer trimestre de gobierno exitoso —por haber cumplido su mayor promesa de campaña: vacunación masiva— el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se ha enfrentado en las dos últimas semanas a sus primeras pruebas de fuego: la negativa de la Asamblea Nacional a calificar el primer proyecto de ley económica que envió el Ejecutivo; el pico de la crisis carcelaria que dejó, en el último enfrentamiento, 118 muertos, de los cuales apenas han podido ser identificados 41; y la revelación de que ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos de Panamá.
Lo que ha ocurrido en los últimos 15 días en Ecuador revela, en realidad, la profundidad de los problemas a los que el gobierno de Lasso se enfrentará en los próximos cuatro años. Y, por supuesto, su capacidad política para gestionarlos.
Lo más grave primero: la crisis del sistema penitenciario que se arrastra desde hace varios años pero que se agudizó en 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo ocurrido durante septiembre hace de 2021 el año más violento dentro de las cárceles con 239 muertes, según datos oficiales. Esto es casi cinco veces más que en 2020, cuando se registraron 50 muertes violentas en cárceles del país.
El hacinamiento —que alcanza 29%—, el abuso de la prisión preventiva y la crisis económica han garantizado la incapacidad del Estado de controlar lo que ocurre en los centros penitenciarios. Necio resultaría echarle la culpa a Lasso por una crisis que se viene arrastrando hace años. Sin embargo, no se puede justificar la inacción de un presidente que, al candidatearse para el cargo, ya conocía —como todos los demás— que la de las cárceles era una crisis a la que debía dársele atención y respuestas urgentes.
Sin embargo, la violencia de los hechos —cuerpos desmembrados, prisioneros decapitados y familiares desesperados sin respuestas sobre sus seres queridos— parece haber superado la capacidad de respuesta de un gobierno con funcionarios inexpertos y un presidente que parece estar enfrentando los primeros desafíos para los que su trayectoria como empresario podrían ser insuficientes. Porque si bien con el proceso de vacunación supo demostrar su calidad de gestor al conseguir comprar las vacunas y administrarlas a la mayoría de la población, el panorama al que ahora se enfrenta es una prueba diferente.
Mientras la crisis carcelaria se desataba, el órgano administrativo de la Asamblea Nacional decidía no dar paso al proyecto de ley económica con la que Lasso pretendía crear empleo. La justificación: no cumplía requisitos de forma.
El proyecto incluía reformas en lo laboral y lo tributario, entre otros cambios, y fue señalado como regresivo en derechos, creando normativa confusa como la posibilidad de que el empleador pida una indemnización al empleado en caso de que suceda una finalización del contrato por “justa causa”, es decir, por motivos tan discrecionales como “falta de probidad” por parte del empleado. Además proponía, por ejemplo, aumentar los impuestos para quienes ganaran 2,000 dólares en adelante, con el argumento de que ese sueldo corresponde a los más ricos, en un país en el que adquirir lo mínimo para vivir —productos de primera necesidad y servicios básicos— supera los 700 dólares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La sola discusión de lo que planteaba la propuesta creó un marco de discusión negativo para Lasso: el fantasma del banquero cuyos intereses no son los mismos que los del pueblo raso, volvió a rondar en la opinión pública. De poco sirve que el proyecto haya sido negado. El imaginario no se borra fácilmente. Aún peor, si es que a semana y media de que enviara el proyecto a la Asamblea Nacional, un consorcio de medios internacionales revelara que Lasso tenía vínculos con compañías offshore en Panamá y Estados Unidos de las que, supuestamente, se habría deshecho.
¿Cómo confiar en un hombre que pretende gobernar un país en crisis gravando impuestos a familias de clase media, mientras por medio de fideicomisos y empresas offshore pretende evadir la tributación en Ecuador? ¿Cómo creer su discurso de que él será quien más impuestos pague cuando previamente se aseguró de tener reservas fuera del radar de control del país que gobierna?
Es difícil prever cuán profundos pueden ser los efectos de la narrativa que se crea alrededor de Guillermo Lasso como el líder de un gobierno cuyos miembros privilegiados no miran más allá de su privilegiada realidad. Si a eso sumamos la inexistencia de bases en su partido político —más allá de un tanque de pensamiento que refuerza la idea de desconexión con el Ecuador profundo—, la incapacidad de gestar alianzas políticas a largo plazo en la Asamblea Nacional y la falta de comunicación política en su gobierno, al menos el riesgo de un enorme sacudón social parece inminente.
*María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.
