La reconfiguración del bloque opositor boliviano – Por José Galindo
Por José Galindo*
Adelantamos dos constataciones: primero, el partido oficialista no cuenta con la mayoría social necesaria para imponer reformas estructurales o siquiera de relativa profundidad histórica; y segundo, el bloque opositor que derrocó a Evo Morales en 2019 está lejos de haberse desmoronado, y busca reconstituirse en una fuerza política mayoritaria de forma decidida y apresurada.
La primera semana de octubre trajo consigo un conjunto de acontecimientos de alta relevancia para el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ninguno puede ser evaluado en términos absolutos todavía, pero advierten la configuración de un campo opositor al oficialismo que no solo se constituirá en un actor de veto a cualquier reforma que se proponga desde el poder central del Estado, sino que buscará imponer desde su propia vereda la dirección hacia la cual apuntarán los cambios socioeconómicos de los próximos años para el país.
Cinco son los hechos que deben tomarse en cuenta: primero, la realización de una Cumbre por la Democracia y la Libertad en la ciudad de Santa Cruz el 4 de octubre; segundo, la retoma del Mercado de Adepcoca por una de sus facciones después de casi dos semanas de intensos enfrentamientos entre productores de coca del norte paceño y la Policía.
Tercero, la llegada de la Marcha Indígena por la Tierra, el Territorio, la Identidad y la Cultura a la ciudad de Santa Cruz; cuarto, la designación de tres nuevos jefes militares en las Fuerzas Armadas tras una serie de arrestos y procesos a algunos de sus miembros investigados por el caso golpe de Estado; y quinto, la suspensión de la declaración de Luis Fernando Camacho como sindicado por el mismo caso, que debía realizarse en la ciudad de La Paz el pasado jueves 7 de octubre.
Ninguno de los sucesos señalados significa una victoria o una derrota definitiva para los polos que configuran el campo político boliviano, sino más bien advierten que la correlación de fuerzas es todavía gelatinosa y está lejos de haberse resuelto a favor o en contra de alguno de ellos.
Analicemos cada uno de los elementos citados párrafo arriba.
La derecha radical en busca de una agenda política
Primero, la Cumbre por la Democracia y la Libertad celebrada en Santa Cruz de la Sierra, que congregó a la mayor parte de la oposición radical al MAS en torno a un conjunto preciso de demandas que seguramente se convertirán en su santo y seña para los próximos años. Concretamente: la suspensión de una percibida persecución judicial en contra de opositores al amparo de los casos golpe de Estado y violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno de Jeanine Áñez, o, en otras palabras, impunidad para sus principales instigadores, incluyendo a Áñez.
Segundo, la abrogación de una serie de normas dirigidas a reformar la estructura socioeconómica de la sociedad, particularmente la Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, por razones que analizaremos más adelante; y tercero, imponer una modalidad de distribución de la tierra específica, orientada a favor de su concentración y en contra de la incursión de pequeños y medianos productores, acusados de pertenecer al Occidente, especialmente al sector cocalero cochabambino.
Se presentaron en la cumbre, para apoyar esta agenda, toda la oposición política y social al gobierno del MAS, desde los partidos Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), con sus respectivos líderes, incluyendo a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, representantes de la Coordinadora Nacional por la Democracia (Conade), miembros de agrupaciones cívicas departamentales, especialmente de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, además viejos conocidos como Tuto Quiroga y otros más.
Todos acordaron, finalmente, realizar una marcha el 10 de octubre (día simbólico por ser la fecha en la que se recuperó la democracia en Bolivia) y un paro movilizado (oxímoron de la política boliviana que anuncia la suspensión de actividades económicas junto con otro tipo de acciones callejeras en forma de protesta).
Lo que emerge de este encuentro es una agenda u hoja de ruta para la oposición, que se irá desarrollando hasta convertirse tanto en matriz de opinión como en consigna movilizadora, caracterizada por los siguientes ejes discursivos: tierra, Derechos Humanos y democracia, a los cuales también podrán sumarse otros como la defensa de la religión o el rechazo a toda reforma económica que afecte a los más privilegiados que tengan capacidad de organizarse para plantear resistencia.
Dos consideraciones adicionales sobre este último punto deben tomarse en cuenta: la sociedad boliviana es una de base económica sumamente informal (ocho de cada 10 trabajadores pertenecen a este sector, según algunas fuentes), por lo que toda reforma que afecte a las múltiples burguesías que se mueven en dicho mercado será automáticamente rechazada, al igual que el problema referente a la distribución de la tierra, que, en el país, y sobre todo en su región oriental, tiende a hacerse oligopólica o latifundista.
Una de sus demandas, la abrogación del proyecto de Ley en Contra de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ha logrado congregar a varios sectores sociales, como son los gremiales, transportistas, iglesias evangélicas, cívicos y grandes empresarios que temen que la norma los haga vulnerables a atropellos o develen la procedencia ilícita de su riqueza.
Debe considerarse que la economía acá es mayoritariamente informal, por lo que una política de este carácter necesariamente provocará susceptibilidad en diversos sectores, sin que ello implique incrementar los recursos disponibles para el Estado y el Tesoro General. No obstante, la urgencia de evitar el lavado de dinero en el mercado informal deberá enfrentarse a la resistencia de amplios sectores de la sociedad que pueden llegar a estar dispuestos a establecer pactos con la derecha más radical.
La coca como manzana de la discordia o punto de encuentro
El segundo elemento a reflexionar requiere de cierta autocrítica por parte del Gobierno, sin que ello implique identificarse plenamente con su circunstancial adversario. La toma de Adepcoca puede considerarse un paso en falso dentro de un conflicto que se arrastra por casi un lustro y que tiene su origen en la resistencia de una región de productores de hoja de coca a perder su monopolio sobre la comercialización de esta planta a nivel nacional, cuyo mercado deben compartir ahora no solo con los productores del Chapare sino también con nuevos trabajadores de la tierra que se han sumado a su cultivo y cosecha desde la propia región de los Yungas y áreas circundantes del norte paceño.
Son justamente este último conjunto de productores, que podrían considerarse “excedentarios”, quienes le permiten al partido oficialista terciar por el control de los diferentes sindicatos de productores de los Yungas, que, no obstante, no cuentan con los números ni la fuerza necesaria para imponerse a la otra facción, que se arriesga a alienarse en favor de la oposición si no se trata con más delicadeza en los próximos meses.
De hecho, los medios de comunicación opositores utilizan este tipo de coyunturas para representar rupturas simbólicas al interior de la coalición gobernante, así como para promover liderazgos emergentes, sin perder oportunidad alguna en ello.
Esto, sumado al hecho de que se trata de una disputa cuyo fondo yace en la repartición de un mercado, la coca, sugieren que el Gobierno puede buscar rutas más conciliadoras para solucionar el problema. No solo puede hacerlo, está obligado a ello.
El problema de los cultivos excedentarios no tiene las dimensiones que sí tiene en países como Colombia o Perú, y los mercados de cada una de las regiones productoras están definidos por la propia integración desigual del país, con la coca yungueña siendo comercializada sobre todo en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí y el norte chileno.
Y la procedente del Chapare dirigiéndose más bien hacia Santa Cruz, Tarija y el norte de Argentina y Paraguay. Con todo, cualquier intento de erradicación forzosa no hará más que caldear los ánimos de un sector ya escéptico respecto a las intenciones del Ejecutivo, por lo cual la cautela y la delicadeza son más que necesarias.
La marcha indígena y la búsqueda de nuevos aliados en el bloque opositor
El tercer elemento, la llegada de la Marcha Indígena por la Tierra, Territorio, Identidad y Cultura, tiene un significado similar al caso de Adepcoca, pues, al igual que aquel, se trata de una oportunidad para la oposición de sumar a sectores disidentes del bloque gubernamental, aprovechando desacuerdos y desavenencias que se arrastran de las gestiones bajo el gobierno de Morales.
Concretamente, la coyuntura Tipnis y la serie de enfrentamientos entre los productores de coca de los Yungas, entonces liderados por Franklin Gutiérrez, crearon una suerte de ruptura simbólica con el partido de gobierno, que dio paso a una narrativa sobre un supuesto carácter anti-indígena y anti-campesino en el MAS, lo que justificaría, según las expectativas de algunos políticos y analistas, el establecimiento de alianzas con sectores ultrareaccionarios como la burguesía agroexportadora asentada en el Oriente.
No obstante, este riesgo debe tomarse con una pizca de sal, debido a que la organización que impulsó esta marcha, el Parlamento Indígena, que en realidad está conformado solo por una facción de las organizaciones matrices de las naciones de tierras bajas, liderada por dirigentes seriamente cuestionados en su legitimidad e incluso en su capacidad formal de conducción de sus bases, toda vez que se trata de sujetos cuyo mandato caducó o llegó a concluirse hace ya bastante tiempo, tal como sucede con Marcial Fabricano o Adolfo Chávez.
Se añade a esto la curiosa naturaleza del pliego petitorio de la marcha, que no fue oficializado hasta después de haber llegado a su destino, con una socialización bastante limitada. De todos modos, por lo poco que se sabe del documento, contiene una serie de demandas de variada naturaleza que pueden discutirse y negociarse así sea en busca de un punto de partida.
Organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), por otra parte, desconocen dicha marcha e interpelaciones, aunque sí cuentan con el apoyo de sectores de la sociedad que, paradójicamente, están relacionados con la concentración de la tierra y la devastación del medioambiente. Sectores que, valga la redundancia, están en busca de aliados.
Fuerzas Armadas y Policía Nacional
El papel que jugaron ambos órganos de represión estatal fue crucial para la consumación del golpe de Estado, así como en la serie de masacres y asesinatos que sucedieron al derrocamiento de Morales. Por esta razón, la normalización de la relación con ambas instituciones es de la más alta prioridad, así como el posicionamiento de autoridades libres de toda sospecha conspiradora.
Es en este contexto que se da la posesión de Augusto Antonio García Lara, Medina Zabala Teófilo y Francis Efraín Frank Salazar como comandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas, Jefe de Estado Mayor Accidental y Comandante General Accidental de la Armada Boliviana, respectivamente.
El mensaje presidencial durante el acto de investidura para cada una de estas autoridades militares estuvo acompañado de una serie de recomendaciones que, si bien algunas pueden desdeñarse como guiños a errores pasados sin importancia estratégica, otras pueden ser entendidas como interpelaciones al rol de las Fuerzas Armadas y la Policía en periodos críticos para el país, que implican, en los hechos, la formulación de una nueva doctrina militar respecto a los Derechos Humanos y una reforma profunda de la Policía de alcances incluso más dramáticos.
Ambas, reformas muy difíciles de alcanzar en solo cuatro años de gobierno, pero no por ello inalcanzables o incluso evitables.
Declaración de Camacho
Finalmente, la suspensión de la declaración de Luis Fernando Camacho como sindicado en el caso de golpe de Estado, acusación que cuenta con una amplia gama de pruebas, puede ser interpretada de dos formas: primero, como un retroceso necesario en un momento en que ya hay demasiados flancos abiertos en contra del Gobierno; y segundo, como una prueba más sobre la necesidad de reformar la Justicia, que implicará sacrificios para el propio partido gobernante, como para el resto de la sociedad, pero cuyos beneficios a la larga superarán todo inconveniente, particularmente en términos de estabilidad política y preeminencia de los Derechos Humanos.
La suspensión de la declaración, no obstante, fue unilateral por parte del actual gobernador cruceño, en franco desafío a las leyes y la Constitución, lo que refuerza la crítica a la debilidad institucional del Estado y la amenaza de “federalizar” de facto el territorio boliviano.
La crisis de legitimidad de la Justicia es el marco referencial que explica este último hecho, que amenaza con dejar en la impunidad uno de los episodios más críticos de la historia reciente de Bolivia, y que solo podrá ser resuelto cuando la correlación de fuerzas dentro del país se resuelva a favor de uno de los polos en disputa o cuando la institucionalidad del Órgano Judicial quede fuera de toda duda.
La negativa a declarar, por otra parte, coincidió con la liberación bajo investigación de los cinco integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), cuestionada por muchos como una decisión apresurada y sospechosa por parte de las autoridades judiciales a cargo del caso. En otras palabras, bajo las actuales condiciones jurídicas es poco probable que se resuelva la demanda de justicia por los hechos de finales de 2019.
Dos tipos de reforma y un debate cerrado
Por el momento, se puede advertir que el Gobierno no podrá implementar reformas profundas a la estructura socioeconómica sin tener que enfrentar una férrea resistencia por parte de sus principales detractores políticos, lo que no significa que deba dejar de intentarlo. Lo que está claro es que el debate entre reforma o revolución que se daba a principios de la segunda década de este siglo ya está cerrado y el camino revolucionario ha quedado definitivamente clausurado, al menos hasta nuevo aviso, lo que deja paso a dos tipos de reformas, ninguna libre de dificultades.
Primero, reformas profundas a la producción y distribución de la riqueza, en las cuales puede incluirse intentos de formalización de los sectores periféricos de la economía, desde el contrabando hasta el narcotráfico y otros, que significarían una ingente cantidad de ingresos para el país que, bien invertidos, podrían traducirse en una nueva era de bienestar generalizado.
O segundo, reformas destinadas a cambiar las condiciones políticas que actualmente amenazan con momentos de mayor crisis e inestabilidad, en sectores como la justicia, la cultura o los medios de comunicación, que, bien atendidos, podrían allanar el camino para una nueva reconfiguración del campo político más favorable al partido oficialista.
Con todo, esta semana debe quedar registrada como una prueba de entrenamiento para competencias más exigentes en el futuro, donde la oposición política trata de recuperar la iniciativa, hasta ahora con éxito relativo.
*Cientista político boliviano, analista de La Época.
